El Derecho administrativo, según el profesor PARADA, es, en términos definitorios (escoja la opción más completa
y exacta) a) La parte del Derecho general que exclusivamente se encarga de las relaciones jurídicas entre los particulares y la
Administración b) La parte del Derecho público que siempre y en todo caso vela por los intereses de la Administración en sus relaciones
con otros sujetos públicos o privados
c) Es el Derecho que regula las potestades y competencias de las Administraciones territoriales exclusivamente y las
garantías de los ciudadanos frente a tales poderes (por eso es denominado Derecho garantizador) Es la parte del Derecho público que regula la organización, medios y formas de la actividad de las Administraciones
públicas y sus relaciones con otros sujetos y entre ellas mismas.
Resulta posible definir el Derecho Administrativo como: a) aquella parte del Derecho privado que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las
administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. b) aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las
administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. c) aquella parte del Derecho público que tiene por objeto únicamente los medios y las formas de actividad de las
administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos, rigiéndose la organización administrativa exclusivamente por el Derecho privado.
¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no
administrativas? a) No, nunca, sólo puede utilizar o formar parte de relaciones reguladas por normas administrativas b) No, porque en el ordenamiento jurídico no hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, sino sólo normas
que presuponen su afectación o destino en todo caso a unos determinados sujetos c) No, porque, aunque en el ordenamiento jurídico hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, estas normas nunca son de aplicación a las administraciones públicas d) Sí, porque hay normas como las normas de Derecho privado que regulan la propiedad o las obligaciones y los contratos que afectan a todos los sujetos jurídicos en general, sean personas físicas o jurídicas o administraciones públicas .
Cómo caracterizaría, con la mayor exactitud, el Derecho administrativo: a) Parte del denominado Derecho garantizador que regula exclusivamente las relaciones entre las diversas
Administraciones públicas b) Parte del Derecho privado cuyo fin es regular las relaciones entre sujetos particulares y públicos c) Parte del Derecho público cuyo objeto son la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las relaciones jurídicas de éstas con otros sujetos d) La respuesta a) si añadimos también que regula la organización interna o estructura del poder ejecutivo y su
administración.
El Derecho administrativo, según el profesor PARADA, es, en términos descriptivos sobre su contenido (escoja la
opción más completa y exacta) a) La parte del Derecho general, cuyo destinatario son exclusivamente las Administraciones públicas territoriales
estrictamente consideradas b) La parte del Derecho público cuyo destinatario son exclusivamente los ciudadanos en relación con las
Administraciones públicas, pero no estas mismas c) Siempre exige la presencia de las Administraciones públicas, aunque en el otro lado de la relación jurídica pueden existir otros sujetos d) Es el Derecho propio y exclusivo de todos aquellos entes no administrativos territoriales de carácter independiente.
El Derecho administrativo es… a) Una parte del Derecho encargada de regular las relaciones del ciudadano con el Estado b) Una parte del Derecho cuyo objeto es el control de los poderes del Estado c) Una parte del Derecho público cuyo objeto es la regulación de la Administración pública y sus relaciones con los
ciudadanos d) Una parte del Derecho público cuyo objeto son las relaciones de los ciudadanos en cuanto miembros de una sociedad .
¿Podría una norma administrativa tener como destinatarios más directos a entes privados o particulares y, en su
caso, por qué y cómo es esto posible? a) No es posible caso: las normas administrativas son únicamente aplicables a la Administración pública (territorial,
institucional o, en su caso, corporativa) y sus agentes b) Sí es posible: hay numerosas normas administrativas que solamente afectan a los particulares sin concurso alguno de
las Administraciones públicas c) Sí es posible, pero en tal caso la Administración adopta una posición de garante de su efectividad, de tal manera que se le atribuye una potestad sancionadora o arbitral d) No es posible porque siempre tiene que haber un órgano administrativo territorial participante en la relación jurídica como parte directa y activa; no será norma administrativa si no está presente una Administración: la estatal, autonómica o local .
Las normas administrativas, en general:
a) Pueden existir sin la presencia de una Administración. b) No pueden entenderse sin la presencia de la Administración, aunque también puedan ir dirigidas a otros sujetos c) Sólo son aquellas que se dirigen única y exclusivamente a una Administración.
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¿Puede haber normas administrativas que tengan como destinatario único y preferente a la Administración Pública? a) Sí, como sucede con las normas que regulan los contratos administrativos o la expropiación forzosa b) Sí, como sucede con las normas que regulan la organización administrativa c) No, la norma administrativa siempre tiene como destinatarios directos a los particulares o administrados, sin perjuicio de la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad.
¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no
administrativas? a) No es posible, ya que el Derecho Administrativo es un Derecho estatutario, el Derecho de las Administraciones Públicas b) No es posible, porque normas del Derecho privado que regulan la propiedad y las obligaciones y contratos sólo afectan a las personas físicas, y nunca a las Administraciones Públicas. c) Sí, es posible. Y esto no es incompatible con la calificación del Derecho Administrativo como un Derecho estatutario, como el Derecho de las Administraciones Públicas .
¿Contiene el Código Civil una regulación acabada de las fuentes del Derecho? a) Sí, porque la entrada en vigor de la Constitución en nada ha incidido en la regulación del Código Civil b) Sí, salvo por una cuestión: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución c) Sí, salvo por dos cosas, exclusivamente: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución y la aparición del Derecho de la Unión Europea, que en todo caso tiene un valor inferior al de nuestras leyes d) Hay que entender que la regulación sobre las fuentes del Derecho que contiene el Código Civil solo vale en cuanto resulta compatible con el sistema de fuentes europeo y el constitucional .
Las normas administrativas en general: a. Pueden existir sin la presencia de una Administración b. No pueden entenderse sin la presencia de la Administración, aunque también pueden ir dirigidas a otros sujetos c. Solo son aquéllas que se dirigen única y exclusivamente a una Administración.
El Derecho administrativo se aplica a todos los poderes del Estado a) No, solamente a la Administración pública b) Sí, se aplica a la actividad materialmente administrativa que realizan los otros poderes c) Sí y no. Depende de qué poder estemos hablando d) Efectivamente es el Derecho del poder judicial y legislativo, además del ejecutivo .
¿Cuál de estas administraciones no pueden entenderse como parte del concepto "Administración pública" insertas
en el poder ejecutivo, tal y como aparece en la Ley 29/1998, (LJCA)?
a) El Consejo general del Poder judicial b) La Administración General del Estado c) La Administración pública de las Comunidades autónomas d) La Administración de los entes locales (municipios, provincias, etc.) .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
entenderá por Administraciones Públicas a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local, exclusivamente b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, exclusivamente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998 (LJCA), se entenderá por Administraciones públicas De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998 (LJCA), se entenderá por Administraciones públicas
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local, exclusivamente b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, exclusivamente .
¿Cómo se denomina en nuestro ordenamiento la posibilidad que tienen las Administraciones Públicas de llevar
directamente a ejecución sus actos (administrativos), sin que su efectividad, de manera general, se paralice por la
interposición de recursos? a) Privilegio de ejecutoriedad o de decisión ejecutoria b) Privilegio de la potestad sancionadora c) Privilegio de la potestad reglamentaria d) Ninguna de las anteriores es correcta.
El privilegio de “decisión ejecutoria” del que goza, en nuestro ordenamiento, la Administración pública. a) Proviene del sistema del “rule of law” de los países anglosajones, del que nuestro sistema es heredero b) Es exigencia del Derecho comunitario europeo que permite a la Administración ejecutar lo juzgado por los tribunales de manera autónoma c) Es una potestad de naturaleza judicial que permite a la Administración ejecutar lo juzgado por los tribunales de manera autónoma. d) Exigencia del Estado de Derecho que garantiza la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial .
En el Derecho español, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas a) Se halla reconocida por la Constitución b) Se halla reconocida sólo por las Leyes estatales y autonómicas c) Es inconstitucional en todo caso, pues sólo corresponde al poder judicial d) Deriva de una imitación al sistema anglosajón del “rule of law” .
Para ejercitar acciones civiles o penales frente a los funcionarios y autoridades administrativas por hechos
relacionados con el ejercicio de sus cargos a) No es preciso solicitar autorización administrativa previa a la Administración en que se encuentran. b) Es preciso siempre solicitar autorización administrativa previa. c) Es preciso solicitar suplicatorio ante quien corresponda. d) Todos los cargos públicos están aforados.
¿Cuál de estas potestades NO tiene hoy la Administración? (Pág. 33) a) el privilegio de decisión ejecutoria b) la potestad sancionadora c) la potestad de resolver los conflictos de competencias entre la Administración y los Tribunales.
Por lo que se refiere a las relaciones de la Administración con el Poder Judicial debe afirmarse, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2015, que a) En todo caso serán admisibles las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos b) Serán admisibles las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos, aunque estén realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido c) No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
Según establece el art. 105 Ley 39/2015 (LPAC), en relación con la sumisión de la actividad administrativa al sistema
jurisdiccional, esta a) No permite interponer interdictos o acciones posesorias frente a los actos dictados por los órganos administrativos en
materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento establecido b) Permite interponer interdictos o acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos, siempre y
en todo o cualquier caso c) No permite interponer interdictos o acciones posesorias contras las actuaciones de los órganos administrativos en ningún caso d) No permite interponer interdictos o acciones posesorias frente a los actos dictados por los órganos administrativos, pero en exclusiva de los emanados de la Administración General del Estado.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución española, los Tribunales (pág.34) a) No controlan la potestad reglamentaria ni la legalidad de la actuación administrativa b) Controlan la potestad reglamentaria pero no la legalidad de la actuación administrativa c) No controlan la potestad reglamentaria, aunque sí la legalidad de la actuación administrativa d) Controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa .
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.1 de la Constitución a) los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. b) el Consejo de Estado controla la potestad reglamentaria y la legalidad y oportunidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. c) los Tribunales y el Consejo de Estado controlan la potestad reglamentaria y la legalidad y oportunidad de la actuación
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
El desplazamiento del Derecho administrativo por el Derecho privado -la “huída del Derecho administrativo”- se
podría entender como que: a) Garantiza la mayor eficacia de los servicios públicos b) Es consecuencia de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea (UE) c) Da lugar a la huida de todo control, público o privado. d) Es una exigencia derivada de la Constitución española.
De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración actúa a) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho b) con sometimiento pleno a la ley, exclusivamente c) con sometimiento pleno a la ley, a la moral y al orden público.
¿Contiene el Código Civil una regulación acabada de las fuentes del Derecho? a) Sí, porque la entrada en vigor de la Constitución en nada ha incidido en la regulación del Código Civil b) Sí, salvo por una cuestión: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución c) Sí, salvo por dos cosas, exclusivamente: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución y la aparición del Derecho de la Unión Europea, que en todo caso tiene un valor inferior al de nuestras leyes d) Hay que entender que la regulación sobre las fuentes del Derecho que contiene el Código Civil solo vale en cuanto
resulta compatible con el sistema de fuentes europeo y el constitucional .
De acuerdo con el art. 47.2 Ley 39/2015 (LPAC), las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las
leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y que
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales a) Serán nulas de pleno derecho (nulidad absoluta) b) Serán anulables (nulidad relativa) c) Serán válidas, porque desplazan la regulación establecida por la Ley correspondiente d) Incurren en una irregularidad no invalidante .
Entre las leyes estatales y las de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) rige el siguiente principio jurídico a) El principio de estricta jerarquía normativa b) El principio de prevalencia absoluta del Derecho estatal c) El principio de temporalidad entre normas d) El principio de competencia .
Los Jueces y Tribunales, según queda establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). a) Interpretarán y aplicarán los reglamentos –pero no las leyes– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos b) Interpretarán y aplicarán las leyes –pero no los reglamentos– según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos c) Interpretarán y aplicarán las leyes orgánicas –pero no las leyes ordinarias ni los reglamentos– según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos d) Interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos .
En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la CE de 1978 a) El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley b) El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la Constitución c) En nuestra Constitución no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria d) En nuestra Constitución hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley.
¿Qué tipos de control existen en los ordenamientos jurídicos de diferentes países para garantizar la supremacía de
la Constitución sobre las demás normas del sistema jurídico? a) El control difuso; el control interno; y el control concentrado b) El control preventivo; y el control reactivo c) El control difuso; el control previo; y el control concentrado. d) El control orgánico; y el control externo .
En un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, denominado de “control concentrado” a) Todos los jueces y Tribunales ordinarios pueden anular las Leyes que consideren inconstitucionales b) Sólo el Tribunal Constitucional (o equivalente) puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes c) Las leyes inconstitucionales no pueden ser aprobadas pues el gobierno no las elabora y el Parlamento no las aprueba d) Ninguna de las anteriores es correcta .
En el sistema de control de constitucionalidad de las leyes, denominado de “control difuso” a) Los Jueces y Tribunales ordinarios pueden inaplicar las Leyes que consideren inconstitucionales b) Sólo el Tribunal Constitucional (o equivalente) puede declarar la inconstitucionalidad de las Leyes c) Un Consejo Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de las Leyes con carácter previo a su publicación y vigencia d) Los Jueces y Tribunales ordinarios pueden anular las Leyes que consideren inconstitucionales.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la "Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico,
y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos, según los
preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas a) por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos" b) por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos c) por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos d) por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo y por el Consejo de Estado en todo tipo de procesos".
El sistema que permite el control de constitucionalidad de las leyes mediante una jurisdicción constitucional que
tiene específicamente reservada esta función se denomina doctrinalmente: a. Un sistema de control constitucional difuso b. Un sistema de control constitucional previo, realizado de manera descentralizada c. Un sistema de control constitucional concentrado.
Por medio de las leyes de transferencia o delegación previstas en el artículo 150.2 de la Constitución: a) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación b) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante ley ordinaria, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal c) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA y Entidades Locales, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad autonómica que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación. d) El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA y Entidades Locales, mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
De acuerdo con el art. 81 CE, los Estatutos de Autonomía se aprueban a) Por una Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma b) Por una Ley de transferencia o delegación c) Por una Ley orgánica d) Por una Ley ordinaria.
Las leyes orgánicas que delegan en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal reciben el título de: a) Decretos legislativos b) Leyes de armonización c) Leyes de bases d) Leyes de transferencia o delegación.
Las leyes de transferencia o delegación a que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución a) Son leyes orgánicas b) Son leyes ordinarias c) pueden ser leyes orgánicas u ordinarias d) no son leyes orgánicas ni ordinarias.
En relación a las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, puede afirmarse de acuerdo con la CE que a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta
necesidad d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad .
¿Cuál de las siguientes normas no corresponde al sistema de conexión del sistema legal estatal con los subsistemas
autonómicos y por qué no lo hace? a) Las leyes de armonización, que rigen sobre materias exclusivamente de competencia estatal, ordenando el desarrollo complementario autonómico b) Las leyes marco, al ser normas que, en materias de competencia estatal, las Cortes generales podrán atribuir a todas o a alguna de las CC. AA. la facultad de dictar para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y
directrices fijados por dicha ley c) Las leyes de armonización, a través de las cuales el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones de las CC. AA. aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés estatal d) Las leyes de transferencia o delegación que permiten la transferencia, mediante ley orgánica, de materias de titularidad estatal, aunque por su propia naturaleza sean susceptibles de tal transferencia o delegación.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución, el desarrollo de los derechos fundamentales debe realizarse mediante a) leyes orgánicas b) leyes ordinarias c) Decretos Leyes.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Estado podrá transferir o delegar mediante la siguiente
norma en las Comunidades Autónomas, a) Mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación. b) Mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación. c) Mediante ley orgánica, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal. d) Mediante ley ordinaria, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal.
¿Existe en nuestro ordenamiento una suerte de reserva formal de ley orgánica (equivalente a la reserva formal de
ley frente al Reglamento)? Es decir, ¿Es posible que una ley orgánica regule y congele el rango en materias que no
necesitan tal nivel legal, según el sentido o interpretación jurisprudencial que ha dado el Tribunal Constitucional (en
adelante, TC)? a) Sí, pueden, pues una materia cuya regulación no esté exigida por la Constitución en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica queda congelada en tal nivel, no pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria b) No, una materia cuya regulación no esté exigida por la Constitución en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica no queda congelada en tal nivel, pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria c) Sí, pues es la situación por la que determinadas materias solamente pueden ser reguladas por una norma de rango legal, al igual que otras materias quedan reservadas a una regulación mediante reglamento. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En relación con la omisión de la consulta y la audiencia en el procedimiento de elaboración de las iniciativas
legislativas debe afirmarse: a) que dichos trámites de consulta y audiencia no están previstos en el procedimiento de elaboración de las normas con
rango de Ley b) que dichos trámites sí están previstos en este procedimiento, pero su omisión no afectará a la validez de las leyes
aprobadas c) que dichos trámites sí están previstos en este procedimiento por la Constitución y su omisión afectará a la validez de las leyes aprobadas d) que dichos trámites sí están previstos en este procedimiento por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y su omisión afectará a la validez de las leyes aprobadas.
En relación con las leyes de armonización, la Constitución establece que el Estado podrá dictar leyes que
establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas a) Aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras b) Salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras c) Aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general .
El término bases, leyes básicas o legislación básica empleado en el art. 149 de la Constitución a) Es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución, que sirven para que las
Cortes Generales puedan realizar una delegación legislativa en el Gobierno b) Es un supuesto de concurrencia normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que no es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución c) Es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución, ya que en ambos casos se trata de un supuesto de concurrencia normativa entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.
En relación con las notas de los Decretos-Leyes y de los Decretos Legislativos puede afirmarse que: a. Se requiere en ambos casos una delegación previa del Parlamento b. En el caso de los Decretos-Leyes no se requiere una delegación previa del Parlamento c. En el caso de los Decretos Legislativos, no se requiere una delegación previa del Parlamento.
Las denominadas “Leyes de transferencia o delegación “: a. Son la única forma extraestatutaria de ampliación de las competencias autonómicas b. Son una forma extraestatutaria de ampliación de las competencias autonómicas, pero no la única c. No son una forma extraestatutaria de ampliación de las competencias autonómicas.
El Consejero de Presidencia de su Comunidad Autónoma tiene dudas acerca de la nueva regulación establecida de
la LPACAP; en concreto sobre si el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma debe ser
sometido a consulta pública ¿Qué le informaría Vd.? a) Que el trámite de consulta pública tiene, siempre y en todo caso, carácter potestativo b) Que el trámite de consulta pública tiene, siempre y en todo caso, carácter preceptivo c) Que del trámite de consulta pública no se exceptúan las normas presupuestarias u organizativas d) Que del trámite de consulta pública se exceptúan las normas presupuestarias u organizativas.
¿Contiene la Constitución española alguna forma extra-estatutaria para la ampliación de las competencias
autonómicas? D a. No, las únicas competencias autonómicas son las recogidas en sus Estatutos de Autonomía b. Sí, exclusivamente las leyes de transferencia o delegación que pueda dictar el Estado para ello c. Sí, exclusivamente a través de las leyes marco que aprueba el Estado. d. Sí, tanto mediante las leyes marco como a través de las leyes de transferencia o delegación.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes
orgánicas exigirá a) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto b) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto d) Mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
En relación con las leyes de transferencia o delegación, la Constitución establece que el Estado podrá transferir o
delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación mediante a) Ley Orgánica b) Ley ordinaria c) Real Decreto-ley .
¿Tiene el Gobierno atribuida, de algún modo, la facultad de dictar normas con rango de ley? a) Sí, bajo las fórmulas de los decretos-leyes y los decretos legislativos b) Sí, exclusivamente con la fórmula de los decretos-leyes c) Sí, exclusivamente con la fórmula de los decretos legislativos d) Sí, exclusivamente con la fórmula de los proyectos de ley.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Gobierno: a) no puede en ningún caso dictar normas con rango de Ley b) puede dictar normas con rango de Ley con las fórmulas de los decretos-leyes, los decretos legislativos y la potestad
reglamentaria. c) puede dictar normas con rango de Ley con las fórmulas de los decretos-leyes y los decretos legislativos.
Los Decretos-Leyes a) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, previa delegación del Parlamento en casos de extraordinaria y urgente necesidad b) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, sin delegación previa del Parlamento, aunque una vez
aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados c) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, sin
intervención previa ni posterior del Parlamento d) Son una norma con rango de Ley que aprueba el Gobierno, previa delegación del Parlamento en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que una vez aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
Los Decretos-leyes, según establece nuestra Constitución, son: a) Disposiciones legislativas emanadas del Gobierno que contienen legislación delegada b) Disposiciones legislativas emanadas del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad c) Leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En relación con las normas del gobierno con fuerza de ley y, en su caso, a la potestad reglamentaria, de acuerdo
con lo previsto en la Constitución española a) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación b) Los Decretos Legislativos deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación c) Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación d) Los Decretos-leyes, los Decretos Legislativos, y también los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
¿Cuál de estas previsiones no está establecida para la validez y un mejor control de los Decretos-leyes, según la
CE de 1978? a) Que en todo lo que se exceda de la delegación mediante una ley básica establecida previamente por el Congreso de los diputados tal Decreto-ley es nulo b) Que esté sometido a debate y votación para su convalidación por parte de la totalidad del Congreso de los diputados, en un plazo de 30 días c) Que no puede afectar, en todo caso, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos y deberes y libertades regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral
general d) Que sea, única y exclusivamente, dictado por razones de extraordinaria y urgente necesidad.
Cuando el Gobierno necesita dictar normas o disposiciones con rango de ley, si fuera el caso, en situaciones de
extraordinaria y urgente necesidad, qué sistema puede utilizar a) Ninguno, el Gobierno no puede en ningún caso aprobar disposiciones de rango legislativo b) Mediante las Leyes de bases c) A través de las denominadas leyes de armonización d) La técnica utilizada sería la de los Decretos-leyes.
Los Decretos legislativos son normas aprobadas por el gobierno a) Con rango de ley por delegación del Parlamento b) Dictadas por motivos de urgencia y necesidad c) Para refundir normas dispersas o reordenar panoramas normativos confusos d) Que manifiestan el poder legislativo que la Constitución otorga al Gobierno.
Un Decreto-Legislativo es una norma, a) Que aprueba el Gobierno, que tiene rango de Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa en determinados supuestos b) Que aprueba el Gobierno, que tiene rango inferior Ley, y que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa en determinados en todo caso c) Que aprueba el Parlamento, que tiene rango de Ley, y que solo se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional d) Que aprueba el Parlamento, que tiene rango inferior a la Ley, y que se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional.
Los Decretos Legislativos pueden ser impugnados: a) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso, y ante el Tribunal Constitucional cuando vulneren derechos fundamentales b) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso, pero nunca ante el Tribunal Constitucional. c) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso, y ante el Tribunal Constitucional cuando excedan los límites de la delegación d) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa cuando excedan los límites de la delegación, y ante el Tribunal
Constitucional .
El Parlamento pretende elaborar una norma sobre un tema que, por su complejidad, requiere un gran esfuerzo de
preparación. Para ello ¿qué opción de las presentes resulta la más idónea y exacta en términos jurídicos? a) Puede encomendar al gobierno la elaboración de tal norma mediante una Ley de transferencia de las previstas en el art.150. 2 de la Constitución b) Puede encomendar al gobierno la elaboración de tal norma mediante una Ley de bases para la elaboración de un texto articulado c) Puede encomendar al gobierno la elaboración de tal norma mediante una ley marco estatal d) Formará una comisión paritaria entre los órganos competentes para que esta elabore un Decreto legislativo sobre los
principios de una ley de armonización.
Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada por parte del poder legislativo, reciben el título de: a) Decretos legislativos. b) Decretos-leyes. c) Leyes de bases. d) Leyes de transferencia o delegación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del
orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de
las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con a) los Decretos-leyes y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. b) los Decretos-leyes y los Decretos legislativos c) los Decretos-leyes cuando excedan los límites de la delegación d) los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
En relación con la costumbre como fuente del Derecho Administrativo debe afirmarse que: a. La legislación administrativa nunca invoca la costumbre para regular determinadas materias. b. La legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, frecuentemente y en casos muy
significativos. c. La legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, aunque en casos muy limitados,
marginales y escasamente significativos.
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución: a) mediante ley ordinaria se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. b) mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. c) sólo se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución previa revisión constitucional.
De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, la delimitación de las competencias de la Unión Europea se rige, básicamente, por: a. El principio de atribución y su ejercicio por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. b. Subsidiariedad c. El principio de atribución y su ejercicio, única y exclusivamente, por el principio de proporcionalidad.
En la actualidad, las fuentes primarias del Derecho de la Unión Europea son: a) El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otras b) La Constitución Europea de 2011 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea c) La Constitución Europea de 2011 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos d) No hay fuentes primarias, sino sólo fuentes derivadas (Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y
Dictámenes) .
Los reglamentos de la Unión Europea: a) Son directamente aplicables en España b) Son directamente aplicables en España, salvo que vayan en contra de una Ley española c) Son aplicables en España, una vez que hayan sido incorporados o traspuestos a Derecho español mediante un acto
formal de recepción d) Son directamente aplicables en España, salvo que el Estado español desista unilateralmente de su aplicación. .
Una norma de la Unión Europea que obligara a un Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección, la forma y los medios, es: a) Un Decreto legislativo b) Una Directiva c) Un Reglamento d) Una Decisión.
Una Directiva de la Unión Europea: a) No tiene, en ningún caso, carácter obligatorio b) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse c) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, así
como en cuanto a la forma y de los medios d) Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto a la forma y de los medios para conseguir un resultado previsto en el
Tratado.
¿Qué ocurre si un Estado no traspusiera y aplicara una Directiva de la Unión Europea que le afecta, una vez que ha
transcurrido el plazo previsto para su trasposición? a) Nada: las Directivas son de trasposición y aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros b) Aunque las Directivas exigen su trasposición, se debe acudir a la Comisión europea para que lo convierta en Reglamento que sea de aplicación directa c) Una Directiva comunitaria "es obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro", por lo que debe ser aplicada directa e inmediatamente d) Aunque exigen su trasposición, una vez transcurrido el plazo, según doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueden desplegar efectos jurídicos frente a los poderes públicos si su contenido es "incondicional y preciso" .
De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la norma de Derecho de la UE que se
denomina “Directiva”: a) Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro b) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios c) Ni siquiera obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. d) Es una mera recomendación, sin carácter vinculante.
La norma de Derecho de la Unión Europea que obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que
deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios es: a) El Reglamento. b) La Directiva. c) La Decisión d) La Recomendación.
Las Directivas comunitarias: a) Son obligatorias en todos sus elementos desde su aprobación sin necesidad de que los Estados realicen ninguna
actividad aplicativa b) No son obligatorias en ningún caso, dependiendo de lo que los Estados decidan c) Obligan en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando la elección de los medios a los Estados d) Tiene por objeto situaciones singulares para individuos o instituciones, no siendo normas generales.
La Unión europea ha aprobado una Decisión que le afecta ¿Cómo y en qué grado lo hará y por qué? a) Una Decisión es una actuación de Derecho derivado no obligatoria, por lo que le afectará solo en un grado orientativo b) Es una norma general por lo que le afecta a Vd. y a todos los destinatarios, siempre generales, de manera directa y
obligatoria c) Puede ser una actuación individual, pero también podría serlo general o normativa en algunos casos; en todo caso es
obligatoria o vinculante d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta porque no existen las Decisiones de la UE.
En relación con el Derecho de la Unión Europea puede afirmarse que: a) Los Reglamentos obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios b) Los Reglamentos tendrán un alcance general. Serán obligatorios en todos sus elementos, pero no serán directamente
aplicables en cada Estado miembro c) La decisión será obligatoria en todos sus elementos d) Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes.
En relación con el Derecho de la Unión Europea puede afirmarse que el reglamento: a) tiene eficacia por sí mismo en los ordenamientos internos de los Estados miembros, sin que estos puedan formular reservas respecto a su aplicación. b) tiene eficacia por sí mismo en los ordenamientos internos de los Estados miembros, aunque estos pueden formular
reservas respecto a su aplicación y desistir de aplicarlos cuando existan disposiciones o prácticas internas que se opongan a dicho reglamento c) no obliga directamente, pero vincula a los Estados miembros a tomar las disposiciones necesarias para incorporarlo o
trasponerlo al Derecho interno, mediante normas dictadas ad HOC.
