Derecho Administrativo I

El Estado es: Sinónimo de los poderes públicos. Una organización política. Sinónimo de buen gobierno. Sinónimo de rey.

El Estado español es: Una República. Una monarquia parlamentaria. Un Estado absoluto. No es un estado, simplemente una nación.

¿Cuál forma parte del poder horizontal del Estado?. El poder legislativo. El poder ejecutivo. El poder judicial. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A través de la Administración Pública se manifiesta la actuación de: Los poderes públicos. Únicamente se manifiesta la del poder judicial. Únicamente se manifiesta la del poder ejecutivo. Únicamente se manifiesta la del poder judicial.

En relación con el Derecho Administrativo: Es una parte del derecho público general que permite comprender como se controla de la actividad de la Administración Pública. Es una parte del derecho privado general que permite comprender como se controla de la actividad de la Administración Pública. Es una parte del derecho público especial. Es una parte del derecho privado especial.

A través de la Administración: Se gestionan los intereses particulares para dar cierta prioridad al interés general. Se gestionan los intereses públicos para dar cierta prioridad al interés particular. Gestiona únicamente intereses públicos. Gestiona únicamente intereses privados.

El Estado español se puede definir como: Una República federada. Un Estado con autonomías. Una monarquía federada. Un Estado provincial.

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a: La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Únicamente a la Constitución. A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, pero únicamente los ciudadanos, no la Administración Pública. Únicamente comparte la obligación de estar sometidos a la Constitución española y no al derecho administrativo.

Las Cortes Generales: Representan a la Administración Pública. Ejercen la potestad legislativa del Estado. Controlan la acción de Gobierno. Las respuestas B) y C) son correctas.

La iniciativa legislativa corresponde: Al Gobierno. Existe la iniciativa legislativa popular, pero no en relación con todas las materias. Al Senado. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Al definir el concepto de Administración, se hace referencia a/al: Ordenar fines y medios de una organización mediante normas e instituciones para dirigir el esfuerzo colectivo. Ordenar fines y medios de una organización mediante normas e instituciones para dirigir el esfuerzo individual. A una entidad privada. Las respuestas A) y C) son correctas.

La organización más relevante, hasta hoy, de Administración política es: La empresa. El Estado. Las organizaciones internacionales. Las multinacionales.

La organización más relevante, hasta hoy, de la Administración económica es: La empresa. Las organizaciones internacionales. Las multinacionales. El Estado.

Una Administración: Siempre es de carácter público. Siempre es de carácter privado. Puede ser de carácter público o privado. Tiene siempre carácter político.

Actualmente, el Estado español es: Un Estado del bienestar. Un Estado benefactor. Un Estado asistencial. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

La Administración Pública vela por: Los intereses de los súbditos. Los intereses del monarca. Los intereses de los ciudadanos. Los intereses del presidente del Gobierno.

La Administración Pública: Está sometida al principio de legalidad. Responde ante el poder ejecutivo. Presta servicios para el poder judicial. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los poderes públicos: Únicamente pueden hacer aquellos que les está permitido. Pueden hacer aquello que les está permitido, igual que en el caso de los particulares. Están sometidos a control, para corroborar que su actuación es conforme a lo establecido por las leyes. Las respuestas A) y C) son correctas.

España es: Un Estado social y democrático de derecho. Una monarquía-republicana. Una administración centralizada. Un Estado Republicano.

Indique cuál de los siguientes es un problema o un reto al que se enfrenta la Administración Pública actualmente: La gestión de la e-Administración, ya que es una vía novedosa. La necesidad imperiosa de aumentar la cuota de funcionarios que trabajan en la misma, dado que la gran mayoría de los trabajadores son personal laboral. La necesidad de disponer de alguna clase de legislación que se regule algunas de sus actividades, ya que actualmente únicamente se rige por lo establecido en el articulado de la Constitución y en la Ley 40/2015. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Qué es el derecho administrativo?. Una disciplina académica. Una rama jurídica. No es un derecho público. Las respuestas A) y B) son correctas.

¿Cuándo se empieza a distinguir entre el derecho internacional y el derecho nacional?. En el siglo XVIII. En el siglo XIX. En el siglo XX. En el siglo XXI.

