¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación a la coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales? a. Ha sido declarada inconstitucional por vulneración del principio de autonomía local b. Ha sido declarada constitucional como derivación del poder de jerarquía del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales c. Está aceptada y ha quedado regulada en la Ley de Bases de Régimen Local. d. La establecerá cada Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno.
En relación con los municipios puede afirmarse que la Constitución española, a. Ha establecido una tabla o listado de competencias locales, que el Legislador estatal puede ampliar. b. Ha establecido una tabla o listado de competencias locales, que el Legislador estatal no puede ampliar. c. No ha establecido una tabla o listado de competencias locales, pero sí ha señalado que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. d. No ha establecido una tabla o listado de competencias locales, ni ha señalado que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
En relación con los municipios, la Constitución: a) Niega la autonomía de los municipios, así como su personalidad jurídica, y los sujeta a la tutela del Estado b) Niega la autonomía de los municipios y los sujeta a la tutela de la Comunidades Autónomas, aunque dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena c) Garantiza la autonomía de los municipios y dispone que estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Las competencias de los municipios: a) Están establecidas en la Constitución b) No están establecidas en la Constitución, sino que se establecen de forma completa y acabada por la c) Ley de Bases de Régimen Local b) No están establecidas en la Constitución, ni tampoco se establecen de forma completa y acabada en la Ley de Bases de Régimen Local.
En relación con las competencias de las entidades locales debe afirmarse a. que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales b. que la Constitución NO ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, por lo que deberán determinarse por el Legislador que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, sin perjuicio de que dichas competencias puedan ampliarse por el Legislador.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL) la recogida de residuos y la limpieza viaria es: a) Una competencia municipal mínima u obligatoria b) Una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas c) Una competencia municipal delegada d) Una competencia municipal complementaria.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local a) Cualquier municipio b) Cualquier provincia c) Cualquier Comunidad Autónoma d) Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Cuál de estas respuestas es la más exacta en cuanto a la capacidad de un ente local para plantear un conflicto constitucional en garantía o defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional? a) Es necesario el acuerdo mayoritario del órgano de gobierno de los entes locales recurrentes, con informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo consultivo de la Comunidad autónoma correspondiente o del Consejo de Estado según el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales b) Es necesario el informe preceptivo vinculante del Consejo de Estado en todo caso, y la decisión del Alcalde o Presidente de la Diputación correspondiente c) Es necesario el acuerdo mayoritario de al menos 1/7 de los municipios estatales o de los destinatarios de la norma concreta, sin otros requisitos adicionales d) Basta con el acuerdo simple del órgano de gobierno municipal, sin otros requisitos que el informe de sus servicios jurídicos locales correspondientes.
Qué requisito no es correcto en relación a la posibilidad de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local regulado en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)?: a) Si se trata de un conflicto planteado ante una ley general, están legitimados un séptimo del número de municipios de ámbito territorial que quede afectado que representen al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano plenario de las corporaciones locales recurrentes c) Están legitimados al menos un tercio de las provincias que representen, al menos, otro tercio de la población oficial del territorio afectado por la norma d) Cualquier municipio o provincia en caso de que sea el único destinatario de la ley objeto del conflicto.
Las denominadas “competencias municipales propias”, de acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL) a. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas b. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, aunque con sujeción al control y tutela del Estado y de las Comunidades Autónomas c. Se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/1985 (LBRL), el transporte colectivo urbano de viajeros es un servicio público que según cuál sea su naturaleza debe prestarse a. Al ser un servicio mínimo u obligatorio debe prestarse en todo caso en todos los municipios b. Por ser un servicio necesario debe prestarse en los municipios con población superior a 5.000 habitantes c. No es una competencia mínima u obligatoria, por lo que su prestación depende de lo que establezca cada Ayuntamiento d. Se trata de un servicio mínimo u obligatorio que debe prestarse en los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
La competencia municipal sobre el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, son en ambos casos competencias catalogables como: a. Competencias delegadas b. Competencias impropias c. Competencias indistintas d. Competencias propias.
De acuerdo con la antes citada LBRL, la recogida de residuos y la limpieza viaria es a. Una competencia municipal mínima u obligatoria b. Una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas c. Una competencia municipal delegada d. Una competencia municipal complementaria.