De acuerdo con el Derecho de la Unión Europea, el reglamento: a) obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios b) en ningún caso tendrá carácter obligatorio c) tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
En relación con el Derecho de la Unión Europea puede afirmarse que a) Los Reglamentos obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios b) Los Reglamentos tendrán un alcance general. Serán obligatorios en todos sus elementos, pero no serán directamente
aplicables en cada Estado miembro c) La decisión será obligatoria en todos sus elementos d) Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes .
En relación con las fuentes que integran el Derecho de la Unión Europea, puede afirmarse válidamente: a. Que solo los Reglamentos y las Directivas son fuente de Derecho de la Unión Europea b. Que solo los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones integran dichas fuentes. Pero nunca las Recomendaciones y Dictámenes c. Que hay fuentes primarias y fuentes derivadas.
Puede afirmarse que en la Constitución española a) Hay determinadas materias respecto de las cuales se exige su regulación por norma con rango de Ley (reserva material de Ley) b) Hay determinadas materias respecto de las cuales se ha previsto una reserva reglamentaria c) Hay determinadas materias respecto de las cuales se ha previsto una reserva de Ley y otras respecto de las cuáles se
ha previsto una reserva reglamentaria d) No hay materias reservadas a la Ley, ni materias reservadas al reglamento.
En cuanto a la capacidad normativa del Gobierno, y de acuerdo con la CE de 1978 a) El Gobierno puede regular cualquier materia, pues no hay materias reservadas a la Ley b) El Gobierno sólo puede regular aquellas materias que han sido objeto de reserva reglamentaria por la Constitución c) En nuestra Constitución no hay reserva de Ley ni reserva reglamentaria d) En nuestra Constitución hay determinadas materias cuya regulación está reservada a la Ley. .
En relación con el reglamento y su relación con la Ley puede afirmarse que a) Cuando un reglamento sea posterior a una Ley podrá derogarla b) Existen en la Constitución española materias reservadas al reglamento c) Existen en la Constitución española materias reservadas a la Ley d) Una norma con rango de Ley no podrá derogar un reglamento .
¿Qué significa exactamente, según está prevista en nuestro ordenamiento y es aceptada mayoritariamente por la
doctrina, la reserva material de ley? a) Es la reserva que realizan determinados artículos de nuestra Constitución de que algunas materias solamente pueden
quedar reguladas mediante una norma con rango de ley (y en su caso ley orgánica) b) Es la situación de determinadas materias, que solamente pueden ser reguladas por una norma de rango reglamentario, pues es una prerrogativa del gobierno; en tanto que otras caben su regulación mixta mediante Decretos-leyes o Decretos legislativos c) Que cualquier materia, aunque no sea muy importante, cuando es objeto de regulación mediante una norma con rango formal de ley, ya no puede ser regulada por una norma de rango inferior d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta .
¿Existe en nuestro ordenamiento una suerte de reserva formal de ley orgánica (equivalente a la reserva formal de
ley frente al Reglamento)? Es decir, ¿Es posible que una ley orgánica regule y congele el rango en materias que no
necesitan tal nivel legal, según el sentido o interpretación jurisprudencial que ha dado el Tribunal Constitucional? a) Sí, pueden, pues una materia cuya regulación no esté exigida por la Constitución en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica queda congelada en tal nivel, no pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria b) No, una materia cuya regulación no esté exigida por la Constitución en rango orgánico, si se realiza por ley orgánica no queda congelada en tal nivel, pudiéndose regular posteriormente por ley ordinaria c) Sí, pues es la situación por la que determinadas materias solamente pueden ser reguladas por una norma de rango legal, al igual que otras materias quedan reservadas a una regulación mediante reglamento d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
¿Puede darse un reglamento que congele una materia, de tal manera que no pueda ser, después regulada por una ley? a) Sí, cuando existe una materia reservada a la potestad reglamentaria b) Sí, cuando una ley formal así lo ha permitido (decreto legislativo) c) No, porque el reglamento solamente puede desarrollar lo que establezcan las leyes d) No, porque en nuestro Derecho no existe el principio de reserva reglamentaria .
Los reglamentos pueden identificarse con a) Los actos administrativos generales, exclusivamente b) Las instrucciones y órdenes de servicio, exclusivamente c) Los actos administrativos generales, así como con las instrucciones y órdenes de servicio d) Ninguna de las anteriores es correcta (es decir, los reglamentos no pueden identificarse ni con los actos administrativos generales ni con las instrucciones y órdenes de servicio).
En la Constitución española de 1978 a) existe una reserva reglamentaria y los reglamentos dictados al amparo de la misma se denominan reglamentos
independientes b) existe una reserva reglamentaria y los reglamentos dictados al amparo de la misma se denominan reglamentos ejecutivos c) no existe una reserva reglamentaria.
La reserva material de Ley comprende el conjunto de supuestos o materias respecto de los cuales la Constitución
exige su regulación a) por norma reglamentaria b) por norma con rango de ley o por norma reglamentaria c) por norma con rango de ley.
En relación con la reserva material de Ley, es decir, en relación con el conjunto de supuestos o materias respecto
de los cuales la Constitución exige su regulación por norma con rango de Ley, debe afirmarse a) que no existe reserva material de Ley en la Constitución española, aunque sí, por ejemplo, en la Constitución francesa b) que en principio sí existe una reserva material de Ley en la Constitución española, aunque si la Ley no regula dichas
materias, éstas podrán ser reguladas por normas reglamentarias c) que sí existe reserva material de Ley en la Constitución española, lo cual supone que, aunque la Ley no las regule, dichas materias no podrán ser reguladas por normas reglamentarias d) que no existe reserva material de Ley en la Constitución española, sólo la llamada reserva formal de Ley.
La diferencia entre el Reglamento y el Acto administrativo general: a) No tiene relevancia, porque el régimen jurídico aplicable en ambos casos es el mismo. b) Se ha establecido esencialmente mediante criterios como el ordinamental de la no consunción. c) Es inexistente, pues en ambos casos se trata de normas generales.
La distinción entre actos administrativos generales y reglamentos a) no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros b) sí tiene relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros c) sí tiene relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros, aunque el procedimiento para la aprobación de los actos administrativos generales y de los reglamentos y el régimen de recursos que cabe interponer contra los mismos sea idéntico.
Por lo que se refiere a la distinción entre reglamentos y actos administrativos (o actos administrativos generales)
debe afirmarse que a) dicha distinción no tiene relevancia, porque el régimen jurídico que se aplica a unos y a otros es el mismo. b) dicha distinción no tiene relevancia, porque el procedimiento para su aprobación es el mismo. c) dicha distinción tiene relevancia porque el régimen jurídico que se aplica a unos y a otros no es el mismo.
Sobre la relación entre el reglamento y la Ley debe afirmarse que a) cuando el reglamento sea posterior a la Ley, podrá derogarla, ya que ambos (Ley y reglamento) son normas jurídicas. b) cuando una norma con rango de Ley sea posterior a un reglamento, podrá derogarlo. c) cuando una norma con rango de Ley sea posterior a un reglamento, no podrá derogarlo, ya que un reglamento sólo puede ser derogado por otro reglamento.
De acuerdo con las Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, “LRJPAC”) las disposiciones administrativas que vulneren las
Leyes: a.- Serán nulas de pleno derecho (nulidad absoluta). b.- Serán anulables (nulidad relativa). c.- Serán válidas, porque desplazan la regulación establecida por la Ley correspondiente. d.- Incurren en una irregularidad no invalidante.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones y órdenes de
servicio: a) Deben publicarse siempre y en todo caso en el Diario o periódico oficial que corresponda b) Son reglamentos o disposiciones administrativas generales, por lo que están afectadas por sus mismos principios que
tales c) Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. d) Son normas generales que, por su especificidad, nunca se publican en un Diario o periódico oficial.
Por su relación con la ley, los Reglamentos se clasifican en a) Estatales, autonómicos, locales y de Entes institucionales o corporativos b) Independientes y ejecutivos c) Independientes, ejecutivos, generales y de necesidad
d) Independientes, ejecutivos y de necesidad.
En España, los reglamentos independientes se caracterizan por ser: a) Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria b) Son aquellos que regulan materias en que no se ha producido una previa regulación por Ley (reserva formal) y que no
están protegidas por reserva material de Ley c) Son los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así
como aquellos que regulan materias en que no se ha producido una previa regulación por Ley (reserva formal) y que no
están protegidas por reserva material de Ley d) En España no puede haber reglamentos independientes, puesto que la Constitución no ha previsto expresamente una
reserva reglamentaria.
Los reglamentos ejecutivos son aquellos que a) Regulan materias en que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal) y que no están protegidas
por la reserva material de ley b) Desarrollan y complementan una ley c) Dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las que
contradicen mientras dura la situación de emergencia d) Los que regulan materias sobre los que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria.
En Derecho español, los reglamentos independientes: a) Sólo pueden ser aquellos que regulan materias sobre las que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal) y que, al propio tiempo, no estén protegidas por la reserva material de Ley. b) Son aquellos sobre los que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria expresa. c) Son aquellos sobre los que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria, o bien aquellos que regulan materias sobre las que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal).
En Derecho español, los reglamentos independientes son aquellos a) que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria b) que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal) y que, al propio tiempo, no estén protegidas por la reserva material de ley, que, en general, y al margen de otros supuestos puntuales, veda toda intromisión de la potestad reglamentaria en la propiedad y libertad de los ciudadanos c) que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley (reserva formal) y que, al propio tiempo, no estén protegidas por la reserva material de ley.
En nuestro ordenamiento jurídico, un Reglamento ejecutivo a) no puede contradecir la Ley que desarrolla, ni puede regular aspectos esenciales de la materia porque supondría invadir la esfera material de la reserva legal b) no puede contradecir la Ley que desarrolla, pero sí puede regular aspectos esenciales de la materia ya que ello no
supondría invadir la esfera material de la reserva legal. c) puede contradecir la Ley que desarrolla en aspectos de ésta que no sean esenciales.
¿Pueden los Ministros aprobar reglamentos? a) No, sólo puede hacerlo el Consejo de Ministros b) No, sólo puede hacerlo el Presidente del Gobierno. c) Sí, en las materias propias de su Departamento.
Señale la afirmación que resulta más veraz en relación al Reglamento ejecutivo: a. No puede contradecir la ley que desarrolla b. Puede regular aspectos esenciales de la materia a que se refiere. c. Son aquellos sobre los que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria.
Conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento, en su conjunto, una de estas autoridades u organizaciones administrativas no puede establecer, de modo propio, normas de rango reglamentario a) El Consejo de Ministros del Gobierno del Estado b) Los órganos rectores de las Sociedades mercantiles estatales c) El Pleno de los Entes locales d) Los Consejos de gobierno de las Comunidades autónomas.
De acuerdo con la Ley 30/1992, las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan
la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales a. Son nulas de pleno derecho b. Son anulables c. Son convalidables d. Son válidas.
¿Podría una resolución particular, aunque fuera de grado igual o superior, derogar una disposición de carácter general? a) No, por impedirlo el principio de inderogabilidad singular del reglamento b) No, por impedirlo el principio de competencia. c) No, por impedirlo el principio de jerarquía d) Sí, por ser de rango jerárquico igual o superior.
Las resoluciones administrativas de carácter particular a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan igual o superior rango a éstas b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan superior rango a
éstas. c) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas d) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, "Ley 39/2015"), las disposiciones administrativas que vulneren las leyes a) son nulas de pleno derecho b) son anulables c) adolecen de un vicio de nulidad relativa.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española (CE), la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, a) directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten b) exclusivamente a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten c) siempre y exclusivamente de forma directa, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015"),
la adopción de disposiciones de carácter general a) podrá ser objeto de delegación en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquélla b) podrá ser objeto de delegación en otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente
dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquélla c) no podrá ser objeto de delegación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Gobierno, en relación con el procedimiento de elaboración de los
reglamentos (estatales), la realización de una Memoria del Análisis de Impacto Normativo: a) tendrá carácter facultativo b) tendrá carácter preceptivo. c) únicamente tiene carácter preceptivo en lo que se refiere al procedimiento de elaboración de las iniciativas legislativas (o procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley), pero no de los reglamentos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 (LPAC, art. 37) en relación con el principio de inderogabilidad singular
de los reglamentos, a) las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igualo superior jerarquía al que dictó la disposición genera b) las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general y éste lo motive suficientemente. c) las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
El Consejero de Presidencia de su Comunidad Autónoma tiene dudas acerca de la nueva regulación establecida de
la LPACAP; en concreto sobre si el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma debe ser
sometido a consulta pública ¿Qué le informaría Vd.? a) Que el trámite de consulta pública tiene, siempre y en todo caso, carácter potestativo b) Que el trámite de consulta pública tiene, siempre y en todo caso, carácter preceptivo c) Que del trámite de consulta pública no se exceptúan las normas presupuestarias u organizativas d) Que del trámite de consulta pública se exceptúan las normas presupuestarias u organizativas.
En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos, el art. 105 a, la Constitución española (CE) dispone que: a) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten b) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, exclusivamente de modo indirecto a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les
afecten c) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, necesariamente de forma directa, y nunca a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten d) La constitución no contiene ninguna previsión en relación con la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Conforme señala la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) en el procedimiento de aprobación
de las ordenanzas locales: a) Hay un trámite de información pública y audiencia a los interesados. b) Hay un trámite de audiencia a los interesados, pero no de información pública c) No hay trámite de información pública, ni audiencia a los interesados, pero sí de audiencia a las asociaciones de vecinos. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el art. 131 Ley 39/2015 (LPAC), de Procedimiento Administrativo Común, los reglamentos a) Deben publicarse en el periódico oficial correspondiente, para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos b) Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, podrán publicarse en el periódico oficial correspondiente cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse c) Únicamente se publicarán en el periódico oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca d) Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo ha previsto.
De acuerdo con lo previsto en el art. 37.1 Ley 39/2015 (LPAC), las resoluciones administrativas de carácter particular a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición genera c) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de
igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general d) Sí podrán con carácter general vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general .
¿Podría el Gobierno exceptuar, mediante una resolución administrativa de carácter particular, a un contribuyente
con cuantiosas inversiones en España de la aplicabilidad de determinados preceptos del Reglamento regulador del
IVA, para favorecer la inversión extranjera? a) Sí, por razones de interés general b) No, por impedirlo el principio de inderogabilidad singular en materia reglamentaria c) Sí, porque el Reglamento del IVA y dicha resolución de carácter particular tiene igual rango jerárquico d) No, por impedirlo, en este caso, el principio de reserva formal de ley .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 (LPAC), de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los reglamentos, sean del tipo que sean: a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos b) Entrarán en vigor y producirán efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, sin perjuicio de su necesaria
publicación posterior en el diario oficial correspondiente c) Entrarán en vigor desde el momento de su aprobación, pero solo producirán efectos jurídicos con su publicación posterior en el diario oficial correspondiente.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los reglamentos: a. Deben publicarse en el periódico oficial correspondiente, para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. b. Sin perjuicio de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, podrán publicarse en el periódico oficial correspondiente cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse c. Únicamente se publicarán en el periódico oficial correspondiente cuando una disposición específica así lo establezca. d. Sólo deben publicarse si se dictan en desarrollo de una ley y ésta así lo ha previsto.
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Gobierno (modificada en este punto por la Ley 40/2015), "sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya
aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las
personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del
ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia", con carácter general, a) a los seis meses de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. b) al año de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) el 2 de enero o el 1 de julio siguiente a su aprobación.
Los reglamentos a) Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere b) Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, previo dictamen favorable o desfavorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere c) Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, sin
necesidad de previo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere d) Nunca podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento.
¿Puede la Administración revisar de oficio un reglamento? a) No, porque la revisión de oficio no está prevista en modo alguno en relación con los reglamentos b) Sí, aunque sólo previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere. c) Sí, aunque sólo previo dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, ya sea de carácter favorable o desfavorable.
¿Qué es la revisión de oficio de un reglamento? a) Es un procedimiento por el que la Administración declara la nulidad de un reglamento b) Es un procedimiento por el que la Administración modifica un reglamento válido c) Es un procedimiento por el que la jurisdicción contencioso-administrativa declara la nulidad de un reglamento.
En relación con la posibilidad de revisar de oficio los reglamentos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015
(LPAC, art. 47.2), las Administraciones Públicas a) no podrán, en ningún caso, declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior b) sí podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, previo dictamen, favorable o no favorable, del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere c) sí podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los Juzgados y Tribunales del
orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de
las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y a) con los Decretos Leyes b) con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación c) con los Decretos Leyes y con Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución española, los Tribunales: a) No controlan la potestad reglamentaria ni la legalidad de la actuación administrativa b) Controlan la potestad reglamentaria pero no la legalidad de la actuación administrativa. c) No controlan la potestad reglamentaria, aunque sí la legalidad de la actuación administrativa d) Controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿puede un recurso indirecto contra un
reglamento dar lugar a la anulación del reglamento ilegal? a. No, sólo a su inaplicación b. Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso
directo contra el reglamento; si no lo es, deberá plantear la cuestión de ilegalidad c. Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento. d. Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca podrá anularlo, sino que deberá necesariamente
plantear la cuestión de ilegalidad.
El control de la actividad de los órganos administrativos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y en particular
de sus normas reglamentarias, se ejerce de manera directa o principal por la siguiente institución: a) El Gobierno del Estado. b) El Tribunal de Cuentas. c) La Jurisdicción contencioso-administrativa. d) El Tribunal interno de garantías estatutarias.
Los Jueces y Tribunales, según queda establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a) interpretarán y aplicarán los reglamentos -pero no las leyes- según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en todo tipo de procesos. b) interpretarán y aplicarán las leyes -pero no los reglamentos- según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. c) interpretarán y aplicarán las leyes orgánicas -pero no las leyes ordinarias ni los reglamentos- según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. d) interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con los efectos del
recurso indirecto contra reglamentos (es decir, de un recurso consistente en la impugnación de un acto
administrativo dictado al amparo de un reglamento ilegal, fundando dicha impugnación precisamente en la ilegalidad
del reglamento en que se apoya el acto recurrido), hay que afirmar que dicho recurso a) puede dar lugar a la anulación del acto administrativo impugnado, pero nunca puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado b) puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado c) únicamente puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado a través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a) los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía
normativa b) los Jueces y Tribunales están obligados a aplicar los reglamentos contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de
jerarquía normativa, salvo previo planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional c) los Jueces y Tribunales están obligados a aplicar los reglamentos contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de
jerarquía normativa, salvo previo planteamiento de la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Constitucional.
En relación con la impugnación de los reglamentos debe afirmarse que dicha impugnación a) es posible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero nunca ante el Tribunal Constitucional, que sólo conoce de los recursos contra normas con rango de Ley b) es posible ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, en determinados supuestos, ante el Tribunal Constitucional c) no es posible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, por
tratarse de normas jurídicas.
En relación con la impugnación judicial de los reglamentos, debe afirmarse que el recurso indirecto a) podrá dar lugar a la anulación del reglamento ilegal. b) no podrá nunca dar lugar a la anulación del reglamento ilegal, sino exclusivamente a su inaplicación. c) podrá dar lugar a la anulación del reglamento ilegal, aunque exclusivamente por el Tribunal Supremo.
La impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de un acto administrativo dictado al amparo de un
reglamento ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido: a) No es posible en ningún caso b) Es posible, y se conoce como recurso directo contra el reglamento c) Es posible, y se conoce como recurso indirecto contra el reglamento. d) Sí es posible, y se conoce como revisión de oficio de los actos administrativos.
De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) las sentencias
firmes que anulen un precepto de una disposición general, a) no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. b) en ningún caso afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales c) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan
aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales d) afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan
aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
De acuerdo con nuestro ordenamiento, ¿resulta posible que jurisdicción contencioso-administrativa anule un
reglamento con ocasión de la impugnación de un acto administrativo, de aplicación del mismo fundada en la
ilegalidad de dicho reglamento? a) No es posible en modo alguno b) Es posible mediante el recurso indirecto c) Solo es posible anular un reglamento mediante el recurso directo d) Es posible solamente mediante la cuestión de inconstitucionalidad.
Si ha pasado el plazo para impugnar un reglamento que Vd. considera contrario a Derecho ¿qué puede hacerse? a) Nada, pues ese reglamento es ya firme, por lo que tan solo cabe que lo anule el Tribunal Constitucional b) Puede impugnarse a través de un recurso indirecto, atacando un acto administrativo de aplicación de ese reglamento
ilegal c) Solamente cabe interponer una querella penal contra la autoridad que lo aprobó d) Puede instarse a que un organismo administrativo interponga un recurso directo, pues un particular no puede ir contra
una norma reglamentaria.
De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿puede un recurso indirecto contra un
reglamento dar lugar a la anulación del reglamento ilegal? a) No, sólo a su inaplicación b) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto si es competente también para conocer del recurso
directo contra el reglamento, si no lo es, deberá plantear la cuestión de ilegalidad c) Sí, lo anulará el órgano judicial que conozca del recurso indirecto sea o no competente también para conocer del recurso directo contra el reglamento d) Sí, pero el órgano judicial que conozca del recurso indirecto nunca podrá anularlo, sino que deberá necesariamente
plantear la cuestión de ilegalidad.
Con respecto a la posibilidad de anular un reglamento por la vía de un recurso indirecto, la Ley26/1998 (LRJCA) de la
Jurisdicción contencioso-administrativa a) Ha atribuido al órgano judicial que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, si es competente
para conocer también del recurso directo contra el mismo b) Ha atribuido al órgano judicial que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, en todo caso c) No permite la anulación de un reglamento a través de un recurso indirecto d) Sólo permite la anulación de un reglamento a través de un recurso directo.
¿Cómo se denomina el procedimiento por el cual una norma de rango reglamentario se puede atacar mediante la
impugnación de los actos administrativos dictados al amparo de tal disposición general? a) Recurso directo contra un Reglamento b) Recurso de Amparo constitucional c) Cuestión de inconstitucionalidad d) Recurso indirecto contra un Reglamento.
¿Cuándo o en qué situaciones y ante qué tipo de norma está previsto poder presentar la denominada "cuestión de
ilegalidad" en nuestro ordenamiento? a) Cuando en el recurso indirecto ante un Reglamento se pretendiera buscar la declaración completa de ilegalidad del
Reglamento que sustenta el acto administrativo que se recurre b) Cuando el Congreso entiende que una norma autonómica de rango legal es contraria a una norma estatal del mismo
rango y así lo recurre ante el Tribunal Constitucional c) Es la vía que utilizan los jueces para plantear dudas de inconstitucionalidad de una norma que están aplicando ante el
Tribunal Constitucional d) Es la vía que utilizan los jueces para plantear dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TUE) sobre el
acomodo jurídico de una norma interna ante una norma de Derecho de la Unión europea.
Vd. ha sido afectado por un acto administrativo que, según considera, puede estar basado en un Reglamento
autonómico publicado hace menos de un mes que contraviene una Ley estatal. Le gustaría impugnar tanto el acto
administrativo que le afecta como tal Reglamento ¿qué y cómo puede hacerlo? (señale la respuesta más correcta) a) Puede impugnarlo directamente mediante un recurso personal de amparo ante el Tribunal Constitucional, o mediante un recurso contencioso-administrativo b) Puede hacerlo mediante el recurso indirecto contra el acto; y al estar aún en plazo, puede también presentar un recurso directo contra tal reglamento c) Un ciudadano normal no puede impugnar un Reglamento o sus actos derivados; solamente podría solicitar la revisión de oficio a la Administración, sin ninguna otra posibilidad d) Puede presentar un recurso indirecto y, a través de él, propugnar la cuestión de ilegalidad del Reglamento pues una vez publicado ya no cabe un recurso directo contra éste.
En el día de hoy le han notificado una sanción. Vd. está decidido a recurrirla ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, porque considera que se ha dictado en aplicación de un reglamento ilegal. Pero se le plantea la duda
de si con ocasión del recurso contra la sanción puede también llegarse a anular el reglamento. Después de estudiar
el asunto llega a la conclusión de que a) No es posible, la jurisdicción contencioso-administrativa sólo podrá inaplicar el reglamento, pero nunca anularlo b) Sí es posible hacerlo mediante lo que se conoce como recurso directo contra el reglamento c) Sí es posible, mediante la técnica conocida como recurso indirecto contra el reglamento d) No es posible, la jurisdicción contencioso-administrativa ni siquiera podrá inaplicar el reglamento, pues tiene rango de
Ley.
A su cuñado, comerciante, le han impuesto una sanción administrativa en base a un reglamento autonómico; al
mostrárselo a Ud., como estudiante de Derecho, considera que es manifiestamente ilegal. No obstante, cuando fue
publicado el reglamento en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma tanto él como su gremio dejaron transcurrir
el plazo para recurrir, sin impugnarlo ¿Qué le aconsejaría y por qué?: a) Que interponga recurso directo contra el reglamento: el contenido completamente ilegal del mismo produce que no
transcurra plazo alguno para recurrirlo en tal vía b) Que interponga recurso contra la sanción con fundamento en la ilegalidad del reglamento (mediante lo que se denomina “recurso indirecto contra el reglamento”) c) Que interponga la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para la cual no hay plazo, siempre y cuando ese Reglamento siga en vigor d) Que se conforme con la multa, pues el reglamento ya es firme y, por eso, inatacable jurídicamente por cualquier vía .
¿Puede impugnarse un reglamento ante el Tribunal Constitucional? a) Sí, en todo caso, y por cualquier motivo, porque tiene carácter normativo b) No, porque el Tribunal Constitucional sólo resuelve impugnaciones contra normas con rango de Ley c) No, porque los reglamentos han de impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa d) Sí, en determinados supuestos.
Qué situaciones constituyen los motivos principales para impugnar el Reglamento de cualquier Administración
pública ante el TC, si esto fuera posible a) No es posible: los reglamentos solamente se impugnan ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. b) Sí, siempre es posible dentro de los plazos habilitados y por cualquier motivo c) Cuando violen derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo y cuando hay un conflicto por invasión de
competencias por parte del Estado o de las Comunidades autónomas d) Solamente es posible cuando así lo señale una norma de Derecho europeo, por vulnerar las competencias de la Unión Europea (UE).
¿Resulta posible la impugnación de los reglamentos ante el Tribunal Constitucional? a) Sí, aunque exclusivamente a través de un recurso de amparo b) Sí, tanto a través del recurso de amparo, como por otras vías (conflicto de competencias e impugnación por el gobierno de reglamentos autonómicos). c) No, pues sólo resulta posible impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Según la Ley, cuando la Administración, al dictar una resolución se separa de un criterio administrativo seguido
con anterioridad (práctica o precedente), está obligada a: a) Publicarlo en un Boletín oficial, el que corresponda a la Administración de que se trate b) A que debe motivar la nueva resolución c) Debe adjuntar la correspondiente memoria económica justificativa del gasto que conlleve esa separación d) Debe corroborarla en, al menos, dos ocasiones con al menos un año .
En cuanto al precedente administrativo, el art. 35 de la Ley 39/2015 (LPACAP) a) No obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes b) Sí obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes c) Prohíbe absolutamente a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes d) Prohíbe a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes, salvo autorización previa del
Consejo de Ministros.
El precedente administrativo… a) Es una costumbre reiterada de la Administración pública con carácter vinculante b) Se trata de una práctica realizada con anterioridad a la decisión a tomar c) No puede ser desdicho salvo que una ley lo permita d) No obliga a resolver en su mismo sentido, siempre que se motive el cambio.
En relación con las prácticas y precedentes administrativos, la Administración pública a) No puede desvincularse de su precedente o práctica anterior al resolver un nuevo y análogo asunto b) Puede desvincularse de su precedente o práctica anterior al resolver un nuevo y análogo asunto, sin ningún requisito c) Puede desvincularse de su precedente o práctica anterior al resolver un nuevo y análogo asunto, pero debe motivar su decisión d) Puede desvincularse de su precedente o práctica anterior al resolver un nuevo y análogo asunto, pero para ello debe
obtener autorización judicial .
¿En qué se distingue una práctica y precedente administrativo de la costumbre? a) Que los ciudadanos no intervienen en la costumbre siendo, en cambio, los sujetos protagonistas principales en las
prácticas y precedentes administrativos b) Se distinguen en que no es necesaria la reiteración y la antigüedad en las prácticas y precedentes administrativos, basta con un solo comportamiento en el caso de estos últimos c) No se distinguen jurídicamente en nada, pues ambas son tradiciones sociales comúnmente admitidas d) Sí se distinguen en que las costumbres no tienen valor jurídico, y las prácticas y precedentes lo tienen exclusivamente
si están acogidas en una norma de carácter general .