El derecho administrativo: Junto con el derecho constitucional, forma parte del derecho público general. Forma parte del derecho privado. Forma parte del derecho público especial. Se preocupa por los tributos.

El derecho penal es: Como el derecho administrativo, un derecho público general. Como el derecho administrativo, un derecho público especial. Un derecho público especial. El derecho encargado de regir la actuación de la Administración Pública.

La Administración pública y su régimen jurídico es: El objeto del derecho administrativo. El sujeto del derecho administrativo. Una organización no sometida a la Constitución española, por estar por encima de la misma. La primera forma en que se organizó la sociedad.

Los artículos 148 y 149 de la Constitución Española contemplan: La existencia de una única Administración que actúa centralizada. El reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades autónomas. El reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las Administraciones locales. La regulación sobre la estructura del poder judicial.

El modelo europeo-continental de Administración Pública: La regulación es de mínimos. El ciudadano es tratado como un cliente. El funcionario dispone de un Estatuto especial, a pesar de que la actual regulación incorpore el mismo en una regulación más global, el Estatuto del Empleado Público. Los trabajadores que la integran están bajo un régimen laboral.

Las primeras Administraciones españolas: Llevaron a cabo un proceso de descentralización. Llevaron a cabo un proceso de centralización. Llevaron a cabo un proceso de unificación. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Siguiendo la división horizontal de los poderes públicos, hablamos de: Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo y Administración General del Estado. Administración General del Estado y Administración autonómicas. Poder legislativo y Administración General del Estado.

El sector público: Es sinónimo de poderes públicos. Engloba la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Engloba las Universidades Públicas. Las respuestas B) y C) son correctas.

En relación con el ordenamiento jurídico español: Existe un único ordenamiento jurídico simple. Existe un ordenamiento jurídico complejo al que están sometidos otros ordenamientos simples que se sitúan en un rango inferior. Existen varios ordenamientos jurídicos simples vinculantes entre si. Existen diferentes ordenamientos en el mismo plano jerárquico.

¿Qué defiende el positivismo formalista estatal?. La preferencia del derecho estatutario. La existencia de un derecho natural. La preferencia de la tradición y la costumbre por encima de la ley. La prioridad del derecho público al privado.

El ordenamiento complejo: Integra varios ordenamientos simples. Esta integrado en un ordenamiento simple. Por sus características, es un ordenamiento de carácter internacional, en los Estados no existe tal ordenamiento, dado que no es necesario. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

En el ordenamiento jurídico: Debe haber coherencia. Se acepta que haya haber antinomias. Se acepta que haya haber lagunas. Se acepta la existencia de determinadas incongruencias.

¿Cuál de las siguientes es un criterio a tener en cuenta a la hora de aplicar una norma del ordenamiento jurídico?. La jerarquía. La cronología. La especialización. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Vía de superación de las llamadas “lagunas jurídicas”. Mediante el método de la heterointegración. Mediante el método de la autointegración. Las respuestas A) y B) son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Cada uno de los ordenamientos jurídicos del sistema español: Debe ser autónomo. Complementa al resto de ordenamientos jurídicos. Está en el mismo nivel jerárquico que el resto, se encuentra, en este sentido en un plano de igualdad, en el que no prevalece uno por encima del otro. Las respuestas A) y B) son correctas.

El ordenamiento de Naciones Unidas: Tiene una vocación universal. Es un ordenamiento sectorial. Es un ordenamiento estatal. Es un ordenamiento federal.

¿Cuántos ordenamientos de organizaciones internacionales existen?. 1. 10. 40. Más de 100.

En el caso del Estado español: Se reconoce la existencia de 3 ordenamientos jurídicos, uno Estatal, uno autonómico y uno local. Se reconoce la existencia de un ordenamiento jurídico central y general. Existen varios ordenamientos jurídicos autonómicos y locales. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Cuál es una fuente de derecho originaria?. La Ley. La jurisprudencia. La doctrina. Los comentarios de texto.

La costumbre: Rige de forma prioritaria como fuente del derecho. Solamente rige si no es contraria a la moral y al orden público. Para ser aplicable debe ser probada. Las respuestas B) y C) son correctas.

