Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDERECHO ADMINISTRATIVO I JUNIO 2017 (2ª SEMANA)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
DERECHO ADMINISTRATIVO I JUNIO 2017 (2ª SEMANA)

Descripción:
DERECHO ADMINISTRATIVO I JUNIO 2017 (2ª SEMANA)

Autor:
acm
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
25/07/2017

Categoría:
UNED

Número preguntas: 22
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución española, los Tribunales: a) No controlan la potestad reglamentaria ni la legalidad de la actuación administrativa. b) Controlan la potestad reglamentaria pero no la legalidad de la actuación administrativa. c) No controlan la potestad reglamentaria, aunque sí la legalidad de la actuación administrativa. d) Controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
En relación a las normas del gobierno con fuerza de ley y, en su caso, a la potestad reglamentaria, de acuerdo con lo previsto en la Constitución española: Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Los Decretos Legislativos deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Los Decretos-leyes, los Decretos Legislativos, y también los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general: Afectarán siempre y por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. No afectarán nunca por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
La impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de un acto administrativo dictado al amparo de un reglamento ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido: a) No es posible en ningún caso. b) Es posible, y se conoce como recurso directo contra el reglamento. c) Es posible, y se conoce como recurso indirecto contra el reglamento. d) Sí es posible, y se conoce como revisión de oficio de los actos administrativos.
5ª.- En cuanto al precedente administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) No obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. b) Sí obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. c) Prohíbe absolutamente a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes. d) Prohíbe a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes, salvo autorización previa del Consejo de Ministros.
6ª.- En relación con los órganos administrativos debe afirmarse que a) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. b) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y reglamentos generales, que se publicarán necesariamente en el boletín oficial que corresponda. c) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de otros órganos, jerárquicamente dependientes o no, mediante instrucciones y órdenes de servicio bajo el amparo de una norma general. d) Los órganos administrativos no podrán en ningún caso dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la delegación de competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general: a) Podrán ser objeto de delegación de competencias, pero entre órganos de una misma Administración. b) No podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración. c) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. d) Podrán ser objeto de delegación de competencias entre órganos de una misma Administración, siempre que la delegación sea aprobada previamente por el Consejo de Estado.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas es una técnica de: a) Coordinación forzosa. b) Colaboración. c) Cooperación. d) Control.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los conflictos en defensa de la autonomía local tienen por objeto: a) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley. b) Una norma del Estado o de una Comunidad Autónoma con rango de Ley o reglamentario. c) Exclusivamente las normas del Estado con rango de Ley. d) Exclusivamente las normas autonómicas con rango de Ley.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Ministerios contarán, en todo caso, a) Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. b) Con Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. c) Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de un sector de la actividad administrativa. d) Con Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de los servicios comunes.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española en su artículo 149.3 en relación a la distribución de competencias entre el Estado, las CCAA y los entes locales: a) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. b) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán siempre y en todo caso a las Comunidades Autónomas. c) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponde a los Entes Locales. d) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía podrá corresponder a los Entes Locales, pero en virtud de sus respectivos reglamentos orgánicos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, son entidades locales territoriales necesarias: a) El municipio, la provincia y, en los archipiélagos canario y balear, la isla. b) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, y la comarca. c) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, y las áreas metropolitanas. d) El municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos canario y balear, la comarca, las áreas metropolitanas y las mancomunidades.
Según la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985 (LRBRL) en su regulación vigente, en cuanto a los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno Local: a) Existe en todos los municipios. b) Debe existir en todos los municipios, salvo que lo excluya su reglamento orgánico o lo excluya el Pleno de su ayuntamiento. c) Existe en todos los municipios con población superior a 3.000 habitantes y en los de menos, exclusivamente cuando así lo disponga su reglamento orgánico. d) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
De acuerdo con lo previsto en citada LRBRL, ¿quién podrá proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales? a) Nadie, porque el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esta previsión. b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. c) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. d) El Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados.
La creación de los organismos públicos estatales se efectuará por: a) Ley Orgánica. b) Ley. c) Real Decreto. d) Orden Ministerial.
En y para el estricto ejercicio de las potestades administrativas que, en su caso, tengan atribuidas, los organismos públicos denominados estrictamente “Entidades públicas empresariales”, de ámbito estatal se rigen por: a) El Derecho privado, en general. b) El Derecho mercantil. c) El Derecho público. d) El Derecho mercantil o el Derecho civil, según elección de la entidad.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal: a) Son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia. b) Son entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia. c) Son entidades de derecho público sin personalidad jurídica propia. d) Son entidades de derecho privado sin personalidad jurídica propia.
La denominada Administración corporativa (por ejemplo, un Colegio Profesional) se rige: a) Por el Derecho Privado, exclusivamente. b) Por el Derecho Público, exclusivamente. c) Por un régimen jurídico mixto, pues se rige tanto por el Derecho Público como por el Derecho Privado. d) Por el Derecho Privado, y por el Derecho Público exclusivamente en lo relativo al régimen jurídico aplicable a su personal (que es funcionario). .
En cuanto a la participación del Consejo de Estado en el proceso relativo a la elaboración de los Proyectos de Decretos Legislativos: a) Se deberá emitir informe por parte del Pleno del Consejo de Estado. b) Se deberá emitir informe la Comisión Permanente del Consejo de Estado. c) El Consejo de Estado deberá emitir informe por su Comisión de Estudios. d) No es necesario que el Consejo de Estado emita informe alguno.
De acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, el transporte colectivo urbano de viajeros es un servicio público que según cuál sea su naturaleza debe prestarse: a) Al ser un servicio mínimo u obligatorio debe prestarse en todo caso en todos los municipios. b) Por ser un servicio necesario debe prestarse en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. c) No es una competencia mínima u obligatoria, por lo que su prestación depende de lo que establezca cada Ayuntamiento. d) Se trata de un servicio mínimo u obligatorio que debe prestarse en los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Comisiones Bilaterales de Cooperación: a) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades Locales. b) Podrán estar formadas por representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales. c) Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales. d) Reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.
22ª.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público los titulares de los órganos administrativos: a) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. b) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten por atribución, pero no por delegación de competencias. c) Podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, en materias de su competencia, que ostenten exclusivamente por delegación de competencias, pero no por atribución. d) No podrán nunca delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso