En relación con la infracción de las normas de organización debe afirmarse que a) en ningún caso proyecta sobre los actos administrativos efectos de invalidez b) proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez a los que proyecta la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas c) sólo proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez que la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas, cuando aquella infracción supone la invasión de esferas de Competencias o funciones de otras personas jurídicas públicas.
La posibilidad de crear organizaciones especializadas, personificadas, de carácter instrumental, con arreglo al Derecho Público o Privado, para atender la realización de necesidades o servicios específicos dentro de sus competencias: a) sólo corresponde al Estado b) sólo corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas c) corresponde Estado y a las Comunidades Autónomas, y también a los municipios y provincias.
El principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas: a) conlleva la posibilidad de que las Administraciones Públicas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros b) afecta a las Administraciones territoriales, pero no a los entes institucionales que de ellas dependen y que integran el sector público c) afecta sólo a los entes institucionales que dependen de las Administraciones territoriales y que integran el sector público, pero no a dichas Administraciones territoriales.
Por lo que se refiere al principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas y, por tanto, a la posibilidad de que éstas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros, hay que afirmar que a) afecta exclusivamente a las administraciones territoriales b) afecta exclusivamente a los entes institucionales que dependen de las administraciones territoriales c) afecta tanto a las administraciones territoriales como a los entes institucionales que de ellas dependen.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "la participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente': a) es siempre una técnica de coordinación forzosa b) es una técnica de colaboración c) es una técnica de cooperación.
De acuerdo con la Ley 40/2015, debe afirmarse que las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación a) revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban b) revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán siempre de obligado cumplimiento para las dos Administraciones que lo suscriban c) revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán de obligado cumplimiento, salvo que expresamente se excluya su carácter vinculante, para las dos Administraciones que lo suscriban.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Comisiones Bilaterales de Cooperación: a) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades Locales b) Podrán estar formadas por representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales c) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales d) Reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.
Según el art. 6 Ley 40/2015 (LRJSP), los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante a) La delegación intersubjetiva y mediante la resolución de los recursos de alzada b) La delegación intersubjetiva, pero no mediante la resolución de los recursos de alzada c) Instrucciones y órdenes de servicio d) Unos órganos no pueden dirigir la actividad de otros, pues todos son autónomos.
De acuerdo con el art. 5.1 Ley 40/2015 (LRJSP), tendrán la consideración de órganos a) Todas las unidades administrativas b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo c) Únicamente las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros d) Únicamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las instrucciones y órdenes de servicio a) Deben publicarse siempre y en todo caso en el Diario o periódico oficial que corresponda b) Son reglamentos o disposiciones administrativas generales, por lo que están afectadas por sus mismos principios que tales c) Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos d) Son normas generales que, por su especificidad, nunca se publican en un Diario o periódico oficial.
De acuerdo con el art. 5.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante,
“Ley 40/2015”) son órganos administrativos a) Todas las unidades administrativas b) Las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo c) Exclusivamente las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo d) Solo las unidades administrativas que tienen personalidad jurídica.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la asistencia y colaboración requerida en virtud del principio de colaboración a) No podrá negarse nunca b) Podrá negarse, aunque únicamente cuando el organismo público o la entidad del que se solicita causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones c) Siempre podrá negarse por el organismo público o la entidad del que se solicita, y por cualquier causa que éste estime oportuna d) Podrá negarse, cuando el organismo público o la entidad del que se solicita causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, entre otras causas.
En qué elementos se configura la estructura interna de la Administración General del Estado, según el art. 5 Ley 40/2015 LRJSP a) En órganos, puestos docentes y unidades de trabajo, siempre bajo organización ministerial b) En unidades administrativas, puestos orgánicos y posiciones laborales, en este orden c) En jefes de servicio, jefes de sección, y jefes orgánicos y las estructuras que los componen d) En órganos y unidades administrativas, que comprenden puestos de trabajo.
En relación con los órganos administrativos debe afirmarse que a) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio b) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y reglamentos generales, que se publicarán necesariamente en el boletín oficial que corresponda c) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de otros órganos, jerárquicamente dependientes o no, mediante instrucciones y órdenes de servicio bajo el amparo de una norma general d) Los órganos administrativos no podrán en ningún caso dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme al art. 6 de la Ley 40/2015 a) Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes b) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente c) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria d) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
El principio de jerarquía se aplica a) en las relaciones entre órganos administrativos b) en las relaciones entre órganos administrativos y también en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas) c) exclusivamente en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas).