Forma parte del conocido como bloque constitucional: El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma. El Real Decreto Legislativo. La Ley ordinaria. La Ley Orgánica.

¿Cuál de las siguientes es una norma jurídica con rango de ley?. El Reglamento. El Decreto. Las Ordenanzas. El Real Decreto Legislativo.

La Ley orgánica: Se aprueba por mayoría reforzada. Se aprueba por mayoría simple. Es aprobada por el Gobierno central. Tiene rango de reglamento.

El poder legislativo: Aprueba los reglamentos. Está en el mismo nivel horizontal que la Administración General del Estado. Está en el mismo nivel vertical que la Administración General del Estado. Está en el mismo nivel horizontal que el poder judicial.

El poder judicial: Controla que el resto de los poderes públicos se ajuste al cumplimiento de los parámetros establecidos para ellos en el ordenamiento jurídico. No se estructura de forma piramidal. Está gobernado por el Tribunal Constitucional. Únicamente controla la actuación del poder ejecutivo.

La jurisprudencia: Es una fuente de derecho. Complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que establece el Tribunal Supremo al interpretar las fuentes de derecho. En nuestro sistema no se tiene en cuenta. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Los principios generales del derecho: Son de aplicación prioritaria. Se aplican en defecto de ley o costumbre. No son una fuente del derecho. No se tienen en cuenta en el ámbito contencioso-administrativo.

De manera general, si no se dispone otra cosa, las leyes entrarán en vigor: A los 20 días de su completa publicación en el BOE. Al año. Al mes. A los 6 meses.

Es el valor superior del ordenamiento jurídico español, tal y como establece el artículo 1 de la Constitución española: El pluralismo político. El control administrativo. La legalidad. La buena organización.

Cronológicamente, ¿el Estado español qué fue primero?. Social. Democrático. De Derecho. Los tres a la vez.

Las autonomías reconocidas en la Constitución Española: Son entes privadas. Deben actuar de forma solidaria. Son las que refuerzan el Estado español como estado centralizado. No se han establecido todavía en la realidad española.

La soberanía nacional: Reside en el Poder ejecutivo. Residen en el Gobierno. Reside en el pueblo español. Reside en el Parlamento español.

El principio de legalidad implica que: La Administración Pública únicamente puede actuar conforme a lo establecido previamente en la ley. Que todos los españoles son iguales ante la ley. Todas las materias importantes deber ser reguladas a través de una ley ordinaria. No se acepta de ninguna manera la aplicación irretroactiva de las leyes.

La potestad sancionadora: Únicamente se desarrolla en el ámbito penal. Únicamente la tienen atribuida los jueces y tribunales. También es una potestad de la que dispone la Administración pública. Implica siempre una actuación de la Administración pública pactada con el administrado.

La administración pública: Puede actuar arbitrariamente en todo caso. Puede actuar discrecionalmente, cuando la ley lo permita. Puede actuar arbitrariamente, pero solamente en determinados casos. No puede actuar discrecionalmente, en ningún caso.

Las normas de derecho administrativo: Siempre tienen carácter imperativo. A veces tienen carácter dispositivo. Siempre tienen carácter sancionador. Siempre son coercitivas.

La Política interior y exterior del Estado: Es dirigida por el Gobierno. Es dirigida por el Ejército. Es dirigida por el Congreso de los Diputados. Es dirigida por el Senado.

En atención a la literalidad del artículo 103 de la Constitución española, la Administración Pública actúa: A veces sometida al Derecho y siempre sometida a la ley. Conforme al principio de eficacia. Conforme al principio de desconcentración. Conforme a la normativa dispuesta por el Consejo de Estado.

La función legislativa: Es exclusiva del poder legislativo, sin excepción. Es exclusiva del poder ejecutivo, sin excepción. Es una función del poder legislativo, el cual, en determinados casos puede cederla al ejecutivo. Es una función exclusiva del Gobierno.

En relación con la Constitución española de 1978 se tiene que tener en cuenta que: Para su aprobación se requirió una mayoría simple, dada su importancia, ya que así se facilitaba su aprobación. Para su aprobación se pidió que fuera refrendada. Se trata de una Ley Orgánica, por eso se pide que para su aprobación exista una mayoría de votos cualificada. Es una ley ordinaria, pero que tiene preferencia respecto al resto de leyes ordinarias que conforman el ordenamiento jurídico español.

