El Ayuntamiento de su ciudad quiere contratar un estudio sobre el impacto del transporte local en el cambio climático, con un valor de 40.000 euros. ¿Qué calificación tiene el contrato? Contrato menor Contrato de servicios Contrato de urgencia Contrato de suministro.
El Ayuntamiento de su ciudad quiere crear varias líneas de autobús, para lo que pretende contratar la prestación del servicio de un tercero. El Ayuntamiento pretende que el tercero asuma todo el riesgo operacional. ¿Qué tipo de contrato debe realizar? Un contrato de servicios Un contrato de suministros Un contrato de concesión de servicios Un contrato de gestión de servicio público.
¿Qué calificación NO tiene la UNED, como universidad pública, desde la perspectiva de la Ley de contratos del Sector Público? Es una entidad del sector público Es una Administración pública Es un poder adjudicador Es una entidad in-house.
¿Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicar no reúnen la condición de Administraciones Públicas son? Contratos privados Contratos públicos Contratos administrativos Todas las respuestas son correctas.
El Ayuntamiento de su ciudad quiere realizar un contrato menor ¿Cuál es la duración máxima del mismo? Seis meses sin prórroga Un año sin prórroga Un año con prórroga por otro año Dos años.
El limite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación es: El valor estimado del contrato El precio del contrato El presupuesto base de licitación La revisión del precio.
Las causas de invalidez de los contratos del derecho privado son de aplicación: Sólo a los contratos privados Sólo a los contratos administrativos A los contratos privados y a los administrativos A ningún contrato del sector público.
Los contratos cuya celebración responde a una necesidad inaplazable tendrán: Una tramitación de emergencia Una tramitación de urgencia Una tramitación ordinaria Una tramitación inaplazable.
NO es un sistema de racionalización de la contratación Los acuerdos marco Los sistemas dinámicos de contratación La gestión de ofertas anormalmente bajas Las centrales de contratación.
El Ayuntamiento de su ciudad recibe una solicitud de cesión de un contrato de explotación de una línea de autobús (riesgo operativo asumido por el contratista) ¿Debe el Ayuntamiento permitir la cesión del contrato? NO, si ha transcurrido menos de dos quintos del plazo de duración del contrato SÍ, si ha transcurrido más de un quito del plazo de duración del contrato SÍ, con independencia de que esté prevista la cesión o no en los pliegos SÍ, con independencia de que el contrato se formalice en escritura pública o no.
El destinatario de los bienes en una expropiación pública es siempre La Administración expropiante El beneficiario El expropiado El Jurado.
¿Es el previo pago requisito de la expropiación? No, nunca se realiza el previo pago Sí, la Constitución exige el previo pago Existen varios supuestos en los que no se exige el previo pago, como en el procedimiento de urgencia El previo pago nunca ha sido un requisito para la expropiación.
El Ayuntamiento de su ciudad ha decidido peatonalizar varias calles del centro histórico, modificando para ello la Ordenanza municipal de tráfico y ordenación de tránsito. La medida ha causado malestar entre los comerciantes de las calles afectadas, al considerar que impedirá el acceso de clientes y calculan que descenderán sus ingresos alrededor de un 30 por 100. Por ello, deciden presentar una reclamación por los daños que la decisión municipal les causará. ¿Cree que su reclamación será aceptada y que el Ayuntamiento debe indemnizarles? Sí, porque es evidente que el descenso de ingresos se producirá por la decisión del Ayuntamiento de impedir el paso a las calles afectadas, por lo que los clientes no podrán acudir con sus vehículos particulares y buscarán otros comercios a los que les resulte más fácil acceder. No, porque se trata de daños que no son efectivos, pues aún no se han producido realmente, sino hipotéticos, basados en meres especulaciones. No, porque además de no tratarse de daños efectivos, la actuación del Ayuntamiento se ha realizado a través de un reglamento, no generándose nunca responsabilidad administrativa a través de disposiciones generales. Sí, porque la medida de la Administración les causa un daño, independientemente de que sea efectivo o hipotético, pues nuestro sistema de responsabilidad de la Administración es objetivo y aquella surge por el mero hecho de causar un daño a un particular.
