1. De acuerdo con lo previsto en la Constitución Española al regular los Decretos Legislativos, la delegación legislativa que las Cortes Generales otorgan al Gobierno a) podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno
b) podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno, cuando el objeto de dcha delegación sea la formación de textos articulados.
c) no podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
2. Las relaciones jurídicas de las Administraciones Públicas con otros sujetos:
a) se regulan exclusivamente por el derecho administrativo
b) se regula exclusivamente por el derecho administrativo, salvo las relativas al empleo público, que se regula por derecho laboral
c) pueden regularse, algunas de ellas, por normas no administrativas.
3. En relación con el Derecho de la Unión Europea puede afirmarse que cuando una Ley española sea contraria a un Reglamento de la Unión Europea
a) el Reglamento de la Unión Europea no tendrá efecto en España
b) la Ley española deberá inaplicarse
c) deberá plantearse un conflicto de competencias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4. En relación con el tema de los reglamentos de necesidad puede afirmarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.m) de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos
a) el Alcalde podrá adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
b) el Alcalde podrá adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata a la Junta de Gobierno Local.
c) la Junta de Gobierno Local podrá adoptar, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
5. De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe afirmarse que los proyectos de reglamentos estatales
a) deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes
b) deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes exclusivamente cuando dicho proyecto afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios.
c) sólo cuando así lo requiera el Consejo de Ministros deberán ser informados por la Secretaría General Técnica o Ministerios proponentes.
6. La ilegalidad de un reglamento, ¿puede plantearse ante el orden jurisdiccional civil?
a) Si, pidiendo su inaplicación al caso concreto que el órgano judicial está enjuiciado al amparo de lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
b) Sí, pidiendo su declaración de nulidad al amparo de lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
c) No, sólo es posible plantear la ilegalidad de un reglamento en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
7. La Secretaria de Estado de Energía ha otorgado, en base en una delegación de competencias de la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una autorización de desmantelamiento y cierre de una central nuclear. De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 al regular la delegación de competencias, esta resolución administrativa (es decir, la autorización) se entenderá dictada a) por la Secretaria de Estado de Energía
b) por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
c) por la Secretaria de Estado o por la Ministra, en función de lo que se haya previsto en la delegación.
8. Con carácter general, ¿puede invocarse en el proceso contencioso-administrativo el incumplimiento de una norma de organización?
a) Sí, porque la infracción de una norma de organización puede alegarse como causa de invalidez del acto administrativo que la haya incumplido
b) No, porque la infracción de una norma de organización nunca puede alegarse como causa de invalidez del acto administrativo que la haya incumplido
c) No, porque la infracción de una norma de organización nunca puede alegarse como causa de invalidez del acto administrativo que la haya incumplido, salvo que se trate de la infracción de las normas relativas al funcionamiento de los órganos colegiados.
9. De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015 al regular el deber de colaboración entre Administraciones Públicas, la asistencia y colaboración requerida
a) no podrá negarse, salvo en el siguiente único supuesto cuando el organismo público o la entidad del que se solicita en el caso de prestarla causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones.
b) no podrá denegarse, salvo en el siguiente único supuesto: cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica o no disponga de medios suficientes para ello.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
10. En relación con la Administración General del Estado puede afirmarse que la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece
a) mediante Real Decreto del Consejo de Ministros
b) mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno
c) mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno (si se trata de la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios) y mediante Real Decreto del Consejo de Ministros (si se trata de la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de las Secretarías de Estado).
11. De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas
a) es un órgano directivo con rango de Subsecretario que es nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
b) es un órgano directivo con rango de Subsecretario que es nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Presidente del Gobierno y del Presidente de la correspondiente Comunidad Autónoma.
c) es un órgano superior con rango de Secretario de Estado que es nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Presidente del Gobierno y del Presidente de la correspondiente Comunidad Autónoma.
12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución española, ¿puede el Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal?
a) No, en ningún caso, por tratarse de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.
b) Sí, con determinados requisitos como es, entre otros, que la transferencia o delegación se realice por una norma con rango de ley y no por una norma reglamentaria.
c) Sí, con determinados requisitos como es, entre otros, que la transferencia o delegación se realice mediante ley orgánica.
