DERECHO ADMINISTRATIVO I

Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa se consolida la idea de que el Estado liberal de Derecho da paso a: un régimen absolutista. el Estado constitucional de Derecho, con valores superiores y derechos inalienables. a un Estado absolutista de Derecho, con valores superiores y derechos inalienables.

El manual afirma que en el Estado constitucional de Derecho, el legislador: no está limitado por la Constitución. no puede intervenir en la regulación de la Administración. dispone de márgenes amplios de configuración, pero no puede contradecir la Constitución.

¿Por qué el Derecho constitucional es igual de importante para la Administración que el Derecho administración, según el manual?. porque el Derecho constitucional regula en detalle cada actividad administrativa. porque los derechos fundamentales y los valores superiores inciden sobre la actuación de la Administración. porque el Derecho constitucional y el Derecho administrativo son totalmente independientes.

La afirmación "el Derecho administrativo es Derecho constitucional concretizado" significa que: el Derecho constitucional suele estar subordinado al Derecho administrativo. el Derecho administrativo desarrolla y aplica los principios y normas constitucionales. ambos Derechos no tienen relación mutua.

Según el manual, la Constitución es una "ordenación marco" porque: regula exhaustivamente toda la actividad administrativa. el legislador no está sujeto a ningún control constitucional. fija grandes principios y límites, dejando espacio a la configuración política y legislativa.

¿Cuá de estas ideas NO corresponde a las consecuencias del principio de Estado de Derecho recogidas en el art. 9.3 CE?. seguridad jurídica. jerarquía normativa. supremacía absoluta del poder ejecutivo sobre la ley.

Según el manual, uno de los aspectos más relevantes que recoge el art106.2 CE sobre la responsabilidad de los poderes públicos es: que los ciudadanos no pueden reclamar indemnizaciones a la Administración. el derecho a ser indemnizado por los daños sufridos en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. la limitación de las indemnizaciones solo a los supuestos de riesgo catastrófico.

El principio democrático implica que: la Administración pública carece de legitimación democrática. la legitimidad del poder ejecutivo emana de la voluntad popular expresada en elecciones, lo que se extiende hasta la Administración. Ningún control puede ejercer el Parlamento sobre la Administración.

Cuando el manual habla de la participación de los ciudadanos en la actividad administrativa a través de referéndums y audiencias, se refiere a: mecanismos que pueden reforzar el principio democrático en determinados asuntos. formas obligatorias de supervisión diaria de los funcionarios. la implantación de un sistema de co-gobierno en las decisiones del poder ejecutivo.

El principio de autonomía (art. 2 CE) se refleja en el ámbito del Derecho administrativo porque: las Comunidades Autónomas carecen de poder legislativo y ejecutivo. las entidades locales y autonómicas tienen competencias propias de autogobierno y ejecución legislativa. se prohíbe la organización descentralizada del Estado.

Según la STC 70/2022 mencionada en el manual, la separación de poderes se vulnera si: el poder judicial autoriza reglamentos antes de su aplicación, compartiendo así la potestad reglamentaria. el Gobierno consulta de manera informal a los jueces en la elaboración de normas. el Parlamento aprueba leyes sin someterlas a votación.

El manual destaca que la Constitución no enuncia directamente la separación de poderes, pero sí: suprime la función judicial. atribuye a cada órgano (Cortes, Gobierno, Jueces) una potestad determinada (legislativa, ejecutiva, jurisdiccional). permite que le Tribunal Constitucional dicte reglamentos.

De acuerdo con el principio democrático, la legitimidad del Gobierno de la Nación deriva principalmente de: un procedimiento de elección directa del Presidente por la ciudadanía. el respaldo parlamentario resultante de las elecciones generales. la designación por el Consejo General del Poder Judicial.

El manual señala que la "cadena de legitimación democrática" en la Administración General del Estado se extiende desde el Gobierno hasta la propia Administración, gracias a la existencia de: funcionarización de todos sus empleados. los ministros y los secretarios de Estado, que desarrollan la acción del Gobierno en sus departamentos. la intervención permanente del Defensor del Pueblo.

Respecto de los órganos independientes de regulación (administraciones independientes), el manual indica que su legitimidad democrática se fundamenta en: la ausencia de cualquier control parlamentario. su creación legal, el poder de nombramiento de sus directivos y la autonomía funcional. la elección directa de sus presidentes por la ciudadanía.

¿Qué afecta principalmente el principio de autonomía a la distribución de competencias legislativas y ejecutivas?. que toda competencia se centraliza en el Estado. que las Comunidades Autónomas pueden tener competencia legislativa y de ejecución en materias concretas. que las provincias se convierten en órganos constitucionales.

Según el manual, la "parte general" del Derecho administrativo corresponde, con carácter principal, al legislador: autonómico, en todas las materias. estatal, en virtud del art. 149. 1, 18 CE. local, por el principio de cercanía.

El principio de Estado de Derecho en la Constitución española abarca, entre otros, el sometimiento a la ley, la responsabilidad de los poderes públicos y: la exclusión total de las comunidades autónomas. el deber de imponer privilegios arbitrarios a la Administración. la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica.

Según el manual, la posición "exorbitante" o de supremacía de la Administración pública sobre los particulares: solo se justifica si está prevista en una norma y es proporcional al interés general que se persigue. carece de fundamento tras 1978. es absoluta y no puede ser examinada constitucionalmente.

El Estado social en la Constitución española implica, entre otras cosas: subordinar toda la riqueza al interés general (art. 128 CE). la supresión de la propiedad privada. la abolición de los servicios sociales.