¿En qué casos es posible la iniciación de oficio de los procedimientos de responsabilidad de la Administración por daños causados a los particulares? La iniciación de oficio de los procedimientos de responsabilidad de la Administración por daños causados a particulares nunca es posible, pues resulta evidente que sólo quien ha sufrido un daño está legitimado para declarar. Cuando se trate de daños no personales. Cuando no haya prescrito el derecho a reclamar de los particulares afectados Cuando los particulares renunciaron a su derecho a reclamar, subrogándose en tal caso la Administración en la defensa de los intereses de aquellos.
La evaluación económica del daño padecida y cuya indemnización se reclama Debe hacerse necesariamente en fase administrativa al presentar la reclamación, no admitiéndose posteriormente en el recurso en fase contencioso-administrativa si no se realizó en la primera. Puede hacerse tanto en fase administrativa al presentar la reclamación como en fase contencioso-administrativa al presentar el recurso. No es necesario ni que se haga al presentar la reclamación en fase administrativa ni al presentar el recurso en fase contencioso-administrativa, porque el Juez de oficio calculará la indemnización. No es un requisito que deba cumplir el daño indemnizable.
Las clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas son Empleados públicos, funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual Funcionarios de carrera, funcionarios públicos, funcionarios interinos y personal laboral y personal eventual Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal funcionarial.
Para la agilización de los procesos de estabilización de personal temporal en el Ayuntamiento, el Pleno ha decidido atribuir al Concejal de Personal la potestad de selección y nombramiento de todos los procesos selectivos que se convoquen. ¿Considera ajustado a Derecho esta decisión? Sí, siempre y cuando el Concejal de Personal ostente siempre una categoría igual o superior a la de las plazas convocadas. Sí, siempre y cuando el Concejal de Personal, además de ostentar categoría igual o superior al de las plazas convocadas, tenga los conocimientos especializados correspondientes para valorar los méritos de los candidatos. No, porque tal atribución no la puede hacer el Pleno, sino que la debe realizar el Alcalde, que es quien ostenta la Jefatura de personal en el Ayuntamiento. No, porque la selección de personal que ingresa en la Administración no la puede hacer una sola persona, son que necesariamente debe realizarla un organismo colegiado.
La negociación colectiva en la Función Pública tiene lugar: Entre la Administración, por un lado y las organizaciones sindicales y demás asociaciones profesionales de funcionarios, por otro. Entre la Administración y las organizaciones sindicales, exclusivamente. Entre la Administración y las asociaciones profesionales de funcionarios exclusivamente. Entre la Administración y los Cuerpos o Escalas de funcionarios, exclusivamente.
Un funcionario del Cuerpo de Aduanas, nacido en 1970, fue sancionada en el 2020 con la sanción de separación del servicio, al declararse su responsabilidad disciplinaria por la comisión de faltas muy graves consistentes en el despacho de productos falseando los estados de ingresos. Al convocarse procedimientos de ingreso en la Función Pública en el año 2023 mediante el sistema de concurso, la persona en cuestión decide presentar su curriculum para volver a ingresar en la Administración, pues no en vano estuvo trabajando para ella más de 25 años, con lo que tiene fundadas expectativas de tener un resultado exitoso en el concurso, dado que, no teniendo tiempo para prepararse una oposición, la valoración de sus méritos por experiencia profesional sería más que suficiente. ¿Cree que está en lo cierto y que obtendrá alguna de las plazas convocadas por concurso? No, porque aunque, en efecto, ostenta muchos méritos por experiencia, el sistema de concurso para ingresar en la Administración y devenir funcionario también incluye, siempre y necesariamente, pruebas de verificación de capacidades y conocimientos, con lo que sólo por méritos no tiene garantizado obtener la plaza. Sí, porque, efectivamente, al poder hacer valer sus méritos y, limitándose el concurso a la valoración de tales méritos, es casi seguro que obtendrá la plaza, pues pocas personas podrán aportar tanta experiencia profesional en la Administración. No, porque al haber sido separado del servicio mediante sanción por falta muy grave, no puede volver a ingresar en la Función Pública. No, porque, aunque, en efecto, ostenta muchos méritos por experiencia, ya no cumple el requisito de edad para ingresar en la Función Pública.