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio a) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir b) da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir c) da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque sólo excepcionalmente a responsabilidad disciplinaria en casos de dolo o negligencia grave.
Según la LRJPAC, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante a.- La delegación intersubjetiva y mediante la resolución de los recursos de alzada b.- La delegación intersubjetiva, pero no mediante la resolución de los recursos de alzada c.- Instrucciones y órdenes de servicio d.- Unos órganos no pueden dirigir la actividad de otros, pues todos son autónomos.
El principio de jerarquía, según el tenor de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Solamente afecta a los órganos consultivos, pero no a los órganos activos b) Afecta a los órganos denominados activos, pero no a los órganos consultivos c) Afecta únicamente a las unidades administrativas d) Afecta a todos los órganos administrativos.
Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme establece la Ley 30/1992 a) Los órganos administrativos no pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes b) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos y a la responsabilidad disciplinaria correspondiente c) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento da lugar por sí sólo a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque en ningún caso a responsabilidad disciplinaria d) Los órganos administrativos podrán dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí sólo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
¿Cuál de estas maneras es la prevista fundamentalmente en nuestro ordenamiento como una forma de distribución de las competencias? a) Jerárquico, material o sustancial, y temporal b) Territorial, material y jerárquico c) Lineal o jerárquico y horizontal d) Absoluta y relativa.
Cuando una competencia puede ser ejercitada de forma simultánea y no excluyente por varios Entes territoriales o Administraciones públicas territoriales, se dice que estamos ante una competencia a) Indistinta o abierta b) Compartida o participada c) Conjunta o agregada d) Alternativa u optativa.
El vicio de incompetencia jerárquica constituye: a) Una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho b) Una causa de anulabilidad y, por lo tanto, convalidable c) Una irregularidad no invalidante d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
De acuerdo con la Ley 30/1992, son nulos de pleno derecho a) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, pero no del territorio b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio c) Los actos dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía d) Ninguna de los anteriores, porque la incompetencia da lugar a la anulabilidad, pero nunca a la nulidad de pleno derecho.
La nulidad de pleno derecho de un acto administrativo –una actuación administrativa de carácter jurídico– por incompetencia manifiesta, se produce: a) Solamente por falta de competencia jerárquica o territorial b) Por falta de competencia material o territorial c) Solamente por falta de competencia material o jerárquica d) Sólo por falta de competencia material.
Si la competencia es la medida de la capacidad jurídica de cada órgano, entonces precisamente la falta de competencia a) origina un vicio del acto administrativo, pero nunca da lugar a su invalidez b) origina un vicio del acto administrativo, dando siempre lugar a su nulidad de pleno derecho c) origina un vicio del acto administrativo, dando siempre lugar a su simple anulabilidad, nunca a la nulidad de pleno derecho d) origina un vicio del acto administrativo, pudiendo dar lugar a la nulidad de pleno derecho o la simple anulabilidad.
¿Diga qué se traslada y si se exige dependencia jerárquica para el ejercicio de una delegación de competencias interorgánica, tal y como la regulan los arts. 8 y 9 Ley 40/2015 como la regula LRJPAC? a) Se traslada el ejercicio de la competencia, pero no la competencia en sí; sin que sea necesaria la dependencia jerárquica b) Se traslada la competencia en su totalidad, por lo que siempre y en todo caso es necesaria una relación jerárquica c) Se traslada solamente el ejercicio de la competencia, pero una actuación entre sujetos jurídicos distintos, debe existir una relación de jerarquía en todo caso d) No se traslada otra cosa que los medios técnicos para la prestación del servicio, por lo que no se exige, en modo alguno, una posición orgánica de dependencia o jerarquía.
La encomienda de gestión a) se refiere a la realización de actividades de carácter material o técnico, no pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público b) se refiere a la realización de actividades de carácter material o técnico, pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público c) supone una cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia, no pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público d) supone una cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia, pudiendo tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, la encomienda de gestión a) no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio b) supone cesión de la titularidad de la competencia c) supone cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia.
La encomienda de gestión supone, conforme queda establecido en la Ley 30/1992 a) La transferencia completa de la titularidad de una competencia b) La transferencia de los elementos sustantivos del ejercicio de una competencia c) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios d) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así como la de dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En relación con la delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, y de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hay que afirmar que a) está sujeta a un plazo de un año, no pudiendo ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido b) siempre podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación c) Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado.
