Derecho Administrativo I

Señale la afirmación correcta sobre el sometimiento al Derecho administrativo: Basta con constatar la existencia de una administración pública para concluir que su actividad está sujeta al DA. Los particulares nunca pueden actuar sometidos a DA, aunque ejerzan funciones públicas. La actuación de las Cortes Generales, del CGPJ, el Defensor del Pueblo y el TC relacionada con la gestión del patrimonio y el personal propios está sujeta a normas importantes del DA general.

Señale la afirmación correcta sobre los principios constitucionales del DA: El TC ha deducido el principio de proporcionalidad y el non bis in idem a partir de las disposiciones constitucionales. El principio de Estado de Derecho se agota en una dimensión formal o 'legalista'. La supremacía jurídica de la Administración vulnera el principio de igualdad y es incompatible con la Constitución.

El ejercicio de la potestad legislativa de urgencia: Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto de declaración del estado de alarma. Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto-ley. Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto legislativo.

Señale la afirmación correcta sobre los decretos-leyes autonómicos: Se sujetan únicamente a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE. Se sujetan únicamente a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía. Se sujetan a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE y a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía.

Señale la afirmación correcta sobre el reglamento ejecutivo: El reglamento ejecutivo presupone la existencia de una ley, un artículo de una ley o un conjunto de leyes. El reglamento ejecutivo requiere la previa habilitación de una ley para ser dictado. El reglamento ejecutivo presupone la inexistencia de una reserva de ley.

Las disposiciones reglamentarias que adopte el presidente del Gobierno revestirán la forma de: Real decreto del presidente. Orden del ministro de la Presidencia. Orden del presidente.

Señale la afirmación correcta sobre la colaboración normativa de los municipios en tributos locales: Es igual que la que dispone la normativa reglamentaria estatal. Es mayor que la que dispone la normativa reglamentaria estatal. Es inferior a la que dispone la normativa reglamentaria estatal.

¿Los estatutos de las universidades públicas de las CCAA necesitan una aprobación administrativa?. No, basta su aprobación por el claustro de la universidad. Sí, por la comunidad autónoma correspondiente. Sí, por el Consejo de Ministros.

Señale la afirmación correcta sobre la relación de la norma local con la ley: La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de jerarquía normativa. La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de competencia. El principio de jerarquía normativa y el de competencia confluyen por igual en la relación de la norma local con la ley.

¿Quién puede dejar sin aplicar una norma nacional incompatible con el Derecho de la UE?. Cualquier órgano judicial. Cualquier autoridad administrativa. Cualquier órgano judicial y cualquier autoridad administrativa.

Entre las características comunes de la organización administrativa de las CCAA NO se incluye: La fragmentación y rigidez de las estructuras departamentales. El peso desproporcionado de la confianza política en las estructuras directivas. La escasez de entes instrumentales.

Señale la afirmación correcta sobre los órganos consultivos jurídicos autonómicos: Son órganos de existencia necesaria en todas las CCAA. Son competentes únicamente para cuestiones jurídico-administrativas. En su composición se pueden integrar miembros natos, electivos y permanentes.

La personalidad jurídica: Se predica del Estado. Se predica de la administración en su conjunto como poder ejecutivo. Cada administración territorial y cada entidad pública o privada del sector público tiene personalidad jurídica única.

La Constitución española: En su art. 103 enumera principios organizativos que declara expresamente aplicables a TODAS las administraciones. Su art. 103 hace alusión a principios organizativos y a algunos otros que determinan cómo la administración debe realizar su actividad. No establece principios de organización ni de actuación.

En relación con la regulación de la organización estatal: Se contiene en la LRJSP (que incluye el Gobierno, órganos de apoyo y administración periférica) y en la Ley anual de presupuestos. Se contiene en la Ley del Gobierno (que regula el Gobierno), en la LRJSP (que regula la administración territorial e institucional) y en la Ley General Presupuestaria. Se contiene en la LRJSP (que incluye el Gobierno, órganos de apoyo y administración periférica) y en la Ley General Presupuestaria.

Los colegios profesionales: Además de asumir la representación de la profesión tienen encomendadas las funciones públicas de regulación de la profesión y el ejercicio de la disciplina sobre sus colegiados. Aprueban el Estatuto general de la profesión. Pueden ser creados por una ley del Estado o por leyes autonómicas y ambos tipos de leyes pueden decidir libremente cuándo la adscripción es obligatoria.

El principio de jerarquía: Exige que existan varios órganos con competencia material coincidente y que el superior tenga facultades que garanticen que su criterio va a prevalecer sobre el del órgano inferior. Todos los órganos administrativos, sin excepción, están relacionados entre sí por el principio de jerarquía. Las dos anteriores son correctas.

En el caso de la suplencia puede afirmarse que: La competencia se ejerce por otro órgano distinto y el acto se entenderá dictado por el órgano que actúa en sustitución. La competencia se ejerce por el órgano que la tiene atribuida y lo que cambia es su titular. En el acto dictado por el suplente se debe indicar que la competencia se ejerce 'por delegación'.

El control sobre las entidades locales: Cualquier tipo de control vulnera la autonomía local. Caben controles genéricos de legalidad y puntuales de oportunidad, que pueden ejercer indistintamente el Estado y las CCAA. Existen controles administrativos excepcionales que permiten adoptar medidas sustitutorias para cumplir obligaciones presupuestarias o al Estado disolver los órganos de gobierno cuando el incumplimiento sea gravemente dañoso para los intereses generales.

Las autoridades independientes: Se rigen por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión. Se les aplica en primer lugar la regulación de la LRJSP sobre los organismos autónomos. Se denominan independientes porque no dependen del Gobierno sino del Congreso de los Diputados.

En relación con los municipios de gran población: El criterio para su creación es exclusivamente el de la población. Cuando disminuye la población por debajo de 250.000 hab. deja de tener la consideración de municipio de gran población. La aplicación del régimen de municipio de gran población en algunos casos es automática, pero en otros hace falta un acuerdo de los parlamentos autonómicos.

La tesis de la autonomía institucional provincial como mantenimiento de la institución en términos recognoscibles: No impidió que se considerara constitucional la Ley catalana que ordenó la transferencia de todas las competencias de las diputaciones a la Generalidad. No impidió que se considerara constitucional la asunción por las CCAA uniprovinciales de todas las competencias de las diputaciones. Permitió la declaración de inconstitucionalidad del precepto del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminó las provincias.