En relación con la posibilidad de constituir Consorcios por parte de las entidades locales puede afirmarse, conforme a la Ley 7/1985 (LBRL), que a. Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas, pero nunca con entidades privadas b. Las entidades locales pueden constituir consorcios con entidades privadas, pero nunca con otras Administraciones públicas c. Las entidades locales no pueden constituir consorcios d. Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas que cumplan determinados requisitos.
Puede afirmarse que el grado de autonomía de las Entidades Locales: a. Depende de las competencias que tienen garantizadas como propias, exclusivamente. b. Depende de las competencias que tienen garantizadas como propias, y de la mayor o menor independencia en su ejercicio. c. Es casi inexistente, pues dichas Entidades Locales están sometidas a un control directo, intenso y generalizado por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con la LRBRL en su regulación dada recientemente por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el alumbrado público es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria. b. Una competencia de la Comunidad Autónoma delegable en el municipio. c. Una competencia de la Administración del Estado delegable en el municipio. d. Una actividad municipal complementaria de las propias de otras Administraciones Públicas.
De acuerdo con la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 (LRBRL) tras su modificación por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la importante competencia sobre el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria y exclusiva en todo caso. b. Una competencia propia de los Municipios, aunque pueda estar coparticipada con otros entes superiores. c. Una competencia delegada, pues corresponde en exclusiva al Estado. d. Una actividad complementaria de los entes municipales que corresponde a las Comunidades autónomas de manera principal.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias propias de los municipios se ejercen a. con autonomía y bajo la propia responsabilidad, y por tanto, sin necesidad de atender a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas b. con autonomía y bajo la propia responsabilidad, pero atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas c. con sujeción a controles y tutelas de las demás Administraciones Públicas d. con sujeción a las órdenes e instrucciones dictadas por la Administración delegante.
Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia b) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto c) Declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto d) Declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto, pero la declaración, en su caso, de vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada requerirá nueva sentencia.
De acuerdo con las Ley reguladora de las Bases del Régimen Local con la Ley 7/1985 (LBRL) tras su modificación por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la vigilancia y control de la contaminación ambiental es: a. Una competencia municipal mínima u obligatoria, en todo caso. b. Una competencia propia de los Municipios siempre. c. Una competencia delegable en los municipios por otras administraciones. d. Una actividad complementaria o voluntaria.
No es una competencia propia de las provincias, de acuerdo con el régimen general establecido por la Ley 7/1985 (LBRL) de bases del régimen local con las últimas modificaciones a. La dirección de la política urbanística de los municipios integrados en la provincia correspondiente, sin perjuicio de la competencia estatal en la materia b. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo las competencias del resto de Administraciones públicas c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supra comarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios municipales.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 (LRBRL), la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes es una competencia de a. La Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente b. La Diputación o entidad equivalente c. La Administración general del Estado d. La Administración de la Comunidad Autónoma o del Estado, en función de la población municipal.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), los entes locales necesarios tienen, entre otras, las siguientes potestades públicas: a. La potestad reglamentaria, la sancionadora y la expropiatoria. b. La potestad expropiatoria y la sancionadora, pero no la reglamentaria. c. La potestad reglamentaria y la sancionadora, pero no la expropiatoria.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal que aprueba la Diputación o entidad equivalente podrá financiarse: a) Exclusivamente con medios propios de la Diputación o entidad equivalente b) Con medios propios de la Diputación en entidad equivalente, y excepcionalmente con aportaciones municipales c) Con medios propios de la Diputación en entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.
Las Diputaciones Provinciales están presididas: a. Por el Gobernador Civil de cada provincia. b. Por el Subdelegado del Gobierno en la Provincia. c. Por un Presidente de la Diputación elegido por el Pleno de dicha Diputación Provincial.
¿Es posible por parte del Estado la disolución de los órganos de las Corporaciones locales y la convocatoria de nuevas elecciones parciales, mientras se administra provisionalmente el ente local correspondiente? ¿En qué caso? a. No es posible, puesto que el TC ha eliminado cualquier control directo de los entes locales, solamente siendo posible un control jurisdiccional de sus actuaciones b. Sí es posible, cuando se trate de una gestión gravemente dañosa para los intereses generales y suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales; mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con conocimiento del Consejo de gobierno de la Comunidad autónoma y acuerdo previo favorable del Senado c. Sí, mediante acuerdo del Senado con informe favorable del Tribunal Constitucional; correspondiendo la administración al primero d. No, salvo que se menoscabe la competencia del Estado o de una Comunidad autónoma y mediante acuerdo del respectivo Consejo de gobierno (el Consejo de Ministros o el de gobierno autonómico).
