DERECHO ADMINISTRATIVO I

El derecho administrativo es: Un derecho público. Un derecho privado. Un Derecho empresarial. A, B, C son incorrectas.

El Derecho administrativo: Es Derecho público. Su objeto es la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas. Ofrece contrapesos y garantías al ciudadano frente a la Administración. Todas las anteriores.

No es un rasgo característico del Estado liberal: El principio de legalidad. La división de poderes. La descentralización de la Administración. La protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Señala la respuesta incorrecta en relación con el concepto de derecho administrativo: Es un derecho público. Es un derecho no codificado. No prevé ningún control judicial a la Administración. Tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos.

El art. 103.1 CE determina que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa (…) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Es una manifestación del…. Control judicial de la Administración. Principio de legalidad. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Todas son correctas.

¿Con qué rama del derecho está íntimamente relacionada el derecho administrativo?. Derecho civil. Derecho mercantil. Derecho constitucional. Derecho laboral.

¿En qué siglo se puede considerar que nace el derecho administrativo en España?. Siglo XX. Siglo XIX. Siglo XVIII. Siglo XXI.

¿Qué rasgos característicos tiene la Administración pública?. Es un poder público. Está sometido a la ley. Está sometido al control judicial. Todas son correctas.

Señale la afirmación verdadera en relación con el concepto de derecho administrativo: Es un derecho público y privado. Es un derecho garantista de los derechos de los ciudadanos. Es un derecho muy relacionado con el derecho civil. Solo se aplica a las relaciones entre la Administración pública con los ciudadanos.

¿El Gobierno de España forma parte de la Administración pública?. No, la dirige, pero no forma parte de ella. Sí, es un órgano con doble naturaleza, política y administrativa. No, solo es un instrumento de control de la Administración. A y C son correctas.

¿Qué es la huida del derecho administrativo?. El sometimiento por parte de la Administración al derecho privado para huir de la rigidez del derecho administrativo. La ruptura del carácter estatutario de la Administración. La eliminación de los procesos selectivos para acceder a la función pública. A y B son correctas.

La vertiente objetiva del principio de tutela judicial significa que: Los administrados tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a un juez independiente, inamovible e imparcial. La Administración no puede establecer derogaciones singulares de los reglamentos, es decir, no puede inaplicado la norma a un caso concreto. Los jueces y tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como los fines que la justifican. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a la tutela judicial es correcta?. Con la garantía de la tutela judicial se busca compensar a los administrados por la potestad de autotutela administrativa que posee la Administración. De acuerdo con la vertiente objetiva de la tutela judicial los administrados tienen derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental. El principio de tutela judicial establece que la Administración solo puede hacer aquello que la ley expresamente le permite hacer. Ninguna de las anteriores.

El principio de legalidad implica que: La Administración está sometida a la ley, de forma que solo mediante reglamento la Administración puede regular lo que a ella le interese que sea en un sentido distinto o contradictorio a la ley, en aplicación del principio de competencia. Toda la actuación de la Administración está vinculada positivamente al ordenamiento jurídico. La Administración está sometida a la ley, pero no al resto de normas jurídicas, en virtud del principio de especialidad. Todas las anteriores respuestas son falsas.

El principio de legalidad supone la primacía de la ley. Esto significa que: Solo de manera extraordinaria se permiten actuaciones administrativas contrarias a la Ley. La ley puede contradecir a la Constitución en aspectos relacionados con la Administración Pública. Está prohibida toda actuación administrativa (incluida la normativa) contraria a la Ley (en cuanto norma jurídica emanada del Parlamento según el procedimiento establecido). Los reglamentos deben seguir la misma tramitación que las leyes para ser legítimos.

El principio de eficacia consiste en: La actuación administrativa tiene sometimiento pleno a la ley. La manera en que la A. P. tiene que desarrollar su actividad. La colaboración que tiene que existir entre las CC. AA. y el Estado. El reparto competencial entre Estado y CC. AA.

La Constitución española: Es la norma normarum, la cúspide del ordenamiento jurídico español que establece la estructura del Estado, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, los principios rectores de la política social y económica, los órganos de los poderes, etc. Como norma suprema que es, ninguna otra norma, ley o reglamento puede contradecir lo establecido en ella. Son las normas que emanan del poder legislativo (de las Cortes, de los parlamentos autonómicos con competencia legislativa y del Gobierno con legislación delegada o expresa). Son las normas que emanan del poder ejecutivo, es decir, del Gobierno y de su Administración en el Estado (se denominan Real Decreto y órdenes ministeriales), en las CC. AA. (son los decretos y órdenes) y en las EE. LL. (son las ordenanzas y bandos). Consiste en la normación autónoma y estatutaria. La autónoma es la que tiene lugar entre la patronal y los sindicatos; la estatutaria es la referida a los colegios profesionales.

El privilegio de autotutela declarativa…. Permite a la Administración, por sí misma, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Es un privilegio que comparte con los sujetos privados. Fue un privilegio histórico de la Administración que hoy ya no posee. Permite a la Administración ejecutar el contenido de sus actos sin necesidad de auxilio judicial.

Se consideran limitaciones para el actuar de la Administración Pública: El procedimiento administrativo. El sometimiento a la ley y al Derecho. El control judicial de la actuación administrativa. Todas son correctas.

La cláusula del Estado autonómico: Consiste en que las entidades territoriales tienen capacidad normativa y de autogobierno. Se basa en el principio de coordinación entre el Estado y las CC. AA. No reconoce que exista un régimen homogéneo de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. No se ve limitada por el interés general.

No es un rasgo característico del Estado de Derecho: El principio de legalidad. La división de poderes. La descentralización de la Administración. La protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Señala la afirmación incorrecta: La jurisprudencia no es fuente del derecho. Los principios generales del derecho son fuente del derecho. Una ley no puede contravenir la Constitución. La Administración pública puede dictar leyes ordinarias.