¿Puede la Administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un nuevo y análogo asunto? a) No, nunca b) Sí, sin necesidad de cumplir ningún requisito c) Sí, pero debe motivar la nueva resolución, exponiendo las razones objetivas que expliquen y justifiquen el cambio de
conducta d) Sí, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, y sin necesidad de motivación en la nueva resolución.
¿Puede la Administración desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un asunto nuevo y
análogo a otro anterior? a) Sí puede, pero debe motivarlo b) Sí puede, sin ningún requisito c) No puede, el precedente le vincula en todo caso d) No puede, porque supondría una ruptura del principio de seguridad jurídica.
El precedente administrativo: a) se puede distinguir de la costumbre, entre otras cosas, porque el precedente no tiene por qué estar avalado por un cierto grado de reiteración o antigüedad. b) no se distingue de la costumbre, porque tanto la costumbre como el precedente han de estar avalados por un cierto
grado de reiteración o antigüedad c) no se distingue de la costumbre, porque tanto la costumbre como el precedente han de estar avalados por un cierto
grado de reiteración o antigüedad y porque, además, tanto la costumbre como el precedente son obligatorios o
vinculantes, sin posibilidad por tanto de que la Administración pueda separarse de ni de una ni de otro.
En relación con la costumbre como fuente del Derecho Administrativo debe afirmarse que a) la legislación administrativa nunca invoca la costumbre para regular determinadas materias b) la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, frecuentemente y en casos muy
significativos c) la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, aunque en casos muy limitados.
Los precedentes y prácticas administrativas en nuestro ordenamiento: a) No vinculan totalmente a la Administración, que puede separarse de ellos de manera motivada b) Equivalen a la costumbre en cuanto a su valor jurídico como fuente del Derecho en general. c) Orientan la actuación de los ciudadanos de manera no obligatoria (son, pues, directivas discrecionales) d) Vinculan a la Administración en todo caso, pues no puede separarse de ellos.
En cuanto al precedente administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: a) No obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes. b) Sí obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes. c) Prohíbe absolutamente a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes. d) Prohíbe a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes, salvo autorización previa del
Consejo de Ministros.
En relación con la costumbre como fuente del Derecho Administrativo puede afirmarse que a) la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias en hipótesis muy limitadas,
marginales y escasamente significativas b) la legislación administrativa nunca invoca la costumbre para regular determinadas materias c) la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias en numerosos supuestos y, en
ocasiones, de gran importancia.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 (LPAC), ¿puede la Administración dictar un acto o resolución que se
separe del criterio seguido en actuaciones precedentes? a) No, no puede b) Sí, pero debe motivarlo c) Sí, previa autorización de una norma con rango de Ley.
Además de la jurisprudencia del Tribunal supremo (TS), ¿qué otras fuentes de decisiones judiciales distintas pueden
entenderse comprendidas ahora dentro de la jurisprudencia, según es comúnmente aceptado? a) Las decisiones del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Europeo de Garantías b) Las sentencias del Tribunal constitucional, las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) c) Las derivadas de los Tribunales ordinarios en todos sus niveles, así como las sentencias del Tribunal
Constitucional d) Única y exclusivamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En relación con la infracción de las normas de organización debe afirmarse que a) en ningún caso proyecta sobre los actos administrativos efectos de invalidez b) proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez a los que proyecta la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas 102 c) sólo proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez que la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas, cuando aquella infracción supone la invasión de esferas de Competencias o funciones de otras personas jurídicas públicas.
La posibilidad de crear organizaciones especializadas, personificadas, de carácter instrumental, con arreglo al
Derecho Público o Privado, para atender la realización de necesidades o servicios específicos dentro de sus competencias: a) sólo corresponde al Estado. b) sólo corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas c) corresponde Estado y a las Comunidades Autónomas, y también a los municipios y provincias.
El principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas: a) conlleva la posibilidad de que las Administraciones Públicas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con
terceros. b) afecta a las Administraciones territoriales, pero no a los entes institucionales que de ellas dependen y que integran el
sector público. c) afecta sólo a los entes institucionales que dependen de las Administraciones territoriales y que integran el sector público, pero no a dichas Administraciones territoriales.
Por lo que se refiere al principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas y, por tanto, a la
posibilidad de que éstas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros, hay que afirmar que a) afecta exclusivamente a las administraciones territoriales b) afecta exclusivamente a los entes institucionales que dependen de las administraciones territoriales c) afecta tanto a las administraciones territoriales como a los entes institucionales que de ellas dependen.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "la participación de una Administración Pública en organismos
públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente': a) es siempre una técnica de coordinación forzosa b) es una técnica de colaboración. c) es una técnica de cooperación.
De acuerdo con la Ley 40/2015, debe afirmarse que las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de
Cooperación a) revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos
Administraciones que lo suscriban. b) revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán siempre de obligado cumplimiento
para las dos Administraciones que lo suscriban. c) revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán de obligado cumplimiento, salvo que expresamente se excluya su carácter vinculante, para las dos Administraciones que lo suscriban.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
Comisiones Bilaterales de Cooperación: a) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades
Locales. b) Podrán estar formadas por representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales c) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales. d) Reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.
Según el art. 6 Ley 40/2015 (LRJSP), los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante a) La delegación intersubjetiva y mediante la resolución de los recursos de alzada b) La delegación intersubjetiva, pero no mediante la resolución de los recursos de alzada c) Instrucciones y órdenes de servicio d) Unos órganos no pueden dirigir la actividad de otros, pues todos son autónomos.
De acuerdo con el art. 5.1 Ley 40/2015 (LRJSP), tendrán la consideración de órganos a) Todas las unidades administrativas b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo c) Únicamente las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a
terceros d) Únicamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones y órdenes de servicio a) Deben publicarse siempre y en todo caso en el Diario o periódico oficial que corresponda b) Son reglamentos o disposiciones administrativas generales, por lo que están afectadas por sus mismos principios que
tales c) Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos d) Son normas generales que, por su especificidad, nunca se publican en un Diario o periódico oficial.
De acuerdo con el art. 5.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante,
“Ley 40/2015”) son órganos administrativos a) Todas las unidades administrativas b) Las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya
actuación tenga carácter preceptivo c) Exclusivamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo d) Solo las unidades administrativas que tienen personalidad jurídica .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la asistencia y
colaboración requerida en virtud del principio de colaboración a) No podrá negarse nunca b) Podrá negarse, aunque únicamente cuando el organismo público o la entidad del que se solicita causara un
perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones c) Siempre podrá negarse por el organismo público o la entidad del que se solicita, y por cualquier causa que éste
estime oportuna d) Podrá negarse, cuando el organismo público o la entidad del que se solicita causara un perjuicio grave a los
intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, entre otras causas.
En qué elementos se configura la estructura interna de la Administración General del Estado, según el art. 5 Ley
40/2015 LRJSP a) En órganos, puestos docentes y unidades de trabajo, siempre bajo organización ministerial b) En unidades administrativas, puestos orgánicos y posiciones laborales, en este orden c) En jefes de servicio, jefes de sección, y jefes orgánicos y las estructuras que los componen d) En órganos y unidades administrativas, que comprenden puestos de trabajo.
En relación con los órganos administrativos debe afirmarse que a) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio b) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y reglamentos generales, que se publicarán necesariamente en el boletín oficial que corresponda c) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de otros órganos, jerárquicamente dependientes o no, mediante instrucciones y órdenes de servicio bajo el amparo de una norma general d) Los órganos administrativos no podrán en ningún caso dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente
dependientes.
Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme al art. 6 de la Ley 40/2015 a) Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes b) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los
órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente c) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los
órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria d) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los
órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
El principio de jerarquía se aplica a) en las relaciones entre órganos administrativos b) en las relaciones entre órganos administrativos y también en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la
relación entre Estado y Comunidades Autónomas) c) exclusivamente en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades
Autónomas).
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus
órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. El incumplimiento de las
instrucciones u órdenes de servicio a) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir b) da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir c) da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque sólo excepcionalmente a responsabilidad disciplinaria en casos de dolo o negligencia grave.
Según la LRJPAC, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente
dependientes mediante, C a.- La delegación intersubjetiva y mediante la resolución de los recursos de alzada. b.- La delegación intersubjetiva, pero no mediante la resolución de los recursos de alzada c.- Instrucciones y órdenes de servicio. d.- Unos órganos no pueden dirigir la actividad de otros, pues todos son autónomos.
El principio de jerarquía, según el tenor de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público: a) Solamente afecta a los órganos consultivos, pero no a los órganos activos. b) Afecta a los órganos denominados activos, pero no a los órganos consultivos. c) Afecta únicamente a las unidades administrativas d) Afecta a todos los órganos administrativos.
Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme establece la Ley 30/1992 a) Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes. b) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los
órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente c) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los
órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria d) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los
órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
¿Cuál de estas maneras es la prevista fundamentalmente en nuestro ordenamiento como una forma de distribución
de las competencias? a) Jerárquico, material o sustancial, y temporal b) Territorial, material y jerárquico c) Lineal o jerárquico y horizontal d) Absoluta y relativa.
Cuando una competencia puede ser ejercitada de forma simultánea y no excluyente por varios Entes territoriales o
Administraciones públicas territoriales, se dice que estamos ante una competencia a) Indistinta o abierta b) Compartida o participada c) Conjunta o agregada d) Alternativa u optativa .
El vicio de incompetencia jerárquica (relativa) constituye a) Una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho b) Una causa de anulabilidad y, por lo tanto, convalidable c) Una irregularidad no invalidante d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El vicio de incompetencia material o territorial (absoluta) constituye a) Una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho b) Una causa de anulabilidad y, por lo tanto, convalidable c) Una irregularidad no invalidante d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El vicio de incompetencia jerárquica constituye: a) Una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho b) Una causa de anulabilidad y, por lo tanto, convalidable c) Una irregularidad no invalidante d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
De acuerdo con la Ley 30/1992, son nulos de pleno derecho a) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, pero no del territorio b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio c) Los actos dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía d) Ninguna de los anteriores, porque la incompetencia da lugar a la anulabilidad, pero nunca a la nulidad de pleno derecho.
La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo –una actuación administrativa de carácter jurídico– por
incompetencia manifiesta, se produce: a) Solamente por falta de competencia jerárquica o territorial. b) Por falta de competencia material o territorial. c) Solamente por falta de competencia material o jerárquica. d) Sólo por falta de competencia material.
Si la competencia es la medida de la capacidad jurídica de cada órgano, entonces precisamente la falta de competencia a) origina un vicio del acto administrativo, pero nunca da lugar a su invalidez b) origina un vicio del acto administrativo, dando siempre lugar a su nulidad de pleno derecho c) origina un vicio del acto administrativo, dando siempre lugar a su simple anulabilidad, nunca a la nulidad de pleno derecho d) origina un vicio del acto administrativo, pudiendo dar lugar a la nulidad de pleno derecho o la simple anulabilidad 116.
¿Diga qué se traslada y si se exige dependencia jerárquica para el ejercicio de una delegación de competencias
interorgánica, tal y como la regulan los arts. 8 y 9 Ley 40/2015 como la regula LRJPAC? a) Se traslada el ejercicio de la competencia, pero no la competencia en sí; sin que sea necesaria la dependencia jerárquica b) Se traslada la competencia en su totalidad, por lo que siempre y en todo caso es necesaria una relación jerárquica c) Se traslada solamente el ejercicio de la competencia, pero una actuación entre sujetos jurídicos distintos, debe existir una relación de jerarquía en todo caso d) No se traslada otra cosa que los medios técnicos para la prestación del servicio, por lo que no se exige, en modo alguno, una posición orgánica de dependencia o jerarquía.
La encomienda de gestión a) se refiere a la realización de actividades de carácter material o técnico, no pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público b) se refiere a la realización de actividades de carácter material o técnico, pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público c) supone una cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia, no pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público d) supone una cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia, pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, la encomienda de gestión a) no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio b) supone cesión de la titularidad de la competencia c) supone cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia.
La encomienda de gestión supone, conforme queda establecido en la Ley 30/1992 a) La transferencia completa de la titularidad de una competencia b) La transferencia de los elementos sustantivos del ejercicio de una competencia c) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios d) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así como la de dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En relación con la delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, y de acuerdo con la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hay que afirmar que a) está sujeta a un plazo de un año, no pudiendo ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido b) siempre podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación c) Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegado.
¿Puede un órgano superior delegar en otro la adopción de una norma de carácter general (elaboración de un
reglamento, por ejemplo)? a) Sí se puede, pero debe ser hecha mediante una autorización expresa del órgano superior del Ministerio correspondiente b) No puede, salvo que sea el Consejo de Ministros y con informe preceptivo del Consejo de Estado c) Esa delegación es completamente inválida, al no permitir la LRJP AC la delegación de esa concreta competencia. d) Sí se puede en el ámbito local y autonómico; pero no en el ámbito estatal.
Señale la respuesta correcta en relación a la "delegación de firma", de conformidad a la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público: a. Debe publicarse preceptivamente en el Diario oficial que corresponda b. Sólo cabe en favor de órganos en los que existe una relación de estricta jerarquía c. Puede hacerse en favor de otros órganos de la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes d. Sólo cabe en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
La delegación de competencias, según establece la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, en orden a su completa
validez: a) Debe publicarse en el Diario oficial que corresponda, pero este requisito existe sólo para el caso de la Administración
General del Estado. b) Sólo es posible a favor de órganos jerárquicamente dependientes para las Administraciones del Estado, pero no para las CC. AA. c) Debe publicarse en todo caso en el Diario oficial que corresponda d) No es posible en modo alguno en el caso de que la norma prevea la emisión de informe preceptivo.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 40/2015 en relación con la delegación interorgánica, es correcto afirmar
que a. la delegación sólo y exclusivamente puede realizarse en órganos que sean jerárquicamente dependientes b. la adopción de disposiciones de carácter general también puede ser ahora mismo objeto de delegación c. las resoluciones dictadas por el órgano delegado se considerarán dictadas por el órgano delegante. d. la delegación no podrá ser revocada por el órgano que la haya conferido hasta transcurridos, al menos, dos años desde que se realizó.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias
relativas: a) al ejercicio de la potestad sancionadora. b) a la adopción de disposiciones de carácter general c) al ejercicio de la potestad sancionadora y a la adopción de disposiciones de carácter general.
De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación
con la delegación interorgánica puede afirmarse que: a. la delegación podrá realizarse a favor de otros órganos, siempre que sean jerárquicamente dependientes b. las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia c. podrá ser objeto de delegación la adopción de disposiciones de carácter genera d. podrá ser objeto de delegación la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a
la delegación de competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general: a) Podrán ser objeto de delegación de competencias, pero entre órganos de una misma Administración. b) No podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración. c) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante d) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el Consejo de Estado.
De acuerdo con lo establecido en el art. 9.2b Ley 40/2015 LRJSP no pueden ser objeto de delegación interorgánica: a) Ni la adopción de disposiciones de carácter general ni la adopción de resoluciones de carácter sancionador b) La adopción de disposiciones de carácter general no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la adopción de resoluciones de carácter sancionador c) La adopción de resoluciones de carácter sancionador no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la
adopción de disposiciones de carácter general d) Tanto la adopción de disposiciones de carácter general como la adopción de resoluciones de carácter sancionador
pueden ser objeto de delegación interorgánica.
De acuerdo con lo establecido en el art. 9.2b Ley 40/2015 LRJSP no pueden ser objeto de delegación interorgánica: a) Ni la adopción de disposiciones de carácter general ni la adopción de resoluciones de carácter sancionador b) La adopción de disposiciones de carácter general no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la adopción de resoluciones de carácter sancionador c) La adopción de resoluciones de carácter sancionador no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la
adopción de disposiciones de carácter general d) Tanto la adopción de disposiciones de carácter general como la adopción de resoluciones de carácter sancionador
pueden ser objeto de delegación interorgánica.
¿Cuál de estas condiciones le corresponde a la delegación interorgánica y, en cambio, no lo hace en el caso de la
delegación de firma? a) Que no altera la atribución de la titularidad de la competencia propia de cada órgano b) Que puede hacerse sobre competencias que, a su vez, le han sido delegadas. c) Que debe quedar publicada en el Boletín oficial correspondiente d) Que corresponde o afecta a órganos internos de un mismo ente en los que existe necesariamente una estricta relación de jerarquía.
Un órgano administrativo pretende formalizar, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una
delegación hacia otro órgano jerárquicamente dependiente para que resuelva el recurso de alzada contra un acto
que tal órgano ha emitido y que ahora es objeto de recurso. ¿Es posible? Art. 9.2c Ley 40/2015 LRJSP a) Sí, puesto que al haber una relación de dependencia jerárquica y estar publicado, la delegación es aceptada b) No, porque la delegación intersubjetiva exige mutuo acuerdo entre ambas partes c) No, porque no cabe delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso d) Sí, se trata de un supuesto de delegación interorgánica del ejercicio de competencias delegables.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas, conforme se establece
en el art. 9.4 Ley 40/2015 LRJSP a) Por el órgano delegante b) Por el órgano delegado c) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de los términos en que se haya realizado la delegación d) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de la materia sobre la que recaiga.
Cuando un órgano administrativo superior recupera el ejercicio de una determinada competencia que hubiera
delegado a un órgano inferior, estamos estrictamente ante (art. 9.6) a) La revocación de delegación intersubjetiva b) Una avocación interorgánica c) Una encomienda de gestión interorgánica d) La revocación de la delegación interorgánica.
Señale la respuesta correcta en relación a la delegación de firma, de conformidad con el art. 12 Ley 40/2015 LRJSP a) Debe publicarse preceptivamente en el Diario oficial que corresponda b) Sólo cabe en favor de órganos en los que existe una relación de estricta jerarquía c) Puede hacerse en favor de otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes d) Sólo cabe en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público los titulares
de los órganos administrativos: a) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. b) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten por
atribución, pero no por delegación de competencias c) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten
exclusivamente por delegación de competencias, pero no por atribución. d) No podrán nunca delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos.
Según la LRJPAC, la sucesión transitoria en la titularidad de un órgano en exclusiva por razones de vacante,
ausencia o enfermedad se denomina: a) Delegación intersubjetiva. b) Encomienda de gestión c) Delegación de firma d) Suplencia.
Por lo que se refiere a la delegación de competencias, y de acuerdo con la Ley 40/2015, hay que afirmar que a) no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento cuando la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe b) cuando la norma reguladora un procedimiento prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe, sólo podrá delegarse la competencia para resolverlo una vez que se haya emitido dicho dictamen o informe preceptivo c) no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda
de gestión a. supone la cesión de la titularidad de la competencia b. supone la cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio c. tiene por objeto la realización de actividades de carácter material o técnico d. puede suponer la cesión de la titularidad de la competencia, de los elementos sustantivos de su ejercicio o tener por objeto
la realización de actividades de carácter material o técnico.
En relación con la encomienda de gestión, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, ha de afirmarse que a) supone cesión de la titularidad de la competencia b) supone cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia c) es responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de
las Entidades de Derecho público por otros órganos o Entidades de Derecho público, realizada por razones de
eficacia o falta de medios técnicos idóneos, se cataloga de manera estricta como a) Delegación interorgánica b) Desconcentración funcional o por tareas c) Delegación de firma d) Encomienda de gestión.
La encomienda de gestión supone, conforme queda establecido en el art. 11 Ley 40/2015 LRJSP a) La transferencia completa de la titularidad de una competencia b) La transferencia de los elementos sustantivos del ejercicio de una competencia c) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios d) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así como la de dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Un órgano administrativo ha atribuido a otro órgano de la misma Administración la realización de una actividad de
carácter material o técnico, basando tal decisión en estrictas razones de eficacia. Según el art. 11.1 Ley 40/2015
LRJSP ¿Ante qué tipo de traslación competencial estamos específicamente? a) Una delegación intersubjetiva b) Una suplencia técnica o funcional c) Una descentralización funcional d) Una encomienda de gestión interorgánica.
La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de otro órgano, por
razones de eficacia, se denomina a) Delegación intersubjetiva b) Encomienda de gestión c) Delegación de firma d) Suplencia .
Según dispone el art. 11.2 Ley 40/2015 LRJSP, las encomiendas de gestión que tengan por objeto prestaciones
propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público a) No son ya legalmente posibles para evitar subvertir la regulación de contratos públicos b) Deben formalizarse por acuerdo expreso cuando se realice entre órganos o Entidades pertenecientes a la misma
Administración c) Debe formalizarse por convenio, que habrá de ser publicado en el diario oficial que corresponda d) Puede ser realizada en favor de órganos o entidades de la misma o distinta Administración.
En la encomienda de gestión: a) hay, como regla general, traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas b) no hay traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas c) no hay traslado de competencias jurídicas, pero sí de potestades administrativas.
La avocación por un órgano superior, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJP AC): a) Está prohibida por ser incompatible con el carácter irrenunciable de la competencia b) Sólo resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda por delegación a sus órganos
administrativos dependientes. c) Nunca resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos
administrativos dependientes d) Resulta posible, con carácter general, respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes.
En nuestro ordenamiento, la avocación interorgánica, de acuerdo con la LRJPAC a.- Supone que el órgano superior se hace cargo con carácter general e indefinido del ejercicio de una competencia del
inferior b.- Supone que el órgano superior conoce de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos inferiores c.- Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior el conocimiento de un asunto cuya resolución le corresponde d.- Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior con carácter general e indefinido el ejercicio de una
competencia.
Conforme establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, cuando un ente territorial inferior gestiona obligatoriamente servicios de otro
superior que, no obstante, mantiene la titularidad de la competencia, estamos ante: a) Una delegación intersubjetiva. b) Una avocación interorgánica. c) Una gestión forzosa. d) Una encomienda de gestión interorgánica.
En una avocación interorgánica, si se presenta un recurso contra la decisión o resolución que resuelva el
procedimiento según ha sido adoptada por el órgano que ha avocado la competencia (avocante) ¿Quién y cómo
debe resolverlo? a) El órgano a quien correspondía la competencia antes de la avocación, en cualquier caso b) Caben los recursos que normalmente se admiten contra los actos del órgano avocante, ante quien correspondan c) No cabe recurso alguno contra tal decisión d) Ninguna de las anteriores es correcta.
En nuestro ordenamiento, la avocación interorgánica, de acuerdo con el art. 10 Ley 40/2015 LRJSP: a) Supone que el órgano superior se hace cargo con carácter general e indefinido del ejercicio de una competencia del
inferior b) Supone que el órgano superior conoce de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a
sus órganos administrativos inferiores c) Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior el conocimiento de un asunto cuya resolución le corresponde d) Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior con carácter general e indefinido el ejercicio de una
competencia.
Una de las siguientes facultades o poderes no corresponde, estrictamente hablando y sin mayores detalles, al poder jerárquico a) El poder de anular o por el contrario de ratificar definitivamente los actos de los inferiores mediante la avocación de su
decisión o una delegación confirmatoria b) El poder de inspección, de vigilancia o control sobre la actividad de los inferiores c) La facultad disciplinaria sobre los titulares de los órganos inferiores, facultad cada vez más reservada a órganos
superiores de cada Administración d) La posibilidad de resolver conflictos de competencia entre órganos inferiores.
Son funciones propias de una relación de jerarquía, de acuerdo con el sistema jurídico español a) La facultad de negociar Convenios de colaboración intersubjetiva y de establecer comisiones de trabajo b) La facultad de establecer normas reglamentarias de efectos externos o generales y de dictar actos administrativos
derivados de éstos c) La inspección y control de la actividad de los inferiores; la facultad disciplinaria; y la de delegar o avocar competencias, entre otras d) La facultad de dictar leyes para el ámbito territorial que sea competencia jerárquica del órgano que se trate.
Cuando no se trata de relaciones de jerarquía entre órganos, sino intersubjetivamente en que existe una cierta
posición de superioridad entre administraciones territoriales autónomas, entonces estamos hablando, estrictamente de a) Relaciones de supremacía b) Relaciones de jerarquía aligerada c) Relaciones de jerarquía orgánico-territorial d) Relaciones de jerarquía intersubjetiva.
La denominada "descentralización por servicios" es la también denominable a) Descentralización funciona b) Desconcentración fiticia c) Descentralización territorial.
La técnica por la que mediante norma expresa se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior
a otro inferior dentro de un mismo organismo público se conoce como a) desconcentración b) delegación intersubjetiva de competencias c) descentralización.
El reconocimiento de personalidad a un servicio o actividad administrativa con la finalidad de otorgarle una mayor
libertad de gestión, se la denomina: a) Desconcentración. b) Descentralización. c) Descentralización funcional. d) Delegación interorgánica.
De acuerdo con la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común (LRJPAC), la transferencia por norma expresa de la titularidad de una competencia de un
órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público, se denomina: a) Desconcentración. b) Descentralización interorgánica. c) Descentralización funcional. d) Delegación interorgánica.
¿En qué se diferencia, del modo más exacto, la descentralización de la desconcentración, tal y como están
establecidas de manera general en nuestro ordenamiento? a) En nada: la primera es adjetivable "por funciones" (o ficticia) y la segunda es denominada "estructural u orgánica" b) La descentralización es una decisión territorial política; la desconcentración es una decisión administrativa para trasladar funciones o servicios entre distintos entes siempre territorialmente subjetivos c) Esencialmente, la desconcentración es definitiva; en tanto que la descentralización es temporal d) La descentralización es una traslación de competencias territoriales de signo contrario a la centralización; la
desconcentración es la traslación de competencias dentro del mismo ente público.
Conforme con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), la delegación de la potestad reglamentaria –o
elaboración de normas generales de carácter reglamentario– en otros órganos de la misma Administración, aun
cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellos, a) Basta con que se publique en el Diario oficial que corresponda b) Simplemente deberá publicarse en el Diario oficial que corresponda e indicar expresamente esta circunstancia en la
disposición que se adopte c) Sólo es posible en determinados casos, según la materia de que se trate d) No es jurídicamente posible en ningún caso.
La técnica de traslación competencial por la que, mediante una norma expresa, se traspasa la titularidad de una o
varias competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público sería la denominada: a) Encomienda de gestión b) Delegación de competencias c) Desconcentración.
La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento, a) Desconcentración b) Delegación c) Encomienda de gestión d) Avocación .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los
órganos administrativos podra ser a) Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean
las propias normas de atribución de competencias b) Delegadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las
propias normas de atribución de competencias c) Descentralizadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias d) Objeto de descentralización funcional en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los
requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades
Autónomas sobre las Entidades Locales? a) Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local b) Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las
Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales c) Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local d) La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno.
De acuerdo con la Ley 40/2015, el principio en virtud del cual "una Administración Pública y, singularmente, la
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las
diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común,
cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico" es el principio de: a) jerarquía b) coordinación c) cooperación.
El Consejo para la Unidad de Mercado es a) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus
responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley b) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado, privado de la posibilidad de tomar decisiones ejecutorias frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley, así como de toda potestad sancionadora. c) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley.
Las Conferencias Sectoriales son, según queda regulado en la Ley 30/1992 a) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas b) Órganos de coordinación forzosa del Estado sobre las Comunidades Autónomas c) Órganos de cooperación del Estado con los Entes Locales d) Órganos de coordinación forzosa del Estado sobre los Entes Locales.
¿Cuál de estas NO es, estrictamente, una técnica de las que están directamente previstas en la Ley 40/2015 de
régimen jurídico del sector público (LRJSP) con respecto al cumplimiento de las obligaciones de colaboración administrativa: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del órgano público o entidad a la que se dirige la solicitud. b) La creación y mantenimiento de sistema integrados de información administrativa c) El deber de asistencia y auxilio d) La sustitución inter-orgánica en el ejercicio de la competencia para la que se solicita la colaboración cuando el órgano que la solicita no puede ejercerla por no ser competente o carecer de medios.
En relación con la colaboración y cooperación entre entes públicos debe afirmarse que a) equivalen a una coordinación forzosa b) que equivalen a una coordinación voluntaria c) que la colaboración equivale a una coordinación forzosa y la cooperación equivale a una coordinación voluntaria d) que la colaboración equivale a una coordinación voluntaria y la cooperación equivale a una coordinación forzosa.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el
logro de fines comunes" se identifica con el principio de a) colaboración b) cooperación c) coordinación.
La Conferencia Sectorial a) es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado b) es un órgano de cooperación de composición bilateral y ámbito sectorial determinado c) es un órgano de cooperación de composición bilateral y ámbito general.