¿Podría realizarse un control gubernativo directo con disolución de los órganos de las corporaciones locales? ¿Cuándo, con qué condiciones y en qué caso? a) Nunca puede ocurrir tal situación, dado el carácter fuerte del principio de autonomía municipal constitucionalmente garantizado; solamente podrán impugnarse sus actos, a posteriori, ante la jurisdicción correspondiente b) Solamente en aquellos casos en los que no se pueda constituir gobierno local por falta de acuerdo de los concejales elegidos en un proceso electoral o que se presente una moción de censura sin candidato alternativo c) Mediante convocatoria de elecciones parciales y con la provisional administración ordinaria de la corporación, en casos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de las obligaciones constitucionales d) Sin necesidad de convocar elecciones, mediante la administración directa sin plazo, en caso de gestión gravemente dañosa para el interés general.
Según la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (LBRL), la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales a. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados b. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado c. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado d. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados.
Las relaciones de control y tutela del gobierno sobre las corporaciones locales pueden llegar hasta a. La prisión de los miembros de una corporación local b. La amonestación política de los autores de la infracción correspondiente c. La eliminación del municipio del mapa de entes locales d. La disolución de los órganos de las corporaciones locales en unos supuestos tasados.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas (CA) considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico a. Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente b. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa c. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa d. Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo.
¿En qué casos cabe un control de legalidad de un acto emitido por un Ayuntamiento ante la Ley 26/1998 (LRJCA), la Jurisdicción contencioso-administrativa? a) Cuando infrinja el ordenamiento jurídico; cuando menoscabe una competencia del Estado o de una Comunidad autónoma, interfiera su ejercicio o exceda de la propia competencia municipal; y cuando atente gravemente al interés general de España b) Sólo cuando un acto sea contrario a la Constitución y haya sido sometido a un proceso ante el Tribunal Constitucional con resultado negativo c) Cuando sea sometido a un proceso de amparo ante el Tribunal constitucional por parte de un particular o sea objeto de un recurso de inconstitucional por el Estado o la Comunidad autónoma correspondiente d) Solamente cuando atente gravemente contra el interés general de España, pues el resto de casos deben ser sometidos, en exclusiva, ante la sala de conflictos del Tribunal constitucional.
Cuando un acto o acuerdo adoptado por una Entidad local, la que fuere, menoscabe alguna competencia propia del Estado o de una Comunidad Autónoma o interfiera en su ejercicio, dichas Administraciones pueden, de acuerdo con nuestro ordenamiento: a. Interponer recurso contencioso-administrativo (es decir, se trata de un control realizado por la jurisdicción contencioso-administrativa). b. Disolver los órganos de la Corporación Local, procediendo a la convocatoria de elecciones parciales. c. Disolver los órganos de la corporación local, asumiendo la Diputación provincial o la Comunidad Autónoma la gestión ordinaria hasta la finalización del mandato. d. Sustituir la actividad del Ente local por la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma considere que el acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, a. puede anularlo directamente, sin necesidad de requerimiento previo a la entidad local b. puede anularlo directamente, previo requerimiento a la entidad local c. no puede anularlo directamente.
¿Prevé la Ley de Bases de Régimen Local la posibilidad de disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales? a. No, en ningún caso. b. Sí, por el Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado c. Sí, por el Consejo de Ministros o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con lo previsto en citada LRBRL, ¿quién podrá proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales? a. Nadie, porque el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esta previsión. b. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. c. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. d. El Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, a) Podrá suspenderos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés b) No podrá suspenderlos, pero sí impugnarlos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa pretendiendo su anulación c) Podrá anularlos directamente y adoptar todas las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.
Los conflictos en defensa de la autonomía local, es decir, los conflictos que enfrentan al Estado o a las Comunidades Autónomas con las Entidades locales con ocasión de una norma con rango de Ley del Estado o de una Comunidad Autónoma que pudiera vulnerar la autonomía local a. serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado. b. serán resueltos por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción c. serán resueltos por el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos en defensa de la autonomía local tienen por objeto a) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley b) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario c) Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley d) Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local puede afirmarse de forma simplificada que, en caso de gestión gravemente dañosa que suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de las corporaciones, podrá procederse a la disolución de los órganos de las corporaciones locales por a) El Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable del Senado c) El Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado.
La legitimación para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional corresponde a) Siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo b) Siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma c) Al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto.
