derecho administrativo 1 2016/20017 t.6

ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de los bienes en todos el territorio: art 139.2 CE como una concreción del principio de igualdad. art 139.3 CE como una concreción del principio de solidaridad. art 139.4 CE como una concreción del principio de unidad.

en las limitaciones a la autonomía hay que incluir las limitaciones a la capacidad negocial de las CCAA, que comienza por prohibir su Federación: art 144 CE. art 145 CE. art 146 CE.

Sobre los convenios que las CCAA pueden celebrar entre sí, el precepto distingue: Los que tienen por objeto la gestión o prestación de servicios, remitiendo a los estatutos la previsión de los supuestos y términos en que puedan celebrarse, así como el carácter y efectos de las correspondiente comunicación a las cortes generales. Para los restantes se exige la autorización de las cortes generales. ambas son correctas.

en cuanto a las limitaciones sobre la función legislativa de todas las CCAA: (leyes de armonización 150.3 CE). En razón de interés general, apreciado por mayoría relativa de ambas cámaras, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios par armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas en exclusiva a la competencia de éstas. En razón de interés general, apreciado por mayoría absoluta de ambas cámaras, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios par armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas en exclusiva a la competencia de éstas. En razón de interés general, apreciado por mayoría absoluta de ambas cámaras, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios par armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, en el caso de materia compartida a la competencia de éstas.

el sistema de control a las CCAA está regulado en los arts 153, 155, 161.2 CE, que lo circunscriben a los siguientes supuestos: (una es falsa). Por el tribunal constitucional, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley y de las disposiciones y resoluciones adoptadas por sus órganos de gobierno. Por el gobierno, previo dictamen del Senado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del art. 150. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de las normas reglamentarias y resoluciones de la admón. autonómica. Por el tribunal de cuentas, el económico y presupuestario . Por el gobierno y senado, conjuntamente, en los casos más graves de incumplimiento o de riesgo para el interés general de España.

Las CCAA están también sujetas al control, que como sobre el resto de las admón. publicas, corresponde ejercer al: Defensor del pueblo, así como los controles interiores a cargo de órganos de las propias comunidades, según las previsiones estatutarias o de posteriores normas de organización. Defensor del pueblo, así como los controles exteriores a cargo de órganos de las propias comunidades, según las previsiones estatutarias o de posteriores normas de organización. Delegado del gobierno, así como los controles interiores a cargo de órganos de las propias comunidades, según las previsiones estatutarias o de posteriores normas de organización.

en los estados federales: Como ocurre en la República federal Italiana, aparte de los controles judiciales, se reconoce a la Federación poderes de vigilancia y control en relación con la actividad de los estados miembros cuando ejecutan la legislación federal a través de instrucciones o directivas de mayor o menor intensidad. Los incumplimiento pueden originar el empleo de una coacción federal, que lleva consigo tanto la ejecución subsidiaria por la federación de las actividades omitidas, como la retirada de asignaciones económicas, o el envío de delegados con poderes especiales para que vigilen o se encarguen de ejecutar las decisiones en sustitución de los Lander (art. 37 de la constitución italiana). Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

la constitución italiana de 1946 estableció: a) Todas las leyes aprobadas por los consejos regionales deben remitirse por el presidente al comisionario del gobierno en el plazo de 20 días. b) El comisionario del gobierno puede ordenar que el texto sea devuelto al consejo cuando considere que excede su contenido de la competencia de la región o que está en oposición con los intereses nacionales o los de cualquier otra región. c) Si un texto que sea devuelvo al consejo, es aprobado de nuevo por mayoría absoluta de sus miembros aceptando las condiciones del gobierno, ése, si quiere impedir que el texto sea promulgado, no tiene otro camino que el de promover la cuestión de legalidad ante el tribunal constitucional o la cuestión de mérito ante las cámaras. d) Una comisión especial nombrada por el presidente de la república, a propuesta del presidente del gobierno, se encarga del control de la legalidad de las resoluciones regionales y de la oportunidad de determinadas clases de actos especificados en la cita ley. Dicha comisión debe pronunciarse sobre la legalidad y la oportunidad de los actos en el plazo de 30 días, durante el cual se suspende su ejecutividad.

cubre tanto las leyes autonómicas como las disposiciones de inferior rango y las resoluciones concretas: El control del tribunal constitucional. El control del gobierno y senado. El control de la jurisdicción contencioso-administrativo.

las resoluciones concretas, pueden impugnarse: Ante el tribunal constitucional y el gobierno previo dictamen del consejo de estado: estando ante una duplicidad impugnativa difícilmente justificable. Ante el tribunal constitucional y el tribunal de cuentas: estando ante una duplicidad impugnativa difícilmente justificable. Ante el tribunal constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa: estando ante una duplicidad impugnativa difícilmente justificable. Ante el tribunal constitucional y ante el gobierno y el senado conjuntamente, estando ante una duplicidad impugnativa difícilmente justificable.

En todo caso, la impugnación ha de fundamentarse: (una es falsa). En cualquier violación de la legalidad. En la violación de la normativa constitucional. Estas impugnaciones se rigen por las normas de los conflictos constitucionales de competencia, produciendo efecto suspensivo la interposición del recurso.