Qué notas caracterizan mejor, y de manera genérica, los Convenios de colaboración según la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de la Administración del Estado y el Procedimiento administrativo común (en adelante, LRJPAC): a) Que no suponen renuncia de competencias propias; y permiten la creación de organizaciones consorciales dotadas de personalidad jurídica propia para su consecución. b) Que deben quedar publicados en el BOE o Boletín autonómico correspondientes; y que son siempre de carácter voluntario (es decir, que no obligan a las Administraciones intervinientes) c) Que suponen la entrega de competencias propias a otras Administraciones, locales o de otro tipo, creadas ad hoc; siendo así un claro fenómeno de descentralización funcional. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común (en adelante, LRJPAC), las Comisiones Bilaterales de Cooperación son: a) Órganos de cooperación entre el Estado y las Corporaciones locales de composición bilateral b) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas de composición multilateral. c) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas de composición bilateral. d) Los órganos de gobierno de los entes locales inferiores al municipio que actúan de acuerdo con el principio de cooperación con las Comunidades autónomas.
Las Conferencias sectoriales de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas, según la LRJP AC, se
caracterizan por a) Ser presididas por el Ministro del ramo correspondiente que tiene voto privilegiado en los acuerdos adoptados. b) Tomar decisiones vinculantes para todas las partes siempre por mayoría de sus miembros. c) Reunirse obligatoriamente al menos dos veces al año para informar sobre las leyes de armonización que se les someten a consideración d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En cuanto al principio de cooperación y de acuerdo con la vigente regulación establecida en la Ley 40/2015 LRJSP,
la cooperación entre Administraciones Públicas a) Es obligatoria en determinados casos que establece la normativa general b) Es siempre y en todo caso obligatoria c) Es siempre voluntaria, por lo que requiere aceptación expresa d) Es voluntaria solamente en determinados casos, establecidos expresamente en la norma .
La asistencia y cooperación requerida en virtud del principio de lealtad institucional, de acuerdo con el contenido
del art. 141.2 la Ley 40/2015 LRJSP a) Sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla b) Sólo podrá denegarse cuando el ente del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello c) Sólo podrá denegarse cuando de lo contrario el ente del que se solicita causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones d) Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Puede negarse una Administración a colaborar con otra? ¿Cuál es la respuesta más correcta de acuerdo con los
casos o supuestos que recoge el art. 141.2 Ley 40/2015 LRJSP?: a) No puede en ningún caso si la solicitud se ha hecho mediante el procedimiento previsto en dicha norma b) No puede negarse en modo alguno, pues es un principio constitucional insoslayable y, por eso, recibe amparo por el TC c) Sí puede negarse, por ejemplo, cuando el organismo público o la entidad de la que se solicita ayuda no está facultada
para prestar tal competencia, conforme a su normativa específica, o carece de medios suficientes para ello d) Sí, pero única y exclusivamente cuando se trate de información confidencial o reservada o causara perjuicio a terceros.
¿Cuál o cuáles son estructuras previstas en nuestro ordenamiento para facilitar la cooperación entre el Estado y
las Comunidades autónomas y qué carácter tienen tales estructuras? a) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Multilaterales de Cooperación como órganos; y las
Comisiones delegadas como estructuras funcionales b) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación como órganos; y los
Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de colaboración como convenios c) Únicamente los Convenios de cooperación como instrumentos, derivados de las Comisiones paritarias de cooperación, que es el órgano que los elabora d) Únicamente las Conferencias de cooperación como instrumentos de las estructuras de colaboración que se creen ad hoc.
¿Cuál es el órgano competente para resolver los litigios que se susciten en aplicación de los convenios de
colaboración entre el Estado y las Comunidades autónomas? a) Solamente el Tribunal Constitución, de modo exclusivo b) Exclusivamente por un órgano mixto de vigilancia y control, creado obligatoriamente para ello por la norma que
establezca tal cooperación c) Un órgano mixto de vigilancia y control, si se crea; y la jurisdicción contencioso-administrativa o constitucional,
ulteriormente d) De manera exclusiva y prioritaria corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa .
En relación con las decisiones de las Conferencias Sectoriales, y de conformidad con la Ley 40/2015, debe afirmarse
que pueden revestir la forma de a) acuerdo y directriz b) acuerdo y recomendación c) recomendación y directriz.
De acuerdo con los previsto en el art. 144.2.h Ley 40/2015 LRJSP la emisión de informes preceptivos con el fin de
que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus
competencias es una técnica de a) Coordinación forzosa b) Control de legalidad c) Resolución de conflictos de competencias d) Cooperación.
El control de las disposiciones normativas con fuerza o rango de Ley adoptadas por las Comunidades Autónomas se ejerce por a) El Tribunal de Cuentas b) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa c) El Tribunal Constitucional d) El Delegado del Gobierno de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda .
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear un conflicto en defensa
de la autonomía local a. Cualquier municipio b. Cualquier provincia c. Cualquier Comunidad Autónoma d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De manera simplificada, los conflictos entre los diferentes Ministerios (conflictos interministeriales) en la
Administración General del Estado corresponde resolverlos: a) Al Presidente del Gobierno. b) Al Consejo de Ministros. c) Al Consejo de Estado d) Al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
¿Cuál de estas respuestas es la más exacta en cuanto a la capacidad de un ente local para plantear un conflicto
constitucional en garantía o defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional? a) Es necesario el acuerdo mayoritario del órgano de gobierno de los entes locales recurrentes, con informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo consultivo de la Comunidad autónoma correspondiente o del Consejo de Estado según el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales. b) Es necesario el informe preceptivo vinculante del Consejo de Estado en todo caso, y la decisión del Alcalde o Presidente de la Diputación correspondiente c) Es necesario el acuerdo mayoritario de al menos 1/7 de los municipios estatales o de los destinatarios de la norma concreta, sin otros requisitos adicionales d) Basta con el acuerdo simple del órgano de gobierno municipal, sin otros requisitos que el informe de sus servicios jurídicos locales correspondientes.
La legitimación para plantear los conflictos en defensa de la autonoma local regulados en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional corresponde a) siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo b) siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma c) al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto.
Los conflictos de competencia entre la Administración y los Jueces (conflictos de jurisdicción) los resuelve D a. el Tribunal Constitucional b. el Tribunal Supremo c. el Consejo de Estado d. el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Los conflictos de competencias entre diferentes entidades locales se resolverán: a. Siempre y en todo caso por la Administración del Estado b. Siempre y en todo caso por la Administración de las Comunidades Autónomas. c. Por la Administración del Estado o por la Administración de las Comunidades Autónomas, en función de las
características del conflicto. .
Las cuestiones o conflictos de competencia entre la Administración y los Jueces -denominados conflictos de
jurisdicción- los resuelve a) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción b) La Audiencia Nacional c) El Tribunal Supremo d) El Consejo de Estado .
En los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a) se dictará una única sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien
corresponde la competencia controvertida y, en su caso (es decir, si el Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado la autonomía local), también anulará la disposición legislativa enjuiciada b) se dictará una sentencia que se limitará, en su caso, a anular la disposición legislativa enjuiciada. c) se dictará una sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida; la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada requerirá, en su caso, de una nueva sentencia.
La clasificación de los órganos administrativos según la cual éstos ostentan o no la posibilidad de originar
relaciones intersubjetivas en nombre de la persona jurídica de la que formen parte, es: a) Órganos con competencia general o con competencias específicas. b) Órganos activos o de control, o consultivos, respectivamente c) Órganos individuales o colegiados; simples y complejos respectivamente d) Órganos externos o internos, respectivamente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, los conflictos de competencias planteados entre
diferentes entidades locales serán resueltos a) por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades
pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa b) por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades
pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa c) directamente por la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónoma son resueltos por a) El Tribunal Constitucional b) Las Conferencias Sectoriales correspondientes c) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa d) El Tribunal Supremo, sala de garantías contencioso-administrativas.
Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC) a. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su
caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia b. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la
inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto c. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la
inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) tienen por objeto a. Normas del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local
constitucionalmente garantizada b. Normas del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local
constitucionalmente garantizada c. Exclusivamente normas de las Comunidades Autónomas con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada d. Exclusivamente normas del Estado con rango de ley o reglamento que lesiones la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se refieren
a aquellos conflictos que enfrentan al Estado o las Comunidades Autónomas con las Entidades locales, en particular
con ocasión de a. Una norma o disposición con rango de ley, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada. b. Una norma o disposición con rango reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se
considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada c. Una norma o disposición con rango de ley o reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando
se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada d. Una norma o disposición con rango de ley o reglamentario, o un acto administrativo ya sea del Estado o de una
Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada .
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los conflictos en defensa de la
autonomía local tienen por objeto: a. Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley b. Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario. c. Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley. d. Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
¿Qué requisito NO es correcto en relación a la posibilidad de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local
regulado en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): a. Si se trata de un conflicto planteado ante una ley general, están legitimados un séptimo del número de municipios de
ámbito territorial que quede afectado que representen al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado b. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano plenario de las corporaciones locales recurrentes c. Están legitimados al menos un tercio de las provincias que representen, al menos, otro tercio de la población oficial del
territorio afectado por la norma d. Cualquier municipio o provincia en caso de que sea el único destinatario de la ley objeto del conflicto.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en
defensa de la autonomía local a) Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente
garantizad b) Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley que lesionen la autonomía local
constitucionalmente garantizada c) Una norma o disposición del Estado con rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente
garantizada d) Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley o con rango reglamentario que
lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos en defensa de la autonomía
local tienen por objeto a) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley b) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario c) Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley d) Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
El Estado ha aprobado una norma con rango de Ley que afecta a varias provincias y que, según algunas de estas,
vulnera la autonomía local constitucionalmente protegida ¿Cómo pueden actuar esas provincias afectadas? a) Solamente podrían plantear un debate político con el Estado b) Pueden plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el TC ellas mismas, siempre y cuando representen al menos la mitad de las provincias del ámbito territorial afectado y representen la mitad de la población c) Deben acudir a la vía del recurso mediante la apelación a la Comunidad autónoma en que estén situadas d) No pueden recurrir ante el TC, solamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cuando un acto o acuerdo adoptado por una Entidad local, la que fuere, menoscabe alguna competencia propia del
Estado o de una Comunidad Autónoma o interfiera en su ejercicio, dichas Administraciones pueden, de acuerdo
con nuestro ordenamiento a) Interponer recurso contencioso-administrativo (es decir, se trata de un control realizado por la jurisdicción contenciosoadministrativa) b) Disolver los órganos de la Corporación Local, procediendo a la convocatoria de elecciones parciales c) Disolver los órganos de la corporación local, asumiendo la Diputación provincial o la Comunidad
Autónoma la gestión ordinaria hasta la finalización del mandato d) Sustituir la actividad del Ente local por la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Los conflictos de competencias que se producen entre diferentes Entidades locales se resuelven en nuestro
ordenamiento, dicho sea de manera simplificada, por: a) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción b) La Administración del Estado o la de la Comunidad Autónoma c) El Tribunal Constitucional d) El Consejo de Estado.
La resolución de los conflictos que enfrentan al Estado o Comunidades Autónomas con las Entidades Locales con
ocasión de disposiciones generales [de rango reglamentario] o actos administrativos que se considera lesionan la
autonomía local corresponde: a) a la jurisdicción contencioso-administrativa b) al Tribunal Constitucional. c) al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
En relación con el control y, en concreto, con el control de legalidad debe afirmarse que a) es aquel que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento b) hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional que corresponde al órgano investido de la competencia c) trata de verificar el comportamiento de la Administración desde el punto de vista de la relación de su actividad con los
costes que genera y de los logros obtenidos en función de los esfuerzos desplegados para conseguirlos d) es esencialmente un control financiero o presupuestario.
Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los
diferentes Ministerios, son resueltos a) Por el Consejo de Ministros b) Por el Presidente del Gobierno c) Por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción d) Por el Tribunal Supremo, sala especial.
¿Cuál es el órgano o autoridad que tiene la competencia para resolver los conflictos interministeriales en la
Administración General del Estado? a) El Consejo de Ministros. b) El Presidente del Gobierno. c) Los Ministros implicados en el conflicto d) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
De acuerdo con lo establecido en el art. 55.3 Ley 40/2015 (LRJSP), son órganos superiores: a) Los Ministros, exclusivamente b) Los Ministros y los Secretarios de Estado c) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios d) Los Ministros, los Secretarios de Estados, los Subsecretarios, los Secretarios Generales, los Secretarios
Generales Técnicos, los Directores Generales y los Subdirectores Generales.
¿Cuáles son los principios generales que configuran el funcionamiento del Gobierno según la Ley 6/1997,
(LOFAGE) de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado? (Esta ley ha sido
derogada por la Ley 40/2015 !!) a) Son tres: la colegialidad; el principio de dirección presidencial; y el principio departamental b) Son tres: la colegialidad; la solidaridad; y el direccionamiento presidencial. c) Son dos: la dirección presidencial y la organización departamental. d) Son tres: la subsidiariedad; la dirección presidencial; y la corresponsabilidad solidaria.
Los Secretarios de Estado a) Son órganos directivos de la Administración General del Estado b) Son órganos superiores de la Administración General del Estado c) No son órganos superiores ni órganos directivos de la Administración General del Estado .
Al Consejo de Ministros, como expresión máxima del Gobierno, le corresponde constitucionalmente: a) Dirigir la Administración civil y militar b) Cooperar con la Administración civil y militar c) Colaborar con la Administración civil y militar d) Dirigir la Administración civil y cooperar con la Administración militar.
Conforme la Ley del Gobierno, el Gobierno en funciones a) Podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. b) No podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados c) No podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, pero sí aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De acuerdo con el art. 57.3 Ley 40/2015 (LRJSP), la determinación del número, la denominación y el ámbito de
competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediant a) Un Real Decreto del Presidente del Gobierno b) Real Decreto del Consejo de Ministros c) Ley ordinaria d) Ley Orgánica.
La declaración del estado de alarma corresponde: a. Al Consejo de Ministros. b. Al Presidente del Gobierno c. Al Consejo de Ministros le corresponde la propuesta al Parlamento, y este último realizará su declaración.
¿Cuál es el órgano o autoridad que tiene la competencia para resolver los conflictos interministeriales en la
Administración General del Estado? a) El Consejo de Ministros b) El Presidente del Gobierno c) Los Ministros implicados en el conflicto d) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
De manera simplificada, los conflictos entre los diferentes Ministerios en la Administración General del Estado
(conflictos interministeriales) corresponde resolverlos: a) Al Presidente del Gobierno b) Al Consejo de Ministros c) Al Consejo de Estado d) Al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción .
El examen de los asuntos que vayan a someterse a su aprobación por parte del Consejo de Ministros en sus
reuniones corresponde a) Las Comisiones Delegadas del Gobierno b) El Secretariado de Presidencia del Gobierno c) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios d) Todos y cada uno de los Departamentos Ministeriales y de sus Ministros de modo simultáneo .
El órgano para el apoyo del Gobierno que carece de capacidad de adoptar por delegación actos o resoluciones que
correspondan legalmente al gobierno es: a) Las Comisiones Delegadas del Gobierno b) La Comisión general de subsecretarios y directores generales c) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios d) Las Secretarías generales técnicas.
¿Cuál de estos órganos no es parte del sistema de órganos de apoyo y colaboración del gobierno, según la Ley
40/2015 LRJSP? a) La Comisión general de Secretarios de Estado y Subsecretarios b) Las Comisiones delegadas del gobierno c) Los Gabinetes del Presidente, de la Vicepresidencia, de los Ministros y de los Secretarios de Estado d) El Secretariado del Gobierno .
¿Cuál de estos órganos no es parte del sistema de órganos de apoyo y colaboración del gobierno, según la Ley
50/1997 de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno? a) La Comisión general de Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Las Comisiones delegadas del gobierno. c) Los Gabinetes del Presidente, de la Vicepresidencia, de los Ministros y de los Secretarios de Estado d) El Secretariado del Gobierno.
Una de estas funciones NO corresponde, estricta y propiamente, al Presidente del gobierno y, en cambio,
corresponde directamente al Consejo de Ministros, según establece la Ley 50/1997, del Gobierno: a) Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. b) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo c) Representar al gobierno. d) Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
En qué elementos se configura la estructura interna de la Administración General del Estado, según la Ley 6/1997 de
Organización y funcionamiento de la Administración general del Estado (en adelante, LOFAGE): a) En órganos, puestos docentes y unidades de trabajo, siempre bajo organización ministerial b) En unidades administrativas, puestos orgánicos y posiciones laborales, en este orden c) En jefes de servicio, jefes de sección, y jefes orgánicos y las estructuras que los componen. d) En órganos y unidades administrativas, que comprenden puestos de trabajo.
Si un Ministro disiente del dictamen preceptivo emitido por el Consejo de Estado con respecto a un asunto de su
Departamento ¿Puede resolver tal asunto en sentido contrario a tal dictamen? a) No, porque en este caso pierde la competencia para su decisión a favor del Consejo de Ministros b) Sí, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes de modo general, salvo que la Ley disponga otra
cosa c) No, en modo alguno, porque los dictámenes del Consejo de Estado son vinculantes, salvo que la Ley disponga otra cosa d) Sí, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son preceptivos ni vinculantes en ningún caso, siendo solo parte
del procedimiento informativo previsto antes de la presentación de una norma .
De acuerdo con el art. 57.3 Ley 40/2015 las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales
Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean,
modifican y suprimen por a) Real Decreto del Presidente del Gobierno b) Real Decreto del Consejo de Ministros c) Ley ordinaria d) Ley Orgánica .
En cuanto a la organización de los departamentos ministeriales o Ministerios, y siempre conforme a los arts. 58 y
64 la Ley 40/2015 (LRJSP) puede afirmarse que a) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarias Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa b) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y una Subsecretaría, y excepcionalmente
Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa c) Los Ministerios contarán, siempre y en todo caso, con Secretarías de Estado y Secretarías Generales, para la gestión
de un sector de actividad administrativa d) Los Ministerios contarán, en todo caso, con Secretarías de Estado y una Subsecretaría, para la gestión de un sector de actividad administrativa .
A tenor de lo que establece el art. 54 de la Ley 40/2015 (LRJSP), las competencias en materia de organización
administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidos conforme a una Ley a
ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán a) A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios b) Al Presidente del Gobierno c) Al Ministerio de la Presidencia d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según la Ley 40/2015 LRJSP, los órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado son a) Los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales técnicos, Directores Generales y Subdirectores
Generales b) Los Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales. c) Los Ministros y Secretarios de Estado c) Los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios generales técnicos, Directores Generales y Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo previsto el art. 58.2 Ley 40/2015 (LRJSP), en los Ministerios a) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa b) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales, para la gestión de los servicios comunes del Ministerio c) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella con una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes del Ministerio d) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales
Técnicas, para la gestión de un sector de la actividad administrativa.
De acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los Ministerios a) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías
Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa b) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías
Generales, para la gestión de los servicios comunes del Ministerio c) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes del Ministerio. d) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales
Técnicas, para la gestión de un sector de la actividad administrativa.
Según el art. 55.3 Ley 40/2015 (LRJSP), de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos
superiores de la organización central de la Administración General del Estado son:
a) Los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales técnicos, Directores Generales y Subdirectores
Generales. b) Los Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales c) Los Ministros y Secretarios de Estado. d) Los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios generales técnicos, Directores Generales y Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con la Ley 40/2015: ¿Es la Subsecretaría un órgano de existencia necesaria en los Ministerios de la
Administración General del Estado? a) Sí lo es en todo caso. b) No lo es en ningún caso c) No lo es de manera general, salvo la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda cuya existencia sí es necesaria.
No es una función prevista en la LOFAGE de manera general entre las competencias propias de las Secretarías
Generales Técnicas de cada Ministerio: a) La función de nombrar y separar a los Subdirectores generales del Ministerio
b) Las competencias sobre servicios comunes que le atribuya el Real Decreto de estructura del departamento de que se trate c) Las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Ministerios
contarán, en todo caso a) Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. b) Con Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. c) Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de un sector de la actividad administrativa d) Con Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de los servicios comunes.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), son órganos superiores: a) Los Ministros, exclusivamente. b) Los Ministros y los Secretarios de Estado. c) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. d) Los Ministros, los Secretarios de Estados, los Subsecretarios, los Secretarios Generales, los Secretarios Generales
Técnicos, los Directores Generales y los Subdirectores Generales.
Los Ministerios, en cuanto a su estructura de acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público: a). Contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales, para la
gestión de un sector de actividad administrativa b). Contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales, para la
gestión de los servicios comunes del Ministerio c). Contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes del Ministerio. d). Contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella varias Secretarías Generales Técnicas, para la gestión de un sector de la actividad administrativa.
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015"),
los Ministerios contarán a) en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. b) en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. c) en todo caso, con una Secretaría General, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica.
Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de
servicios NO atribuidos conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al
Gobierno, corresponderán, según la citada Ley 40/2015: a) A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Al Presidente del Gobierno. c) Al Ministerio de la Presidencia. d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los Secretarios de Estado a) son órganos directivos de la Administración General del Estado b) son órganos superiores de la Administración General del Estado c) no son ni órganos superiores ni órganos directivos de la Administración General del Estado.
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia de
desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento Ministerial corresponde a) Subsecretario de cada Ministerio b) Secretario General Técnico de cada Ministerio c) Al correspondiente Secretario de Estado d) Secretario General del Ministerio .
De acuerdo con la Ley 40/2015 (art. 59), las Subsecretarías se crean, modifican y suprimen a) por Real Decreto del Consejo de Ministros b) por Real Decreto del Presidente del Gobierno c) por Ley.
Por lo que se refiere a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y de acuerdo con lo
establecido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe afirmarse que dicha Comisión a) en ningún caso podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. b) sí podrá con carácter general adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno c) sólo podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno en un caso: cuando el Gobierno le delegue la
aprobación de reglamentos (Decretos Legislativos).
De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la
dirección de los denominados "servicios comunes" del Ministerio correspondiente corresponde a). Al Secretario de Estado b). Al Subsecretario c). Al Secretario General Técnico d). Al Secretario General.
Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Ley 40/2015, debe afirmarse que la
representación ordinaria del Ministerio, y la dirección de los servicios comunes corresponde a a) los Subsecretarios b) los Secretarios de Estado c) los Secretarios Generales Técnicos.
De acuerdo con los arts. 63 y 65 Ley 40/2015 LRJSP, la dirección de los denominados “servicios comunes” del
Ministerio correspondiente corresponde a) Al Secretario de Estado b) Al Subsecretario c) Al Secretario General Técnico d) Al Secretario General .
De acuerdo con el art. 63.1 Ley 40/2015 (LRJSP), el desempeño de la jefatura superior de todo el personal del
Departamento ministerial corresponde al a) Subsecretario de cada Ministerio b) Secretario General Técnico de cada Ministerio c) Al correspondiente Secretario de Estado d) Secretario General del Ministerio.
Los órganos que dirigen –dicho sea de manera simplificada- el conjunto de los sectores de actividad administrativa
integrados dentro de cada Ministerio y, en consecuencia, asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección, son: a) Los Ministros b) Los Secretarios Generales Técnicos c) El Vicepresidente o Vicepresidentes d) Los Subdirectores Generales .
No es una función prevista en la Ley 40/2015 LRJSP de manera general entre las competencias propias de las
Secretarias Generales Técnicas de cada Ministerio (art. 67) a) La función de nombrar y separar a los Subdirectores generales del Ministerio b) Las competencias sobre servicios comunes que le atribuya el Real Decreto de estructura del departamento de que se trate c) Las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta .
El Secretario General Técnico de un Ministerio se coloca o está situado, (art. 65 LRJSP) a) Bajo la inmediata dependencia de un Secretario de Estado para desarrollar las competencias sobre servicios comunes b) Bajo la inmediata dependencia de un Secretario de Estado para desarrollar competencias sobre un sector de la actividad administrativa c) Bajo la inmediata dependencia del Subsecretario para desarrollar competencias sobre un sector de la actividad
administrativa d) Bajo la inmediata dependencia del Subsecretario para desarrollar las competencias sobre servicios comunes .
De acuerdo con lo previsto en el art. 65 la Ley 40/2015 (LRJSP), para el nombramiento del Secretario General Técnico
de un Ministerio: a) Se utilizará Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 b) Se hará mediante Orden Ministerial, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 c) Se hará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, exclusivamente entre funcionarios de carrera del Estado, pertenecientes al Subgrupo A1 d) Se hará mediante Orden Ministerial, exclusivamente entre funcionarios de carrera del Estado, pertenecientes al Subgrupo A1.
En los Departamentos Ministeriales, las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y
publicaciones corresponden a: a) Los Subdirectores Generales. b) Los Secretarios de Estado c) Los Directores Generales d) Los Secretarios Generales Técnicos.
Los Secretarios Generales Técnicos de un Ministerio son nombrados y separados por a) Ley b) Real Decreto del Consejo de Ministros c) Orden Ministerial.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015(LRJSP), los Directores Generales y los Secretarios Generales Técnicos
son nombrados y separados a) por Real Decreto del Consejo de Ministros, tanto los Directores Generales como los Secretarios Generales Técnicos b) por Real Decreto del Consejo de Ministros los primeros (los Directores Generales) y por Orden del Ministro correspondiente los segundos (los Secretarios Generales Técnicos) c) por Orden del Ministro correspondiente, tanto los Directores Generales como los Secretarios Generales Técnicos.
En relación con el nombramiento de los Secretarios Generales Técnicos de los Ministerios, la Ley 40/2015 establece que a) serán nombrados por Orden Ministerial entre funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas b) serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 c) serán nombrados por Orden Ministerial, pero solamente entre funcionarios de carrera del Estado pertenecientes a los
Subgrupos A 1 o A2.
Los Directores Generales de un Ministerio, de acuerdo con el art. 66 de la Ley 40/2015 (LRJSP) a) Serán nombrados por Orden Ministerial, necesariamente entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente b) Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento, necesariamente entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente c) Serán nombrados por Orden Ministerial, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario d) Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
De acuerdo con el art. 59.1 Ley 40/2015 (LRJSP), en la Administración General del Estado, las Direcciones Generales
se crean, modifican y suprimen a) Por Ley ordinaria b) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros d) Por Orden del Ministro respectivo.
De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015 (art. 66.2), en la Administración del Estado, los Directores Generales
serán nombrados a) por Real Decreto del Presidente del Gobierno; siempre entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 b) por Real Decreto del Presidente del Gobierno; como regla general, entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. c) por Real Decreto del Consejo de Ministros; como regla general, entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.
Según al art. 66 la Ley 40/2015 LRJSP la dirección de los servicios de la AGE en el territorio de las CC. AA
corresponde a: a) Los Ministros b) Los Subdelegados del Gobierno c) Los Secretarios de Estado d) Los Delegados del Gobierno en las CC.AA.
¿Cuáles son los órganos directivos de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas y en
las provincias, según el art. 69 Ley 40/2015 (LRJSP)? a) Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores Civiles, respectivamente b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas y los Subdelegados del Gobierno en las provincias c) Los Directores territoriales autonómicos y los Subdirectores territoriales provinciales, respectivamente. d) Los Directores territoriales autonómicos y los Gobernadores Civiles, respectivamente. .
Los Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas son nombrados por a) Real Decreto del Presidente del Gobierno b) Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas c) Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros d) Decreto del Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma .
Según establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas a) Son órganos superiores b) Son órganos directivos c) No son ni órganos superiores ni órganos directivos d) Son órganos de la Comunidad Autónoma correspondiente .
¿Cuáles son los órganos directivos de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas y en
las provincias, según la LOFAGE? a) Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores Civiles, respectivamente. b) Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno, respectivamente. c) Los Directores territoriales autonómicos y los Subdirectores territoriales provinciales, respectivamente. d) Los Directores territoriales autonómicos y los Gobernadores Civiles, respectivamente.
De acuerdo con la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas serán nombrados y
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a) A propuesta del Presidente del Gobierno b) A propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma c) A propuesta conjunta del Ministro de Administraciones públicas, o equivalente y del Presidente de la Comunidad
Autónoma.
Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOF AGE), en las
provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el territorio de la provincia es competencia de: a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. b) Los Subdelegados del Gobierno. c) Los Secretarios de Estado. d) Los Delegados del Gobierno.