La responsabilidad patrimonial de la Administración... Es la obligación de las Administraciones públicas de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. También se exige en los supuestos de fuerza mayor. No está prevista en nuestra Constitución. Todas las anteriores son correctas.

¿Cuál de los siguientes conceptos no es fuente del Derecho administrativo?. El reglamento. El derecho comunitario. La costumbre contra legem. La Constitución.

Señale la respuesta correcta en relación con la costumbre: Nunca es fuente del derecho. Solo es fuente del derecho si contradice la norma escrita. La costumbre praeter legem se aplica cuando la ley se remita expresamente a ella. Es una norma escrita reiterada por hábitos sociales.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional: No es fuente del derecho. Puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Vincula al resto de tribunales para la interpretación de las normas constitucionales según el criterio fijado en sus sentencias. Todas son correctas.

La doctrina: En ningún caso es fuente del derecho. Puede ser fuente del derecho en los supuestos de ausencia de norma escrita. Es el criterio establecido de forma reiterada por el Tribunal Supremo. Es fuente del derecho.

Señale cuál de las siguientes no es una regla estructural del ordenamiento jurídico-administrativo: El principio de competencia. El principio de proporcionalidad. El principio de sucesión cronológica. El principio de jerarquía.

El ordenamiento jurídico-administrativo se caracteriza por: No aceptar a la costumbre como fuente del Derecho administrativo. Existir un predominio absoluto de la norma escrita. No dar valor a los Principios generales del Derecho. Estar integrado únicamente por los distintos tipos de reglamentos.

Según el principio de jerarquía normativa: La ley posterior deroga la ley anterior. Una norma con rango de ley puede derogar un reglamento. Las CC. AA. no pueden regular materias cuya competencia pertenezca exclusivamente al Estado. Un reglamento puede modificar una ley ordinaria si es posterior a ella.

El principio de jerarquía normativa: a. Es la norma normarum, la cúspide del ordenamiento jurídico español que establece la estructura del Estado, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, los principios rectores de la política social y económica, y los órganos de los poderes. b. Representa la ordenación escalonada de las normas jurídicas que permite establecer el orden de aplicabilidad entre ellas y proporciona el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. c. Es un principio vertical que significa que la norma inferior no puede contradecir a la superior, so pena de nulidad. Las opciones B y C son correctas.

¿Cuál de las siguientes no es una característica de las normas escritas?. La igualdad. La generalidad. La publicidad. La vocación de permanencia.

En caso de conflicto entre normas estatales y autonómicas…. Queda al arbitrio del juez la norma de aplicación para la solución del conflicto. Prima la ley estatal si no es una competencia autonómica exclusiva. Prima siempre la norma autonómica. Prima siempre la norma estatal.

El principio de supletoriedad: a. Se recoge en el art. 149.3 CE. b. Es una cláusula universal de competencia a favor del Estado. c. Es una regla según la cual el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Las opciones A y C son correctas.

Las funciones de los Principios Generales del Derecho son: Función directiva del proceso de creación del Derecho. Función interpretativa del ordenamiento jurídico. Función integradora de las lagunas del sistema normativo. Todas son correctas.

Los principios generales del Derecho: a. Se definen como la doctrina establecida de forma reiterada por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, al interpretar la Constitución y las leyes. b. Tienen una triple función: directiva del proceso de creación del derecho, interpretativa de las normas escritas e integradora de las lagunas del sistema normativo. c. Son un numerus apertus, es decir, una lista abierta que constituyen unas directivas básicas que condicionan al legislador y al poder judicial en su interpretación. B y C son correctas.

Los principios generales del Derecho: Constituyen una lista abierta. Constituyen una fuente supletoria o subsidiaria del Derecho. Son principios de moral y heterogéneos. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

Los principios generales del Derecho, según prevé el art. 1 del Código Civil: se pueden aplican en distintos órdenes jurisdiccionales, incluido el contencioso-administrativo. se deben aplicar solo en Derecho Civil porque se regulan en el Código de ese orden jurisdiccional. se deben aplicar en primer lugar, porque son generales, con preferencia a la ley. todas las respuestas anteriores son falsas.

Un reglamento es: La ley que dicta la Administración pública en el ámbito de sus competencias. La ley que dicta la Administración pública siguiendo el procedimiento legal. La norma jurídica que dicta la Administración pública, y que tiene rango inferior a la ley. La norma jurídica que dicta la Administración pública, y que tiene el mismo rango que la ley.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con los reglamentos?: Son normas jurídicas. Es obligatoria su publicación. No se agota con su aplicación. Un reglamento contrario a la ley es anulable.

No es un reglamento: Una convocatoria de oposiciones. Una ordenanza municipal. Una orden ministerial. Un real decreto del Consejo de ministros.

Los reglamentos de necesidad: Son, en realidad, actos administrativos. Pueden ser incumplidos por los órganos administrativos superiores jerárquicos a quien lo dicte. Se prevén para regular determinadas materias cuando se produzcan circunstancias excepcionales. Son contrarios a la Constitución.

El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: Está previsto expresamente en la Constitución. Implica que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. No afecta a los órganos superiores jerárquicos. Todas son correctas.

El reglamento se diferencia del acto administrativo: En que el reglamento siempre es de aplicación general y el acto siempre particular. En que el reglamento innova el ordenamiento jurídico y el acto lo aplica. En que el reglamento no requiere publicación nunca y el acto sí en determinadas ocasiones. Todas son incorrectas.

¿En qué se diferencian los reglamentos y las instrucciones?. Las instrucciones afectan a los ciudadanos y los reglamentos, solo a funcionarios públicos. Tienen la misma naturaleza jurídica, aunque adquieren diferente denominación en función de su procedencia. Los reglamentos tienen fuerza de obligar y las instrucciones en ningún caso obligan. Los reglamentos son verdaderas normas jurídicas y las instrucciones solo tienen efectos internos en la Administración.