El control del tribunal de cuentas: el art 153 de la constitución, al enumerar sus competencias, le atribuye jurisdicción sobre el estado y el sector público estatal. El art 136 de la constitución se refiere explícitamente el control económico y presupuestario que el tribunal de cuentas ha de ejercer sobre las CCAA. Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

tiene jurisdicción exclusiva para declarar la responsabilidad contable de los que manejan fondos públicos. La sindicatura del Cuentas. La cámara de comptos. el tribunal de cuentas.

comisionado de las cortes generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Titulo I. El defensor del Pueblo que se configura en el art 54 de la Constitución. El delegado del Pueblo que se configura en el art 53 de la Constitución. El defensor de la Nación que se configura en el art 54 de la constitución.

el art. 12 de la ley orgánica de 6 de abril de 1981 dijo: El defensor del pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por mismo la actividad de las CCAA en el ámbito de competencias definido por la ley. El defensor del pueblo podrá, según casos, de oficio o a instancia de parte, supervisar por mismo la actividad de las CCAA en el ámbito de competencias definido por la ley. El defensor del pueblo podrá, en todo caso, siempre que sea a instancia de parte, supervisar por mismo la actividad de las CCAA en el ámbito de competencias definido por la ley.

el art 12.2 de la ley orgánica establece que cuando el defensor del pueblo tenga que supervisar la actividad de las CCAA: Los órganos similares de éstas coordinarán sus funciones con las del Defensor del pueblo y éste podrá solicitarles su solidaridad. Los órganos similares de éstas coordinarán sus funciones con las del Defensor del pueblo y éste podrá solicitarles su proporcionalidad. Los órganos similares de éstas coordinarán sus funciones con las del Defensor del pueblo y éste podrá solicitarles su cooperación.

el art 155 CE para los supuestos en que una CCAA no cumpliere las obligaciones que le impusiere la constitución u otras leyes, o actuare de forma que atentase al interés general de España: El gobierno, en tales casos, previo requerimiento al presidente de la CCAA, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades del las CCAA. El gobierno, en tales casos, previo requerimiento al presidente de la CCAA, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría simple del senado en segunda votación, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades del las CCAA. Ninguna es correcta puse se refiere al art 126 de la constitución.

La ley del proceso autonómico ha establecido que: El gobierno pueda recabar la información que precise sobre las actividades que desarrollen las CCAA en el ejercicio de sus competencias. Las cortes generales pueda recabar la información que precise sobre las actividades que desarrollen las CCAA en el ejercicio de sus competencias. Ambas son correctas.

El deber de información ha sido declarado en la sentencia sobre la ley orgánica de armonización del proceso autonómico de 5 de agosto de 1983 (LOAPA): Nulo, en la medida, ha dicho el TC, en que el deber de información establece un deber recíproco de información entre la Admón. del Estado y de las CCAA, pudiendo entenderse como una consecuencia del principio de cooperación que debe presidir las relaciones entre el estado y las comunidades. Válido, en la medida, ha dicho el TC, en que el deber de información establece un deber recíproco de información entre la Admón. del Estado y de las CCAA, pudiendo entenderse como una consecuencia del principio de cooperación que debe presidir las relaciones entre el estado y las comunidades.

las formas de desarrollo de ese deber de información y las medidas para asegurar su cumplimiento: Creación de una alta inspección técnica, que el TC ha declarado válido cuando exista una autorización constitucional o estatutaria o resulta inherente a los cometidos que se reserva el estado, como ha ocurrido en materia de enseñanza y de sanidad. Creación de una comisión de seguimiento de las CCAA en el ministerio de admón. territorial, ahora ministerio para las admón. publicas, y cuyo máximo responsable de esta función es el Delegado del gobierno en las CCAA. Ambas son correctas.

Los objetivos de la ley orgánica 2/2012 son: Garantizar la sostenibilidad financiera de todas las adms. publicas. Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española. Reforzar el compromiso de España con la UE en materia de estabilidad presupuestaria. Todas son correctas.

la ley regula: En distinto textos, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las adms. publicas, tanto del estado como de las CCAA, corporaciones locales y SS. En un texto único, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las adms. publicas, tanto del estado como de las CCAA, corporaciones locales y SS. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las adms. publicas, en un texto único tanto del estado como de las CCAA. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las adms. publicas, en distintos textos tanto del estado como de las CCAA.

Todas las adms. publicas deben presentar equilibrio o superávit: Pueden incurrir en déficit estructural, además de las situaciones excepcionales tasadas en la ley : catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria), situaciones que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del congreso de los diputados. Sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en las situaciones excepcionales tasadas en la ley : catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria), situaciones que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del congreso de los diputados. Sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en las situaciones excepcionales tasadas en la ley : catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria), situaciones que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del Senado.

se incorpora la regla establecida en la normativa europea , en virtud de la cual: El gasto de las adms públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del producto interior bruto. Cuando se obtengan mayores ingresos de los previsto, estos se destinen a financiar nuevos gastos, y que los mayores ingresos se destinen a una menor apelación al endeudamiento. Ambas son correctas.

Se fija el límite de deuda de las Adms. publicas, que no podrá superar el valor de referencia del: 50 por 100 del producto interior bruto establecido en la normativa europea, y se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda publica frente a cualquier otro tipo de gasto. 60 por 100 del producto interior bruto establecido en la normativa europea, y se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda publica frente a cualquier otro tipo de gasto. 70 por 100 del producto interior bruto establecido en la normativa europea, y se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda publica frente a cualquier otro tipo de gasto.

Cada admón. publica deberá establecer: La equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional, ésta es la información que se remite a Europa para verificar el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria. Con carácter previo a su aprobación, la información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea, especialmente a las previsiones contenidas en la directiva 2011/85/UE del Consejo, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los estados miembros. Ambas son correctas.