¿Cuál de las siguientes fuentes de derecho tiene un rango jerárquico superior?. El Decreto. El Decreto Legislativo. La Ley de presupuestos. La Ley Orgánica.

Para la reforma de las Leyes: Se requieren siempre las mismas mayorías de votos a favor de los miembros de las Cámaras. Atendiendo a la Ley en cuestión se puede requerir una u otra mayoría de votos de los miembros de las Cámaras, a veces simple o a veces cualificada. Se requiere acuerdo con el Gobierno. Se requiere la intervención de los tribunales.

Es una materia susceptible de ser regulada por Ley Orgánica: Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas. Los derechos fundamentales. El desarrollo de las instituciones estatales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Se usa la Ley marco para: Regular los derechos fundamentales. Delegar en el Gobierno la regulación común sobre una materia relativa a derechos fundamentales. Habilitar a una o a varias Comunidades autónomas para regular sobre la materia en cuestión. Fijar unos principios armonizadores para todo es Estado español.

Para transferir competencias del Estado a las Comunidades Autónomas: Se usa la Ley de Presupuestos. Se usa la Ley de Armonización. Se usa la Ley de Transferencia. No se puede usar ninguna ley, ya se distribuyeron las competencias en la Constitución española.

La Ley de presupuestos: Es una ley ordinaria. Es una ley orgánica. Es una ley que se tramita anualmente. Las respuestas A) y C) son correctas.

El Decreto Ley: Es una norma con rango de reglamento aprobada por el Gobierno. Se aprueba en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Tiene carácter indefinido. Puede tratar sobre derechos y deberes.

El reglamento: Es una norma con rango de ley. Debe ser dictada por el poder ejecutivo. Es dictada por la Administración Pública. Únicamente lo puede dictar el Gobierno.

La Administración pública: Es una persona jurídica. Es un ente sin personalidad. No puede llevar a cabo actos válidos. No puede celebrar contratos válidos.

La Administración pública puede: Llevar a cabo la actividad regulatoria. Celebrar actos y negocios jurídicos. Prestar servicios. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A la Administración pública se le permite: Asumir la potestad legislativa delegada. La elaboración de reglamentos. Llevar a cabo una actividad sancionadora. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Administración pública: Puede llevar a cabo actos políticos. No puede llevar a cabo actos administrativos presuntos. No puede llevar a cabo tareas relacionadas con la diplomacia. No dispone de prerrogativas.

Un acto administrativo: Puede ser de carácter expreso. No puede ser presunto. Siempre es de carácter reglado. No puede ser impugnado.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Permite que este último entienda estimada la pretensión por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Es un silencio negativo. Siempre y, en todo caso, es un silencio positivo. Habilitado al interesado a acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa, dada la negativa de la Administración Pública.

En relación con la actuación de la Administración Pública: El ordenamiento establece la interdicción de la arbitrariedad. El ordenamiento establece la interdicción de la discrecionalidad. El ordenamiento establece la inobservancia de cualquier norma de carácter privado. Debe regirse por el establecido por el Gobierno.

Los actos de trámite: Suponen que se está siguiendo con el procedimiento. Implica el cierre del procedimiento. Son firmes, con lo que esto conlleva. Que se puede acudir de forma inmediata a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Se distingue un acto administrativo de un contrato en que: El primero es llevado a cabo por la Administración pública y el segundo entre particulares. El primero es una manifestación de la voluntad unilateral de la Administración, a diferencia del contrato. En el primero se negocian varias voluntades, a diferencia del caso del contrato. Un acto administrativo y un contrato celebrado por la Administración pública es lo mismo.

La explotación de una autopsia sería un supuesto de: Expropiación. Autorización. Concesión. Admisión.

En relación con el concepto de procedimiento administrativo: Cabe decir que es el cauce formal de la actividad administrativa conforme al derecho administrativo. Es un procedimiento en el que no se permiten actos sancionadores, por ser administrativo y no penal. Es un procedimiento sencillo, carece de toda complejidad. Se trata de un procedimiento completamente presencial, en el que no se permite el uso de las nuevas tecnologías para la tramitación de las peticiones.