Los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) son conflictos que enfrentan al Estado o a la Comunidades Autónomas con las Entidades Locales con ocasión a) De una norma o disposición con rango reglamentario o de un acto administrativo, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada b) De una norma o disposición con rango de Ley o reglamentario, ya sea del Estado o de una Comunidad c) Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada d) De una norma o disposición con rango de Ley, ya sea del Estado o de una Comunidad Autónoma, cuando se considere que lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada.
La convocatoria y posterior sesión del Pleno municipal, debe cumplir, de acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL), los siguientes requisitos generales a. Hacerse con, al menos, dos días hábiles de antelación (salvo las extraordinarias convocadas como urgentes); y la sesión será pública de manera general b. Pueden convocarse en cualquier momento por el Alcalde, señalando el orden del día de acuerdo con el resto de concejales; siendo públicas en todo caso c. Salvo en el caso de las urgentes, deben convocarse con, al menos, una semana de antelación; el orden del día es potestativo de la propia sesión, que puede alterarlo o modificarlo con libertad plena d. No puede convocarse una sesión sin acuerdo previo en la sesión anterior; la cual también fija el orden del día (salvo para el caso de las extraordinarias).
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo, a) Cada semana en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes. b) Cada dos semanas en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes. c) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
¿Quién y cómo se fija, de modo general, el orden del día para el Pleno de los Ayuntamientos de modo regular (es decir, en situación normal sin urgencia)? a. Lo establece el Alcalde, pudiendo solamente incluir, de modo general, lo asuntos que hayan sido previamente dictaminados e informados por la comisión informativa que corresponda. b. Lo fija el Alcalde, habiendo oído a la Junta de Gobierno Local y, en su caso, la Comisión especial de cuentas. c. Lo fija la Junta de Gobierno Local, habiendo sido informados previamente por los servicios jurídicos y contables correspondientes. d. Lo establece el Alcalde, de manera libre, sin necesidad de previo dictamen o informe de órgano alguno, dentro del plazo establecido al efecto.
¿Qué actos de las Corporaciones Locales ponen fin a la vía administrativa? a. Los del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno b. Los de las Autoridades anteriormente mencionadas y los de órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación de éstas c. Los del Pleno y las Juntas de Gobierno d. Los de los Alcaldes o Presidente.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan a. Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes b. Siempre, por mayoría absoluta c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes d. Como regla general, por mayoría absoluta.
¿Puede aprobarse un Acuerdo municipal no comprendido en el orden del día de una sesión municipal ordinaria u extraordinaria? ¿En qué caso o casos? a. Nunca en las sesiones extraordinarias. Sí en las sesiones ordinarias, si hay especial y previa declaración de urgencia realizada por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación b. No, en ningún caso; son nulos de pleno derecho todos los acuerdos aprobados sin estar incluidos en el orden del día c. Sí, en las sesiones extraordinarias, si hay mayoría de miembros y aceptan la urgencia; pero nunca en las sesiones ordinarias d. Sí, en todo tipo de sesiones siempre y cuando el Pleno así lo acepte por mayoría reforzada y, así, se exima del informe previo preceptivo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local hay que señalar que los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, a. como regla general, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. b. como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. c. siempre, por mayoría simple de los miembros presentes.
Vd. es Concejal de un municipio de mediana población que tiene 25 concejales en su Corporación. El Alcalde ha convocado un Pleno para aprobar el cambio de denominación, escudo y bandera de su localidad. Faltan cinco concejales. ¿Pueden aprobarse tales cambios (de acuerdo con la información proporcionada)? ¿Qué tipo de quórum y de mayoría se necesita? a. No puede aprobarse porque un cambio de estos aspectos requiere la presencia de la totalidad de los miembros de la Corporación y mayoría absoluta de todos los presentes. b. Sí puede aprobarse, porque existe quórum exigido de al menos 1/3 de los miembros, en la constitución y desarrollo de la sesión; la votación requiere la mayoría absoluta del número legal de miembros. c. Puede tramitarse porque no importa el quórum sino, solamente, que exista una mayoría absoluta que es más votos a favor que en contra de los concejales presentes en la sesión (o al menos durante su constitución). d. Existe quórum en este caso y basta con una mayoría simple del número legal de miembros oficiales.