¿Puede un órgano superior delegar en otro la adopción de una norma de carácter general (elaboración de un reglamento, por ejemplo)? a) Sí se puede, pero debe ser hecha mediante una autorización expresa del órgano superior del Ministerio correspondiente b) No puede, salvo que sea el Consejo de Ministros y con informe preceptivo del Consejo de Estado c) Esa delegación es completamente inválida, al no permitir la LRJP AC la delegación de esa concreta competencia d) Sí se puede en el ámbito local y autonómico; pero no en el ámbito estatal.
Señale la respuesta correcta en relación a la "delegación de firma", de conformidad a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a. Debe publicarse preceptivamente en el Diario oficial que corresponda b. Sólo cabe en favor de órganos en los que existe una relación de estricta jerarquía c. Puede hacerse en favor de otros órganos de la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes d. Sólo cabe en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
La delegación de competencias, según establece la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, en orden a su completa validez: a) Debe publicarse en el Diario oficial que corresponda, pero este requisito existe sólo para el caso de la Administración General del Estado b) Sólo es posible a favor de órganos jerárquicamente dependientes para las Administraciones del Estado, pero no para las CC. AA. c) Debe publicarse en todo caso en el Diario oficial que corresponda d) No es posible en modo alguno en el caso de que la norma prevea la emisión de informe preceptivo.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 40/2015 en relación con la delegación interorgánica, es correcto afirmar que, a. la delegación sólo y exclusivamente puede realizarse en órganos que sean jerárquicamente dependientes b. la adopción de disposiciones de carácter general también puede ser ahora mismo objeto de delegación. c. las resoluciones dictadas por el órgano delegado se considerarán dictadas por el órgano delegante d. la delegación no podrá ser revocada por el órgano que la haya conferido hasta transcurridos, al menos, dos años desde que se realizó.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas: a) al ejercicio de la potestad sancionadora b) a la adopción de disposiciones de carácter general c) al ejercicio de la potestad sancionadora y a la adopción de disposiciones de carácter general.
De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación interorgánica puede afirmarse que: a. la delegación podrá realizarse a favor de otros órganos, siempre que sean jerárquicamente dependientes b. las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia c. podrá ser objeto de delegación la adopción de disposiciones de carácter general d. podrá ser objeto de delegación la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la delegación de competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general: a) Podrán ser objeto de delegación de competencias, pero entre órganos de una misma Administración b) No podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración c) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante d) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el Consejo de Estado.
De acuerdo con lo establecido en el art. 9.2b Ley 40/2015 LRJSP no pueden ser objeto de delegación interorgánica: a) Ni la adopción de disposiciones de carácter general ni la adopción de resoluciones de carácter sancionador b) La adopción de disposiciones de carácter general no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la adopción de resoluciones de carácter sancionador c) La adopción de resoluciones de carácter sancionador no puede ser objeto de delegación interorgánica aunque sí la adopción de disposiciones de carácter general d) Tanto la adopción de disposiciones de carácter general como la adopción de resoluciones de carácter sancionador pueden ser objeto de delegación interorgánica.
¿Cuál de estas condiciones le corresponde a la delegación interorgánica y, en cambio, no lo hace en el caso de la delegación de firma? a) Que no altera la atribución de la titularidad de la competencia propia de cada órgano b) Que puede hacerse sobre competencias que, a su vez, le han sido delegadas c) Que debe quedar publicada en el Boletín oficial correspondiente d) Que corresponde o afecta a órganos internos de un mismo ente en los que existe necesariamente una estricta relación de jerarquía.
Un órgano administrativo pretende formalizar, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una delegación hacia otro órgano jerárquicamente dependiente para que resuelva el recurso de alzada contra un acto que tal órgano ha emitido y que ahora es objeto de recurso. ¿Es posible? Art. 9.2c Ley 40/2015 LRJSP a) Sí, puesto que al haber una relación de dependencia jerárquica y estar publicado, la delegación es aceptada b) No, porque la delegación intersubjetiva exige mutuo acuerdo entre ambas partes c) No, porque no cabe delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso d) Sí, se trata de un supuesto de delegación interorgánica del ejercicio de competencias delegables.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas, conforme se establece en el art. 9.4 Ley 40/2015 LRJSP a) Por el órgano delegante b) Por el órgano delegado c) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de los términos en que se haya realizado la delegación d) Por el órgano delegante o por el órgano delegado en función de la materia sobre la que recaiga.
Cuando un órgano administrativo superior recupera el ejercicio de una determinada competencia que hubiera delegado a un órgano inferior, estamos estrictamente ante (art. 9.6) a) La revocación de delegación intersubjetiva b) Una avocación interorgánica c) Una encomienda de gestión interorgánica d) La revocación de la delegación interorgánica.