Las circulares no tienen carácter: Informativo. Facultativo. Directivo. Preceptivo.

Señala la afirmación falsa: Caben recursos administrativos contra los reglamentos. Cabe la revisión de oficio de los reglamentos por la Administración pública. El juez tiene la obligación de desaplicar los reglamentos ilegales. Los reglamentos ilegales son siempre nulos de pleno derecho.

En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos…. No se exige su publicación en ningún Boletín Oficial. En el caso de reglamentos estatales, deben aprobarse por el Pleno del ayuntamiento al que afecte. Nunca cabe la exigencia de informes internos ni externos. Todas las respuestas anteriores son falsas.

El concepto más completo de reglamento es: Toda norma escrita dictada por la Administración General del Estado en ejercicio de la potestad reglamentaria y subordinada a la Ley. Toda norma escrita dictada por la Administración en ejercicio de una potestad específica y subordinada a la Ley. Toda norma escrita dictada por la Administración pública. Toda norma escrita dictada por la Administración autonómica en ejercicio de una potestad específica y subordinada a la Constitución y a la ley.

Que la Administración pública tenga personalidad jurídica implica que: Responde siempre de todos los actos llevados a cabo por las personas integradas en ella, aun cuando sean manifiestamente ilegales. Tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, de vínculos e imputaciones jurídicas dentro de la comunidad jurídica. No responde por los daños que pueden generar sus actos, reglamentos o contratos. Es inimputable, pues es un poder público.

Son entes públicos territoriales: El Estado y las comunidades autónomas. El Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. El Estado, las comunidades autónomas, los entes locales y los entes públicos dependientes de ellos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los entes instrumentales: Son aquellas personas jurídicas constituidas o creadas por una administración pública. Están dotados de personalidad jurídica propia. Tienen encomendadas la gestión de alguna o algunas de las competencias o actividades propias de titularidades del ente matriz. Todas son correctas.

La imputación de los actos realizados por los órganos administrativos a la Administración pública…. Será total cuando el órgano habilitado para expresar la voluntad del ente público realiza actos formales con ese objeto. Nunca podrá ser total, siempre será parcial. Será parcial cuando el órgano habilitado para expresar la voluntad del ente público realiza actos formales con ese objeto. Los órganos administrativos son ajenos a cualquier imputación de sus acciones a la Administración de la que forman parte.

Para que la imputación se produzca es necesario que: La actividad realizada por el funcionario sea una de las propias del ente público. Que haya una apariencia mínima formal de ese acto (es decir, que sea dictado por el órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido). Que el funcionario hubiese sido investido como tal. Todas las anteriores.

Una sociedad mercantil pública: No tiene personalidad jurídica. Tiene personalidad jurídico-pública. Tienen personalidad jurídico-privada. No puede ser creada por la Administración.

Son límites de la capacidad de los entes públicos: El principio de legalidad y el de competencia. El principio de competencia. El principio de legalidad. La Administración pública no tiene límites en su capacidad jurídica ni de obrar.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una condición de imputación de los órganos administrativos?. La investidura del funcionario. La apariencia formal mínima de competencia del órgano. Que no concurran causas de abstención o recusación en el funcionario público. La actividad desplegada por el funcionario debe incluirse en el ejercicio de las funciones públicas del ente público.

Un tribunal de oposición es un órgano administrativo…. Electivo, unipersonal y no representativo. No electivo, colegiado y no representativo. No es un órgano administrativo. No electivo, colegiado y representativo.

Cuando solicitamos una licencia al ayuntamiento para abrir un local en esa localidad somos: Administrados cualificados. Administrados simples. Administrados exigentes. Dependerá de si tenemos mayoría de edad o no.

¿Cuál de las siguientes circunstancias no puede constituir causas de incapacidad en derecho administrativo?. La edad. La nacionalidad. Tener una sanción administrativa pendiente de cumplimiento. El sexo.

Las potestades administrativas: a. Son poderes jurídicos reconocidos expresamente por el ordenamiento jurídico. b. Son facultades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración para la satisfacción del interés general. c. Son actos administrativos con naturaleza normativa que sirven para regular y encauzar situaciones jurídicas subjetivas. Las opciones A y B son correctas.

Las potestades administrativas son: Un poder jurídico que la Administración reconoce a la Ley. Un poder jurídico que la Ley reconoce a la Administración. Un poder jurídico unilateral que la Administración reconoce a la Ley. Un poder jurídico unilateral que la Ley reconoce a la Administración.

Las potestades administrativas son: Unilaterales. Imprescriptibles. Reconocidas directamente por la Ley. Todas las anteriores.

Identifique la afirmación falsa en relación con el control judicial de las potestades administrativas: Solo son controlables en las potestades discrecionales la competencia, el fin y el procedimiento administrativo. Las potestades discrecionales no son controlables por los jueces. Solo son controlables los hechos determinantes. Ninguna de las anteriores es correcta.

Las potestades administrativas: a. En su vertiente positiva son el ámbito de actividad inherente a la personalidad dentro del cual podemos actuar los ciudadanos sin límite ni represión realizando actividades materiales. b. Pueden ser definidas como aquellas situaciones de poder que habilitan a su titular para imponer conductas a terceros mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas o a través de la modificación del estado material de cosas existente. c. Tienen su origen en normas jurídicas. Las opciones B y C son correctas.

En las potestades discrecionales: La norma fija totalmente las condiciones de ejercicio de la potestad administrativa. La Administración no está sometida al principio de legalidad. La Administración goza de un margen de apreciación de algunas condiciones de ejercicio de la potestad. No cabe, en ningún caso, el control judicial de la Administración.