¿En qué situación administrativa queda un funcionario que es designado miembro del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas? Servicio activo Servicios especiales Servicio en otra Administración Pública La condición de miembro del Gobierno de la Nación o de una Comunidad Autónoma es incompatible con la condición de funcionario de la Administración, por lo que el funcionario tiene necesariamente que renunciar a su condición funcionarial si quiere ser miembro de un Gobierno, estatal o autonómico.
¿Cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo en la Función Pública? La libre designación La comisión de servicios La oposición El concurso.
Los funcionarios No tienen derecho a la desconexión digital, pues siempre están al servicio de la Administración para trabajar y, por ello, el Ordenamiento excluye explícitamente a los funcionarios de aquel derecho Tienen derecho a la desconexión digital, como cualquier trabajador, aunque el Ordenamiento no haya previsto el reconocimiento de este derecho a los funcionarios en norma alguna Tienen derecho a la desconexión digital y así lo ha reconocido explícitamente la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales Tienen derecho a la desconexión digital, pero sólo respecto a los dispositivos electrónicos de su propiedad particular, pues si la Administración les ha proporcionado dispositivos electrónicos de propiedad pública deben estar siempre al servicio de la Administración, sin límite de horario.
Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas de los funcionarios estarán integradas, única y exclusivamente: Por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias Por el sueldo y los trienios Por el sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias y los complementos retributivos Por el sueldo, los trienios y las retribuciones complementarias.
En relación con las incompatibilidades de los funcionarios públicos El funcionario que desea compatibilizar su actividad funcionarial con otro empleo público necesita obtener una autorización, mientras que si se tratare de un empleo o actividad privada deberá obtener su reconocimiento El funcionario que desea compatibilizar su actividad funcionarial con otro empleo público necesita obtener su reconocimiento, mientras que si se tratare de un empleo o actividad privada deberá obtener una autorización El funcionario sólo puede compatibilizar su actividad funcionarial con otro empleo público, nunca con un empleo o actividad privada El funcionario sólo puede compatibilizar su actividad funcionarial con un empleo o actividad privada, nunca con otro empleo público.
El Concejal de Zonas Verdes de su municipio ha decidido imponer, al amparo de la Ordenanza de Parques y Jardines aprobada por el Ayuntamiento, la sanción de disminución de retribuciones a los funcionarios encargados del mantenimiento de las zonas verdes cuando, por su culpa o negligencia, se utilice más agua de la necesaria al regar los parques y jardines del municipio. El montante de la sanción irá referido siempre al volumen del agua desperdiciada. ¿Cree que esta sanción es legal? Sí, porque es una sanción adecuada para evitar que se desperdicie agua y conseguir una actitud diligente por parte de los empleados ante la situación de carestía que atraviesa el país No, porque una ordenanza municipal no puede establecer sanciones que no estén previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público No, porque la sanción es desproporcionada con respecto a la conducta infractora No, porque no se puede sancionar a los funcionarios por culpa o negligencia, siendo necesario el dolo.
Una sociedad mercantil en cuyo capital social la participación de entidades públicas sea superior al 50%, a los efectos de la Ley 9/2017, debe ser considerada: Una Administración pública Una entidad del sector público Un sujeto de regulación armonizada Todas las respuestas son correctas.
En la Ley de Expropiación Forzosa NO se reconoce potestad expropiatoria: A las Comunidades Autónomas A las Provincias A los Municipios A los organismos autónomos.
Señale la respuesta correcta: Todas las Administraciones Públicas son poderes adjudicadores. Todos los poderes adjudicadores son Administraciones Públicas. Todas las entidades del sector público son Administraciones Públicas. Todas las sociedades mercantiles con participación pública son entidades del sector público.
¿Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnen la condición de Administraciones Públicas son? Contratos privados Contratos públicos. Contratos administrativos. Todas las respuestas son correctas.
NO es un contrato típico: El contrato de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión de obras. El contrato de gestión de servicios públicos.
Sólo es posible contratar verbalmente un contrato del sector público: En el marco del procedimiento de urgencia. En el marco del procedimiento de emergencia. En el marco de un contrato menor. Nunca es posible contratar verbalmente.
La naturaleza jurídica de la relación funcionarial es Contractual y privada. Estatutaria y pública Contractual y pública. Estatuaria y privada.