Señale la respuesta correcta en relación a la delegación de firma, de conformidad con el art. 12 Ley 40/2015 LRJSP a) Debe publicarse preceptivamente en el Diario oficial que corresponda b) Sólo cabe en favor de órganos en los que existe una relación de estricta jerarquía c) Puede hacerse en favor de otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes d) Sólo cabe en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público los titulares de los órganos administrativos: a) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. b) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten por atribución, pero no por delegación de competencias c) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten exclusivamente por delegación de competencias, pero no por atribución. d) No podrán nunca delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos.
Según la LRJPAC, la sucesión transitoria en la titularidad de un órgano en exclusiva por razones de vacante, ausencia o enfermedad se denomina: a) Delegación intersubjetiva b) Encomienda de gestión c) Delegación de firma d) Suplencia.
Por lo que se refiere a la delegación de competencias, y de acuerdo con la Ley 40/2015, hay que afirmar que a) no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento cuando la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe b) cuando la norma reguladora un procedimiento prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe, sólo podrá delegarse la competencia para resolverlo una vez que se haya emitido dicho dictamen o informe preceptivo c) no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión a. supone la cesión de la titularidad de la competencia b. supone la cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio c. tiene por objeto la realización de actividades de carácter material o técnico d. puede suponer la cesión de la titularidad de la competencia, de los elementos sustantivos de su ejercicio o tener por objeto la realización de actividades de carácter material o técnico.
En relación con la encomienda de gestión, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, ha de afirmarse que a) supone cesión de la titularidad de la competencia b) supone cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia c) es responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho público por otros órganos o Entidades de Derecho público, realizada por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos, se cataloga de manera estricta como a) Delegación interorgánica b) Desconcentración funcional o por tareas c) Delegación de firma d) Encomienda de gestión.
La encomienda de gestión supone, conforme queda establecido en el art. 11 Ley 40/2015 LRJSP a) La transferencia completa de la titularidad de una competencia b) La transferencia de los elementos sustantivos del ejercicio de una competencia c) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios d) La atribución de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así como la de dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
Un órgano administrativo ha atribuido a otro órgano de la misma Administración la realización de una actividad de carácter material o técnico, basando tal decisión en estrictas razones de eficacia. Según el art. 11.1 Ley 40/2015 LRJSP ¿Ante qué tipo de traslación competencial estamos específicamente? a) Una delegación intersubjetiva b) Una suplencia técnica o funcional c) Una descentralización funcional d) Una encomienda de gestión interorgánica.
La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de otro órgano, por razones de eficacia, se denomina a) Delegación intersubjetiva b) Encomienda de gestión c) Delegación de firma d) Suplencia.
Según dispone el art. 11.2 Ley 40/2015 LRJSP, las encomiendas de gestión que tengan por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público a) No son ya legalmente posibles para evitar subvertir la regulación de contratos públicos b) Deben formalizarse por acuerdo expreso cuando se realice entre órganos o Entidades pertenecientes a la misma Administración c) Debe formalizarse por convenio, que habrá de ser publicado en el diario oficial que corresponda d) Puede ser realizada en favor de órganos o entidades de la misma o distinta Administración.
En la encomienda de gestión: a) hay, como regla general, traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas b) no hay traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas c) no hay traslado de competencias jurídicas, pero sí de potestades administrativas.
La avocación por un órgano superior, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJP AC): a) Está prohibida por ser incompatible con el carácter irrenunciable de la competencia b) Sólo resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda por delegación a sus órganos administrativos dependientes c) Nunca resulta posible respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes d) Resulta posible, con carácter general, respecto de aquellos asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes.
En nuestro ordenamiento, la avocación interorgánica, de acuerdo con la LRJPAC: a.- Supone que el órgano superior se hace cargo con carácter general e indefinido del ejercicio de una competencia del inferior b.- Supone que el órgano superior conoce de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos inferiores c.- Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior el conocimiento de un asunto cuya resolución le corresponde d.- Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior con carácter general e indefinido el ejercicio de una competencia.
Conforme establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando un ente territorial inferior gestiona obligatoriamente servicios de otro superior que, no obstante, mantiene la titularidad de la competencia, estamos ante: a) Una delegación intersubjetiva b) Una avocación interorgánica c) Una gestión forzosa d) Una encomienda de gestión interorgánica.
En una avocación interorgánica, si se presenta un recurso contra la decisión o resolución que resuelva el procedimiento según ha sido adoptada por el órgano que ha avocado la competencia (avocante) ¿Quién y cómo debe resolverlo? a) El órgano a quien correspondía la competencia antes de la avocación, en cualquier caso b) Caben los recursos que normalmente se admiten contra los actos del órgano avocante, ante quien correspondan c) No cabe recurso alguno contra tal decisión d) Ninguna de las anteriores es correcta.