Las potestades discrecionales son aquellas en las que: a. La Administración puede decidir lo que le parezca con total libertad. b. La Administración decide qué hacer mediante la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Las respuestas A y B son falsas. Las respuestas A y B son verdaderas.

Cuando una norma fija algunas condiciones, pero el resto se deja en manos de la Administración para que valore en cada caso de forma subjetiva cómo puede ejercer esas potestades que le atribuye la norma, estamos ante una: Potestad no reglada. Potestad discrecional. Potestad funcional. Potestad libre.

Son elementos de control judicial de las potestades discrecionales: La competencia, el fin y el procedimiento administrativo. Las potestades discrecionales no son controlables por los jueces. Solo los hechos determinantes. Ninguna de las anteriores es correcta.

Señale la afirmación correcta en relación con el derecho subjetivo: Se caracteriza por ser de interés público. Viene siempre atribuido por norma jurídica. Es transmisible. Es imprescriptible.

La obligación de contribuir a los gastos públicos a través del pago de impuestos es: Una carga. Un deber. Una obligación. Una sujeción.

La posibilidad de soportar los efectos del ejercicio de las potestades públicas constituye: Una sujeción. Una carga. Un derecho subjetivo. Una obligación.

La sujeción es: El correlato del derecho subjetivo. Una situación activa. Una situación mixta. El correlato de las potestades públicas.

La potestad expropiatoria de la Administración pública: Tiene su origen en una norma jurídica. Constituye un poder exorbitante de la Administración. Permite a la Administración producir efectos jurídicos de forma unilateral. Todas las anteriores son correctas.

La determinación por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte del trazado de una nueva línea de AVE: Es una potestad reglada. Es una potestad discrecional. Es una potestad que no se puede controlar por el poder judicial. Es un derecho subjetivo de la Administración Pública.

La potestad organizatoria de la Administración: Tiene como finalidad estructurar los órganos administrativos que la componen. Solo está sometida a límites procedimentales. Es exclusiva de la Administración General del Estado. Se establece exclusivamente por reserva de ley.

Son principios de la organización administrativa: Eficacia, economía y eficiencia. La competencia, la desconcentración y la jerarquía. La autonomía y la descentralización. Todas las anteriores.

La eficacia, la economía y la eficiencia: Solo son exigidas a las Administraciones de las comunidades autónomas y de los entes locales. Son principios que obligan a las Administraciones a ejercer la competencia dentro de un ámbito territorial concreto. Son principios que obligan a las Administraciones a ajustar los medios de que se sirven a los fines públicos que deben cumplir. Son criterios que utilizan los administrados en sus relaciones con la Administración General del Estado.

La competencia: Puede ser definida como la función o conjunto de funciones atribuidas a un órgano por el ordenamiento. Es irrenunciable para los órganos de la Administración. Puede ser alterada por técnicas como la delegación y la avocación. Todas las anteriores.

Señala el o los enunciados correctos: Al igual que la actividad de los funcionarios es imputable a la Administración, las funciones públicas que desempeñen sujetos privados también serán imputables a la Administración. Una concesión de servicio público supone el ejercicio privado de funciones públicas. No cabe la incorporación de sujetos privados a órganos administrativos para la representación de unos intereses determinados. No es posible el ejercicio de funciones públicas por personas privadas.

Señalar el enunciado verdadero: La desconcentración implica la transferencia de la titularidad y del ejercicio de las competencias. La delegación tiene lugar exclusivamente entre órganos de la misma Administración. La delegación al igual que la avocación suponen una transferencia de la titularidad de la competencia. La suplencia procede en todos los casos que determine libremente el titular del órgano que es suplido.

Señala el enunciado que no sea correcto: El conflicto de competencia negativo es el que se produce cuando ningún órgano asume tener la competencia. El conflicto de competencia entre Estado y comunidad autónoma nunca puede ser planteado por un particular. El conflicto de atribuciones que se da entre entes públicos es intersubjetivo. El conflicto interorgánico puede ser intraministerial o interministerial.

Respecto del principio de jerarquía: Atribuye el poder de dirección de los órganos superiores sobre los inferiores. Otorga las potestades de dirección, de vigilancia e inspección, disciplinaria y de resolución del recurso de alzada. Opera entre órganos jerárquicamente dependientes. Todas las anteriores.

Los principios que informan las relaciones interadministrativas son: La jerarquía, la desconcentración y la avocación. La autonomía, la descentralización y la delegación de firma. La autonomía, la descentralización y la competencia. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Son técnicas orgánicas de cooperación: La creación de los órganos de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado, las CC. AA. y los EE. LL. La Conferencia de presidentes entre el Gobierno de la Nación y los Gobiernos de las comunidades autónomas. Las Conferencias Sectoriales. Todas las anteriores.

Los vicepresidentes de Gobierno: Son nombrados por el rey a propuesta del Congreso de los Diputados. Son nombrados por el rey a propuesta del presidente de Gobierno. Son nombrados por el Consejo de ministros a propuesta del presidente de Gobierno. Son nombrados por el presidente de Gobierno a propuesta del Senado.

Son órganos pluripersonales de la AGE: Los ministros. Los subsecretarios. Las comisiones delegadas del Gobierno. Los directores insulares.

Son órganos pluripersonales de coordinación: Las delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas y las Subdelegaciones de Gobierno en las provincias. Las secretarías de Estado, las secretarías generales y las direcciones generales. El Gobierno, las comisiones delegadas del Gobierno y la Comisión General de secretarios de Estado y Subsecretarios. Ninguna de las anteriores.

La Administración General del Estado comprende: La organización central, que integra los ministros y los servicios comunes. La organización territorial. La Administración General del Estado en el exterior. Todas las anteriores.