La dirección de los servicios de la Administración General del Estado en el territorio de las Comunidades Autónomas
(CC. AA.) Corresponde a a) Los Ministros b) Los Subdelegados del Gobierno c) Los Secretarios de Estado d) Los Delegados del Gobierno en las CC.AA.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas a) serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno b) serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros c) serán nombrados y separados por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En relación con el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas debe afirmarse que, a) le corresponde la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. b) sólo tiene competencias de coordinación de la Administración del Estado con la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente. c) sólo le corresponde la dirección de la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, pero no la
coordinación de la Administración del Estado con la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas a) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros c) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente .
Según establece el art. 69 Ley 40/2015 (LRJSP), los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas a) Son órganos superiores b) Son órganos directivos c) No son ni órganos superiores ni órganos directivos d) Son órganos de la Comunidad Autónoma correspondiente .
De acuerdo con el vigente régimen de conflicto de intereses, incompatibilidades y patrimonio, para los denominados
altos cargos de la Administración General del Estado ¿Cuál de estas actividades no es compatible con el ejercicio
de tal posición (de manera simplificada)? a) El desempeño de los cargos que correspondan con carácter institucional, o que sean comisionados por el propio
Gobierno b) La de mera gestión o administración del patrimonio personal o familiar, con ciertas cautelas en el caso de participación
en sociedades c) La participación en entidades culturales o benéficas, aunque tengan ánimo de lucro y por ello perciban una remuneración d) La producción o creación literaria, artística, científica o técnica, o las publicaciones derivadas, con ciertas cautelas que
prevé la ley.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo a) Cada semana en los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta
5.000 habitantes b) Cada dos semanas en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes c) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
¿Se enumeran expresamente en la Constitución española las diecisiete Comunidades Autónomas? a. Sí, aunque la Constitución no se refiere a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. b. No. c. Sí, y también se refiere la Constitución a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En cuanto a las competencias de las CA, y conforme queda establecido en la Constitución a) Todas las CA tienen las mismas competencias, que son las establecidas en el artículo 148 de la
Constitución b) Todas las CA tienen las mismas competencias, que son todas las posibles salvo las reservadas al
Estado por el artículo 149.1 de la Constitución c) No todas las CA han de tener las mismas competencias, pues dependerá esencialmente de lo que establezcan sus
respectivos Estatutos de Autonomía d) No todas las CA han de tener las mismas competencias, sino que depende esencialmente de lo establecido por las leyes de armonización .
Señale la opción más correcta en relación con lo que nuestro ordenamiento jurídico establece para las competencias
de las Comunidades Autónomas a) Están establecidas en el artículo 148 CE y son las mismas para todas las Comunidades Autónomas b) Serán esencialmente las que cada Comunidad Autónoma asuma en su Estatuto de Autonomía c) Son todas las que no están atribuidas exclusivamente al Estado en la Constitución y son las mismas para todas las
Comunidades Autónomas d) Son exclusivamente las que el Estado les delegue mediante una Ley de Armonización .
El término bases, leyes básicas, o legislación básica empleado en el art. 149 de la Constitución a) es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución, que sirven para que las
Cortes Generales puedan realizar una delegación legislativa en el Gobierno b) es un supuesto de concurrencia normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que no es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución c) es equivalente al de las leyes de bases reguladas en los artículos 82 y 83 de la Constitución, ya que en ambos casos se trata de un supuesto de concurrencia normativa entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española en su artículo 149.3 en relación a la distribución de
competencias entre el Estado, las CC.AA. y los entes locales a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos b) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán siempre y en todo caso a las
Comunidades Autónomas c) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponde a los Entes
Locales d) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía podrá corresponder a los Entes Locales, pero en virtud de sus respectivos reglamentos orgánicos.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la
Constitución a) Corresponderán a las Comunidades Autónomas b) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos c) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos, y a las Entidades Locales, en virtud de su Reglamento Orgánico.
¿Qué formas extra-estatutarias existen, previstas en la Constitución, para poder atribuir, o para ampliar en ciertos
casos, las competencias a las CC.AA? a) Son tres: las leyes de bases, las leyes de armonización y los textos refundidos b) Serían dos: las leyes marco y las leyes de transferencia o delegación c) Son dos: los Decretos leyes y los Decretos legislativos d) Serían tres: la delegación intersubjetiva, la descentralización funcional y la transferencia desconcentrada competencial .
Las denominadas “Leyes de transferencia o delegación”: a) Son la única forma extra-estatutaria de ampliación de las competencias autonómicas. b) Son una forma extra-estatutaria de ampliación de las competencias autonómicas, pero no la única forma. c) No son una forma extra-estatutaria de ampliación de las competencias autonómicas.
Las leyes de transferencia o delegación a) son una forma extra-estatutaria de ampliación de las competencias autonómicas b) no son una forma de ampliación de las competencias autonómicas, porque las Comunidades Autónomas tienen
exclusivamente las competencias que la Constitución prevé para cada una de ellas. c) no son una forma de ampliación de las competencias autonómicas, sino de armonización de las mismas.
¿Contiene la Constitución española alguna forma extra-estatutaria para la ampliación de las competencias autonómicas? a) No, las únicas competencias autonómicas son las recogidas en sus Estatutos de Autonomía b) Sí, exclusivamente las leyes de transferencia o delegación que pueda dictar el Estado para ello c) Sí, exclusivamente a través de las leyes marco que aprueba el Estado d) Sí, tanto mediante las leyes marco como a través de las leyes de transferencia o delegación .
De acuerdo con lo previsto en el art. 150.2 CE, el Estado podrá transferir o delegar mediante la siguiente norma en
las Comunidades Autónomas a) Mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación b) Mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación c) Mediante ley orgánica, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal d) Mediante ley ordinaria, cualquier facultad correspondiente a materia de titularidad estatal .
En relación a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CC. AA) y de acuerdo
con lo establecido en la Constitución, puede afirmarse que: a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán necesaria y automáticamente a las Comunidades Autónomas b) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado c) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía no podrá corresponder al Estado d) El Derecho estatal nunca es supletorio del Derecho que elaboren las CA .
Por medio de las leyes de transferencia o delegación previstas en el artículo 150.2 CE a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación b) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley ordinaria, cualquier facultad
correspondiente a materia de titularidad estatal c) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, mediante ley orgánica,
facultades correspondientes a materia de titularidad autonómica que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación d) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, mediante ley ordinaria,
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación.
En relación con las leyes de transferencia o delegación, la Constitución establece que el Estado podrá transferir o
delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación mediante a) Ley Orgánica b) Ley ordinaria c) Real Decreto-ley.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 149.3 CE en relación con los conflictos normativos entre el Estado y las
Comunidades autónomas: a) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo caso b) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no
esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas c) Las normas de las Comunidades Autónomas prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado, en todo caso d) Las normas de las Comunidades Autónomas prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado, en todo caso, sin
perjuicio de la posibilidad del Delegado del Gobierno de anular directamente los actos autonómicos dictados en aplicación de aquella normativa.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española: a) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no
esté atribuido a la competencia, exclusiva o no exclusiva, de éstas b) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no
esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas c) Las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas.
La Constitución española (art. 145) a) Admite expresamente la federación de Comunidades Autónomas
b) Prohíbe expresamente la federación de Comunidades Autónomas
c) No contiene ninguna referencia a la federación de Comunidades Autónomas
.
De acuerdo con la Constitución, la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de
Autonomía a) Corresponderá al Estado b) Corresponderá a los Entes Locales
c) Podrá corresponder al Estado o a los Entes locales
.
Las leyes de transferencia o delegación a que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución
a) Son leyes orgánicas.
b) Son leyes ordinarias.
c) pueden ser leyes orgánicas u ordinarias.
d) no son leyes orgánicas ni ordinarias.
.
Las leyes orgánicas que delegan en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de
titularidad estatal reciben el título de: a) Decretos legislativos.
b) Leyes de armonización.
c) Leyes de bases.
d) Leyes de transferencia o delegación.
.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, las diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades Autónomas a) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales
b) Podrán implicar privilegios económicos o sociales en los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado
afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía c) Podrán implicar privilegios económicos o sociales, cuando así se establezca mediante Ley Orgánica
.
En relación a las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, puede afirmarse de acuerdo con la
CE que el art.150.3 a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al Gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia exclusiva de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde al gobierno, previo acuerdo favorable del Senado, la apreciación de esta necesidad. d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas delas Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad .
Si el Estado ve necesario dictar una Ley que establezca los principios necesarios para avenir o conciliar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, evitando discordancias entre dichas disposiciones
normativas, aun en el caso de materias atribuidas a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas, ¿qué
tipo de legislación puede dictar, precisamente para ello, en el marco del art. 150.3 CE? a) Una Ley-Marco (por ejemplo, LOMCE)
b) Una Ley de Equilibrio (por ejemplo, la Ley de Equilibrio Presupuestario)
c) Una Ley de Transferencia (o delegación) de competencias
d) Una Ley de Armonización .
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Estado podrá dictar leyes que establezcan principios
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas: a) aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras b) salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, debiendo dichas leyes ser aprobadas por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras c) aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
¿Cuál de las siguientes normas NO son leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos y por qué?: a) Las leyes de armonización, que rigen sobre materias exclusivamente de competencia estatal, ordenando el desarrollo complementario autonómico b) Las leyes marco, al ser normas que en materias de competencia estatal, las Cortes generales podrán atribuir a todas o a alguna de las CC. AA. la facultad de dictar para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y
directrices fijados por dicha ley. c) Las leyes de armonización, a través de las cuales el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones de las CC. AA. aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés estatal d) Las leyes de transferencia o delegación, que permiten transferir o delegar, mediante ley orgánica, de facultades
correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de tal transferencia o
delegación.
Conforme a la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional de la autonomía de las Comunidades
Autónomas, puede afirmarse de manera general que a. El principio de autonomía no es lo mismo que la soberanía. b. Autonomía es lo mismo soberanía. c. Autonomía no es soberanía, salvo en la Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña y Galicia en las que sí es lo mismo, dada la extensión de sus Estatutos.
¿Cuántos y cuáles son los mecanismos básicos de control sobre las CA? a) Tres: político, jurídico-gubernativo y económico
b) Cuatro: político, jurídico, constitucional y económico
c) Uno: solamente el político que se realiza en el parlamento
d) Cinco: constitucional, jurídico, económico, gubernativo sobre competencias delegadas y extraordinario
.
En lo relativo al control sobre las Comunidades Autónomas, puede afirmarse que la jurisdicción contenciosoadministrativa controla: a) Todas las disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas b) Las normas reglamentarias y las resoluciones de la Administración Autonómica c) Las disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas y las resoluciones de la Administración Autonómica, pero no sus normas reglamentarias d) La jurisdicción contencioso-administrativa no controla ni las normas reglamentarias, ni las resoluciones de la
Administración autonómica ni, por supuesto, sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.
El control de la actividad de los órganos administrativos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) Y en particular
de sus normas reglamentarias, se ejerce de manera directa o principal por la siguiente institución: a) El Gobierno del Estado
b) El Tribunal de Cuentas
c) La Jurisdicción contencioso-administrativa
d) Tribunal interno de garantías estatutarias .
El control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas, se ejerce por: a) El Tribunal de Cuentas y los Tribunales de Cuentas autonómicos.
b) Exclusivamente por los Tribunales de Cuentas autonómicos.
c) Por la Jurisdicción contencioso-administrativa.
d) Exclusivamente por el Tribunal de Cuentas.
.
En relación con el control de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional realiza de las Comunidades
Autónomas, debe afirmarse que: a) Sólo controla sus normas con rango de Ley, pero nunca disposiciones de inferior rango y, mucho menos, resoluciones
concretas b) Puede controlar sus normas con rango de Ley como también disposiciones de inferior rango, pero nunca resoluciones
concretas. c) Puede controlar tanto sus normas con rango de Ley como las disposiciones de inferior rango y las resoluciones
concretas.
.
En relación con el control de las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con la Constitución, debe afirmarse que
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de a) la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
b) la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de la Comunidad Autónoma, exclusivamente.
c) las dos repuestas anteriores son correctas
.
El control de las normas con rango de Ley elaboradas y aprobadas por las Comunidades Autónomas se realizará,
conforme queda señalado en la Constitución española, a) Por el Tribunal Constitucional
b) Por el Defensor del Pueblo
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa
d) Por el Tribunal de Cuentas
.
El control de las disposiciones normativas con fuerza o rango de Ley adoptadas por las Comunidades Autónomas
(CC. AA.) se ejerce por: a) El Tribunal de Cuentas.
b) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
c) El Tribunal Constitucional.
d) El Delegado del Gobierno de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda
.
Los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de los actos y acuerdos de la corporación,
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, a) Están legitimado para impugnar dichos actos o acuerdos b) No están legitimados para impugnarlos, porque ello supondría una excepción al principio de que las minorías deben acatar los acuerdos de las mayorías c) No están legitimados para impugnarlos, aunque pueden exigir responsabilidad patrimonial la corporación .
¿Tiene el Senado alguna competencia en relación con el control y las actividades realizadas por cada una de las
Comunidades Autónomas? a) Sí, en el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que le imponen la Constitución y las
Leyes, conforme al art. 155 de la Constitución b) Sí, ejerce el control económico y presupuestario, así como el trámite de convalidación de las leyes autonómicas
c) No, carece de competencia alguna en relación con las Comunidades Autónomas, teniendo solo un difuso control de
carácter político sobre el conjunto de todas ellas d) Sí, el relativo a la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley y de las disposiciones y
resoluciones adoptadas por unos órganos de gobierno.
En el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le
impongan ¿Puede algún organismo del Estado obligarle al cumplimiento forzoso de sus obligaciones según
establece nuestra Constitución? a) El Delegado del Gobierno, una de cuyas funciones es este fin en el territorio de la Comunidad autónoma para el que
haya sido nombrado b) El Gobierno con mayoría absoluta del Senado y mediante un procedimiento específico
c) El Gobierno, previo informe preceptivo del Consejo de Estado, de acuerdo con la mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados d) El Senado, previo informe preceptivo del Tribunal Constitucional
.
La LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera resulta de aplicación: a) Se dirige en exclusiva al Estado y la Seguridad Social
b) Solamente al Estado y las Entidades vinculadas o dependientes del mismo
c) Al Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Seguridad Social
d) A las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, exclusivamente
.
Los órganos propios de las Comunidades Autónomas son a) El Parlamento o Asamblea legislativa y el Ejecutivo autonómico
b) El Parlamento o Asamblea legislativa, el Delegado del Gobierno y el Gobierno
c) La Asamblea legislativa y el Senado
d) El Senado, el ejecutivo autonómico y el Delegado del Gobierno
.
¿Qué características definen, de la mejor manera, la composición y funcionamiento de las Asambleas legislativas o
parlamentos autonómicos? a) Se trata de cámaras únicas, con circunscripción electoral ordinariamente establecida en la provincia y con su propia
regulación de organización y funcionamiento b) Se trata de un sistema mixto: una cámara autónoma y el Senado como órgano de supervisión, con circunscripciones
territoriales y un Reglamento orgánico pactado entre ambas cámaras c) Se trata de un sistema dual junto con el Senado, cámara de representación territorial, y reguladas en su funcionamiento general por este último d) Las cámaras legislativas autonómicas son elegidas y nombradas por el Congreso y el Senado y tienen su propio régimen de funcionamiento.
Los Presidentes de los gobiernos autonómicos se eligen y se cesan conforme al siguiente sistema a) Designación por la Asamblea correspondiente en los términos propios del sistema parlamentario; al igual que su cese
(elecciones, moción de censura, dimisión, pérdida de la confianza, etc. b) Por designación regia tras elección realizada en el Congreso de los Diputados; al igual que su cese
c) Por designación del Senado, Cámara de representación territorial, mediante propuesta de la Asamblea parlamentaria
autonómica, que podrá cesarlo por el mismo sistema d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las áreas metropolitanas
a) Son Entidades locales integradas por Municipios
b) Son Entidades locales integradas por Municipios, junto con otras Administraciones públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro c) No son Entidades locales, sino organismos dependientes de la Administración del Estado
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, son entidades locales territoriales
necesarias a) El municipio, la provincia y, en los archipiélagos canario y balear, la isla
b) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, y la comarca
c) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, y las áreas metropolitanas
d) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, las áreas metropolitanas y las
mancomunidades.
¿Qué entes locales están constitucionalmente “garantizados”? ¿Y cuáles no? a) El municipio; la provincia, comarca y parroquia
b) La provincia y el municipio; la comarca y la parroquia
c) El municipio, la provincia, comarca y parroquia; otros entes territoriales facultativos (mancomunidad, área metropolitana, etc.) d) El municipio, la provincia y la isla
.
El concepto de Entidades locales comprende a) Las Comunidades Autónomas, las provincias y los municipios
b) Las provincias y los municipios
c) Exclusivamente las provincias
d) Exclusivamente los municipios
.
Según queda establecido en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985 (LRBRL), son entidades
locales territoriales necesarias: a) El municipio, la provincia y, en los archipiélagos canario y balear, la isla.
b) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, y la comarca.
c) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, y las áreas metropolitanas.
d) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, las áreas metropolitanas y las
mancomunidades.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 137 de la Constitución española, el Estado se organiza territorialmente
a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) En municipios, en áreas metropolitanas, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. c) En municipios, en áreas metropolitanas, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas existentes en el momento de entrada en vigor de la Constitución.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las "entidades básicas de la organización territorial
del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades" son
a) Las Comunidades Autónomas
b) Las Provincias
c) Los municipios
.
¿Cuáles son los elementos básicos que constituyen el municipio? a) El pleno, el Alcalde y el Padrón municipal
b) El término municipal (territorio), la población y los órganos de gobierno
c) El término municipal, la población y el Alcalde
d) El pleno, la población y el Alcalde
.
Los tres elementos básicos del municipio son, de acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL)
a) El territorio, la población, y el Alcalde
b) El Alcalde, los Concejales, y el Pleno
c) La organización política, la vecindad, y la Administración municipal
d) El territorio, la población y la organización municipal .
En los municipios de régimen común, la aprobación de los presupuestos corresponde
a) Al Pleno
b) Al Alcalde
c) A la Junta de Gobierno Local
d) A la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
.
En relación a la “reordenación” del mapa municipal español, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local a) Impone la supresión forzosa de Municipios de menos de 500 habitantes, como así ha ocurrido en muchos casos durante estos años b) Fomenta la fusión voluntaria de Municipios y dificulta la creación de nuevos Municipios
c) Impone la supresión forzosa de Municipios de menos de 100 habitantes
d) Fomenta la fusión voluntaria de Municipios, pero no dificulta la creación de nuevos Municipios
.
Cuando dos municipios se funden de manera voluntaria ¿qué ocurre con el órgano de gobierno resultante? a) Nada; se mantiene cada órgano propio, pero se forma una junta de gobierno local cooperativa
b) Transitoriamente el órgano de gobierno estará constituido por la suma de los concejales de los municipios fusionados
c) Se disuelven ambos y se producen elecciones inmediatas para la elección de un ayuntamiento transitorio según la suma de poblaciones d) Transitoriamente el órgano del gobierno estará constituido exclusivamente por los Concejales correspondientes al
municipio de mayor población de entre los municipios fusionados.
La iniciativa popular de los vecinos de un municipio de régimen común, según la Ley 7/1985 (LRBRL)
a) Requerirá informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento
b) No requerirá informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento, pero sí, y en todo caso, del Interventor municipal
c) Requerirá en todo caso informe del Interventor municipal y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
d) No existe la iniciativa popular a nivel municipal
.
El elemento jurídico decisivo para adquirir la condición jurídica de vecino del Municipio conforme a la Ley reguladora
de las bases del régimen local 7/1985 (LBRL), es a) El nacimiento en tal lugar
b) La inscripción en el Padrón municipal
c) Contar con un puesto de trabajo en el municipio correspondiente
d) Las titularidades patrimoniales en un determinado término municipal
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 (LRBRL) al regular la
iniciativa popular de los vecinos de presentar propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos
en materias de la competencia municipal, dicha iniciativa, en los municipios de régimen común a) Requerirá el previo informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento, así como el informe del Interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento b) Únicamente requerirá el previo informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento
c) Exclusivamente requerirá el informe del Interventor
d) Por ser iniciativa popular, no requerirá informe ni del Secretario, ni del Interventor, aunque sí debate y votación en el
Pleno.
Según la Ley reguladora de las bases del régimen Local de 1985 (LRBRL) tienen la condición de vecinos del
Municipio: a) Los nacidos en el término municipal.
b) Todos los residentes en el término municipal.
c) Los inscritos en el Padrón Municipal.
d) Los contribuyentes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
.
Conforme a la normativa, el mayor o menor número de vecinos de un municipio:
a) No tiene ninguna consecuencia, pues la regulación prevista en la Ley de Bases de Régimen local solo varía en función de la extensión del término municipal, pero no en función de la población municipal. b) Tiene una única consecuencia, pues de la población del municipio determina la existencia o no de ciertos órganos, como la Junta de Gobierno Local c) Tiene consecuencias, pues del número de vecinos depende la regulación de una serie de materias, como la periodicidad de las sesiones del Pleno, entre otras.
La condición de vecino del Municipio se adquiere:
a) Por la inscripción en el Padrón b) Por la residencia
c) Por el nacimiento
d) Por la inscripción en el Registro Civil
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 (LBRL), cuando, previo el oportuno requerimiento, la entidad local no
ejercitará las acciones precisas en defensa de sus bienes y derechos podrá ejercitarlas en nombre de la entidad local a) La Administración del Estado
b) La Administración de la Comunidad Autónoma
c) Los vecinos, la Administración del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma
Los vecinos.
El Alcalde y los Tenientes de Alcalde, existen, según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante, LRBRL), en los siguientes niveles de Ayuntamientos: a) Solamente en los Ayuntamiento de los municipios denominados de Gran población.
b) En todos los Ayuntamientos, salvo en los municipios inferiores a 5.000 habitantes.
c) En todos los Ayuntamientos, junto con el Pleno.
d) Solamente en los Ayuntamientos con población superior a los 25.000 habitantes.
.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (LBRL), la dirección del Gobierno y la Administración
municipal corresponde en los municipios de régimen común a) Al Pleno del Ayuntamiento.
b) Al Alcalde.
c) A la Junta de Gobierno Local.
d) Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
.
En los municipios de régimen común, el órgano de gobierno local cuya principal función es la asistencia al Alcalde
en el ejercicio de sus atribuciones, que se integra por un número de concejales no superior al tercio del número
legal de los mismos, es, según la Ley 7/1985 (LBRL) a) La Comisión de gobierno municipal
b) El Pleno municipal en función ejecutiva de asistencia al Alcalde
c) La Junta de gobierno local
d) La Comisión de Tenientes de Alcalde delegada
.
En relación con la planta orgánica de los municipios de régimen común, y de acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), de
Bases de Régimen Local, puede afirmarse que la Comisión Especial de Cuentas a) Es un órgano que existe en todos los municipios
b) Existe únicamente en los municipios de población superior a 5.000 habitantes
c) Existe únicamente en los municipios de población superior a 25.000 habitantes
d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
En relación con la organización de los municipios de régimen común, según la LRBRL puede afirmarse que:
a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los Ayuntamientos
b) La Junta de Gobierno Local se constituye en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, y en los menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Ayuntamientos
d) La Comisión Especial de cuentas se constituye en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, y en los
de menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
En los municipios de régimen común, son órganos que existen en todos los Ayuntamientos
a) El Alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno, y la Junta de Gobierno Local
b) El Alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno, y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
c) El Alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno, y la Comisión Especial de Cuentas
d) El Alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno, y las llamadas comisiones informativas.
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En los municipios de régimen común, la dirección del Gobierno y la Administración municipal corresponde
a) Al Alcalde
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Pleno del Ayuntamiento.
En los municipios de régimen común, la competencia para aprobar las ordenanzas municipales corresponde
a) Al Alcalde
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Pleno del Ayuntamiento
.
En relación con los municipios de régimen común puede afirmarse que la Comisión Especial de Cuentas
a) Debe existir en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento b) Debe existir en todos los municipios con población superior a 25.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento c) Debe existir en todos los municipios de régimen común
.
El Alcalde de un pequeño Municipio de 3.000 habitantes considera que, para la mejor gestión de los intereses
locales, sería conveniente constituir una Junta de Gobierno Local ¿Es ello posible? a) No, porque la Junta de Gobierno Local sólo puede existir en los municipios catalogados como Municipios de Gran
Población b) No es posible en modo alguno, porque la Junta de Gobierno Local sólo puede existir en los Municipios de población
superior a 50.000 habitante c) Sí puede, pero debe someterlo a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, por ser un municipio inferior a los 5.000
habitantes d) Solo es posible, en municipios de población inferior a esos habitantes mediante el informe preceptivo y vinculante del
Secretario del Ayuntamiento.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985 (LRBRL), y en relación con la planta orgánica de los municipios de
régimen común, puede afirmarse que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones a) Existe en todos los municipios de régimen común
b) Se constituye necesariamente en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo
acuerde el Pleno (por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros) o lo establezca su
Reglamento orgánico c) Sólo existirá cuando así lo acuerde el Pleno (por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros) o así lo disponga su Reglamento orgánico d) No existe en los municipios de régimen común, sino únicamente en los municipios de gran población
.
Según la ordenación de las instituciones de gobierno y administración municipal realizada por la Ley 7/1985
reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), la Comisión Especial de Cuentas debe existir a) En todos los Ayuntamientos
b) En los Municipios con una población superior a los 5.000 habitantes
c) En los Municipios denominados “de gran población”
d) Cuando así lo acuerde el Pleno por mayoría por mayoría absoluta o lo disponga su Reglamento orgánico
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), la Junta de
Gobierno Local en los municipios de régimen común a) Existirá en todos los Ayuntamientos
b) Existirá en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento c) Existirá obligatoriamente en todos los municipios con población superior a 300 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento d) No existirá nunca, porque sólo está prevista para los municipios de gran población
.
En relación con los municipios de régimen común puede afirmarse que la Comisión Especial de Cuentas:
a. Existe en todos los Ayuntamientos
b. Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento c. Existe en todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
Son municipios de gran población, de acuerdo con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) realizada
por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas
correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos c) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa
de los respectivos Ayuntamientos d) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso.
Se pueden caracterizar como municipios de gran población según la normativa española: a) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, siempre
b) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que sean capitales de provincia, siempre
c) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias (económicas, sociales,
históricas o culturales) especiales, cuando así lo decida la Asamblea Legislativa correspondiente a iniciativa del
Ayuntamiento d) Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias (económicas, sociales,
históricas o culturales) especiales, en todo caso.
¿Qué es y quiénes forman el Consejo social de la ciudad?
a) Es un órgano de los municipios de gran población integrado por representantes de las organizaciones sociales,
económicas, profesionales y de vecinos más representativas b) Es un órgano potestativo de todos los municipios, formado por los ex concejales y alcaldes
c) Es un órgano con competencias de consulta para los Alcaldes de los municipios de régimen común
d) Es un órgano que tiene por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, integrado por Concejales pertenecientes a todos los grupos políticos integrantes de la Corporación.
Son municipios de gran población a) Los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes
b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes
c) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, en todo caso. d) En todo caso, los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes y presenten circunstancias económicas o
culturales especiales.
¿En qué tipo de municipios está prevista por la Ley de bases del régimen local, modificada por la Ley 57/2003 de
medidas para la modernización del gobierno local, con carácter necesario la existencia de distritos como divisiones
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada y quién ostenta su presidencia? a) En todos los que quede establecido por el Ayuntamiento, con independencia de su población, si lo dispone en su
Reglamento orgánico y su presidencia la ostenta necesariamente el Alcalde correspondiente b) El distrito es la forma de gobierno municipal propia de los Concejos abiertos, donde no existe propiamente Ayuntamiento, de tal modo que existe un Concejal de distrito abierto c) Es la forma de gobierno propia de las áreas metropolitanas como entes de carácter local superior al Ayuntamiento e
inferior a Provincias y Comarcas; su presidencia se elige en votación directa d) Está prevista con carácter necesario para los municipios de gran población y su presidencia corresponde a un concejal de tal municipio.
Por lo que se refiere a los municipios de gran población, debe afirmarse que los ayuntamientos
a) Podrán crear distritos, como divisiones territoriales propias, aunque en ningún caso podrán estar dotadas de órganos de gestión desconcentrada. b) Deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, aunque en ningún caso podrán estar dotadas de órganos de gestión desconcentrada c) Deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada.
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De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, son municipios de gran población
a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) Los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes.
c) Los municipios que sean capitales de provincia, siempre
d) Los municipios que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, siempre.