El órgano competente del Ayuntamiento de su ciudad adoptó acuerdo de adjudicación de un contrato de servicios de transportes a una empresa, con fecha 1 de mayo de 2023. Su cliente realizó una oferta, pero el contrato no le fue adjudicado. ¿Puede su cliente interponer recurso especial en materia de contratación en la fecha del presente examen? Señale la respuesta correcta: No cabe interponer el recurso especial en materia de contratación contra el acto de adjudicación de un contrato. No cabe interponer el recurso especial en materia de contratación más que contra actos del Estado y las Comunidades Autónomas, pero no de municipios. No cabe interponer recurso especial en materia de contratación pues se ha superado el plazo de interposición del recurso, que es de 15 días hábiles. Cabe interponer el recurso especial en materia de contratación. .
Un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los pliegos, abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección es un: Contrato marco. Sistema dinámico de contratación. Central de contratación. Procedimiento de asociación para la innovación.
En el procedimiento abierto el número mínimo de candidatos invitados será: 3 4 5 Todas las respuestas son incorrectas.
La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material tiene naturaleza de: Contrato de obras. Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión de servicios Contrato de servicios.
Es posible la modificación del contrato administrativo: Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración la pudo prever, no se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración no pudo prever la circunstancia, no se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración no pudo prever, se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Todas las respuestas son incorrectas.
El Ayuntamiento de su ciudad tiene contratado el suministro de material de oficina. El contratista se retrasa en la entrega… ¿qué consecuencia jurídica NO está prevista en la Ley 9/2017? La constitución en mora tendrá lugar sin intimación de la Administración. La imposición de penalizaciones económicas. La imposición de una sanción administrativa. La resolución del contrato.
NO tiene potestad expropiatoria Un municipio Una Diputación provincial La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Una Comunidad Autónoma.
El procedimiento de expropiación urgente se inicia con: la ocupación del bien a expropiar. el pago del justiprecio. la consignación del depósito previo. la declaración de la urgente ocupación. el levantamiento del acta previa de ocupación. la declaración de interés público.
Para la sustitución transitoria de funcionarios de carrera se puede nombrar No se puede nombrar a nadie, sino que su trabajo se tiene que distribuir alícuotamente entre el resto de los funcionarios del servicio. Funcionarios interinos Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. Personal laboral temporal y personal eventual.
Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización
2ª23 Se encuentran siempre excluidas de la negociación colectiva. Se encuentran excluidas de la negociación colectiva, salvo que repercutan en las condiciones de trabajo de los funcionarios. Se encuentran excluidas de la negociación colectiva, salvo que la Administración renuncie, expresamente y por escrito, al ejercicio unilateral de su potestad. Se encuentran siempre sometidas a negociación colectiva, de manera que la Administración no puede ejercerlas unilateralmente sin haber previamente negociado.
Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la libre designación consiste en la apreciación reglada por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto consiste en la apreciación discrecional por órganos colegiados de carácter técnico de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto consiste en la apreciación discrecional por órganos unipersonales de carácter técnico de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las pagas extraordinarias Serán dos al año Serán cuatro al año. Serán tantas como el funcionario pacte con las Administración. Serán tantas como tengan reconocidas el personal laboral al servicio de esa Administración.
Dos funcionarios del Ministerio de Hacienda, destinados en la sede de la calle Alcalá de Madrid, mantienen una pública enemistad desde hace varios meses por haber mantenido una relación sentimental en el pasado con la misma persona. La tensión existente culmina en un violento episodio verbal, con descalificaciones y gritos por parte de uno de ellos. A la vista de la situación y teniendo en cuenta que está repercutiendo muy negativamente sobre el rendimiento no sólo de las personas implicadas, sino también de todo el personal que trabaja en el edificio, el Subsecretario del Ministerio decide incoar un procedimiento disciplinario, proponiendo como sanción que se traslade al funcionario que se manifestó más violentamente a la sede de la Delegación de Economía y Hacienda del Ministerio en Murcia. El funcionario inculpado y respecto al que se propone esta sanción no está de acuerdo y pretende impugnarla por considerarla ilegal, recurriendo a usted para solicitarle su asesoramiento: Usted le indicará que la sanción es, aunque le pese, legal, porque la Ley (concretamente, el Estatuto Básico del Empleado Público) prevé la posibilidad de sancionar a los funcionarios con traslados forzosos que impliquen cambio de domicilio. Usted le indicará que la sanción es claramente ilegal, porque la sanción de traslado no está prevista en ninguna Ley, y menos si implica un cambio de domicilio. Usted le indicará que la sanción es claramente ilegal, porque, aunque la sanción de traslado está prevista en la Ley, dicho traslado no puede implicar nunca un cambio de domicilio. Usted le indicará que la sanción es legal porque la Administración es libre de imponer la sanción que estime más adecuada para responder disciplinariamente a las infracciones cometidas por los funcionarios, incluso aunque no esté la sanción prevista en la Ley, porque lo único que debe estar previsto en la Ley son las infracciones disciplinarias.