En nuestro ordenamiento, la avocación interorgánica, de acuerdo con el art. 10 Ley 40/2015 LRJSP: a) Supone que el órgano superior se hace cargo con carácter general e indefinido del ejercicio de una competencia del inferior b) Supone que el órgano superior conoce de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos inferiores c) Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior el conocimiento de un asunto cuya resolución le corresponde d) Supone que el órgano superior remite a un órgano inferior con carácter general e indefinido el ejercicio de una competencia.
Una de las siguientes facultades o poderes no corresponde, estrictamente hablando y sin mayores detalles, al poder jerárquico a) El poder de anular o por el contrario de ratificar definitivamente los actos de los inferiores mediante la avocación de su decisión o una delegación confirmatoria b) El poder de inspección, de vigilancia o control sobre la actividad de los inferiores c) La facultad disciplinaria sobre los titulares de los órganos inferiores, facultad cada vez más reservada a órganos superiores de cada Administración d) La posibilidad de resolver conflictos de competencia entre órganos inferiores.
Son funciones propias de una relación de jerarquía, de acuerdo con el sistema jurídico español a) La facultad de negociar Convenios de colaboración intersubjetiva y de establecer comisiones de trabajo b) La facultad de establecer normas reglamentarias de efectos externos o generales y de dictar actos administrativos derivados de éstos c) La inspección y control de la actividad de los inferiores; la facultad disciplinaria; y la de delegar o avocar competencias, entre otras d) La facultad de dictar leyes para el ámbito territorial que sea competencia jerárquica del órgano que se trate.
Cuando no se trata de relaciones de jerarquía entre órganos, sino intersubjetivamente en que existe una cierta posición de superioridad entre administraciones territoriales autónomas, entonces estamos hablando, estrictamente de a) Relaciones de supremacía b) Relaciones de jerarquía aligerada c) Relaciones de jerarquía orgánico-territorial d) Relaciones de jerarquía intersubjetiva.
La denominada "descentralización por servicios" es la también denominable: a) Descentralización funcional b) Desconcentración fiticia c) Descentralización territorial.
La técnica por la que mediante norma expresa se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público se conoce como a) desconcentración b) delegación intersubjetiva de competencias c) descentralización.
El reconocimiento de personalidad a un servicio o actividad administrativa con la finalidad de otorgarle una mayor libertad de gestión, se la denomina: a) Desconcentración b) Descentralización c) Descentralización funcional d) Delegación interorgánica.
De acuerdo con la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (LRJPAC), la transferencia por norma expresa de la titularidad de una competencia de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público, se denomina: a) Desconcentración b) Descentralización interorgánica c) Descentralización funcional d) Delegación interorgánica.
¿En qué se diferencia, del modo más exacto, la descentralización de la desconcentración, tal y como están establecidas de manera general en nuestro ordenamiento? a) En nada: la primera es adjetivable "por funciones" (o ficticia) y la segunda es denominada "estructural u orgánica" b) La descentralización es una decisión territorial política; la desconcentración es una decisión administrativa para trasladar funciones o servicios entre distintos entes siempre territorialmente subjetivos c) Esencialmente, la desconcentración es definitiva; en tanto que la descentralización es temporal d) La descentralización es una traslación de competencias territoriales de signo contrario a la centralización; la desconcentración es la traslación de competencias dentro del mismo ente público.
Conforme con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), la delegación de la potestad reglamentaria –o elaboración de normas generales de carácter reglamentario– en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellos, a) Basta con que se publique en el Diario oficial que corresponda b) Simplemente deberá publicarse en el Diario oficial que corresponda e indicar expresamente esta circunstancia en la disposición que se adopte c) Sólo es posible en determinados casos, según la materia de que se trate d) No es jurídicamente posible en ningún caso.
La técnica de traslación competencial por la que, mediante una norma expresa, se traspasa la titularidad de una o varias competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público sería la denominada: a) Encomienda de gestión. b) Delegación de competencias c) Desconcentración.
La transferencia tanto de la titularidad como del ejercicio de una competencia se denomina, en nuestro ordenamiento, a) Desconcentración b) Delegación c) Encomienda de gestión d) Avocación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podra ser a) Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias b) Delegadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias c) Descentralizadas en otros jerárquicmente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias d) Objeto de descentralización funcional en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales? a) Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local b) Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las
Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales c) Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local d) La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno.
De acuerdo con la Ley 40/2015, el principio en virtud del cual "una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico" es el principio de: a) jerarquía b) coordinación c) cooperación.