13. En los municipios de régimen común puede afirmarse que
a) el Alcalde es el representante del Estado en el municipio y, por ello, la Ley de Bases de Régimen Local le atribuye una cláusula residual de competencias en virtud de la cual le corresponde el ejercicio de todas aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no estén reservadas al Pleno u otros órganos
b) el Pleno es el representante del Estado en el municipio y, por ello, la Ley de Bases de Régimen Local le atribuye una cláusula residual de competencias en virtud de la cual le corresponde el ejercicio de todas aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no estén reservadas a otros órganos
c) la Ley de Bases de Régimen Local atribuye al Alcalde una cláusula residual de competencias en virtud de la cual le corresponde el ejercicio de todas aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no estén reservadas al Pleno u otros órganos.
14. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos es
a) la Entidad Local Menor
b) el Municipio
c) la Provincia.
15. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en relación con la organización provincial, puede afirmarse
a) que en las Diputaciones Provinciales no existe una Junta de Gobierno, sino únicamente son órganos de la Diputación el Presidente y el Pleno
b) que la Junta de Gobierno existe en todas las Diputaciones Provinciales
c) que la Junta de Gobierno Provincial existe en las Provincias con población superior a 250.000 habitantes y, en las de menos, cuando así lo acuerde el Pleno de la Diputación.
16. En relación con las competencias municipales puede afirmarse con carácter general que
a) están establecidas en la Constitución
b) están establecidas en la Constitución y en la legislación local
c) habrá que estar a su delimitación en la legislación local; delimitación que deberá completarse con las competencias que las leyes sectoriales reserven a los municipios.
17. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, ¿puede un miembro de una corporación local impugnar un acto de dicha entidad que incurra en infracción del ordenamiento jurídico?
a) No, en ningún caso, porque sería una excepción al principio de que las minorías deben acatar los acuerdos de las mayorías
b) Sí, cuando hubiera votado en contra de tales actos y acuerdos.
c) Sí, cuando hubiera votado en contra de tales actos y acuerdos, o se hubiera abstenido en la votación.
18. El sector público institucional estatal:
a) Está integrado por un conjunto de entidades sobre las que la Intervención General del Estado vigila, al menos, su sostenibilidad financiera
b) Está integrado por los organismos de derecho público adscritos a la administración central y periférica del Estado o que realizan una función de control de la administración como el Tribunal de Cuentas.
c) Está integrado por un conjunto de entidades cuya financiación procede única o mayoritariamente de los presupuestos generales del Estado, de ahí su nombre.
19. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los proyectos de decretos legislativos deberá ser consultado
a) el Pleno del Consejo de Estado
b) la Comisión Permanente del Consejo de Estado
c) ni el Pleno ni la Comisión Permanente, pues en relación con los proyectos de decretos legislativos no está previsto que el Consejo de Estado deba emitir informe preceptivo.
20. De acuerdo con lo previsto por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (en su redacción vigente), los Colegios Profesionales
a) son Corporaciones de Derecho público cuya creación debe hacerse mediante Ley
b) son Corporaciones de Derecho público cuya creación debe hacerse mediante Real Decreto del Consejo de Ministros o Decreto del Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma
c) son Corporaciones de Derecho privado cuya creación debe hacerse mediante Real Decreto del Consejo de Ministros o Decreto del Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma.
21. En relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede afirmarse que los miembros del Consejo de la CNMC son nombrados
a) por Ley
b) por el Gobierno mediante Real Decreto, con posibilidad del Congreso de los Diputados de vetar el nombramiento del candidato propuesto
c) por el Gobierno mediante Real Decreto, aunque con posibilidad del Congreso de los Diputados de sustituir el candidato propuesto.
22. Puede afirmarse que:
a) El territorio de la provincia sirve de base siempre y en todo caso a tres administraciones que son: la administración periférica estatal, la administración periférica autonómica y la administración local.
b) Sobre el territorio de la provincia actúa, en todo caso, la administración periférica del Estado porque en algunas Comunidades Autónomas se ha eliminado la provincia como entidad local y se ha sustituido por agrupaciones de municipios de ámbito superior al provincial.
c) En determinados casos, sobre el territorio de la provincia únicamente actúan la administración periférica del Estado y la administración autonómica.
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