Los ministros: Están a cargo de uno de los departamentos en que se estructura la AGE. Son nombrados por el presidente de Gobierno a propuesta del rey. Son representantes del Gobierno ante las comunidades autónomas. Ninguna de las anteriores.

Respecto a los ministros, es correcta la siguiente frase: Son nombrados por el presidente del Gobierno y pueden ejercer la potestad reglamentaria. Son nombrados y cesados por el Rey, y pueden ejercer la potestad reglamentaria. Son nombrados por el presidente del Gobierno, de forma que al aceptar su cargo reciben ya dada la organización interna del Ministerio que se les ha asignado. Son nombrados por el presidente del Gobierno y se les exige tener terminada una carrera universitaria.

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los ministros es o son falsas?. Son nombrados y cesados por el Rey a propuesta del presidente de Gobierno. Se encuentran al frente de uno de los departamentos en que se encuentra la Administración General del Estado. Entre sus funciones está la de desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento. Ninguna de las anteriores afirmaciones es falsa.

Los gabinetes son órganos de apoyo de: Los vicepresidentes del Gobierno. El presidente de Gobierno. Ministros y secretarios de Estado. Todas las anteriores. .

Son órganos de apoyo a la dirección política: Los secretarios de Estado. Los ministros. Las comisiones delegadas del Gobierno. Los secretarios generales técnicos.

Son nombrados por el Consejo de ministros mediante real decreto a propuesta del ministro respectivo o del presidente del Gobierno: Los secretarios de Estado. Los subsecretarios. Los secretarios generales. Todas las anteriores.

Los directores insulares de la AGE: Son nombrados por el Consejo de ministros. Son nombrados por el delegado de Gobierno en la comunidad autónoma. Son nombrados por el ministro respectivo. Ninguna de las anteriores.

El subdelegado del Gobierno en las provincias es nombrado: Por libre designación de la Diputación Provincial, de entre funcionarios de carrera. Por libre designación, de entre funcionarios de carrera. Por concurrencia competitiva, de entre funcionarios de carrera. Por concurrencia competitiva, de entre licenciados o graduados en Derecho.

Son funciones del subdelegado del Gobierno en las provincias: Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva comunidad autónoma y con las entidades locales. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. Todas las anteriores.

Las comisiones delegadas del Gobierno: Integran a los delegados del Gobierno en las provincias. Están formadas por los directores generales y los secretarios generales. Son comisiones ad hoc compuestas por algunos ministros en función del tema al que se dediquen. Son dirigidas por el delegado del Gobierno en cada CC. AA.

El marco establecido por la Constitución para el proceso autonómico es flexible porque: No impulsa la obligatoriedad de constituirse en comunidades autónomas a todas las provincias. Estableció exactamente cuántas comunidades autónomas (17) podían constituirse, aunque dio libertad para que estas puedan constituirse efectivamente o sigan como provincias. Estableció la posibilidad de que el Estado autonómico pueda transformarse en un Estado federal. La Constitución no estableció un marco flexible para el proceso autonómico.

El marco establecido por la Constitución española para el proceso autonómico es un marco flexible porque: Las Comunidades Autónomas pueden optar por adherirse al Estado español o formar un estado independiente. No predeterminó la estructura interna organizativa de cada Comunidad Autónoma. El Estado puede elegir libremente qué Comunidades Autónomas pueden ser constituidas. Existe pluralidad de acceso a la autonomía.

La Constitución establece, en el art. 152.1, unas líneas generales del modelo estructural de las comunidades autónomas. De esta forma: La organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un presidente, elegido por la Asamblea y nombrado por el rey. La organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con funciones únicamente administrativas; y un presidente, elegido directamente por la ciudadanía en las elecciones respectivas y nombrado por el presidente de Gobierno. La organización institucional autonómica se basará en un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un presidente, elegido y nombrado por el rey. Ninguna de las anteriores.

El proceso de formación del sistema autonómico: Se establece en la CE de manera tasada y cerrada. Se pudo acceder por una única vía. Es para todas las CC. AA. igual. Se creó de acuerdo con la vía del 143 CE, pero también con la del 151 CE.

La base personal de las comunidades autónomas está integrada por: El territorio de base provincial. El territorio de base municipal. El conjunto de ciudadanos que se encuentren en su territorio. Una asamblea legislativa y un consejo de Gobierno.

La estructura de las comunidades autónomas está integrada por: Sus habitantes. El territorio autonómico. Las instituciones de autogobierno. Todas las anteriores.

Señalar el enunciado correcto: Las asambleas legislativas de las CC. AA. tienen el mismo número de miembros. El ejecutivo autonómico se compone de un consejo de Gobierno, que es un órgano colegiado, y de un presidente. Las Asambleas Legislativas de las CC. AA. se eligen cada cinco años. Las Asambleas Legislativas de las CC. AA. Son elegidas por el consejo de Gobierno.

Señalar el enunciado erróneo: El consejo de Gobierno de una comunidad autónoma es su órgano colegiado de dirección y coordinación política. Todas las CC. AA. tienen órganos de participación con composición plural. La Administración autonómica no tiene personalidad jurídica propia. La Administración autonómica está sometida a controles de naturaleza jurisdiccional.

Con relación a las competencias Estado-CC. AA.: El Estado tiene la competencia de ejecución. Las CC. AA. establecen las bases normativas. La competencia es exclusiva del Estado en su totalidad. Puede darse el caso de legislación compartida entre ambos entes territoriales.

El sistema de distribución competencial en España: Sigue el modelo de los Estados federales. Sigue el modelo de los Estados regionales. Sigue un modelo sui generis que recoge aspectos de los modelos de Estado federal y regional. Ninguna de las anteriores.

La organización administrativa de cada una de las comunidades autónomas ha asumido el modelo estatal siendo una Administración…. Departamental. Jerárquica. Central. Todas las anteriores.