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Son municipios de gran población, a) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
b) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales c) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales y siempre que, además, así así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local (tras su modificación por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), en los municipios de gran población a) Deberán crearse distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada.
b) Deberán crearse distritos, como divisiones territoriales propias, que podrán excepcionalmente dotarse de órganos de
gestión desconcentrada c) Deberán crearse distritos, como divisiones territoriales propias, que en ningún caso podrán dotarse de órganos de gestión desconcentrada.
De modo general y conforme a la Ley 7/1985 (LBRL), el control y fiscalización de los órganos de gobierno
municipales corresponde: a) Al Alcalde
b) A la Junta de Gobierno Local
c) A las Comisiones Informativas
d) Al Pleno
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De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (LBRL), en los municipios de régimen común, la
aprobación del reglamento orgánico del Ayuntamiento corresponde a) Al Pleno
b) Al Alcalde
c) A la Junta de Gobierno Local
d) A ninguno de los anteriores
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 (LBRL), de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen
común, la aprobación de las ordenanzas municipales corresponde a) Al Alcalde
b) Al Pleno del Ayuntamiento
c) A la Junta de Gobierno Local
d) Al Alcalde o a la Junta de Gobierno Local, en función de la materia
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En los municipios de régimen común, el reglamento orgánico del Ayuntamiento es aprobado por
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Estado o la Comunidad Autónoma
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¿Quién forma parte del Pleno de un Ayuntamiento de acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL)?
a) El Alcalde, los tenientes de Alcalde y los Concejales delegados, exclusivamente.
b) El Alcalde, que lo preside y todos los concejales elegidos
c) Solamente los Concejales que el Alcalde, como Presidente del Ayuntamiento, escoge para formar parte de él.
d) El Alcalde, que lo preside y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
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En relación con los organismos autónomos locales, puede afirmarse
a) Que se rigen por lo dispuesto por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, sin
especialidad ninguna b) Que su creación corresponde al Pleno de la Entidad Local
c) Que la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde
d) Que tanto su creación como la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde
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Conforme a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), el gobierno y la administración
municipales en el régimen de Concejo Abierto: a) Son iguales que en un municipio de régimen común, pues corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la
que forman parte todos los electores. b) No son iguales que en un municipio de régimen común, pues corresponden a una asamblea vecinal de la que forman
parte un tercio de los electores elegidos por sorteo c) No son iguales que en un municipio de régimen común, pues corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de
la que forman parte todos los electores.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en el régimen de Concejo Abierto: a) El gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte
todos los electores b) El gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte
todos los concejales. c) El gobierno y la administración municipales, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
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Vd. es Concejal de un municipio de mediana población que tiene veinte y cinco concejales en su Corporación. El
Alcalde ha convocado un Pleno para aprobar el cambio de denominación, escudo y bandera de su localidad. Faltan
cinco concejales: ¿Podrían aprobarse tales cambios (de acuerdo con la información proporcionada)? ¿Qué tipo de
quórum y de mayoría se necesita? a) No puede aprobarse porque un cambio de estos aspectos requiere la presencia de la totalidad de los miembros de la
Corporación y mayoría absoluta de todos los presentes b) Sí puede aprobarse, porque existe quórum exigido de al menos 1/3 de los miembros, en la constitución y desarrollo de
la sesión; en todo caso, requiere la mayoría absoluta del número legal de miembros c) Puede tramitarse porque no importa el quórum sino, solamente, que exista una mayoría absoluta que es más votos a
favor que en contra de los concejales presentes en la sesión (o al menos durante su constitución) d) Aunque existe quórum, como es el caso, basta con una mayoría simple del número legal de miembros.
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De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, la dirección del Gobierno y la Administración municipal
corresponde en los municipios de régimen común a) Al Pleno del Ayuntamiento
b) Al Alcalde
c) A la Junta de Gobierno Local
d) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en los municipios, el Alcalde es elegido a) Por los concejales
b) Por los vecinos directamente
c) Por los concejales, con autorización de la Comunidad Autónoma
d) Por los concejales, con autorización del Delegado del Gobierno
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De acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL), la competencia sancionadora en el ámbito local le corresponde, con carácter
general, a la siguiente autoridad a) A los tenientes de alcalde por áreas que sean de su competencia, o por delegación del Pleno municipal
b) Al Alcalde, salvo en los municipios de gran población, en los que corresponde a la Junta de gobierno local
c) A la Junta de gobierno local siempre y en todo caso, con independencia del nivel de municipio que se trate
d) Al Pleno municipal, en cualquier caso, por ser el órgano colegiado supremo
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¿Cuál de estos conjuntos o tipos recoge en toda su extensión y propiedad las competencias específicas de los
Plenos en los municipios de régimen común? a) Las normativas, fiscalizadoras o de control, organizativas, financieras y cuasi jurisdiccionales
b) Las fiscalizadoras, las de control, las financiero-tributarias, las judiciales y las orgánicas
c) Las de regulación o normativización, las organizativas o estructurales, y las financiero-tributarias
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
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La Junta de Gobierno Local es un órgano municipal que
a) Existe en todos los municipios
b) Existe únicamente en los municipios de población superior a 5.000 habitantes
c) Existe únicamente en los municipios de población superior a 25.000 habitantes
d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
La regulación vigente de la LBRL establece, en cuanto a los municipios de régimen común, que la Junta de Gobierno
Local: a) Existe en todos los municipios. b) Debe existir en todos los municipios, salvo que lo excluya su reglamento orgánico o lo excluya el Pleno de su ayuntamiento. c) Existe en todos los municipios con población superior a 3.000 habitantes y en los de menos, exclusivamente cuando así lo disponga su reglamento orgánico. d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
En los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno Local
a) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento b) Se constituye en los municipios con población superior a 1.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento c) Sólo existirá en los municipios en que el Pleno así lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de sus miembros.
Por lo que se refiere a la Junta de Gobierno Local puede afirmarse y conforme a la Ley 7/1985 (LRBRL) en materia
local a) Que existe en todos los municipios
b) Que tiene más competencias propias en los municipios de régimen común que en los de gran población
c) Que tiene más competencias propias en los municipios de gran población que en los de régimen común
d) Que no existe en los municipios de gran población, al ser sus competencias asumidas por el Pleno
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen común, la Junta de
Gobierno Local se integra por a) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados
libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados
libremente por el Pleno c) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y separados
libremente por el Pleno.
A partir de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a) No es posible, en ningún caso, crear Entidades locales menores con personalidad jurídica propia
b) Se suprimen todas las Entidades locales menores que ya existían
c) Sigue siendo posible crear Entidades locales menores con personalidad jurídica propia, sin límite alguno
d) Es posible crear Entidades locales menores como forma de organización municipal desconcentrada
.
En relación a la posibilidad de asociarse/agruparse por parte de los entes locales municipales y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 7/1985 (LRBRL) a) Se reconoce a los Municipios el derecho de asociarse con otros en Consorcios para la ejecución en común de obras o
servicios determinados de su competencia b) Se reconoce a los Municipios el derecho de asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecución en común de
obras o servicios determinados de su competencia c) Se reconoce a los Municipios el derecho de asociarse con otros en Provincias para la ejecución en común de obras o
servicios determinados de su competencia d) Se reconoce a los Municipios el derecho de asociarse con otros en Comunidades Autónomas para la ejecución en común
de obras o servicios determinados de su competencia.
Las asociaciones de Entes locales con otras Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan
fines e interés público, se denominan: a) Consorcios
b) Mancomunidades
c) Entidades locales menores
d) Fundaciones municipales
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), la Comarca:
a) Es, en todo caso, un ente local necesario.
b) Es un ente local facultativo.
c) No es un ente local en ningún caso.
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De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, a) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en comarcas para la ejecución en común de obras y
servicios determinados de su competencia. b) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia c) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en áreas metropolitanas para la ejecución en común de
obras y servicios determinados de su competencia.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, se reconoce a los municipios el derecho a asociarse
con otros (municipios) a) En mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichas
mancomunidades tienen personalidad jurídica b) En mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichas
mancomunidades no tienen personalidad jurídica c) Solamente en consorcios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; dichos
consorcios no tienen personalidad jurídica.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en relación con la creación de las comarcas, a) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. b) No podrá crearse la comarca si a ello se opone expresamente una quinta parte de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. c) Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, podrá solicitarse con carácter facultativo un
informe a las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local (art. 42), no podrá crearse la comarca si a ello se
oponen expresamente: a) La tercera parte de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. b) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios
representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente c) Las dos terceras partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios
representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las áreas metropolitanas
a) Son Entidades locales integradas por Municipios
b) Son Entidades locales integradas por Municipios, junto con otras Administraciones públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro c) No son Entidades Locales, sino organismos dependientes de la Administración del Estado.
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Las asociaciones de Municipios para la ejecución en común de obras o servicios determinados de su competencia,
se denominan en la LRBRL: a) Consorcios.
b) Mancomunidades.
c) Entidades locales menores.
d) Comarcas.
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Las agrupaciones de Entes públicos de diferente o diverso nivel y, en su caso, con la participación de entidades
privadas con la finalidad de ayudar en la gestión de los servicios locales que se le encomienden, se denominan y
cuentan con la siguiente nota: a) Mancomunidades, que pueden o no pueden tener personalidad jurídica.
b) Los Consorcios, que tienen personalidad jurídica propia.
c) Los Consorcios que no pueden agrupar entes privados y no tienen personalidad jurídica propia.
d) Las Áreas Metropolitanas, que no cuentan con personalidad jurídica propia.
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En relación a la posibilidad de constituir Consorcios por parte de las entidades locales puede afirmarse, conforme a
la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), que, a) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas pero nunca con entidades
privadas. b) Las entidades locales pueden constituir consorcios con entidades privadas, pero nunca con otras Administraciones
públicas. c) Las entidades locales no pueden constituir consorcios.
d) Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas que
cumplan determinados requisitos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, el personal al servicio de los consorcios
a) Podrá ser funcionario o laboral y, como regla general, habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones
participantes en el consorcio
b) Como regla general, será personal laboral contratado directamente por el consorcio
c) Será siempre personal laboral contratado directamente por el consorcio.
De acuerdo con la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local, las comarcas:
a) Son entes locales territoriales necesarios
b) Son entes locales facultativos
c) No tienen naturaleza de entes locales
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De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución española (CE) en el art. 141 en 1978, la Provincia es, dicho del modo
más exacto a) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado b) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de comarcas y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado c) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de áreas metropolitanas y sin ser
una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado d) Es un órgano perteneciente o dependiente de la Comunidad Autónoma y que, por lo tanto, presta parte de las
competencias que a este territorio asigna la Constitución.
El modelo provincial español se basa en:
a) El minifundismo francés revolucionario
b) En la división departamental francesa y el proyecto de Javier de Burgos (1833)
c) En el proyecto de García Goyena
d) En la necesidad de hacerse eco de las “frustraciones supramuncipales” de parroquias y comarcas
.
Los diputados del pleno de la Diputación se eligen de acuerdo con un sistema:
a) Abierto (elecciones libres provinciales)
b) Proporcional (al número de residentes) e indirecto (han de ser concejales)
c) Proporcional (Ley D’Hont) e (han de ser miembros de otros entes locales)
d) Abierta (elecciones libres) y directa (candidaturas previas)
.
De acuerdo con la Constitución española, la provincia:
a) Es una entidad local con personalidad jurídica propia.
b) Es una entidad local sin personalidad jurídica propia.
c) Es un órgano de la Administración General del Estado con personalidad jurídica propia.
d) Es un órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente con personalidad jurídica propia.
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De acuerdo con lo previsto en la Constitución en relación con la provincia, debe afirmarse que
a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto.
b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
c) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución, la Provincia
a) Es un órgano de las Comunidades Autónomas, sin personalidad jurídica propia, determinado por la agrupación de
municipios b) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios
c) Es una entidad local sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios
.
La elección de los Diputados Provinciales y del Presidente de la Diputación provincial se realiza, respectivamente
a) Mediante elección directo en ambos casos
b) Mediante elección indirecta en el caso de los Diputados y por el Pleno de la Diputación, una vez elegido, en el caso
del Presidente de la Diputación c) Mediante libre designación por parte de las Asambleas o Parlamentos autonómicos en el caso del
Presidente, que elige, luego, a los Diputados según la correlación de fuerzas de tal Parlamento d) Mediante concurso-oposición en el caso de los Diputados, en tanto que el Presidente es elegido por los
Ayuntamientos que forman parte de la provincia en cuestión .
En relación con el Pleno de las Diputaciones Provinciales debe afirmarse en cuanto a los Diputados provinciales:
a) Han de reunir la condición de Concejales de los Ayuntamientos de la Provincia correspondiente.
b) La regla general es que no pueden ser Concejales de los Ayuntamientos de la Provincia correspondiente, aunque
excepcionalmente se admite esta posibilidad para las provincias con población inferior a 500.000 habitantes c) En ningún caso pueden ser Concejales de los Ayuntamientos de la Provincia correspondiente.
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Las Diputaciones Provinciales están presididas:
a) Por el Gobernador Civil de cada provincia.
b) Por el Subdelegado del Gobierno en la Provincia.
c) Por un Presidente de la Diputación elegido por el Pleno de dicha Diputación Provincial. X
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El Presidente de la Diputación Provincial:
a) Es elegido por la Comunidad Autónoma.
b) Es elegido por el Pleno.
c) Es elegido por la Junta de Gobierno Provincial.
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¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas
sobre las Entidades Locales? a. Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local
b. Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las Comunidades Autónomas
sobre las Entidades Locales c. Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local.
d. La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno
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En relación con los municipios puede afirmarse que la Constitución española,
a. Ha establecido una tabla o listado de competencias locales, que el Legislador estatal puede ampliar.
b. Ha establecido una tabla o listado de competencias locales, que el Legislador estatal no puede ampliar.
c. No ha establecido una tabla o listado de competencias locales, pero sí ha señalado que los municipios gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses d. No ha establecido una tabla o listado de competencias locales, ni ha señalado que los municipios gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.
En relación con los municipios, la Constitución:
a) Niega la autonomía de los municipios, así como su personalidad jurídica, y los sujeta a la tutela del Estado
b) Niega la autonomía de los municipios y los sujeta a la tutela de la Comunidades Autónomas, aunque dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena c) Garantiza la autonomía de los municipios y dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena
.
Las competencias de los municipios:
a) Están establecidas en la Constitución
b) No están establecidas en la Constitución, sino que se establecen de forma completa y acabada por la
c) Ley de Bases de Régimen Local
d) No están establecidas en la Constitución, ni tampoco se establecen de forma completa y acabada en la Ley de Bases de Régimen Loca.
En relación con las competencias de las entidades locales debe afirmarse
a. que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales
b. que la Constitución NO ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, por lo que deberán
determinarse por el Legislador c. que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, sin perjuicio de que dichas competencias puedan ampliarse por el Legislador.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL) la recogida de residuos y la limpieza viaria es:
a) Una competencia municipal mínima u obligatoria
b) Una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas
c) Una competencia municipal delegada
d) Una competencia municipal complementaria
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De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear un conflicto en defensa
de la autonomía local a) Cualquier municipio
b) Cualquier provincia
c) Cualquier Comunidad Autónoma
d) Ninguna de las anteriores es correcta
.
¿Cuál de estas respuestas es la más exacta en cuanto a la capacidad de un ente local para plantear un conflicto
constitucional en garantía o defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional? a) Es necesario el acuerdo mayoritario del órgano de gobierno de los entes locales recurrentes, con informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo consultivo de la Comunidad autónoma correspondiente o del Consejo de Estado según el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales b) Es necesario el informe preceptivo vinculante del Consejo de Estado en todo caso, y la decisión del Alcalde o Presidente de la Diputación correspondiente c) Es necesario el acuerdo mayoritario de al menos 1/7 de los municipios estatales o de los destinatarios de la norma
concreta, sin otros requisitos adicionales d) Basta con el acuerdo simple del órgano de gobierno municipal, sin otros requisitos que el informe de sus servicios jurídicos locales correspondientes.
Qué requisito no es correcto en relación a la posibilidad de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local
regulado en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)? a) Si se trata de un conflicto planteado ante una ley general, están legitimados un séptimo del número de municipios de
ámbito territorial que quede afectado que representen al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano plenario de las corporaciones locales recurrentes c) Están legitimados al menos un tercio de las provincias que representen, al menos, otro tercio de la población oficial del territorio afectado por la norma d) Cualquier municipio o provincia en caso de que sea el único destinatario de la ley objeto del conflicto
.
Las denominadas “competencias municipales propias”, de acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL) a. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en
su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas b. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, aunque con sujeción al control y tutela del Estado y de las Comunidades Autónomas c. Se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en
todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/1985 (LBRL), el transporte
colectivo urbano de viajeros es un servicio público que según cuál sea su naturaleza debe prestarse a. Al ser un servicio mínimo u obligatorio debe prestarse en todo caso en todos los municipios
b. Por ser un servicio necesario debe prestarse en los municipios con población superior a 5.000 habitantes
c. No es una competencia mínima u obligatoria, por lo que su prestación depende de lo que establezca cada Ayuntamiento
d. Se trata de un servicio mínimo u obligatorio que debe prestarse en los municipios con población superior a 50.000
habitantes .
La competencia municipal sobre el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales, son en ambos casos competencias catalogables como:
a. Competencias delegadas
b. Competencias impropias
c. Competencias indistintas
d. Competencias propias
.
De acuerdo con la antes citada LBRL, la recogida de residuos y la limpieza viaria es
a. Una competencia municipal mínima u obligatoria
b. Una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas
c. Una competencia municipal delegada d. Una competencia municipal complementaria
.
En relación con la posibilidad de constituir Consorcios por parte de las entidades locales puede afirmarse, conforme
a la Ley 7/1985 (LBRL), que a. Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas, pero nunca con entidades
privadas b. Las entidades locales pueden constituir consorcios con entidades privadas, pero nunca con otras Administraciones
públicas c. Las entidades locales no pueden constituir consorcios
d. Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas que
cumplan determinados requisitos.
Puede afirmarse que el grado de autonomía de las Entidades Locales:
a. Depende de las competencias que tienen garantizadas como propias, exclusivamente.
b. Depende de las competencias que tienen garantizadas como propias, y de la mayor o menor independencia en su
ejercicio c. Es casi inexistente, pues dichas Entidades Locales están sometidas a un control directo, intenso y generalizado por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con la LRBRL en su regulación dada recientemente por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, el alumbrado público es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria.
b. Una competencia de la Comunidad Autónoma delegable en el municipio.
c. Una competencia de la Administración del Estado delegable en el municipio.
d. Una actividad municipal complementaria de las propias de otras Administraciones Públicas.
.
De acuerdo con la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 (LRBRL) tras su modificación por la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la importante competencia sobre el
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria y exclusiva en todo caso.
b. Una competencia propia de los Municipios, aunque pueda estar coparticipada con otros entes superiores.
c. Una competencia delegada, pues corresponde en exclusiva al Estado.
d. Una actividad complementaria de los entes municipales que corresponde a las Comunidades autónomas de manera
principal.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias propias de los municipios se
ejercen a. con autonomía y bajo la propia responsabilidad, y por tanto, sin necesidad de atender a la debida coordinación en su
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas b. con autonomía y bajo la propia responsabilidad, pero atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas c. con sujeción a controles y tutelas de las demás Administraciones Públicas
d. con sujeción a las órdenes e instrucciones dictadas por la Administración delegante
.
Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC) a) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su
caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia b) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la
inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto c) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la
inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto d) Declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto, pero la declaración, en su caso, de vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada requerirá nueva sentencia.
De acuerdo con las Ley reguladora de las Bases del Régimen Local con la Ley 7/1985 (LBRL) tras su modificación
por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la vigilancia y control de la
contaminación ambiental es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria, en todo caso.
b. Una competencia propia de los Municipios siempre.
c. Una competencia delegable en los municipios por otras administraciones.
d. Una actividad complementaria o voluntaria.
No es una competencia propia de las provincias, de acuerdo con el régimen general establecido por la Ley 7/1985
(LBRL) de bases del régimen local con las últimas modificaciones a. La dirección de la política urbanística de los municipios integrados en la provincia correspondiente, sin perjuicio de la
competencia estatal en la materia b. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo las competencias del resto de Administraciones públicas c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supra comarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios municipales .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 (LRBRL), la prestación de los servicios de administración electrónica y
la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes es una competencia de a. La Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente
b. La Diputación o entidad equivalente
c. La Administración general del Estado
d. La Administración de la Comunidad Autónoma o del Estado, en función de la población municipal
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), los entes locales
necesarios tienen, entre otras, las siguientes potestades públicas: a. La potestad reglamentaria, la sancionadora y la expropiatoria.
b. La potestad expropiatoria y la sancionadora, pero no la reglamentaria.
c. La potestad reglamentaria y la sancionadora, pero no la expropiatoria.
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal que aprueba la Diputación o entidad equivalente podrá financiarse: a) Exclusivamente con medios propios de la Diputación o entidad equivalente
b) Con medios propios de la Diputación en entidad equivalente, y excepcionalmente con aportaciones municipales
c) Con medios propios de la Diputación en entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que
acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.
Las Diputaciones Provinciales están presididas:
a. Por el Gobernador Civil de cada provincia.
b. Por el Subdelegado del Gobierno en la Provincia.
c. Por un Presidente de la Diputación elegido por el Pleno de dicha Diputación Provincial
.
¿Es posible por parte del Estado la disolución de los órganos de las Corporaciones locales y la convocatoria de
nuevas elecciones parciales, mientras se administra provisionalmente el ente local correspondiente? ¿En qué caso? a. No es posible, puesto que el TC ha eliminado cualquier control directo de los entes locales, solamente siendo posible un control jurisdiccional de sus actuaciones b. Sí es posible, cuando se trate de una gestión gravemente dañosa para los intereses generales y suponga el
incumplimiento de obligaciones constitucionales; mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con conocimiento del
Consejo de gobierno de la Comunidad autónoma y acuerdo previo favorable del Senado c. Sí, mediante acuerdo del Senado con informe favorable del Tribunal Constitucional; correspondiendo la administración
al primero d. No, salvo que se menoscabe la competencia del Estado o de una Comunidad autónoma y mediante acuerdo del
respectivo Consejo de gobierno (el Consejo de Ministros o el de gobierno autonómico) .
¿Podría realizarse un control gubernativo directo con disolución de los órganos de las corporaciones locales?
¿Cuándo, con qué condiciones y en qué caso? a) Nunca puede ocurrir tal situación, dado el carácter fuerte del principio de autonomía municipal constitucionalmente
garantizado; solamente podrán impugnarse sus actos, a posteriori, ante la jurisdicción correspondiente b) Solamente en aquellos casos en los que no se pueda constituir gobierno local por falta de acuerdo de los concejales
elegidos en un proceso electoral o que se presente una moción de censura sin candidato alternativo c) Mediante convocatoria de elecciones parciales y con la provisional administración ordinaria de la corporación, en casos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de las obligaciones
constitucionales d) Sin necesidad de convocar elecciones, mediante la administración directa sin plazo, en caso de gestión gravemente
dañosa para el interés general.
Según la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (LBRL), la disolución de los órganos de las corporaciones locales
en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales a. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de
los Diputados b. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado c. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con
conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado d. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con
consentimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de
los Diputados .
Las relaciones de control y tutela del gobierno sobre las corporaciones locales pueden llegar hasta
a. La prisión de los miembros de una corporación local
b. La amonestación política de los autores de la infracción correspondiente
c. La eliminación del municipio del mapa de entes locales
d. La disolución de los órganos de las corporaciones locales en unos supuestos tasados
.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas (CA)
considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el
ordenamiento jurídico a. Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente
b. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa c. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa d. Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán
anularlo.
¿En qué casos cabe un control de legalidad de un acto emitido por un Ayuntamiento ante la Ley 26/1998 (LRJCA), la
Jurisdicción contencioso-administrativa? a) Cuando infrinja el ordenamiento jurídico; cuando menoscabe una competencia del Estado o de una Comunidad autónoma, interfiera su ejercicio o exceda de la propia competencia municipal; y cuando atente gravemente al interés general de España b) Sólo cuando un acto sea contrario a la Constitución y haya sido sometido a un proceso ante el Tribunal Constitucional con resultado negativo c) Cuando sea sometido a un proceso de amparo ante el Tribunal constitucional por parte de un particular o sea objeto de un recurso de inconstitucional por el Estado o la Comunidad autónoma correspondiente d) Solamente cuando atente gravemente contra el interés general de España, pues el resto de casos deben ser sometidos, en exclusiva, ante la sala de conflictos del Tribunal constitucional.
Cuando un acto o acuerdo adoptado por una Entidad local, la que fuere, menoscabe alguna competencia propia del
Estado o de una Comunidad Autónoma o interfiera en su ejercicio, dichas Administraciones pueden, de acuerdo con
nuestro ordenamiento: a. Interponer recurso contencioso-administrativo (es decir, se trata de un control realizado por la jurisdicción contenciosoadministrativa). b. Disolver los órganos de la Corporación Local, procediendo a la convocatoria de elecciones parciales.
c. Disolver los órganos de la corporación local, asumiendo la Diputación provincial o la Comunidad Autónoma la gestión
ordinaria hasta la finalización del mandato. d. Sustituir la actividad del Ente local por la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma considere que el acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, a. puede anularlo directamente, sin necesidad de requerimiento previo a la entidad local
b. puede anularlo directamente, previo requerimiento a la entidad local
c. no puede anularlo directamente
.
¿Prevé la Ley de Bases de Régimen Local la posibilidad de disolver los órganos de las corporaciones locales en el
supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales? a. No, en ningún caso.
b. Sí, por el Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado c. Sí, por el Consejo de Ministros o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con lo previsto en citada LRBRL, ¿quién podrá proceder a la disolución de los órganos de las
corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales? a. Nadie, porque el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esta previsión.
b. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma
correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. c. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma
correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados d. El Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, previo acuerdo favorable del
Congreso de los Diputados.
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos
que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su
anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos a) Podrá suspenderos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés
b) No podrá suspenderlos, pero sí impugnarlos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa pretendiendo su anulación
c) Podrá anularlos directamente y adoptar todas las medidas pertinentes para la protección de dicho interés
.
Los conflictos en defensa de la autonomía local, es decir, los conflictos que enfrentan al Estado o a las Comunidades
Autónomas con las Entidades locales con ocasión de una norma con rango de Ley del Estado o de una Comunidad
Autónoma que pudiera vulnerar la autonomía local a. serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado.
b. serán resueltos por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
c. serán resueltos por el Tribunal Constitucional
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos en defensa de la autonomía
local tienen por objeto a) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley
b) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario
c) Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley
d) Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local puede afirmarse de forma simplificada que, en caso
de gestión gravemente dañosa que suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de las
corporaciones, podrá procederse a la disolución de los órganos de las corporaciones locales por a) El Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable del Tribunal
Constitucional y del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable del Senado
c) El Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado
.
La legitimación para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional corresponde a) Siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo
b) Siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma
c) Al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto
.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)
son conflictos que enfrentan al Estado o a la Comunidades Autónomas con las Entidades Locales con ocasión a) De una norma o disposición con rango reglamentario o de un acto administrativo, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada b) De una norma o disposición con rango de Ley o reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad
c) Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada
b) De una norma o disposición con rango de Ley, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada .
La convocatoria y posterior sesión del Pleno municipal, debe cumplir, de acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL), los
siguientes requisitos generales a. Hacerse con, al menos, dos días hábiles de antelación (salvo las extraordinarias convocadas como urgentes); y la sesión será pública de manera general b. Pueden convocarse en cualquier momento por el Alcalde, señalando el orden del día de acuerdo con el resto de
concejales; siendo públicas en todo caso c. Salvo en el caso de las urgentes, deben convocarse con, al menos, una semana de antelación; el orden del día es
potestativo de la propia sesión, que puede alterarlo o modificarlo con libertad plena d. No puede convocarse una sesión sin acuerdo previo en la sesión anterior; la cual también fija el orden del día (salvo para el caso de las extraordinarias.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo,
a) Cada semana en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes b) Cada dos semanas en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes c) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
¿Quién y cómo se fija, de modo general, el orden del día para el Pleno de los Ayuntamientos de modo regular (es
decir, en situación normal sin urgencia)? a. Lo establece el Alcalde, pudiendo solamente incluir, de modo general, lo asuntos que hayan sido previamente
dictaminados e informados por la comisión informativa que corresponda b. Lo fija el Alcalde, habiendo oído a la Junta de Gobierno Local y, en su caso, la Comisión especial de cuentas.
c. Lo fija la Junta de Gobierno Local, habiendo sido informados previamente por los servicios jurídicos y contables
correspondientes d. Lo establece el Alcalde, de manera libre, sin necesidad de previo dictamen o informe de órgano alguno, dentro del plazo establecido al efecto.