Conforme señala la Ley 7/1985 (LBRL) en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales a. Hay un trámite de información pública y audiencia a los interesados b. Hay un trámite de audiencia a los interesados, pero no de información pública c. No hay trámite de información pública, ni audiencia a los interesados, pero sí de audiencia a las asociaciones de vecinos d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL), podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a. Cualquiera de los miembros de las Corporaciones, en todo caso b. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, se hubieran abstenido, o estuvieran ausentes por causa justificada c. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos d. Ninguna de las anteriores es correcta.
¿En qué casos no cabe un control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en un acto emitido por un Ayuntamiento, según la Ley 7/1985 (LBRL) y el resto de normativa específica? a. Cuando menoscabe una competencia del Estado o de una Comunidad autónoma, interfiera su ejercicio o exceda de la propia competencia municipal b. Cuando atente gravemente al interés general de España c. Cuando el acto en cuestión, aunque no infrinja el ordenamiento jurídico, sea económicamente inviable y así lo establezca el Tribunal de Cuentas en un proceso de revisión previo d. Cuando infrinja el ordenamiento jurídico, en general.
De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local a. Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando, previo el oportuno requerimiento, la corporación local no las hubiera ejercitado b. Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando la corporación local no las hubiera ejercitado, sin necesidad de previo requerimiento c. Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar a la Comunidad Autónoma que sea ella quien ejercite la acción en nombre de la Entidad Local d. Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar dicho ejercicio al Ministerio de Administraciones Públicas, previo dictamen vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.
Los actos y acuerdos de las Entidades locales pueden ser impugnados en vía contencioso-administrativa a. Solo por el Estado y las Comunidades Autónomas b. Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado, las Comunidades Autónomas y los miembros de la Corporación que hubieren votado en contra c. Por los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, el Estado, y el Ministerio Fiscal d. Sólo por los miembros de la Corporación que se hubieran abstenido o hubieran votado en contra.
Ud. Acaba de ser elegido concejal en un Ayuntamiento, formando parte, una vez constituido el Pleno, de un grupo de la oposición. Ante la recalificación de unos terrenos llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento Vd. No está de acuerdo ¿Qué y cómo puede hacer para tratar de impedirla? a) No puede, porque los órganos de una Administración no pueden interponer recurso contra los actos de la misma; tendrá que esperar a que la Comunidad Autónoma o la Delegación del Gobierno actúen contra el acto en cuestión b) Sí, puede interponer recurso ante la jurisdicción civil en todo caso c) Sólo puede interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa si hubiere votado en contra de tal acto en el pleno en cuestión d) Solo y exclusivamente puede recurrir si estuviere legitimado con arreglo al régimen general del proceso contencioso-administrativo (es decir, que le afecte directamente tal recalificación o situaciones similares).
Los miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de los actos y acuerdos de la corporación, según lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, a. Están legitimados para impugnar dichos actos o acuerdos. b. No están legitimados para impugnarlos, porque ello supondría una excepción al principio de que las minorías deben acatar los acuerdos de las mayorías. c. No están legitimados para impugnarlos, aunque pueden exigir responsabilidad patrimonial a la corporación.
Según lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando el acto de alguna Entidad Local infrinja el ordenamiento jurídico, la Administración del Estado: a. Puede anularlo directamente. b. No puede anularlo directamente. c. Puede, previo acuerdo del Senado, disolver los órganos de la corporación local.
¿A quién habilita la Ley de Bases de Régimen Local para ejercer en nombre de la entidad local las acciones precisas en defensa de los bienes y derechos de dicha entidad local cuando ésta, previo requerimiento, no las hubiera ejercitado? a) A los vecinos b) A la Administración del Estado c) A la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando, previo el oportuno requerimiento, la entidad local no ejercitara las acciones precisas en defensa de sus bienes y derechos, podrá o podrán ejercitarlas en nombre de la entidad local: a) La Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente b) La Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente y los vecinos c) Los vecinos.
De acuerdo con la Ley 7/1985 (LBRL) a) Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando, previo el oportuno requerimiento, la corporación local no las hubiera ejercitado b) Los vecinos podrán ejercer en nombre de la Entidad Local las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de ésta cuando la corporación local no las hubiera ejercitado, sin necesidad de previo requerimiento c) Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar a la Comunidad Autónoma que sea ella quien ejercite la acción en nombre de la Entidad Local d) Los vecinos no podrán ejercer acciones en nombre de la Entidad Local, pero sí solicitar dicho ejercicio al Ministerio de Administraciones Públicas, previo dictamen vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.
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