Las situaciones administrativas establecidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público No pueden ser reducidas ni ampliadas por la Leyes que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Pueden ser ampliadas por Reglamentos que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Pueden ser ampliadas por la Leyes que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público Pueden ser reducidas por la Leyes que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
Su cliente ha presentado una oferta con un precio muy reducido en un procedimiento abierto para la adjudicación de un contrato de suministro. Señale la respuesta correcta: Si el precio ofertado es un 25% inferior al precio medio ofertado por el resto de los licitadores, la oferta será excluida por la Mesa de contratación por anormalmente baja. La oferta podrá ser excluida por anormalmente baja si se sitúa por debajo del umbral de precio definido en los Pliegos. la oferta sólo puede ser excluida si otro licitador denuncia el precio por anormalmente bajo. Tras la adopción de la Ley 9/2017 ninguna oferta es excluida por anormalmente baja.
Los principios éticos y de conducta que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, según éste: Constituyen la tipificación de conductas cuyo incumplimiento genera la responsabilidad disciplinaria del funcionario. Constituye la descripción de conductas que no son infracciones, pero que pueden servir para interpretar las infracciones que la ley tipifique No tienen ningún valor, ni tipificado de infracciones, ni para interpretar éstas El Estatuto Básico del Empleado Público no recoge ni principios éticos ni principios de conducta de los funcionarios.
La responsabilidad patrimonial de la Administración Se rige por el Código Civil, como toda responsabilidad Se rige por el Código Civil, al tratarse de una responsabilidad contractual. Se rige por el Derecho Administrativo, no por el Código Civil. Se rige por el Código Civil, al tratarse de una responsabilidad extracontractual.
En relación con las garantías, señale la opción que NO es correcta: La garantía provisional es obligatoria como regla general. La garantía provisional no es obligatoria. La garantía definitiva es obligatoria como regla general. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
El Sr. Z es profesor de Matemáticas en un Instituto de Enseñanza Secundaria de su localidad. En el centro es conocido por explicar muy bien, pero también por diseñar unos exámenes imposibles de aprobar para todos aquellos que no acudan a una academia particular, en la que el mismo profesor da clases por las tardes y “filtra” modelos de preguntas iguales o semejantes a las que luego incluye en el examen del Instituto. Denunciada la situación ante la inspección educativa, la Consejería de Educación decide incoar un procedimiento disciplinario por falta muy grave por realizar actividades incompatibles con su actividad como Profesor, sin obtener la necesaria autorización. Ante esta situación, el Profesor presenta su renuncia para evitarse una más que previsible sanción: Con la renuncia, efectivamente, el Profesor se evita que le puedan sancionar. Con la renuncia el Profesor deja de ser funcionario, pero la Administración, aun así, puede sancionarle. Aunque el Profesor presente la renuncia, ésta no podrá ser aceptada por la Administración porque tiene abierto un procedimiento disciplinario contra él. El profesor puede renunciar a su condición de funcionario, aunque tenga abierto un procedimiento disciplinario, pues la Administración sólo puede rechazar su renuncia cuando la Administración le haya impuesto la sanción y ésta sea firme.