La ley donde se encuentran las bases del régimen local es: La Ley 40/2015. La Ley 7/1985. La Ley 39/2015. La Ley 50/1997.

La condición particular de Ceuta y Melilla forma parte diferenciada de: La Administración local. La Administración provincial. La Administración autonómica. La Administración estatal.

Respecto a los órganos municipales fundamentales: Solo tienen ayuntamiento los municipios de más de 250 habitantes. Deben tener alcaldes los ayuntamientos de municipios de más de 250 habitantes. Las comisiones informativas son el órgano de apoyo del alcalde. La Junta de Gobierno debe existir en municipios de más de 5 000 habitantes.

Respecto a las competencias municipales: Son competencias voluntarias, no vinculantes para los ciudadanos que residen en el término municipal. En función del número de habitantes, el municipio está obligado a prestar unos determinados servicios públicos. El alcalde no tiene responsabilidad propia. Todas las anteriores.

Constituyen regímenes municipales especiales: a. El concejo abierto. b. Las comunidades autónomas especiales. c. Ceuta y Melilla. Las opciones A y C son correctas.

Las provincias…. Son entes territoriales sin personalidad jurídica propia. Si tienen singularidad jurídica y organizativa propia se denominan territorios históricos. Pueden asumir competencias delegadas del Estado o de las comunidades autónomas. Tienen potestad legislativa.

El cabildo insular…. Es un territorio histórico. Constituye un régimen provincial especial. Es propio de las Islas Baleares. Asume las competencias de las diputaciones provinciales en Tenerife y Gran Canaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Respecto a la organización provincial: Los vicepresidentes tienen atribuida la potestad normativa. La Comisión Informativa es un órgano unipersonal. El máximo órgano de gobierno de la provincia es el presidente de la diputación. La Comisión de Gobierno asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones.

La organización provincial está integrada por: El Pleno de la Diputación, el presidente de la Diputación, los Representantes de los Ayuntamientos de la provincia, los vicepresidentes, la Comisión de Gobierno y las Comisiones Informativas. El presidente de la Diputación, los vicepresidentes, la Comisión de Gobierno y las Comisiones Informativas. El Pleno de la Diputación, el presidente de la Diputación, los vicepresidentes y la Comisión de Gobierno. El Pleno de la Diputación, el presidente de la Diputación, los vicepresidentes, la Comisión de Gobierno y las Comisiones Informativas.

Las administraciones locales: Tienen, al igual que las entidades territoriales superiores, potestad legislativa. No ciñen sus competencias a su ámbito local exclusivamente. Tienen una estructura básica común a todos los ayuntamientos, integrada por el alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas. Ejercen sus funciones de manera subsidiaria a la Administración General del Estado.

Señala el enunciado correcto: La creación o supresión de municipios se realizará sin audiencia de otros municipios interesados. La autonomía local no está sometida a control jurisdiccional. Los ayuntamientos están integrados por alcaldes y concejales. Opcionalmente pueden elegir libremente funcionar como concejo abierto. La impugnación de un acto de una E. L. Se realiza únicamente por un procedimiento ordinario.

¿Qué principio fundamenta la creación de entidades instrumentales?. El principio de descentralización funcional. El principio de descentralización territorial. El principio de desconcentración territorial. El principio de desconcentración funcional.

¿Las entidades locales pueden tener un sector público institucional propio?. No, está reservado al Estado. No, está reservado al Estado y a las comunidades autónomas. Sí, gozan de plena autonomía política para tomar las decisiones organizatorias que estimen oportunas. No, salvo delegación de competencias organizatorias por parte del Estado o de la comunidad autónoma responsable.

Indica una nota caracterizadora de la Administración institucional: Completa autonomía financiera y contractual. Completa independencia. Especialidad de sus fines. Completa sujeción al derecho privado.

El principio de transparencia en la gestión ¿es aplicable a la Administración institucional?. No. Sí. No, salvo que haya mediado la iniciación de un proceso judicial. No, salvo que haya mediado la iniciación de un proceso disciplinario contra los titulares de la entidad.

El inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local: Es únicamente Estatal. No. Es potestativo. Es preceptivo.

Los organismos autónomos: Desarrollan actividades privadas por mandato de la Administración matriz. Desarrollan actividades privadas en sectores donde la iniciativa privada no existe o es insuficiente. Desarrollan actividades propias de la Administración Pública. Desarrollan actividades públicas y privadas en sectores donde la iniciativa privada no existe o es insuficiente.

Presupuestariamente y como regla general, las entidades públicas empresariales: Se financian con cargo a las aportaciones obligatorias de las comunidades autónomas y entidades locales. Se financian con cargo a las aportaciones obligatorias de las comunidades autónomas. Se financian con ingresos de mercado. Se financian con cargo a los Presupuestos Generales.

¿A quién se realiza la atribución de funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas?. A los organismos autónomos. A las autoridades administrativas independientes. A los consorcios. A las agencias estatales.

¿De dónde procede la dotación mayoritaria de los fondos carentes de personalidad jurídica?. Del porcentaje de los tributos directos establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Mayoritariamente de los Presupuestos Generales del Estado. De las aportaciones de la Administración autonómica y local. De las aportaciones de las entidades financieras privadas.

¿Pueden las agencias estatales ejercer potestades públicas?. Sí. No. Sí en situaciones de alarma o calamidad pública. Sí, por delegación, con un límite de seis meses salvo renovación.

Es personal funcionarial, por lo general: El personal al servicio de los órganos constitucionales. El personal docente de una universidad privada. El personal al servicio de los organismos autónomos. El personal al servicio de las entidades públicas empresariales.

Con relación a los grupos en que se dividen los cuerpos y escalas de los funcionarios, es correcto afirmar que: Los pertenecientes al grupo B tienen que ser graduados. Los funcionarios del grupo A2 tienen que ser graduados. En el grupo C1 se debe contar con el título universitario de grado. En el grupo C2 se exige el título universitario de grado. .