¿Qué actos de las Corporaciones Locales ponen fin a la vía administrativa? a. Los del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno
b. Los de las Autoridades anteriormente mencionadas y los de órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación de éstas c. Los del Pleno y las Juntas de Gobierno
d. Los de los Alcaldes o Presidente
.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan
a. Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes
b. Siempre, por mayoría absoluta
c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes
d. Como regla general, por mayoría absoluta
.
¿Puede aprobarse un Acuerdo municipal no comprendido en el orden del día de una sesión municipal ordinaria u
extraordinaria? ¿En qué caso o casos? a. Nunca en las sesiones extraordinarias. Sí en las sesiones ordinarias, si hay especial y previa declaración de urgencia
realizada por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación b. No, en ningún caso; son nulos de pleno derecho todos los acuerdos aprobados sin estar incluidos en el orden del día
c. Sí, en las sesiones extraordinarias, si hay mayoría de miembros y aceptan la urgencia; pero nunca en las sesiones
ordinarias d. Sí, en todo tipo de sesiones siempre y cuando el Pleno así lo acepte por mayoría reforzada y, así, se exima del informe previo preceptivo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local hay que señalar que los acuerdos de las
corporaciones locales se adoptan, a. como regla general, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
b. como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes.
c. siempre, por mayoría simple de los miembros presentes.
Vd. es Concejal de un municipio de mediana población que tiene 25 concejales en su Corporación. El Alcalde ha
convocado un Pleno para aprobar el cambio de denominación, escudo y bandera de su localidad. Faltan cinco
concejales. ¿Pueden aprobarse tales cambios (de acuerdo con la información proporcionada)? ¿Qué tipo de quórum
y de mayoría se necesita? a. No puede aprobarse porque un cambio de estos aspectos requiere la presencia de la totalidad de los miembros de la
Corporación y mayoría absoluta de todos los presentes. b. Sí puede aprobarse, porque existe quórum exigido de al menos 1/3 de los miembros, en la constitución y desarrollo de
la sesión; la votación requiere la mayoría absoluta del número legal de miembros c. Puede tramitarse porque no importa el quórum sino, solamente, que exista una mayoría absoluta que es más votos a
favor que en contra de los concejales presentes en la sesión (o al menos durante su constitución) d. Existe quórum en este caso y basta con una mayoría simple del número legal de miembros oficiales.
.
Conforme señala la Ley 7/1985 (LBRL) en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales
a. Hay un trámite de información pública y audiencia a los interesados
b. Hay un trámite de audiencia a los interesados, pero no de información pública
c. No hay trámite de información pública, ni audiencia a los interesados, pero sí de audiencia a las asociaciones de vecinos
d. Ninguna de las anteriores es correcta
.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran
en infracción del ordenamiento jurídico a. Cualquiera de los miembros de las Corporaciones, en todo caso
b. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, se hubieran abstenido, o estuvieran ausentes por causa justificada c. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos
d. Ninguna de las anteriores es correcta
.
¿En qué casos no cabe un control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en un acto
emitido por un Ayuntamiento, según la Ley 7/1985 (LBRL) y el resto de normativa específica? a. Cuando menoscabe una competencia del Estado o de una Comunidad autónoma, interfiera su ejercicio o exceda de la
propia competencia municipal b. Cuando atente gravemente al interés general de España
c. Cuando el acto en cuestión, aunque no infrinja el ordenamiento jurídico, sea económicamente inviable y así lo establezca el Tribunal de Cuentas en un proceso de revisión previo d. Cuando infrinja el ordenamiento jurídico, en general
.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local
a. Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando, previo el oportuno requerimiento, la corporación local no las hubiera ejercitado b. Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando la corporación local no las hubiera ejercitado, sin necesidad de previo requerimiento c. Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar a la Comunidad Autónoma que sea ella quien ejercite la acción en nombre de la Entidad Loca d. Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar dicho ejercicio al Ministerio de
Administraciones Públicas, previo dictamen vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.
Los actos y acuerdos de las Entidades locales pueden ser impugnados en vía contencioso-administrativa
a. Solo por el Estado y las Comunidades Autónomas
b. Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado, las Comunidades
Autónomas y los miembros de la Corporación que hubieren votado en contra c. Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado, y el Ministerio Fiscal d. Sólo por los miembros de la Corporación que se hubieran abstenido o hubieran votado en contra
.
Ud. Acaba de ser elegido concejal en un Ayuntamiento, formando parte, una vez constituido el Pleno, de un grupo
de la oposición. Ante la recalificación de unos terrenos llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento Vd. No está de
acuerdo ¿Qué y cómo puede hacer para tratar de impedirla? a) No puede, porque los órganos de una Administración no pueden interponer recurso contra los actos de la misma; tendrá que esperar a que la Comunidad Autónoma o la Delegación del Gobierno actúen contra el acto en cuestión b) Sí, puede interponer recurso ante la jurisdicción civil en todo caso
c) Sólo puede interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa si hubiere votado en contra de tal acto en el pleno en cuestión d) Solo y exclusivamente puede recurrir si estuviere legitimado con arreglo al régimen general del proceso contenciosoadministrativo (es decir, que le afecte directamente tal recalificación o situaciones similares) .
Los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de los actos y acuerdos de la corporación,
según lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, a. Están legitimados para impugnar dichos actos o acuerdos.
b. No están legitimados para impugnarlos, porque ello supondría una excepción al principio de que las minorías deben
acatar los acuerdos de las mayorías. c. No están legitimados para impugnarlos, aunque pueden exigir responsabilidad patrimonial a la corporación.
.
Según lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando el acto de alguna Entidad
Local infrinja el ordenamiento jurídico, la Administración del Estado:
a. Puede anularlo directamente.
b. No puede anularlo directamente.
c. Puede, previo acuerdo del Senado, disolver los órganos de la corporación local.
.
¿A quién habilita la Ley de Bases de Régimen Local para ejercer en nombre de la entidad local las acciones precisas
en defensa de los bienes y derechos de dicha entidad local cuando ésta, previo requerimiento, no las hubiera
ejercitado? a) A los vecinos
b) A la Administración del Estado c) A la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando, previo el oportuno requerimiento, la
entidad local no ejercitara las acciones precisas en defensa de sus bienes y derechos, podrá o podrán ejercitarlas
en nombre de la entidad local: a) La Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente
b) La Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente y los vecinos
c) Los vecinos
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De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL)
a) Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando, previo el oportuno requerimiento, la corporación local no las hubiera ejercitado b) Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando la corporación local no las hubiera ejercitado, sin necesidad de previo requerimiento c) Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar a la Comunidad
Autónoma que sea ella quien ejercite la acción en nombre de la Entidad Local d) Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar dicho ejercicio al Ministerio de
Administraciones Públicas, previo dictamen vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma .
En el ámbito del Derecho administrativo, el principio o carácter de la personalidad jurídica afecta o se predica:
a) Sólo respecto de las administraciones territoriales.
b) Tanto respecto de las administraciones territoriales como respecto de los entes institucionales que de ellas dependan.
c) Ni respecto de las administraciones territoriales ni tampoco respecto de los entes institucionales que de ellas
dependan.
¿Quién nombra al presidente de la Agencia y de su Consejo rector, y a los miembros de este último?
a) El Ministro del ministerio de adscripción correspondiente, a todos ellos
b) El Ministro de Administraciones públicas al primero, con informe del Ministro de adscripción, quien, además, nombra a los últimos c) El Consejo de Ministros y el Ministro de adscripción, respectivamente
d) El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, respectivamente .
Qué tipo de organización público-administrativa está regida por los siguientes órganos: un Consejo Rector,
Presidente, Director y una Comisión de Control? a) El Consejo de Estado
b) El Tribunal de Cuentas
c) Los Consejos de los Colegios profesionales y Cámaras oficiales
d) Las Agencias públicas.
Una organización administrativa que, bajo diversas formas, está encargada de realizar actividades de ejecución o
gestión tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, en régimen de dependencia
de las Administraciones territoriales y con personalidad jurídica independiente, sería, dentro del conjunto de
estructuras administrativas estudiadas y del modo más exacto: a) Cualquier tipo de organismo público bajo el conjunto denominado "Administración institucional"
b) Se trata de los entes públicos atípicos y apátridas, exclusivamente
c) Se trataría de los organismos públicos acogidos bajo el régimen de las Administraciones independientes
d) Se trata, exclusivamente, de los Colegios profesionales
.
De acuerdo con el art. 93.2 Ley 40/2015 LRJSP, los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales se aprobarán a) Mediante una Ley ordinaria
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros
c) Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda
d) Por una Orden Ministerial del titular del Ministerio de adscripción
.
Son notas características de la estructura y naturaleza de los organismos públicos, de acuerdo con el art. 89.1 de la
Ley 40/2015 LRJSP, que a) No tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, pero sí autonomía de gestión
b) No tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, ni autonomía de gestión
c) Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, pero no autonomía de gestión
d) Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión
.
Según el art. 91.1 Ley 40/2015 LRJSP los organismos autónomos y entidades públicas empresariales se crean:
a) Directamente por el Gobierno, en todo caso, mediante la norma que crea pertinente
b) Mediante Ley
c) Por los Ministros del cual dependan, con una norma de rango reglamentario
d) Por Real Decreto del Consejo de Ministros en todo caso
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 en relación al patrimonio propio de los organismos autónomos
estatales (“OAE”) y de entidades públicas empresariales de ámbito estatal (“EPEE”): a) Los OAE tendrán un patrimonio propio, pero no así las EPEE.
b) Las EPEE tendrán un patrimonio propio, pero no lo tendrán los OAE.
c) Tanto los OAE como las EPEE tendrán un patrimonio propio.
.
La creación de los organismos públicos estatales se efectuará por
a) Ley Orgánica
b) Ley
c) Real Decreto
d) Orden Ministerial
.
La creación de organismos autónomos y entidades públicas empresariales se realiza en nuestro ordenamiento (art.
91.1 Ley 40/2015 LRJSP a) Mediante una norma con rango de Ley
b) Por un Real Decreto emitido por el Presidente del Gobierno
c) Por un Real Decreto emitido por el Consejo de Ministros
d) Por una Orden conjunta del Ministro de Administraciones Públicas y del Ministerio de adscripción correspondiente
.
En relación con los organismos públicos estatales, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, dispone que, dentro de su esfera de competencia a) no les corresponden potestades administrativas
b) les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria c) les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, incluida la potestad expropiatoria d) sólo a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal les corresponden potestades administrativas,
incluida la potestad expropiatoria.
Los organismos autónomos
a) Son órganos regidos por el Derecho administrativo que realizan actividades o prestaciones en régimen de
descentralización funcional b) Son órganos públicos regidos por el Derecho privado
c) Son órganos privados, regidos por el Derecho administrativo en régimen de descentralización funcional
d) Son órganos semi-públicos, regidos por el Derecho mercantil que realizan un servicio público
.
¿Cuál es la diferencia, si la hay, en cuanto al régimen jurídico de los principales actos emitidos, según su naturaleza,
por un Organismo autónomo frente a los realizados por una entidad pública empresarial y por qué? a) Ambos son idénticos: son actos administrativos, con vía administrativa de recurso y posterior control contenciosoadministrativo b) Ambos son idénticos: tienen un control interno propio, sin perjuicio de su posterior recurso en la vía civil u ordinaria
c) Son distintos: los del primero son principalmente administrativos; en tanto que los del segundo son, en general, actos
privados d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas porque todos los organismos públicos son entes independientes
sometidos en exclusiva al control por el Tribunal constitucional .
A qué tipo de organismo público nos estamos refiriendo, de manera específica, cuando se señala que "se rigen por
el Derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de
programas específicas de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o
de gestión de servicios públicos" a) A las Agencias Estatales
b) A las Entidades públicas empresariales
c) A los Organismos autónomos
d) A los indicados en b) y c), de manera similar
.
Según establece la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), el
personal al servicio de los organismos autónomos a) Será exclusivamente funcionario.
b) Será exclusivamente laboral.
c) Será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.
d) Todo el personal a su servicio tiene contrato de “Alta dirección”.
.
En relación con los organismos autónomos estatales puede afirmase que son
a) entidades de derecho privado sin personalidad jurídica propia
b) entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia
c) entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
.
El personal de los organismos autónomos estatales
a) puede ser funcionario o laboral
b) habrá de ser funcionario
c) habrá de ser laboral.
Los entes públicos que realizan una actividad prestacional, gestionan un servicio o producen un bien susceptible
de contraprestación, regidas por el Derecho privado, excepto en algunos aspectos regulados por el Derecho
administrativo son llamados: a) Órganos semipúblicos
b) Entidades públicas empresariales
c) Sociedades de economía mixta
d) Sociedad mercantil estatal
.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 104 Ley 40/2015 LRJSP, las Entidades Públicas Empresariales
a) Son organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria b) Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria c) Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria d) Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
Según el art. 103 de la Ley 40/2015 LRJSP, la finalidad u objeto de las "Entidades públicas empresariales" es
a) La realización de actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación b) La prestación de funciones jurisdiccionales, prestación o servicio público, en ejercicio de programas de cada Ministerio, y en régimen de descentralización funcional c) La realización y mejora de todo tipo de servicios públicos mediante prestaciones planificadas, evaluadas y controladas
conforme a programas por la Administración general, no susceptibles de contraprestación.
La característica más importante que diferencia las denominadas “Entidades públicas empresariales” de los
“Organismos autónomos estatales” es: a) Que los primeros se rigen en su actividad principalmente por el Derecho público, en tanto que los segundos pueden
hacerlo por un régimen mixto público-privado b) Que en los segundos su personal solo y exclusivamente puede ser funcionario
c) Que se les reconoce personalidad jurídica diferenciada a las primeras, pero no a las segundas
d) Que las primeras se rigen en su actividad, principalmente, por el Derecho privado
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En y para el estricto ejercicio de las potestades administrativas que, en su caso, tengan atribuidas, los organismos
públicos denominados estrictamente “Entidades públicas empresariales”, de ámbito estatal se rigen por a) El Derecho privado, en general
b) El Derecho mercantil
c) El Derecho público
d) El Derecho mercantil o el Derecho civil, según elección de la entidad
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¿Pueden las entidades públicas empresariales de ámbito estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015,
financiarse con los recursos económicos que provengan de las consignaciones específicas que tuvieran asignadas
en los Presupuestos Generales del Estado? a) No, porque las entidades públicas empresariales se financian única y exclusivamente con ingresos de mercado.
b) Sí, excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación.
c) Sí, siempre, porque las entidades públicas empresariales se financian única y exclusivamente con cargo a recursos
económicos provenientes del sector público.
En relación con las entidades públicas empresariales de ámbito estatal puede afirmarse a) que el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas se rige por el Derecho público
b) que el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas se rige por el Derecho privado
c) que no resulta posible que las entidades públicas empresariales ejerzan potestades públicas, en ningún caso.
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De acuerdo con la antes citada LOFAGE, son organismos públicos “regidos por el Derecho privado excepto en
determinados aspectos, y a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de
servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación”: a) Los llamados organismos autónomos.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las entidades públicas empresariales.
d) Las Agencias estatales.
Según la LOFAGE el personal al servicio de las Entidades públicas empresariales se rige:
a) Por el Derecho laboral con carácter general.
b) Por el Derecho administrativo en exclusiva.
c) Por el Derecho civil de manera general.
d) Por las normas de Derecho europeo que sean de aplicación según su ámbito de competencia.
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Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las "Entidades públicas
empresariales" se deberían financiar: a) Exclusivamente con recursos económicos provenientes del sector público.
b) Exclusivamente con los ingresos de mercado producidos por su actividad.
c) Mayoritariamente o principalmente lo harán con ingresos de mercado.
d) Mayoritariamente con recursos económicos provenientes del sector público.
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De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades públicas
empresariales de ámbito estatal
a. son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia
b. son entidades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia
c. son entidades de Derecho público, sin personalidad jurídica propia.
d. son entidades de Derecho privado, sin personalidad jurídica propia.
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De acuerdo con lo dispuesto el art. 113 Ley 40/2015 LRJSP a) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública b) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública c) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública d) Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
Conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento, en su conjunto, una de estas autoridades u organizaciones
administrativas no puede establecer, de modo propio, normas de rango reglamentario: (la respuesta se deduce del
ordenamiento en su conjunto)
a) El Consejo de Ministros del Gobierno del Estado
b) Los órganos rectores de las Sociedades mercantiles estatales
c) El Pleno de los Entes locales
d) Los Consejos de gobierno de las Comunidades autónomas
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Las sociedades mercantiles estatales se caracterizan en su naturaleza jurídica y la regulación que las contempla
porque a) Se rigen por el Derecho privado, liberándose siempre y totalmente del Derecho Administrativo y, en particular, de las
normas administrativas sobre contratación b) Se rigen por el Derecho privado, pero no se liberan totalmente del Derecho Administrativo y, en particular, de las normas administrativas sobre contratación c) Se rigen por el Derecho público y, en particular, por las normas administrativas sobre contratación
d) Se rigen por el Derecho público
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La creación de una “Sociedad mercantil estatal” o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida serán
autorizadas (art. 114 Ley 40/2015 LRJSP)
a) Por acuerdo del Consejo de Ministros
b) Por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
c) Por una norma con rango expreso de Ley
d) Por orden del Ministerio que tenga encomendada la tutela funcional .
La creación de las fundaciones del sector público estatal se realizará por,
a) Ley.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden del Ministerio que ejerza el Protectorado.
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¿Qué organismo y con qué características dirige y gobierna una fundación del sector público estatal?
a) La junta de gobierno de la Administración local, autonómica o estatal del que dependa dicha fundación
b) Un patronato que, bajo la tutela de la Administración, en que la mayoría de sus miembros serán designados entre sujetos del sector público c) Una junta de gobierno que, bajo la tutela de la Administración, está formada por funcionarios independientes
d) El Consejo de Ministros, mediante la intervención delegada o su equivalente en las fundaciones públicas autonómicas
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¿Quiénes pueden ser patronos en una fundación del sector público estatal de acuerdo con las normas vigentes?
a) Representantes públicos y privados, siendo los primeros únicamente funcionarios de carrera
b) Únicamente representantes públicos, sean funcionarios de carrera o empleados públicos de cualquier otro tipo
c) Principalmente representantes privados de los fundadores, aunque también pueden participar representantes políticos
de la Administración correspondiente d) Representantes públicos y privados; pero la ley no dice expresamente que los primeros deban ser servidores públicos
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En cuanto a las capacidades y competencias de las fundaciones del sector público estatal (“fundaciones estatales”),
de acuerdo con la Ley de Fundaciones a) No podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras b) No podrán ejercer potestades públicas, pero sí podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito
competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras c) Podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial
de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras d) Podrán ejercer potestades públicas y podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras .
¿Cuál de estas notas no corresponde, exactamente, a la conceptualización de las "fundaciones públicas" y por qué?
a) Son instituciones sin ánimo de lucro al igual que lo son las fundaciones ordinarias o civiles.
b) Todo su patrimonio proviene de benefactores privados que lo dotan para los fines de interés general que realiza la
fundación, sin control público c) Es una persona jurídico-privada, siempre bajo la tutela o protectorado de la Administración pública
d) La autorización constitutiva corresponde, en las fundaciones públicas dependientes del Estado, al Consejo de Ministros.
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¿Cuál de estas notas es parte de la conceptualización de las "fundaciones públicas"?
a) Son instituciones con personalidad jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro al igual que lo son las fundaciones
ordinarias o civiles b) Todo su patrimonio proviene de benefactores privados que lo dotan para los fines de interés general que realiza la
fundación, sin control público c) Es una persona jurídico-privada, independiente de la Administración pública de modo total y completo desde su origen
hasta su final d) Su autorización corresponde al Congreso de los diputados para las fundaciones estatales y a las asambleas autonómicas en el caso de fundaciones autonómicas.
El personal de las fundaciones del sector público estatal se rige
a) Exclusivamente por el Derecho Administrativo
b) Básicamente por el Derecho Laboral
c) Por el Derecho Administrativo, excepto el personal directivo
d) Por el Derecho mercantil, excepto el personal directivo, que se rige por el Derecho administrativo
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De conformidad con lo establecido en el art. 133 Ley 40/2015 LRJSP, las fundaciones del sector público estatal, se
crean a) Por Real Decreto que formalice el acuerdo del Consejo de Ministros
b) Por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
c) Mediante una norma con rango de Ley
d) Por orden del Ministerio que tenga encomendable la tutela funcional .
De acuerdo con la Ley 40/2015, los consorcios son:
a) entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia.
b) entidades de derecho privado, con personalidad jurídica propia.
c) entidades de derecho privado, sin personalidad jurídica propia.
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los consorcios son
a) entidades de derecho público, SIN personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones
Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí, SIN posibilidad de participación de entidades
privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias b) entidades de derecho público, CON personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones
Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o CON participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias c) entidades de derecho público, CON personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones
Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí, SIN posibilidad de participación de entidades
privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
De acuerdo con lo previsto en el art. 121 Ley 40/2015 LRJSP, el personal al servicio de los consorcios
a) Podrá ser funcionario o laboral y, como regla general, habrá de proceder exclusivamente de las
Administraciones participantes b) Podrá ser funcionario o laboral y, como regla general, será contratado directamente por el consorcio
c) Será funcionario y, como regla general, será contratado directamente por el consorcio
d) Será laboral y, como regla general, será contratado directamente por el consorcio
.
Las agrupaciones de Entes públicos de diferente o diverso nivel y, en su caso, con la participación de entidades
privadas con la finalidad de ayudar en la gestión de los servicios locales que se le encomienden, se denominan y
cuentan con la siguiente nota: a) Mancomunidades, que pueden o no pueden tener personalidad jurídica
b) Los Consorcios, que tienen personalidad jurídica propia
c) Los Consorcios que no pueden agrupar entes privados y no tienen personalidad jurídica propia
d) Las Áreas Metropolitanas, que no cuentan con personalidad jurídica propia
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, en el supuesto de que participen en un consorcio entidades privadas,
a) Tal consorcio no tendrá ánimo de lucro.
b) Tal consorcio deberá tener necesariamente ánimo de lucro.
c) El consorcio podrá o no tener ánimo de lucro según establezcan sus Estatutos
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los miembros de un consorcio
a) no tienen derecho de separación b) tienen derecho de separación en cualquier momento, siempre que no se haya señalado término para la duración del
consorcio o, dentro del plazo, si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones
estatutarias c) sólo podrán separarse del consorcio si alguno de los miembros hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias de carácter esencial.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 en relación con los consorcios, el ejercicio del derecho de separación
de un consorcio: a) produce siempre la disolución del consorcio.
b) no produce la disolución del consorcio que continua, sin más requisitos, con el resto de sus miembros.
c) produce la disolución del consorcio, aunque no siempre, pues la Ley 40/2015 contempla una excepción con determinados requisitos.
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¿Qué quiere decirse al señalarse que existen ciertas estructuras Administrativas independientes y en qué contexto
se sitúan estas propiamente dichas? a) Son administraciones normalmente del ámbito estatal que son independiente del poder ejecutivo, pero sí dependen
siempre y en todo caso del poder legislativo, que nombra a sus órganos de gobierno y dirección y las somete a
fiscalización económica-administrativa b) Se trata de una cierta independencia con respecto al poder ejecutivo o Gobierno, de tipo orgánica (antesala de una cierta independencia funcional); estando situadas, ordinariamente en la estructura estatal genera c) Es una independencia funcional absoluta de todo órgano ejecutivo o legislativo estatal o autonómico; están previstas en la Constitución como tales y, en tal sentido, actúan con total autonomía d) No existe la independencia señalada: dependen orgánicamente del Ejecutivo aunque para sus órganos de gobierno se llegan a cuerdos entre los tres poderes del Estado.
En cuanto a las denominadas “Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal” y, de acuerdo con lo
establecido recientemente en el art. 109.1 Ley 40/2015 (LRJSP), de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector
público a) Carecen de personalidad jurídica propia, aunque gozan de poderes especiales para la supervisión
b) No pueden tener en ningún caso atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad económica c) Su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General
del Estado d) Persiguen un interés empresarial o comercial especial que, por su contenido, exige tal status
.
El Consejo de Seguridad Nacional y las Universidades, respectivamente, qué tipo de ente público son y cuál de
estas notas lo define mejor a) Se trata, en ambos casos, de Organismos Autónomos autonómicos pues pertenecen al ámbito territorial de cada
comunidad autónoma b) Se trata de Fundaciones del sector público estatal en el caso de las Universidades, y de un organismo autónomo en el
primer caso c) Ambos son casos de Administraciones independientes; pero mientras que la autonomía institucional de las Universidades aparece reflejada en la Constitución, no sucede lo mismo en el primer caso d) Estamos en ambos casos ante Administraciones corporativas con autonomía plena y gestión privada
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 (LRJSP), las autoridades administrativas independientes de ámbito
estatal a) Son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
b) Son entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia
c) Son entidades de derecho público sin personalidad jurídica propia
d) Son entidades de derecho privado sin personalidad jurídica propia
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Son ejemplos de Administraciones independientes no previstas en la Constitución, entre otros
a) Consejo de Seguridad Nuclear y el Banco de España
b) La Administración electoral y RTVE
c) Las Universidades, la Administración electoral y el Consejo de Seguridad Nuclear
d) La Agencia de Protección de datos, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional
.
De estos que se dicen son ejemplos prototípicos de autonomía institucional constitucionalmente garantizada
a) Universidades, Colegios profesionales, Consejo de Estado y Defensor del Pueblo
b) Solamente el Consejo de Estado
c) Las Universidades y Federaciones deportivas
d) Universidades y RTVE
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Una de las siguientes Administraciones sería un supuesto de autonomía institucional constitucionalmente
garantizado (es decir, estaríamos ante una Administración independiente que sí está prevista en la Constitución) a) Las Universidades
b) El Consejo de Seguridad Nuclear
c) El Banco de España
d) La Comisión nacional de los mercados y la competencia .
El Consejo de Seguridad Nuclear
a) No puede ser calificado de Administración Independiente
b) Es una Administración Independiente prevista en la Constitución
c) Es una Administración Independiente NO prevista en la Constitución
.
Indique cuál de las siguientes Administraciones independientes sí está prevista en la Constitución:
a) El Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Las Universidades.
c) La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) La Agencia Española de Protección de Datos
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El Consejo de Seguridad Nuclear y las Universidades, respectivamente, qué tipo de ente público son y qué nota, de
las expuestas, lo define mejor: a) Se trata, en ambos casos, de Organismos Autónomos autonómicos pues pertenecen al ámbito territorial de cada
comunidad autónoma. b) Se trata de Fundaciones del sector público estatal en el caso de las Universidades, y de un organismo autónomo en el
primer caso c) Ambos son casos de Administraciones independientes; pero mientras que la autonomía institucional de las Universidades aparece reflejada en la Constitución, no sucede lo mismo en el primer caso d) Estamos en ambos casos ante Administraciones corporativas con autonomía plena y gestión privada.
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La Agencia Española de Protección de Datos es, en cuanto a su ubicación en la estructura de Administraciones
españolas a) Es, estrictamente, un Organismo autónomo
b) Es una Entidad pública empresarial
c) Es una Administración independiente
d) Es una fundación del sector público estatal
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El Consejo de Transparencia de Buen Gobierno es, en cuanto a su naturaleza jurídico administrativo
a) Es un organismo autónomo
b) Es una Entidad pública empresarial
c) Es una Administración independiente
d) Es una fundación del sector público estatal
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¿Existe en España un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?:
a) Sí existe, porque es una Administración Independiente prevista en la Constitución.
b) Sí existe, aunque no está previsto o contemplado en la Constitución.
c) No existe, aunque su creación está prevista en el Derecho de la Unión Europea, todavía no se ha creado en España.