El Consejo para la Unidad de Mercado es a) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley. b) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, privado de la posibilidad de tomar decisiones ejecutorias frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley, así como de toda potestad sancionadora c) un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley.
Las Conferencias Sectoriales son, según queda regulado en la Ley 30/1992 a) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas b) Órganos de coordinación forzosa del Estado sobre las Comunidades Autónomas c) Órganos de cooperación del Estado con los Entes Locales d) Órganos de coordinación forzosa del Estado sobre los Entes Locales.
¿Cuál de estas NO es, estrictamente, una técnica de las que están directamente previstas en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público (LRJSP) con respecto al cumplimiento de las obligaciones de colaboración administrativa: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del órgano público o entidad a la que se dirige la solicitud. b) La creación y mantenimiento de sistema integrados de información administrativa c) El deber de asistencia y auxilio d) La sustitución inter-orgánica en el ejercicio de la competencia para la que se solicita la colaboración cuando el órgano que la solicita no puede ejercerla por no ser competente o carecer de medios.
En relación con la colaboración y cooperación entre entes públicos debe afirmarse que a) equivalen a una coordinación forzosa b) que equivalen a una coordinación voluntaria c) que la colaboración equivale a una coordinación forzosa y la cooperación equivale a una coordinación voluntaria d) que la colaboración equivale a una coordinación voluntaria y la cooperación equivale a una coordinación forzosa.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes" se identifica con el principio de a) colaboración b) cooperación c) coordinación.
La Conferencia Sectorial a) es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado b) es un órgano de cooperación de composición bilateral y ámbito sectorial determinado c) es un órgano de cooperación de composición bilateral y ámbito general.
Qué notas caracterizan mejor, y de manera genérica, los Convenios de colaboración según la Ley 30/1992, de régimen jurídico de la Administración del Estado y el Procedimiento administrativo común (en adelante, LRJPAC): a) Que no suponen renuncia de competencias propias; y permiten la creación de organizaciones consorciales dotadas de personalidad jurídica propia para su consecución. b) Que deben quedar publicados en el BOE o Boletín autonómico correspondientes; y que son siempre de carácter voluntario (es decir, que no obligan a las Administraciones intervinientes). c) Que suponen la entrega de competencias propias a otras Administraciones, locales o de otro tipo, creadas ad hoc; siendo así un claro fenómeno de descentralización funcional d) Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante, LRJPAC), las Comisiones Bilaterales de Cooperación son: a) Órganos de cooperación entre el Estado y las Corporaciones locales de composición bilateral. b) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas de composición multilateral. c) Órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas de composición bilateral. d) Los órganos de gobierno de los entes locales inferiores al municipio que actúan de acuerdo con el principio de cooperación con las Comunidades autónomas.
Las Conferencias sectoriales de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas, según la LRJP AC, se caracterizan por: a) Ser presididas por el Ministro del ramo correspondiente que tiene voto privilegiado en los acuerdos adoptados. b) Tomar decisiones vinculantes para todas las partes siempre por mayoría de sus miembros. c) Reunirse obligatoriamente al menos dos veces al año para informar sobre las leyes de armonización que se les someten a consideración d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En cuanto al principio de cooperación y de acuerdo con la vigente regulación establecida en la Ley 40/2015 LRJSP, la cooperación entre Administraciones Públicas a) Es obligatoria en determinados casos que establece la normativa general b) Es siempre y en todo caso obligatoria c) Es siempre voluntaria, por lo que requiere aceptación expresa d) Es voluntaria solamente en determinados casos, establecidos expresamente en la norma.
La asistencia y cooperación requerida en virtud del principio de lealtad institucional, de acuerdo con el contenido del art. 141.2 la Ley 40/2015 LRJSP a) Sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla b) Sólo podrá denegarse cuando el ente del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello c) Sólo podrá denegarse cuando de lo contrario el ente del que se solicita causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones d) Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Puede negarse una Administración a colaborar con otra? ¿Cuál es la respuesta más correcta de acuerdo con los casos o supuestos que recoge el art. 141.2 Ley 40/2015 LRJSP?: a) No puede en ningún caso si la solicitud se ha hecho mediante el procedimiento previsto en dicha norma b) No puede negarse en modo alguno, pues es un principio constitucional insoslayable y, por eso, recibe amparo por el TC c) Sí puede negarse, por ejemplo, cuando el organismo público o la entidad de la que se solicita ayuda no está facultada para prestar tal competencia, conforme a su normativa específica, o carece de medios suficientes para ello d) Sí, pero única y exclusivamente cuando se trate de información confidencial o reservada o causara perjuicio a terceros.