A partir de la Ley 39/2015, se da prioridad: A los ciudadanos que tomen contacto con la Administración Pública de forma presencial. Se da prioridad a que los ciudadanos tengan su primer contacto con la administración a través de la vía telemática. Se da prioridad a que los ciudadanos tengan su primer contacto con la administración de forma presencial. La citada norma no hace referencia a esta cuestión.

En el procedimiento administrativo se pueden distinguir las siguientes fases: Las ordinarias y las extraordinarias. Las originarias y las derivadas. Este tipo de procedimiento tiene una única fase. Simplemente la de inicio y la de terminación.

La resolución es: Una forma de terminación normal del procedimiento administrativo. Un acto de comunicación. Una forma de terminación anormal del procedimiento administrativo. Un acto de instrucción.

La iniciación del procedimiento: Puede llevarse a cabo de oficio o a instancia de parte. Puede llevarse a cabo por parte de la Administración Pública o por parte del interesado. Siempre la lleva a cabo el ciudadano. Las respuestas A) y B) son correctas.

A instancia de parte cabe: La iniciación del procedimiento administrativo. La interposición del recurso de alzada. La interposición del recurso de reposición. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La caducidad: Es una forma de terminación normal del procedimiento administrativo. Es una forma de terminación anormal del procedimiento administrativo. Implica la imposibilidad material de seguir con el procedimiento. Forma parte de una fase extraordinaria del procedimiento administrativo.

En base a los preceptos constitucionales: La audiencia del particular por parte de la Administración siempre tiene que ser directa. La audiencia del particular por parte de la Administración puede llevarse a cabo a través de organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. Los ciudadanos no pueden tener acceso a registros administrativos, salvo algunas excepciones. El procedimiento debe estar establecido en una Ley Orgánica, por gestionar, la Administración pública, derechos de los ciudadanos.

Deben ser motivados, con referencia a los hechos o fundamentos de derecho: Los actos que limiten los derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se dicten en el ejercicio de las potestades discrecionales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuál es la forma en que se producen, en principio, los actos administrativos?. Por escrito o a través de medios electrónicos. Siempre por escrito con su entrega en papel. Verbalmente, de forma general y por defecto. De cualquier forma, en la que se deje constancia.

El derecho administrativo exige del derecho: Legitimidad. Validez. Eficacia. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Cuando hablamos de eficacia del acto administrativo se hace referencia a: Que se haya llevado a cabo conforme derecho. Que el interesado tenga el convencimiento del que el mismo es derecho. Que se produzcan los efectos previstos por el acto administrativo concreto. Que el interesado obtenga la respuesta concreta que deseaba por parte de la Administración Pública.

El interesado, para operar en este ámbito: Tiene que tener capacidad de obrar. Tiene que ser una persona física. Simplemente debe tener la mayoría de edad. Tiene que tener unos conocimientos administrativos mínimos, establecidos por ley.

Los ciudadanos tienen que relacionarse con la Administración Pública: En español. En español o en inglés. En la lengua oficial del Estado o en las cooficiales, atendiendo al caso concreto. En la lengua que le sea más conveniente, siempre que sea una de las oficiales en la Unión Europea.

Un acto administrativo, es una decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o: de trámite, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa. declarativa, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa. ejecutiva, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa. todas las respuestas anteriores son correctas.

A partir de la aplicación de la Ley 39/2015, la comunicación vía telemática: Simplemente supone un derecho para el ciudadano. Es un derecho y a la vez una obligación del interesado. Implica únicamente un deber del ciudadano, lo que le supone un gravamen. La citada ley no contiene regulación al respecto.

Las resoluciones administrativas de carácter particular: No pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. No pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que provengan de un órgano igual o superior jerarquía al que dictó la distribución general. Si vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria no son nulas, pero son anulables. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Los actos administrativos: Siempre producen efectos desde la fecha en la que se dicten. No pueden tener eficacia retroactiva. Pueden tener eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulables. La mayoría de las veces no producen efectos.