El acceso a la función pública: Se realiza mediante oposición y concurso-oposición en el caso de los funcionarios de carrera. Se realiza a través de oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos, en el caso del personal laboral fijo. El sistema de concurso de valoración de méritos es excepcional. Todas las anteriores.

Para acceder a la función pública: Se debe tener la nacionalidad española. Se debe tener cumplidos los 18 años. No es necesario superar las pruebas de selección. Es necesario superar una valoración de méritos centrada en el CV.

Son derechos de los funcionarios: La inamovilidad. La jornada laboral. Tener un sistema retributivo integrado que incluya sueldo base, trienios y otros ítems. Todas las anteriores.

Son derechos de los funcionarios: La inamovilidad y el desempeño de un puesto de trabajo concreto con un nivel correspondiente a su grupo. La oferta pública de empleo y la convocatoria permanente de pruebas de acceso. El estatus funcionarial y el reajuste del sueldo. Todas las anteriores.

Entre los derechos de los funcionarios se encuentra: La inmovilidad, porque al haber ganado su plaza, tienen derecho a que se les respete su lugar de trabajo. Varios derechos laborales de tipo colectivo, menos el de sindicación, porque ellos ya tienen plaza y sueldo fijo. La inamovilidad, en relación con el estatus que conlleva ser funcionario. Varios derechos laborales de tipo colectivo, menos el de negociación colectiva, porque ellos ya tienen plaza y sueldo fijo.

Señala el enunciado correcto: Los funcionarios tienen deber de ser diligentes y velar por los intereses generales. Los funcionarios deben actuar con fidelidad a la Constitución, neutralidad e independencia política, en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios tienen el deber de no obstaculizar el ejercicio de libertades públicas. Todas las anteriores.

Señala el enunciado erróneo: Los funcionarios públicos, tienen responsabilidad penal y disciplinaria, entre otras. Existe un cuadro de sanciones para los funcionarios en función de las infracciones cometidas. Los funcionarios no tienen su propio régimen estatutario y disciplinario distinto del régimen laboral privado. El procedimiento sancionador del funcionario se inicia por denuncia realizada por el superior jerárquico ante las autoridades policiales respectivas.

El personal funcionarial: No deja de ser tal, aunque pierda la nacionalidad. Basta con que renuncie de manera tácita para que abandone su cargo. Puede tener responsabilidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. No tiene responsabilidad directa por los daños que cause frente a la Administración.

Son clases de empleados públicos: Los funcionarios de carrera e interinos. El personal laboral, fijo, por tiempo indefinido o temporal. El personal eventual. Todas las anteriores.

Conforme a la clasificación material de los actos... Los actos singulares son los que se elaboran por un solo ente u órgano. Los actos unilaterales son los que emanan de la exclusiva voluntad de la Administración. Los actos reales son transmisibles. Los actos declarativos constituyen ex novo una situación jurídica.

Respecto a la clasificación procesal de los actos... Los actos de trámite son las resoluciones administrativas. Los actos que ponen fin a la vía administrativa son recurribles en vía administrativa. Los actos confirmatorios reproducen actos anteriores originarios. Los actos discrecionales no dejan margen de apreciación a la Administración.

Señala la opción correcta. Tanto las personas públicas como las privadas dictan actos administrativos. Son actos administrativos los que realizan los sujetos privados que ejercen potestades públicas por delegación de la Administración. Las sociedades mercantiles de titularidad pública, en cambio, se encuentran sometidas totalmente al derecho privado.

Para que un acto sea válido no tiene que reunir el siguiente requisito: Respetar la tipicidad y el principio de legalidad. Inadecuación a un fin. Adecuación a un fin. Tener un contenido determinado y posible.

Señalar la respuesta correcta. Los actos dictados que prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son anulables. Según la Ley, no deben ser motivados los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Cuando el destinatario del acto sea una pluralidad indeterminada de personas, procede la publicación del acto administrativo.

Respecto a la invalidez de los actos administrativos, señale la respuesta correcta. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Los actos dictados que prescinden del procedimiento establecido son anulables. Los actos que incurren en desviación de poder no son anulables.

Los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho administrativo se presumirán válidos y surtirán efectos desde: Desde la publicación en el Diario o Boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde el mismo día de su notificación a los interesados. El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Respecto a la extinción de los actos administrativos, señale la respuesta incorrecta. Puede producirse por imperativo legal. No puede producirse mediante la revisión de oficio. Cabe su extinción por anulación mediante sentencia judicial. Puede producirse mediante un proceso de lesividad de actos anulables declarativos de derechos y posterior impugnación judicial.

Sobre la ejecución forzosa de los actos administrativos, señale la correcta. No exige previo apercibimiento al interesado. Procede de la potestad de autotutela declarativa de la Administración. Exige que el acto sea firme. Requiere que el acto sea determinado y posible.

Con relación a los medios de ejecución forzosa, señale la respuesta correcta. El apremio sobre el patrimonio no impone la obligación de satisfacer una cantidad líquida. La ejecución subsidiaria no impone ninguna carga nueva al destinatario del acto. La multa coercitiva no es una sanción, porque no ha habido infracción previa. La compulsión sobre las personas requiere autorización legal.

Desde el punto de vista subjetivo, el procedimiento administrativo se aplica... En el ámbito de la Administración General del Estado. En el ámbito de la Administración de las comunidades autónomas. En el ámbito del sector público institucional. En todos los anteriores.

Sobre la imparcialidad, señale la respuesta correcta. Es un deber constitucional de los funcionarios públicos. Está desvinculado del principio de objetividad en el servicio al interés general. No se garantiza mediante causas de abstención. Existe aun cuando concurra un interés personal en el asunto.