¿Cuál o cuáles son estructuras previstas en nuestro ordenamiento para facilitar la cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas y qué carácter tienen tales estructuras? a) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Multilaterales de Cooperación como órganos; y las Comisiones delegadas como estructuras funcionales b) Entre otras posibles, las Conferencias sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación como órganos; y los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de colaboración como convenios c) Únicamente los Convenios de cooperación como instrumentos, derivados de las Comisiones paritarias de cooperación, que es el órgano que los elabora d) Únicamente las Conferencias de cooperación como instrumentos de las estructuras de colaboración que se creen ad hoc.
¿Cuál es el órgano competente para resolver los litigios que se susciten en aplicación de los convenios de colaboración entre el Estado y las Comunidades autónomas? a) Solamente el Tribunal Constitución, de modo exclusivo b) Exclusivamente por un órgano mixto de vigilancia y control, creado obligatoriamente para ello por la norma que establezca tal cooperación c) Un órgano mixto de vigilancia y control, si se crea; y la jurisdicción contencioso-administrativa o constitucional, ulteriormente d) De manera exclusiva y prioritaria corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
En relación con las decisiones de las Conferencias Sectoriales, y de conformidad con la Ley 40/2015, debe afirmarse que pueden revestir la forma de a) acuerdo y directriz b) acuerdo y recomendación c) recomendación y directriz.
De acuerdo con los previsto en el art. 144.2.h Ley 40/2015 LRJSP la emisión de informes preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias es una técnica de a) Coordinación forzosa b) Control de legalidad c) Resolución de conflictos de competencias d) Cooperación.
El control de las disposiciones normativas con fuerza o rango de Ley adoptadas por las Comunidades Autónomas se ejerce por a) El Tribunal de Cuentas b) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa c) El Tribunal Constitucional d) El Delegado del Gobierno de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local a. Cualquier municipio b. Cualquier provincia c. Cualquier Comunidad Autónoma d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De manera simplificada, los conflictos entre los diferentes Ministerios (conflictos interministeriales) en la Administración General del Estado corresponde resolverlos: a) Al Presidente del Gobierno b) Al Consejo de Ministros c) Al Consejo de Estado d) Al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
¿Cuál de estas respuestas es la más exacta en cuanto a la capacidad de un ente local para plantear un conflicto constitucional en garantía o defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional? a) Es necesario el acuerdo mayoritario del órgano de gobierno de los entes locales recurrentes, con informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo consultivo de la Comunidad autónoma correspondiente o del Consejo de Estado según el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales b) Es necesario el informe preceptivo vinculante del Consejo de Estado en todo caso, y la decisión del Alcalde o Presidente de la Diputación correspondiente c) Es necesario el acuerdo mayoritario de al menos 1/7 de los municipios estatales o de los destinatarios de la norma concreta, sin otros requisitos adicionales d) Basta con el acuerdo simple del órgano de gobierno municipal, sin otros requisitos que el informe de sus servicios jurídicos locales correspondientes.
La legitimación para plantear los conflictos en defensa de la autonoma local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional corresponde a) siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo b) siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma c) al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto.
Los conflictos de competencia entre la Administración y los Jueces (conflictos de jurisdicción) los resuelve a. el Tribunal Constitucional b. el Tribunal Supremo c. el Consejo de Estado d. el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Los conflictos de competencias entre diferentes entidades locales se resolverán: a. Siempre y en todo caso por la Administración del Estado. b. Siempre y en todo caso por la Administración de las Comunidades Autónomas. c. Por la Administración del Estado o por la Administración de las Comunidades Autónomas, en función de las características del conflicto.
Las cuestiones o conflictos de competencia entre la Administración y los Jueces -denominados conflictos de jurisdicción- los resuelve a) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción b) La Audiencia Nacional c) El Tribunal Supremo d) El Consejo de Estado.
En los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a) se dictará una única sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida y, en su caso (es decir, si el Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado la autonomía local), también anulará la disposición legislativa enjuiciada. b) se dictará una sentencia que se limitará, en su caso, a anular la disposición legislativa enjuiciada. c) se dictará una sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida; la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada requerirá, en su caso, de una nueva sentencia.
La clasificación de los órganos administrativos según la cual éstos ostentan o no la posibilidad de originar relaciones intersubjetivas en nombre de la persona jurídica de la que formen parte, es: a) Órganos con competencia general o con competencias específicas. b) Órganos activos o de control, o consultivos, respectivamente. c) Órganos individuales o colegiados; simples y complejos respectivamente. d) Órganos externos o internos, respectivamente.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos a) por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. b) por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. c) directamente por la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónoma son resueltos por a) El Tribunal Constitucional b) Las Conferencias Sectoriales correspondientes c) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa d) El Tribunal Supremo, sala de garantías contencioso-administrativas.
Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia b. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto c. Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) tienen por objeto a. Normas del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada b. Normas del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada c. Exclusivamente normas de las Comunidades Autónomas con rango de ley o reglamento que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada d. Exclusivamente normas del Estado con rango de ley o reglamento que lesiones la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se refieren a aquellos conflictos que enfrentan al Estado o las Comunidades Autónomas con las Entidades locales, en particular con ocasión de a. Una norma o disposición con rango de ley, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada b. Una norma o disposición con rango reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada c. Una norma o disposición con rango de ley o reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada d. Una norma o disposición con rango de ley o reglamentario, o un acto administrativo ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los conflictos en defensa de la autonomía local tienen por objeto: a. Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley. b. Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario. c. Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley. d. Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
¿Qué requisito NO es correcto en relación a la posibilidad de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local regulado en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): a. Si se trata de un conflicto planteado ante una ley general, están legitimados un séptimo del número de municipios de ámbito territorial que quede afectado que representen al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado. b. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano plenario de las corporaciones locales recurrentes. c. Están legitimados al menos un tercio de las provincias que representen, al menos, otro tercio de la población oficial del territorio afectado por la norma. d. Cualquier municipio o provincia en caso de que sea el único destinatario de la ley objeto del conflicto.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local a) Sólo las normas o disposiciones del Estado con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada b) Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada c) Una norma o disposición del Estado con rango reglamentario que lesione la autonomía local constitucionalmente garantizada d) Una norma o disposición del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de ley o con rango reglamentario que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos en defensa de la autonomía local tienen por objeto a) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley b) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario c) Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley d) Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
El Estado ha aprobado una norma con rango de Ley que afecta a varias provincias y que, según algunas de estas, vulnera la autonomía local constitucionalmente protegida ¿Cómo pueden actuar esas provincias afectadas? a) Solamente podrían plantear un debate político con el Estado b) Pueden plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el TC ellas mismas, siempre y cuando representen al menos la mitad de las provincias del ámbito territorial afectado y representen la mitad de la población c) Deben acudir a la vía del recurso mediante la apelación a la Comunidad autónoma en que estén situadas d) No pueden recurrir ante el TC, solamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cuando un acto o acuerdo adoptado por una Entidad local, la que fuere, menoscabe alguna competencia propia del Estado o de una Comunidad Autónoma o interfiera en su ejercicio, dichas Administraciones pueden, de acuerdo con nuestro ordenamiento a) Interponer recurso contencioso-administrativo (es decir, se trata de un control realizado por la jurisdicción contencioso-administrativa) b) Disolver los órganos de la Corporación Local, procediendo a la convocatoria de elecciones parciales c) Disolver los órganos de la corporación local, asumiendo la Diputación provincial o la Comunidad
Autónoma la gestión ordinaria hasta la finalización del mandato d) Sustituir la actividad del Ente local por la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Los conflictos de competencias que se producen entre diferentes Entidades locales se resuelven en nuestro ordenamiento, dicho sea de manera simplificada, por: a) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción b) La Administración del Estado o la de la Comunidad Autónoma c) El Tribunal Constitucional d) El Consejo de Estado.
La resolución de los conflictos que enfrentan al Estado o Comunidades Autónomas con las Entidades Locales con ocasión de disposiciones generales [de rango reglamentario] o actos administrativos que se considera lesionan la autonomía local corresponde: a) a la jurisdicción contencioso-administrativa. b) al Tribunal Constitucional. c) al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
En relación con el control y, en concreto, con el control de legalidad debe afirmarse que a) es aquel que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento b) hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional que corresponde al órgano investido de la competencia c) trata de verificar el comportamiento de la Administración desde el punto de vista de la relación de su actividad con los costes que genera y de los logros obtenidos en función de los esfuerzos desplegados para conseguirlos d) es esencialmente un control financiero o presupuestario.
Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios, son resueltos a) Por el Consejo de Ministros b) Por el Presidente del Gobierno c) Por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción d) Por el Tribunal Supremo, sala especial.
¿Cuál es el órgano o autoridad que tiene la competencia para resolver los conflictos interministeriales en la Administración General del Estado? a) El Consejo de Ministros. b) El Presidente del Gobierno c) Los Ministros implicados en el conflicto. d) El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
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