La notificación del acto: Se debe llevar a cabo en el plazo de 10 días a partir del día que se dictó. Puede incorporar una síntesis de lo más relevante sin el texto íntegro del acto. Siempre que se notifique implica que el acto pone fin a la vía administrativa. No es necesario que indique los recursos que proceden.

Los actos administrativos: Serán objeto de publicación cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Serán objeto de publicación cuando lo aconsejen las razones de interés público apreciadas por el órgano competente. No se publican por proteger datos de particulares. Las respuestas A) y B) son correctas.

Los actos administrativos: Siempre son válidos, porque provienen de la Administración Pública y esta está sometida al ordenamiento jurídico español. Pueden ser nulos de pleno derecho. En caso de ser inválidos, es porque les adolece un vicio de forma que lleva a la anulabilidad de los mismos. Pueden adolecer de alguna irregularidad, pero al ser dictados por la Administración Pública esta nunca es invalidante del acto.

La regulación administrativa dispone que es un acto nulo: El que lesiona derechos y libertades fundamentales. El que adolece de algún defecto de forma. El que no se ha dictado en el tiempo indicado. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La regulación administrativa dispone que un acto es anulable cuando: Sus vicios no se pueden convalidar. El órgano que lo ha dictado es manifiestamente incompetente. Adolece de algún defecto formal que no está recogido en la ley. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Cuál es un efecto de la nulidad de pleno derecho?. Tiene efectos ex tunc. Tiene efectos ex nunc. Que el ciudadano ha podido anular un acto. Que el acto deja de surgir efectos desde el momento en que se produjo el vicio.

El que tenga un contenido imposible: Será nulo de pleno derecho. Será anulable cuando la Administración Pública al dictarlo incurra en desviación de poder. Implicará la nulidad de los actos sucesivos en el procedimiento, aunque sean independientes del primero. Siempre será anulable.

El defecto de forma: Siempre determina la nulidad de pleno derecho. Siempre determina la anulabilidad. Determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Siempre supone una irregularidad no invalidante.

Son anulables los actos de la Administración que: Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Incurran en la desviación de poder. Cuando las actuaciones administrativas se realicen fuera del tiempo establecido para ellas y así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En relación con los actos anulables: La Administración los puede convalidar subsanando los vicios de los que adolezcan. No se pueden convalidar bajo ningún concepto. La convalidación sólo la puede realizar el Juzgado o Fiscal competente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución: Son anulables por parte de la Administración. Son anulables por parte del interesado. Son nulas de plena derecho. Son convalidables.

La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo: Implica la de las partes del mismo independientes de aquélla. No implica nunca la de las partes del mismo independientes de aquella. No implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no se hubiera dictado. Nunca se da esta circunstancia.

La revisión: Se puede solicitar frente a un reglamento o acto firme. Siempre se solicita a instancia de parte. Se puede solicitar de oficio. Las respuestas A) y C) son correctas.

Solicitada la revisión: Se puede suspender el acto mientras se revisa si se alega causa de perjuicios de imposible reparación. Se debe resolver en el plazo máximo de 3 meses. El interesado no tiene más remedio que esperar a que se resuelva la misma, y que en el transcurso de este tiempo no se le causen daños y perjuicios. Se puede suspender el acto simplemente con la solicitud del interesado.

En relación con la declaración de lesividad: Se puede interponer frente a actos nulos de pleno derecho. No se puede interponer si los actos únicamente son anulables. No se puede adoptar una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. Requiere de audiencia a todos los interesados que aparezcan en el acto.

La revocación de errores: Puede consistir en la rectificación de errores materiales. Puede consistir en la rectificación de errores aritméticos. Está sometida al principio de igualdad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Administración Pública: Podrá revocar sus actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, si esta revocación no es contraria a las leyes ni al principio de igualdad. Nunca podrá revocar sus actos desfavorables. Nunca podrá revocar sus actos, ni los favorables ni los desfavorables. Podrá revocar sus actos, en todo caso, si así lo considera pertinente.

El órgano competente para la revisión de oficio de los actos administrativos: Debe admitir a trámite todas las solicitudes. Puede acordar de forma motivada su inadmisión a trámite si se dan determinadas situaciones establecidas por la ley. Puede acordar de forma motivada su inadmisión a trámite si se dan determinadas situaciones establecidas por la ley, siempre y cuando dispongan del Dictamen pertinente del Consejo de Estado. Requiere de Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, para actuar.