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El Banco de España es, en cuanto a su naturaleza jurídico-administrativa
a) Un organismo autónomo
b) Una entidad pública empresarial
c) Una administración independiente
d) Una fundación del sector público estatal
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¿Existe en España una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal?
a. Si existe, porque es una Administración Independiente prevista en la Constitución.
b. Sí existe, aunque no está prevista o contemplada en la Constitución.
c. No, pues, aunque su creación está prevista en el Derecho de la Unión Europea, todavía no se ha creado en España.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según la vigente regulación
a) No esta investida de potestades públicas
b) Sí está investida de potestades, como la arbitral o la sancionadora, pero no de la potestad reglamentaria
c) Sí está investida de potestades, como la potestad reglamentaria, pero no la arbitral o la sancionadora
d) Sí está investida de potestades, como la potestad reglamentaria, la arbitral o la sancionadora
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¿Cuáles son las potestades principales que la Ley 3/2013 de 4 de junio establece para la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia? a) Arbitral, de mediación y, en determinados casos, la sancionadora
b) Reglamentaria, expropiatoria, y sancionadora
c) Reglamentaria, arbitral y sancionadora d) De mediación, y de arbitraje y conciliación
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En relación con las potestades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede afirmarse
a) que no está investida de la potestad reglamentaria b) que podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten expresamente para ello. c) que podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión sin necesidad de previa habilitación.
En relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha de afirmarse que
a) a) No está investida de potestades públicas para asegurar su autoridad sobre los sectores regulados, ya que éstas
corresponden a los correspondientes Ministerios b) Está investida de potestades públicas especialmente potentes para asegurar su autoridad sobre los sectores regulados, como son la potestad expropiatoria, la reglamentaria y la sancionadora c) Está investida de potestades públicas especialmente potentes para asegurar su autoridad sobre los sectores regulados, como son la potestad reglamentaria, la arbitral administrativa y la sancionadora .
La aplicación de lo dispuesto por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de conductas
que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, es una competencia que, según las recientes reformas
de nuestras estructuras públicas, corresponde a: a) En exclusiva a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
b) En particular a la Autoridad Nacional de Defensa de la competencia con exclusividad.
c) A la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y a la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones y la
Energía, en sus ámbitos respectivos d) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos autonómicos y de las propias de la jurisdicción competente.
La denominada Administración corporativa (por ejemplo, un Colegio Profesional) se rige
a) Por el Derecho Privado, exclusivamente
b) Por el Derecho Público, exclusivamente
c) Por un régimen jurídico mixto, pues se rige tanto por el Derecho Público como por el Derecho Privado
d) Por el Derecho Privado, y por el Derecho Público exclusivamente en lo relativo al régimen jurídico aplicable a su personal (que es funcionario).
¿Qué derecho se aplica a la Administración corporativa, por ejemplo, un colegio profesional, cuando ejerce
competencias que las leyes o sus estatutos les asignan? a) El Derecho privado, siempre y en todo caso
b) El Derecho civil y, en determinados casos, el derecho mercantil
c) El Derecho público así como el sometimiento al enjuiciamiento por la jurisdicción contencioso-administrativa
d) El Derecho público, pero con un enjuiciamiento civil siempre y en todo caso
.
¿Cuál es la definición más correcta de corporación pública o ente público asociativo?
a) Ente no territorial con potestades administrativas
b) Ente público con una finalidad de interés general
c) Asociación pública de base privada
d) Asociación profesional de carácter público
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De acuerdo con nuestro ordenamiento general, el régimen jurídico por el que se rige la denominada Administración
Corporativa es a) Público: los entes locales que forman parte de la denominada Administración corporativa se rigen exclusivamente por el Derecho administrativo b) La Administración corporativa, al contrario que la institucional, se rige exclusivamente por el Derecho privado
c) Salvo en el nombramiento de sus directivos, se rige por el Derecho mercantil
d) Por su propia naturaleza, este conjunto se rige por un régimen jurídico mixto, público o privado según el tipo de actividad de que se trate .
Para el ejercicio de una de las profesiones en las que es precisa la colegiación
a) Debe superarse una oposición y, luego, colegiarse
b) Solamente es preciso colegiarse en algunos casos establecidos por la ley
c) Siempre que se tenga la titulación exigible, debe proceder a su colegiación, que es obligatoria
d) La normativa liberalizadora de 1996 eximió de la obligación de colegiarse
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¿Puede el Consejo de Estado valorar aspectos de oportunidad y conveniencia en el ejercicio de sus funciones?
a) No, porque sólo ejerce un control jurídico o de legalidad
b) Sí, aunque sólo cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante
c) Sí, por ejemplo, cuando lo exija la índole del asunto
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En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios
Profesionales a) La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales b) La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios
profesionales, aunque sí unos baremos orientativos c) Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados d) Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados .
De acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, cuando una profesión se organice por colegios territoriales
a) Bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español (colegiación única) b) No podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación (es decir, y por ejemplo, quien esté colegiado en Madrid,
sólo podrá ejercer en Madrid) c) Podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación, aunque con una habilitación específica d) d) Ninguna de las anteriores es correcta .
¿Cuál es la naturaleza jurídica o ante qué tipo de acto estamos y cuál es su procedimiento impugnatorio cuando un
Colegio profesional actúa en el ejercicio de las funciones legal o estatutariamente establecidas sobre sus colegiados
(colegiación, sanciones, tarifas, certificaciones)? a) Son normas que se rigen por el Derecho privado y, como tales, no tienen otra vía impugnatoria que la civil u ordinaria b) La impugnación es, única y exclusivamente, ante los propios órganos de gobierno del Colegio profesional, sin apelación posible c) Se trata de actos sometidos al Derecho administrativo y, como tales, impugnables ante la vía contencioso-administrativa d) Se trata de actos jurídicos solamente revisables por la autoridad administrativa de la Administración General del Estado .
¿Cuál de estos requisitos NO es necesario para la emisión de un visado por parte de un Colegio profesional?
a) La petición expresa por parte del cliente o que así lo establezca el Gobierno mediante un Real Decreto, previa consulta a
los colegiados afectados b) Que exista una relación directa de causalidad entre el trabajo y la afectación a la integridad física y seguridad de las
personas c) Que se acredite que es el medio de control más proporcionado d) Que así lo establezca el Consejo general rector de Colegios profesionales españoles, oída la Administración pública de la que dependen.
¿Qué significa, de manera exacta, la denominada "colegiación única" de los Colegios profesionales como entes de
la Administración corporativa? a) Que la incorporación a un Colegio es única, valiendo para todos los colegios territoriales; dicho de otra manera, bastará la incorporación a un colegio territorial para ejercer la profesión en cualquiera de ellos b) Que existe, desde la Ley 25/2009, un Colegio profesional único, dentro de cada profesión colegiada, para todo el territorio nacional; de tal manera que agrupa a todos los profesionales colegiados en é c) Que es necesario realizar un trámite de examen y la obtención de una "concesión" de servicio público, específica para
formar parte y actuar en otro colegio territorial d) Que se ha eliminado, con la Ley 15/2007 la prohibición de numerus clausus a la hora de inscribirse en un Colegio
profesional; es decir, una vez se tiene la titulación, la colegiación es obligada y sin restricciones.
¿Qué sistema tiene un Colegio profesional para comprobar, a petición del cliente/usuario, la identidad y habilitación
profesional del autor de un trabajo profesional, así como la corrección e integridad formal de la documentación del
trabajo profesional, de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate? a) Mediante la determinación de las tarifas profesionales por actividad
b) Con la colegiación obligatoria de los miembros de una profesión en el respectivo colegio
c) Mediante un sistema denominado "supervisión técnica de proyectos profesionales"
d) Mediante la técnica denominada "visado"
.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, define a estos en cuanto a su naturaleza como
a) Corporaciones de Derecho público
b) Agencias estatales
c) Organismos Autónomos
d) Entidades Públicas Empresariales
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los Colegios Profesionales
a) Son corporaciones de Derecho público, con personalidad jurídica propia, que tienen como uno de sus fines esenciales
la defensa de los intereses profesionales de los colegiados b) Son corporaciones de Derecho privado, con personalidad jurídica propia, que tienen como uno de sus fines esenciales
la defensa de los intereses profesionales de los colegiados c) Son corporaciones de Derecho público, sin personalidad jurídica propia, que tienen como uno de sus fines esenciales la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados d) Son corporaciones de Derecho privado, sin personalidad jurídica propia, que tienen como uno de sus fines esenciales la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados .
De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
a) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente podrá ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, previa valoración discrecional de la Junta Directiva b) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, siempre que no se haya alcanzado el número máximo de colegiados estatutariamente previsto c) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda d) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, siempre que no se haya alcanzado el número máximo de colegiados previsto en la norma de creación del Colegio .
De acuerdo con lo previsto por la Ley de Colegios Profesionales
a) Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno de ellos, que será el del
domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español b) Los Colegios Profesionales podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación al de colegiación una comunicación a efectos de su habilitación, así como el pago de una contraprestación, que puede ser
distinta de la que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios
y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial c) Los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios, así como elaborar criterios
orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados d) La cuota de inscripción o colegiación podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción
.
Don Sancho, Abogado del Ilustre Colegio de Las Palmas, tiene que interponer, en defensa de uno de sus clientes,
un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ¿Qué trámite previo debe realizar? a) Darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid, porque los Colegios Profesionales se organizan en ámbitos
territoriales b) Según el principio de colegiación única fuera de esa su colegiación, no existe ningún otro trámite para poder ejercer la
abogacía en otro territorio b) Según el principio de colegiación única fuera de esa su colegiación, no existe ningún otro trámite para poder ejercer la
abogacía en otro territorio d) Obtendrá la autorización mediante una comunicación, sin necesidad de colegiación ni pago de tasas, dado el principio
de colegiación única .
¿Se refiere la Constitución a los Colegios Profesionales? ¿En qué sentido lo hace?
a) Sí, para establecer que tanto su estructura interna como su funcionamiento deberán ser democráticos
b) No, la Constitución solo se refiere a la Administración corporativa como conjunto, señalando que sus distintos tipos serán creados por ley. c) Sí, pero solo señalando que dependerán del ejecutivo para el ejercicio de sus funciones y estableciendo su naturaleza
jerárquica.
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, los Colegios
Profesionales son
a) Corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia
b) Corporaciones de derecho público sin personalidad jurídica propia
c) Corporaciones de derecho privado sin personalidad jurídica propia
.
La Administración Corporativa (por ejemplo, un Colegio Profesional), ¿dicta actos sometidos al enjuiciamiento de la
jurisdicción contencioso-administrativa? a) Sí, pues el enjuiciamiento de todos sus actos se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) No, porque el enjuiciamiento de todos sus actos se somete a la jurisdicción civil.
c) Sí, el enjuiciamiento de algunos de sus actos se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.
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A efectos de impugnación de determinados actos, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA)
considera a las Cámaras de Comercio y los Colegios Profesionales: a) Como las Administraciones Públicas que son, en todo caso y en todos sus actos derivados.
b) En relación con los acuerdos adoptados en ejercicio de funciones públicas las trata como Administraciones.
c) Como Asociaciones privadas que son, siempre y en todo caso; por lo que todos sus actos derivan a la jurisdicción civil. d) Como Administraciones Públicas, pero solamente en cuanto al ejercicio de las funciones representativas de los intereses de sus miembros.
¿Es posible crear una asociación de profesionales (por ejemplo, de abogados) de forma paralela al correspondiente
Colegio Profesional (por ejemplo, un Colegio de Abogados)? a) No es posible en ningún caso.
b) Sí es posible, pero, lógicamente, sin la naturaleza de un Colegio profesional.
c) No es posible, solamente puede crearse otro Colegio profesional paralelo, en competencia con el ya existente, y con sus mismas funciones.
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De acuerdo con lo actualmente previsto en la Ley sobre Colegios Profesionales, los Colegios
a) Podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación que les realicen una comunicación previa, a partir de la cual estarán habilitados para el correspondiente ejercicio b) Podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación que les realicen una comunicación previa, a partir de la cual estarán habilitados para el correspondiente ejercicio c) No podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna .
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Colegios Profesionales en relación con el visado colegial,
a) En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. b) Los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. c) Los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
El principio general establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, es que la creación
de los Colegios Profesionales
a) Se hará mediante Ley
b) Se hará mediante una disposición reglamentaria
c) Se hará por acuerdo de los profesionales interesados
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La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales
a) establece la prohibición de numerus clausus, de tal forma que quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda b) establece la prohibición de numerus clausus, de tal forma que quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente podrá ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, a discreción del Decano, y siempre que no supere el cupo de colegiados estatutariamente previsto c) establece la exigencia de numerus clausus.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, puede afirmarse que,
con carácter general, los Colegios Profesionales a) Pueden establecer recomendaciones sobre honorarios
b) No pueden establecer recomendaciones sobre honorarios
c) No pueden establecer recomendaciones sobre honorarios, pero sí directrices, normas o reglas sobre el tema
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales,
a) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda b) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, siempre que no se supere el número máximo de colegiados establecido por los Estatutos. c) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente podrá discrecionalmente ser
admitido en el Colegio Profesional que corresponda, siempre que el órgano de gobierno del Colegio Profesional lo considere adecuado d) Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente podrá discrecionalmente ser
admitido en el Colegio Profesional que corresponda, siempre que el órgano de gobierno del Colegio Profesional lo considere adecuado, y siempre que no se supere el número máximo de colegiados establecido por los Estatutos.
Los Colegios Profesionales -que forman la Administración corporativa-, se caracterizan, según su normativa
específica:
a) Por ser de adscripción voluntaria para el ejercicio de la profesión que se trate en todo caso.
b) Por poder establecer recomendaciones sobre honorarios a todos los efectos y en todos los ámbitos.
c) Por no tener "numerus clausus" (quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido). d) Porque la adscripción es exclusiva al lugar territorial en el que se ejerce, sin poder, por ello, concurrir en otras áreas del territorio español.
Los Colegios Profesionales son, en el sentido de cuál es su naturaleza propia:
a) Asociaciones privadas de configuración legal.
b) Corporaciones públicas.
c) Entidades públicas propias de la Administración institucional.
d) Fundaciones públicas para ejercer servicios públicos de modo privado.
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Conforme a la regulación vigente sobre los Colegios Profesionales,
a) Hay un sistema de numerus clausus, por lo que no todo aquel que ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda b) Se establece la estricta obligación de colegiarse en cada Colegio territorial en que decida ejercer su actividad.
c) Permite que cuando una profesión se organice por colegios territoriales, baste la incorporación a uno solo de ellos para ejercer en todo el territorio español. d) Los Colegios Profesionales establecerán baremos orientativos y/o recomendaciones, directrices, normas o reglas sobre honorarios profesionales.
Las Federaciones deportivas son, de acuerdo con su naturaleza jurídica:
a) Asociaciones puramente privadas que realizan actividades de tal tipo.
b) Asociaciones privadas de configuración legal.
c) Corporaciones de Derecho Público.
d) Entidades públicas empresariales.
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En cuanto a la participación del Consejo de Estado en el proceso relativo a la elaboración de los Proyectos de
Decretos Legislativos a) Se deberá emitir informe por parte del Pleno del Consejo de Estado
b) Se deberá emitir informe la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) El Consejo de Estado deberá emitir informe por su Comisión de Estudios
d) No es necesario que el Consejo de Estado emita informe alguno .
Cuando en una resolución se hace constar la frase “oído el Consejo de Estado”, quiere decirse que:
a) En la resolución se ha seguido la opinión del Consejo de Estado
b) En la resolución no se ha seguido la opinión del Consejo de Estado
c) Únicamente quiere decirse que se ha solicitado dictamen al Consejo de Estado antes de su aprobación
.
El Consejo de Estado se puede definir como
a) Un órgano jurisdiccional de carácter administrativo
b) Un órgano de gobierno
c) Un órgano administrativo de carácter cuasi-judicial
d) Un órgano consultivo independiente con funciones de control
.
A partir de la Constitución de 1978, el Consejo de Estado, básicamente
a) Ejerce funciones judiciales o jurisdiccionales en determinados casos
b) Ejerce funciones consultivas
c) Ejerce funciones consultivas y, en determinados casos, judiciales
d) Ejerce funciones judiciales y, en determinados casos, consultivas
.
Conforme a la Constitución, en cuanto al ser y la naturaleza del Consejo de Estado, puede afirmarse que es:
a) Un órgano que forma parte de la Jurisdicción contencioso-administrativa
b) Un órgano que forma parte de la Administración Corporativa
c) El supremo órgano consultivo del Gobierno
d) Ha sido suprimido y sustituido por los respectivos Consejos consultivos autonómicos
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La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada
a) En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias
b) En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
c) En la Ley del Gobierno.
d) En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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Según la estructura del Consejo de Estado ¿Quiénes constituyen el elemento más estable y profesional del Consejo
de Estado, formando parte de la Comisión permanente de aquel? a) El Presidente y los Secretarios
b) Los Consejeros permanentes
c) Los Consejeros natos
d) Los Consejeros natos vitalicios
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Los Presidentes de las Reales Academias
a) Son Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
b) Son Consejeros Natos vitalicios del Consejo de Estado
c) Son Consejeros Natos no vitalicios del Consejo de Estado
d) Son Consejeros Electivos del Consejo de Estado
.
Los ex Presidentes del Gobierno que decidan incorporarse al Consejo de Estado
a) Son Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
b) Son Consejeros Natos vitalicios del Consejo de Estado
c) Son Consejeros Natos no vitalicios del Consejo de Estado
d) Son Consejeros Electivos del Consejo de Estado.
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El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es, por razón de su cargo
a) Consejero Permanente del Consejo de Estado.
b) Consejero Electivo del Consejo de Estado.
c) Consejero Nato del Consejo de Estado.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado está compuesta por
a) El Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general
b) El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros Natos Vitalicios y el Secretario general.
c) El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros Natos Vitalicios, los Consejeros Electivos y el Secretario general.
La impugnación ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas:
a) Debe ser informada con carácter preceptivo por el Pleno del Consejo de Estado.
b) Debe ser informada con carácter preceptivo por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
c) Será informada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado con mero carácter facultativo.
d) Puede ser informada por el Pleno del Consejo de Estado pero de modo facultativo.
.
Son Consejeros Electivos del Consejo de Estado, según su normativa específica:
a) Los titulares de determinados cargos públicos.
b) Los nombrados por el Gobierno con carácter inamovible sin límite de tiempo.
c) Los nombrados por el Gobierno por un período de cuatro años entre personas que han ostentado cargos relevantes.
d) Los ex Presidentes del Gobierno.
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Son miembros o componentes básicos del Pleno del Consejo de Estado:
a) El Presidente, el Pleno de Consejeros, los Secretarios, y los Vocales asesores.
b) El Presidente, los Consejeros Permanentes, Consejeros Natos (entre ellos los Natos vitalicios), Consejeros Electivos, y el Secretario General. c) La Comisión permanente y las Comisiones delegadas.
d) El Presidente, las Secciones y el Pleno, junto con la Secretaría General Técnica.
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En lo que se refiere a la organización del Consejo de Estado, hay que afirmar que los Consejeros Electivos forman
parte a) del Pleno del Consejo de Estado
b) de la Comisión Permanente
c del Pleno y de la Comisión Permanente
d) exclusivamente de la Comisión de Estudios
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Los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
a) Son nombrados por el Gobierno por un período de cuatro años
b) Son nombrados por el Gobierno sin límite de tiempo
c) Son los que ostentan determinados cargos públicos
d) Son los ex Presidentes del Gobierno
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Se denominan estrictamente “Consejeros Permanentes” del Consejo de Estado:
a) Los titulares que ocupan determinados cargos públicos.
b) Los nombrados por el Gobierno con carácter inamovible sin límite de tiempo.
c) Los nombrados por el Gobierno entre personas que han ostentado cargos relevantes.
d) Los ex Presidentes del Gobierno.
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los conflictos de atribuciones
(es decir, de competencias) entre los distintos Departamentos ministeriales deberá ser a) consultado el Pleno
b) consultada la Comisión Permanente
c) consultada la Comisión de Estudios
.
La función ordinaria del Consejo de Estado se canaliza a través de las competencias de
a) El Pleno
b) La Comisión Permanente
c) La Comisión de Estudios
.
Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los Proyectos de Decretos legislativos,
deberá –es preceptivo- consultarse a) Al Pleno del Consejo de Estado
b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado
d) No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia .
Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de Ley Orgánica de
transferencias o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas, deberá consultarse a) Al Pleno del Consejo de Estado
b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado
d) No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia
.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el Pleno del Consejo de Estado deberá ser
consultado en los siguientes asuntos: a) Anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas b) Conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos ministeriales c) Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte.
La nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del
contratista a) Debe ser informada con carácter preceptivo por el Pleno del Consejo de Estado
b) Debe ser informada con carácter preceptivo por la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) Puede ser informada por el Pleno, pero con carácter facultativo
d) Puede ser informada por la Comisión delegada, pero con carácter facultativo
.
El control realizable por el Consejo de Estado en cuanto a la revisión de oficio de los actos y disposiciones
administrativas en los supuestos previstos por las leyes a) Debe ser informada, con carácter preceptivo, por la Comisión Permanente del Consejo de Estado
b) Debe ser informada, con carácter facultativo, por el Pleno de Consejo de Estado
c) Debe ser informada, con carácter preceptivo, por el pleno del Consejo de Estado
d) Debe ser informada, con carácter facultativo, por la Comisión Permanente del Consejo de Estado
.
Cuando en una resolución se hace constar la frase "oído el Consejo de Estado", quiere decirse que:
a) en la resolución se ha seguido la opinión del Consejo de Estado.
b) en la resolución no se ha seguido la opinión del Consejo de Estado.
c) únicamente quiere decirse que se ha solicitado dictamen al Consejo de Estado antes de su aprobación.
.
Si un Ministro disiente del dictamen preceptivo emitido por el Consejo de Estado con respecto a un asunto de su
Departamento ¿Puede resolver tal asunto en sentido contrario a tal dictamen? a) No, porque en este caso pierde la competencia para su decisión a favor del Consejo de Ministros. b) Sí, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes de modo general, salvo que la Ley disponga otra
cosa c) No, en modo alguno, porque los dictámenes del Consejo de Estado son vinculantes, salvo que la Ley disponga otra cosa. d) Sí, porque los dictámenes del Consejo de Estado no son preceptivos ni vinculantes en ningún caso, siendo solo parte del procedimiento informativo previsto antes de la presentación de una norma.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de reforma constitucional,
cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado, deberá consultarse a) Al Pleno del Consejo de Estado
b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) A la Comisión Constitucional del Consejo de Estado
.
¿Cuál de estas competencias es competencia consultiva del Consejo de Estado y en qué grado, forma o naturaleza,
debe emitir su informe? a) Las resoluciones a los recursos de alzada o súplica del Consejo de Ministros, sobre los que debe emitir un informe
potestativo y no vinculante, emitido por el Pleno b) El control de la potestad reglamentaria, siempre vinculante, y realizada en todo caso por el Pleno del Consejo c) Los instrumentos derivados de las relaciones internacionales, competencia de la Comisión con carácter vinculante, pero no preceptivo d) El control de la potestad reglamentaria, mediante informe preceptivo, ordinariamente emitido por la Comisión permanente .
De acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de Ley Orgánica de
transferencia o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas deberá consultarse a) Al Pleno del Consejo de Estado
b) A la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) A la Comisión Autonómica del Consejo de Estado .
¿Quién ostenta la defensa judicial y el asesoramiento jurídico de las Administraciones públicas, tanto central como
autonómico? a) Nadie en exclusividad, a los Cuerpos de Abogados del Estado, han de unirse sus equivalentes autonómicos y locales, y otros cuerpos específicos (como el Cuerpo jurídico de la Defensa y los Letrados de la Seguridad social) b) Al Cuerpo de Abogados del Estado, en exclusividad, para todos los niveles territoriales c) En exclusividad al Cuerpo de Abogados del Estado o sus equivalentes de cada Administración territorial, sin que existan otros cuerpos específicos d) A los cuerpos de Letrados autonómicos y a la Intervención general del Estado; siempre con informe preceptivo del Consejo de Estado o el equivalente autonómico.
En el procedimiento de todo gasto público, a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) le
corresponde la fase de a) La ordenación del gasto
b) Verificación de que el gasto ordenado está dentro de las partidas presupuestarias de que puede disponer la autoridad
ordenadora del gasto (toma de razón) c) Le corresponde la resolución de los recursos presentados
d) Pago o ejecución del gasto correspondiente
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Los dos órganos principales de control interno de la Administración son:
a) La abogacía del Estado y los Letrados
b) El Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas
c) La Intervención General y las Inspecciones de Servicios
d) La “Brigada de Asuntos Internos” del Cuerpo Nacional de Policía
.
¿Puede un órgano administrativo consultivo, dotado de autonomía orgánica y funcional con respecto a la
Administración de la que, en su caso, depende para el ejercicio específico de sus funciones, recibir instrucciones,
directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los
actos objeto de consulta? a) Sí, como todo órgano administrativo, también estos están sometidos a la dirección jerárquica completa mediante
instrucciones y órdenes de servicio b) No en o para el ejercicio específico de tales funciones; aunque en lo demás sí les afecta el principio de jerarquía.
c) No les afecta la jerarquía de ningún modo, por lo que no pueden recibir ningún tipo de indicación ni tienen ninguna
dependencia. d) Sí podrían recibir órdenes e instrucciones, precisa y específicamente, siempre y cuando estas se limiten al ámbito del
ejercicio específico de sus funciones consultivas.
Es o son órganos estrictos de control interno de la Administración
a) El Tribunal de Cuentas
b) Las inspecciones de servicios
c) El Parlamento
d) Todos los anteriores (inspecciones de servicios, Tribunal de Cuentas y Parlamento)
.
En el Informe o memoria anual del Tribunal de Cuentas, resultante o no de su actividad propia, una de esas
previsiones NO está contemplada: a) La declaración de responsabilidades personales directas de los gestores públicos
b) El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los Presupuestos del Estado
c) La racionalidad en la ejecución del gasto público según criterios de eficiencia y economía
d) La ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales .
Una de las siguientes previsiones no está prevista como parte específica y exigida del contenido del Informe o
Memoria anual que, conforme al art. 136.2 de la Constitución Española (CE), debe remitir el Tribunal de Cuentas a
las Cortes generales: a) Un completo listado de todos los salarios de todo tipo de empleados públicos y de los cargos políticos, las CC.AA y los
entes locales b) El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los presupuestos del Estado y las Comunidades
Autónomas, entre otras entidades c) La racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de eficiencia y economía
d) La ejecución de programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales y de los demás planes o previsiones que rijan la actividad de las Empresas públicas, así como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos.
En relación al Tribunal de Cuentas y de acuerdo con el art. 136 CE, puede afirmarse que
a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y
comprobación de la Cuenta General del Estado b) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de
la Cuenta General del Estado c) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Tribunal Supremo y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y
comprobación de la Cuenta General del Estado d) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado .
El órgano externo supremo, de fiscalización y control de la gestión económica del Estado y de todo el sector público
es a) La Jurisdicción económica-administrativa
b) El Defensor del Pueblo, sección económica
c) El Consejo de Estado
d) El Tribunal de Cuentas
.
De acuerdo con la Constitución española (art. 136), el Tribunal de Cuentas (del Estado) dependerá directamente
a) Del Consejo General del Poder Judicial
b) De las Cortes Generales
c) Del Gobierno
d) Del Consejo de Estado
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Frente a las resoluciones del Tribunal de Cuentas del Estado que declaran la responsabilidad contable de los
funcionarios y estructuras que manejan fondos y caudales públicos a) No cabe recurso alguno, por ser una actividad de control genérico que no declara responsabilidades personales
b) Cabe recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo
c) Cabe el recurso de casación y revisión ante las Cortes Generales
d) Cabe recurso de alzada ante el Gobierno
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De acuerdo con el art. 136.1 CE, el Tribunal de Cuentas (del Estado) dependerá directamente:
a) Del Consejo General del Poder Judicial
b) De las Cortes Generales
c) Del Gobierno
d) Del Consejo de Estado
.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Tribunal de Cuentas
a) Dependerá directamente de las Cortes Generales
b) Dependerá directamente del Gobierno
c) Dependerá directamente del Tribunal Supremo
.
En relación al Tribunal de Cuentas y de acuerdo con la Constitución Española, puede afirmarse que,
a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y
comprobación de la Cuenta General del Estado. b) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado c) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Tribunal Supremo y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado d) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el Tribunal de Cuentas es
a) El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado b) El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de
la Cuenta General del Estado c) El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y
comprobación de la Cuenta General del Estado.
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