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Derecho Administrativo I

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Título del Test:
Derecho Administrativo I

Descripción:
JUNIO 2022 — 1.ª SEMANA (Modelos A y B)

Fecha de Creación: 2026/03/24

Categoría: UNED

Número Preguntas: 22

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Temario:

¿Qué significa que el Derecho administrativo sea un Derecho estatutario?. Que se aplica a una categoría de sujetos, las Administraciones públicas. Que se aplica a una categoría de normas, los Estatutos de Autonomía. Que se aplica a una categoría de cosas, los bienes estatutarios.

Señale la afirmación correcta sobre las fuentes del Derecho en el Código Civil. La regulación del CC está subordinada a las normas constitucionales que regulan el sistema de producción normativa y al sistema de fuentes del Derecho de la UE. La regulación del CC está subordinada solo a las normas constitucionales que regulan el sistema de producción normativa. Las normas constitucionales que regulan el sistema de producción normativa están subordinadas a la regulación del CC.

¿Qué son las leyes orgánicas?. Leyes que exigen mayoría absoluta del Senado en votación final sobre el conjunto. Leyes que exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto, sin mayoría especial en el trámite ante el Senado. Leyes que exigen mayoría absoluta tanto del Congreso como del Senado en votación final.

¿Cuál de los siguientes supuestos se identifica, en el Derecho Administrativo, con la categoría de reglamento?. Los actos administrativos generales. Las instrucciones de los órganos administrativos a sus órganos jerárquicamente dependientes. Las normas escritas con rango inferior a la ley aprobadas por una Administración Pública.

Señale la afirmación correcta sobre la modificación de un reglamento ejecutivo. La Administración no puede adoptar más que un reglamento ejecutivo y por una sola vez, sin posibilidad de modificarlo. La Administración, una vez adoptado un reglamento ejecutivo, lo puede modificar cuantas veces lo estime oportuno. La Administración no puede adoptar más que un reglamento independiente y por una sola vez, sin posibilidad de modificarlo.

¿Cuándo se debe promover una cuestión de ilegalidad?. Cuando un órgano judicial considera que la Ley aplicable al litigio puede ser inconstitucional. Cuando un órgano judicial estima un recurso indirecto contra un reglamento ilegal y no tiene competencia para declarar su nulidad. Cuando un órgano judicial considera que la Administración ha cometido un delito.

De acuerdo con la Ley 40/2015, la adopción de disposiciones de carácter general: Podrá ser objeto de delegación. No podrá ser objeto de delegación. Podrá ser objeto de delegación, previa aprobación del órgano de quien dependa el órgano delegante.

La descentralización tiene como uno de sus elementos el siguiente: El Estado controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, sin posibilidad de impugnación judicial. El Estado controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, aunque también puede acudir a la impugnación judicial. El Estado no controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, trasladándose el peso de la vigilancia a la técnica de la impugnación judicial.

Según la Ley 40/2015, la situación 'cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común' se identifica con el principio de: Colaboración. Cooperación. Coordinación.

Los conflictos en defensa de la autonomía local que enfrentan al Estado o las CC.AA. con las Entidades Locales con ocasión de una norma con rango de Ley son resueltos: Por el Tribunal Constitucional. Por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Por la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: No puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno, salvo en asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado.

Sobre la administración periférica del Estado puede afirmarse que: Todos los servicios territoriales de los distintos Ministerios sin excepción están integrados en la Delegación del Gobierno. Está organizada en Delegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma y en subdelegaciones provinciales, aunque estas últimas solo existen cuando las CC.AA. no han creado sus propias delegaciones en cada una de las provincias que las componen. Ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con la distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA.: Se establece a partir de un sistema de doble lista cerrada que no puede sufrir evolución salvo leyes marco y leyes orgánicas de transferencia. Aunque las competencias del Estado son las del art. 149.1 CE, éste puede regular cualquier materia porque conforme al art. 149.3 CE la legislación estatal siempre se impone a la autonómica. El art. 149.1 CE enumera materias sobre las cuales se asegura, en principio, la competencia exclusiva del Estado, aunque no todas son atribuidas en exclusiva aceptando muchas una competencia compartida o concurrente de las CC.AA.

La organización de los municipios de gran población se diferencia de los de régimen común en que: En los de gran población la Junta de Gobierno Local es de existencia necesaria; en los de régimen común es potestativa según el Reglamento Orgánico aprobado por el Pleno. En los de gran población la Junta de Gobierno Local tiene competencias de aprobación de ordenanzas, que en los de régimen común corresponden al Pleno. En los de gran población el Pleno cuenta con un Secretario general y comisiones formadas por concejales que designan los grupos políticos en proporción al número de concejales que tiene en el Pleno.

La Ley de Bases de Régimen Local establece que la aprobación de los planes de carácter provincial en las Diputaciones Provinciales corresponde: Al Pleno de la Diputación. Al Presidente de la Diputación. A la Junta de Gobierno Provincial.

¿Quién puede proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales?. El Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado. El Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable del Senado. El Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable del Senado.

De acuerdo con la Ley 40/2015, los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán: Por Ley. Por Real Decreto del Consejo de Ministros. Por Orden del Ministerio que ejerza el protectorado.

Según la Ley 40/2015, el personal al servicio de los organismos autónomos estatales será: Funcionario o laboral. Funcionario. Laboral.

Según la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales (redacción vigente), la finalidad del visado colegial es comprobar, al menos: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo. La identidad y habilitación profesional del autor y la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional. La identidad y habilitación, la corrección formal de la documentación y el control técnico de los elementos facultativos del trabajo.

Según la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en la impugnación estatal de disposiciones de las CC.AA. ante el TC, con carácter previo a la interposición del recurso, deberá ser consultado: El Pleno del Consejo de Estado. La Comisión Permanente del Consejo de Estado. Primero la Comisión Permanente y luego el Pleno.

Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos: Directamente por la jurisdicción contencioso-administrativa. Directamente por el Tribunal Constitucional. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la LO 6/2013 que crea la AIReF, el Presidente de la AIReF será nombrado: Directamente por el Congreso de los Diputados. Por el Consejo de Ministros, previa aceptación por la Comisión competente del Congreso o, en su caso, del Senado, de la persona propuesta. Por la persona titular del Ministerio de Hacienda, previa aceptación por la Comisión competente del Congreso o del Senado.

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