Cuando el procedimiento de revisión de los actos de la Administración Pública se haya iniciado de oficio: Caducará a los seis meses si no se ha dictado una resolución. No puede caducar, ya que ha sido la propia Administración pública la que lo ha iniciado. Caducará a los tres meses si no se ha dictado una resolución. Se caducará al mes meses si no se ha dictado una resolución.

Cuando el procedimiento de revisión de los actos dictados por la Administración Pública se haya iniciado a instancia de parte: Caducará a los seis meses si no se ha dictado una resolución. Prescribirá a los seis meses si no se ha dictado una resolución. Se entenderá desestimada por silencio administrativo a los seis meses. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Cuando una Administración Pública declara la nulidad de un acto: Dicta una resolución en la que únicamente se declara esta circunstancia. Puede establecer en la misma resolución las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados. No puede establecer en la misma resolución ningún tipo de indemnización. La Administración Pública no puede declarar la nulidad de un acto, se tiene que recurrir a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

¿Cuál de los siguientes es un límite legal a la facultad de revisión de los actos dictados por la Administración Pública?. Cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad. Cuando su ejercicio resulte contrario a la buena fe. Cuando su ejercicio resulte contrario al derecho de los particulares. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Las reclamaciones: Son previas al ejercicio de acciones civiles y laborales ante los juzgados y tribunales de justicia. Suponen la interposición de un recurso en la jurisdicción contenciosa-administrativa. No son instrumento reconocido por el ordenamiento jurídico administrativo español. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

El recurso de alzada: Va a ser resuelto por un órgano superior al que ha dictado el acto. Se interpone frente a actos que pongan fin a la vía administrativa. Se dispone de dos meses para presentarlo. Implica interponer el recurso ante un órgano diferente del que ha dictado el acto.

El plazo para interponer el recurso de alzada: Es de un mes, en todo caso. Es de un mes, si el acto es expreso. Es de tres meses, desde que se notificó. No tiene establecido un plazo específico por la Ley 39/2015.

En relación con el recurso de reposición: Es un recurso obligatorio. Se interpone frente a actos que pongan fin a la vía administrativa. Se dispone de dos meses para presentarlo. Implica recurrir frente a un órgano diferente del que ha dictado el acto.

En el caso de silencio administrativo ante la interposición de un recurso de reposición: En coherencia con la misma Ley 39/2015, se puede interpretar que este es negativo. Siempre es positivo, ya que la Administración Pública debe resolver el recurso. Ante el silencio de la Administración Pública, el interesado está legitimada a requerirle para que conteste inmediatamente transcurrido el plazo. La Ley 39/2015 establece de forma explícita que en este caso el silencio es negativo.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa: Pueden ser recurridos potestativamente ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Son firmes y no admiten recurso ni revisión de ningún tipo. Las respuestas A) y B) son correctas.

Si el acto administrativo no es expreso: El solicitante tiene un mes para poder interponer el recurso de reposición. En este caso, el solicitante no puede interponer el recurso de reposición. Los interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un año.

En relación con el recurso extraordinario de revisión: Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Se puede interponer si aparecen documentos clave que evidencien un error en la resolución. Se puede interponer si la resolución hubiera sido dictada incurriendo en delito, según una sentencia firme. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Para el caso de existencia de error de hecho, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión es de: Un año. Cuatro años. Tres meses. Un mes.

El órgano que conozca de recurso extraordinario de revisión: Se debe pronunciar sobre la procedencia del recurso. Se debe pronunciar sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Debe manifestarse con la admisión o inadmisión, únicamente. Las respuestas A) y B) son correctas.

El sistema de judicial español: Sigue un sistema piramidal, en la base se encuentran los diversos juzgados y en la cúspide el Tribunal Supremo. Tiene una única instancia, en la que se encuentran varios juzgados y tribunales. Dispone de Audiencias Provinciales, que son órganos unipersonales con sede en cada provincia del Estado. Sigue un sistema horizontal, en el que cada juzgado y tribunal tiene un papel fundamental y está situado en un mismo nivel jerárquico.