El 7 de febrero de 2021, una persona que se dirigía a su trabajo sufrió graves lesiones en la cabeza cuando le impactaron unas macetas que se cayeron desde el alféizar de la ventana de un edificio de oficinas de la Subdelegación de la Consejería de Educación y Universidades de su Comunidad Autónoma. Tras atenderle en urgencias ese mismo día y estar ingresado durante varias semanas, fue dado de alta, finalmente, el 8 de junio de 2021. Sin embargo, tuvo que volver a ser ingresado dos meses después por fuertes dolores de cabeza que, además, le producían episodios ocasionales de pérdida de visión. Tras una semana de pruebas -incluyendo un escáner cerebral-, el neurocirujano determinó que se trataba de lesiones permanentes derivadas del fuerte impacto recibido y que, desgraciadamente, no tenían cura, pudiendo únicamente aplicarse un tratamiento paliativo. El 22 de junio de 2022, le presentan a usted a esta persona que, al enterarse de que está usted estudiando Derecho, le transmite que se está planteando demandar a la Administración por lo que le ha ocurrido y le pregunta si cree que jurídicamente sería viable su reclamación: Usted le señalará que, lamentablemente, que se caigan macetas y demás ornamentos de edificios públicos es algo perfectamente posible, pero que es un daño que los ciudadanos tenemos el deber jurídico de soportar. Usted le señalará que, aunque sin duda el daño se ha producido por una actuación negligente de la Administración, que no colocó las macetas con las debidas medidas que garantizasen que no se pudieran caer, el problema es que, tratándose de daños corporales, estos son imposibles de cuantificar, por lo que no se puede reclamar ninguna cantidad. Usted le señalará que, efectivamente, el daño se ha producido por una actuación negligente de la Administración, pero que al producirse el accidente hace más de un año (7 de febrero), y también había pasado más de un año desde que fue curado (8 de junio), ya no es posible reclamar. Usted le señalará que, efectivamente, el daño se ha producido por una actuación negligente de la Administración, y que, aunque ha pasado más de un año desde que se produjo el accidente y de que fue curado, el plazo para exigir la indemnización por daños causados por la Administración hay que contarlo en realidad desde que médicamente se identificaron las secuelas que el accidente le dejó, por lo que aún está a tiempo de presentar la reclamación.
Cuando el funcionario o autoridad ha actuado con dolo, culpa o negligencia graves, generando la responsabilidad de la Administración por los daños causados a terceros, éstos Sólo podrán exigir dicha responsabilidad a la Administración, sin perjuicio de que ésta ejerza posteriormente la acción de regreso contra el funcionario o autoridad en cuestión. Sólo podrán exigir dicha responsabilidad al funcionario o autoridad en cuestión, sin perjuicio de que éstos puedan posteriormente reclamar a la Administración la cantidad abonada Podrán exigir dicha responsabilidad indistintamente a la Administración y o al funcionario o autoridad, sin perjuicio de que una y otro se dirijan posteriormente contra el otro para reclamar la cantidad abonada a título de indemnización. Sólo podrán exigir dicha responsabilidad al funcionario o autoridad en cuestión, que no podrá posteriormente reclamar a la Administración la cantidad abonada por la concurrencia de dolo, culpa o negligencia graves.
Ante la falta de personal funcionario de carrera, el Consejero de Agricultura de su Comunidad Autónoma ha decidido atribuir las inspecciones de actividades agrícolas y la imposición de las correspondientes sanciones que se puedan derivar de aquellas al personal laboral de la Consejería que ostenten el título de Ingenieros Agrónomos. Usted, que es funcionario interino en esa Consejería, considera que esa decisión es ilegal: Porque las actividades de inspección y de sanción, en la medida en que constituyen el ejercicio de potestades públicas, solo pueden ser realizadas por personal funcionario. Porque, siendo tales actividades ejercicio de potestades públicas, además de ostentar el título de Ingenieros Agrónomos, sería necesario que el personal laboral que realizara esas funciones fuese, al mismo tiempo que personal laboral, funcionario de carrera. Porque la Constitución impide que el personal laboral realice actividades que supongan ejercicio de potestades públicas, como es el caso de la inspección y sanción. No es cierto que la decisión sea ilegal, porque el personal laboral puede realizar esas actividades, aunque constituyan ejercicio de potestades públicas, siempre que dicho personal reúna los requisitos de titulación y especialización necesarios, cosa que se garantiza con la exigencia de la titulación de Ingeniería Agrónomo.
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