La recusación puede promoverla... Cualquier órgano. El interesado. El interesado y el superior jerárquico del órgano de que se trate. El interesado, el superior jerárquico del órgano de que se trate y el propio órgano.

Los procedimientos administrativos podrán iniciarse.... De oficio o a solicitud del interesado. Siempre a solicitud de persona interesada. De oficio o a solicitud de cualquier persona. Nunca de oficio.

Respecto de la instrucción del procedimiento, señale la respuesta correcta. Una vez iniciado el procedimiento, cualquier órgano administrativo puede tramitarlo. La economía y celeridad en los plazos rigen como principios generales de la instrucción. El principio de celeridad en el procedimiento no permite que se acuerden en un solo acto los trámites de igual naturaleza. A pesar de que surjan incidentes en la tramitación del procedimiento, este no puede suspenderse.

Señalar la opción correcta sobre el régimen jurídico-administrativo de los plazos. La Administración no puede ampliar el plazo establecido. Por lo general, los días hábiles se computan como días naturales. El sábado es día hábil. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Señalar la respuesta correcta. Los interesados en un procedimiento administrativo podrán actuar de la siguiente manera en el trámite de audiencia: Alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte. Alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte. Alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez.

Pondrán fin al procedimiento administrativo.... La declaración de caducidad. El desistimiento. La renuncia al derecho en que funde su solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Todas las respuestas son correctas.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución: Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Implica la prórroga automática del plazo para resolver por un mes. Ninguna es correcta.

El Derecho Administrativo tiene carácter estatutario respecto de la Administración pública, lo cual significa: Que es el Derecho que se establece en su Estatutos, según el art. 82 de la Constitución. Que es exclusivo de la Administración pública, aunque ese carácter viene a romperse porque se aplica a otros entes que no son la Administración pública. Que es exclusivo de la Administración pública, aunque ese carácter viene a romperse porque se aplica a otros entes que no son la Administración pública, previa delegación por ley orgánica. Que el Derecho Administrativo huye hacia el Derecho civil y mercantil. Reservados.

El Estado liberal se caracteriza por: La soberanía nacional o popular, la división de poderes, el reconocimiento de derechos innatos e inviolables y el principio de legalidad. El Estado absoluto, la división de poderes, el reconocimiento de derechos innatos e inviolables y el principio de legalidad. El Estado absoluto, el reconocimiento de derechos inviolables y el principio de legalidad. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El Estado liberal se caracteriza por: El monarca reúne todo el poder, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La ausencia de derechos innatos e inviolables de los ciudadanos. La soberanía recae en el pueblo. Todas las anteriores.

¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores o principios en que se fundamenta la Constitución Española?. Principio de legalidad. Libertad. Monopolio político. Justicia.

El sistema normativo: Es un agregado de normas. Es un conjunto donde todas las normas provienen de la misma fuente. Es el conjunto de las leyes. Funciona de forma que todos sus elementos se interrelacionan.

El plazo para recurrir potestativamente en reposición un reglamento es: Un mes. Dos meses. Treinta días. Las anteriores respuestas son falsas.

Al aplicar el principio de supletoriedad, es correcto afirmar que: El Derecho de una Comunidad Autónoma será supletorio para las otras Comunidades Autónomas. El Derecho de la Unión Europea será supletorio para el Derecho estatal. El Derecho estatal será supletorio en las Comunidades Autónomas solo cuando estas no hayan aprobado sus propios estatutos de autonomía. Todas las respuestas precedentes son falsas.

Respecto al procedimiento de elaboración de los reglamentos, es correcto afirmar que: Tras las actividades de instrucción, se lleva a cabo las denominadas preparatorias. Los informes externos formarán parte del proyecto existente en las actuaciones preparatorias. El borrador de texto articulado comprende un proyecto junto con un informe sobre su necesidad, además de una memoria económica. El borrador de texto articulado comprende un proyecto junto con un informe sobre su necesidad, además de una memoria económica, así como los informes externos.

Los actos administrativos y los reglamentos se diferencian, entre otros extremos, por lo siguiente: En el procedimiento de elaboración: los actos administrativos se rigen por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Servicio Público (Título III) y los reglamentos por la Ley de Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre). En el procedimiento de elaboración: los actos administrativos se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Título III) y los reglamentos por la Ley de Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre). En el procedimiento de elaboración: los actos administrativos se rigen por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Procedimiento Administrativo Común y los reglamentos por la Ley de Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre). En el procedimiento de elaboración: los actos administrativos se rigen por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre y los reglamentos por la Ley de Gobierno (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Título III)).

Los actos administrativos y los reglamentos se diferencian por: El reglamento es una norma jurídica y el acto administrativo es la aplicación de la norma a un caso concreto por parte de la Administración. Tener un procedimiento de elaboración distinto. Los reglamentos no pueden ser objeto de recurso en vía administrativa y los actos administrativos si pueden serlo. Todas las anteriores.

La teoría de la imputación, aplicada a los órganos administrativos, requiere que: El funcionario haya sido investido como tal. La actuación administrativa que se lleve a cabo lo sea en ejercicio de un convenio de colaboración interadministrativa. La actuación administrativa que se lleve a cabo lo sea en ejercicio de competencias delegadas. La actuación administrativa que se lleve a cabo lo sea haciendo uso del mecanismo de delegación de firma.

Los entes no territoriales son: Los entes instrumentales (Ej.: los ministerios dentro de la Administración General del Estado) que sirven de instrumento a los Entes políticos secundarios. Los entes políticos secundarios (Estado, C. A., E. L.). Los entes políticos primarios (Estado, C. A., E. L.). Los entes instrumentales (Ej.: los ministerios dentro de la Administración General del Estado) que sirven de instrumento a los Entes políticos primarios.