La última instancia del sistema judicial español es: El Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial. Las Audiencias Provinciales.

Se puede interponer un recurso de casación ante: La Audiencia Provincial. El Juzgado de Primera Instancia. El Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional.

¿Cuál de las siguientes no es una sala del Tribunal Supremo?. La de lo Civil. La de lo Militar. La de lo Mercantil. La de lo contencioso-administrativo.

En relación con la jurisdicción contenciosa-administrativa: Es la que controla la actividad de la Administración Pública. Es la jurisdicción a la que se puede acudir antes de agotar la vía contenciosa administrativa. El formato actual de la misma se estableció en el siglo XVIII. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

El juzgado de primera instancia de lo Contencioso-Administrativo: Es un Juzgado Central. Conoce de controversias relacionadas con el régimen laboral de los funcionarios. Conoce, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a los actos e las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependiente o vinculadas a las mismas. No conoce de recursos interpuestos por los particulares, únicamente conoce los interpuestos por la Administración Pública.

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo: Conoce de los recursos interpuestos en materias de personal cuando se trata de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera o a ciertas materias sobre el personal militar, establecidas por ley. Conoce de los recursos contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado, en los supuestos establecidos por la ley. Conoce de los recursos sobre las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de la Contencioso- Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Conoce de los recursos relacionados con los convenios entre las Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Los Juzgados Centrales de la Contencioso- Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Conocerá de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de la Contencioso- Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El recurso contencioso-administrativo: Para ser admitido debe ir contra disposiciones o actos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa. Para ser admitido debe ir contra actos definitivos. Para ser admitidos deber ir contra actos de trámite si estos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Puede ser inadmitido un recurso contencioso-administrativo: Si reproduce uno anterior definitivo y firme. Siempre y en todo caso, para que no se vulnere la tutela judicial efectiva. Por no ser interpuesto en el plazo determinado por la ley. Las respuestas A) y C) son correctas.

¿Cuál de las siguientes fechas es inhábil para presentar un recurso contencioso-administrativo: Solo los domingos y festivos de la Comunidad autónoma correspondiente. Agosto, en todo caso. Agosto, salvo que la imposibilidad de interponer el recurso conlleve una lesión a derechos fundamentales. Diciembre.

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los mayores de edad. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Si la ley lo reconoce, las uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Ante la jurisdicción contenciosa-administrativa: No se pueden impugnar directamente las disposiciones de carácter general. Se pueden impugnar los actos que se produzcan por aplicación de las disposiciones de carácter general. Se pueden impugnar los actos que se produzcan por aplicación de las disposiciones de carácter general, siempre que estas se hayan impugnado directamente primero. No se pueden impugnar los actos dictados por la Administración Pública.

Los actos dictados por la Administración Pública: Siempre son susceptibles de recurrirse en la jurisdicción contenciosa-administrativa. No son susceptibles de ser recurridos cuando sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. No son susceptibles de ser recurridos cuando sean confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Las respuestas B) y C) son correctas.

En caso de vía de hecho: El interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. No cabe ni la revisión ni el recurso. Si se intima a la Administración su cesación y no es atendida en los 10 días. siguientes a la presentación del requerimiento se podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. Las respuestas A) y C) son correctas.

En los litigios entre Administraciones públicas: Cabe la interposición de un recurso en vía administrativa. No cabe la interposición de un recurso en vía administrativa. No hay posibilidad de requerir previamente a la Administración Pública pertinente para que derogue la disposición. Las respuestas A) y C) son correctas.

El recurso contencioso-administrativo: Se iniciará por un escrito reducido a en el que se cite el acto que se impugna. Se iniciará por un escrito completo y motivado a en el que se cite el acto que se impugna. Se debe interponer antes de 10 años de la terminación de la vía administrativa. Es apto para impugnar actos administrativos, pero no disposiciones generales.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de: Un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. Dos meses contados desde la publicación del acto que pone fin a la vía administrativa, si es expresa. Dos meses contados desde la publicación del acto que pone fin a la vía administrativa, si el acto es presunto. Un año contado desde el día que se dicte el acto administrativo.