¿Puede haber normas administrativas que tengan como destinatario único y preferente a la Administración Pública? Sí, como sucede con las normas que regulan los contratos administrativos o la expropiación forzosa. Sí, como sucede con las normas que regulan la organización administrativa. No, la norma administrativa siempre tiene como destinatarios directos a los particulares o administrados, sin perjuicio de la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad.
En relación con el Derecho de la Unión Europea puede afirmarse que el reglamento tiene eficacia por sí mismo en los ordenamientos internos de los Estados miembros, sin que estos puedan formular reservas respecto a su aplicación. tiene eficacia por sí mismo en los ordenamientos internos de los Estados miembros, aunque estos pueden formular reservas respecto a su aplicación y desistir de aplicarlos cuando existan disposiciones o prácticas internas que se opongan a dicho reglamento. no obliga directamente, pero vincula a los Estados miembros a tomar las disposiciones necesarias para incorporarlo o trasponerlo al Derecho interno, mediante normas dictadas ad hoc.
En nuestro ordenamiento jurídico, un Reglamento ejecutivo no puede contradecir la Ley que desarrolla, ni puede regular aspectos esenciales de la materia porque supondría invadir la esfera material de la reserva legal. no puede contradecir la Ley que desarrolla, pero sí puede regular aspectos esenciales de la materia ya que ello no supondría invadir la esfera material de la reserva legal. puede contradecir la Ley que desarrolla en aspectos de ésta que no sean esenciales.
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Gobierno, en relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos (estatales), la realización de una Memoria del Análisis de Impacto Normativo tendrá carácter facultativo. tendrá carácter preceptivo. únicamente tiene carácter preceptivo en lo que se refiere al procedimiento de elaboración de las iniciativas legislativas (o procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley), pero no de los reglamentos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 en relación con el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general y éste lo motive suficientemente. las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
En relación con la posibilidad de revisar de oficio los reglamentos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas no podrán, en ningún caso, declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. sí podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, previo dictamen, favorable o no favorable, del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. sí podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
El principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas conlleva la posibilidad de que las Administraciones Públicas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros. afecta a las Administraciones territoriales, pero no a los entes institucionales que de ellas dependen y que integran el sector público. afecta sólo a los entes institucionales que dependen de las Administraciones territoriales y que integran el sector público, pero no a dichas Administraciones territoriales.
En la encomienda de gesitón hay, como regla general, traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas. no hay traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas. no hay traslado de competencias jurídicas, pero sí de potestades administrativas.
En los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se dictará una única sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida y, en su caso (es decir, si el Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado la autonomía local), también anulará la disposición legislativa enjuiciada. se dictará una sentencia que se limitará, en su caso, a anular la disposición legislativa enjuiciada. se dictará una sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida; la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada requerirá, en su caso, de una nueva sentencia.
De acuerdo con la Ley 40/2015, el principio en virtud del cual "una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico" es el principio de jerarquía. coordinación. cooperación.
De acuerdo con lo previsto por la Ley 40/2015, en la Administración del Estado, los Directores Generales serán nombrados por Real Decreto del Presidente del Gobierno; siempre entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. por Real Decreto del Presidente del Gobierno; como regla general, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. por Real Decreto del Consejo de Ministros; como regla general, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.
En relación con el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas debe afirmarse que, le corresponde la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. sólo tiene competencias de coordinación de la Administración del Estado con la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente. sólo le corresponde la dirección de la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, pero no la coordinación de la Administración del Estado con la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente.
De acuerdo con la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local, las comarcas son entes locales territoriales necesarios. son entes locales facultativos. no tienen naturaleza de entes locales.
En los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, pudiendo el Alcalde, además, nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros. por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, pudiendo el Alcalde, además, nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere una quinta parte de sus miembros.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución española las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia, exclusiva o no exclusiva, de éstas. las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. las normas del Estado siempre prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. no podrá suspenderlos, pero sí impugnarlos ante las Jurisdicción Contencioso-administrativa pretendiendo su anulación. podrá anularlos directamente y adoptar todas las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local hay que señalar que los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. siempre, por mayoría simple de los miembros presentes.
De acuerdo con la Ley 40/2015, los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia. entidades de derecho privado, con personalidad jurídica propia. entidades de derecho privado, sin personalidad jurídica propia.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Colegios Profesionales en relación con el visado colegial, En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. Los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. Los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
¿Puede el Consejo de Estado valorar aspectos de oportunidad y conveniencia en el ejercicio de sus funciones? No, porque sólo ejerce un control jurídico o de legalidad. Sí, aunque sólo cuando lo solicite expresamente la autoridad consultante. Sí, por ejemplo, cuando lo exija la índole del asunto.
Pregunta de reserva:
La creación de las fundaciones del sector público estatal se realizará por Ley. Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden del Ministerio que ejerza el Protectorado.
Pregunta de reserva:
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local (art. 42), no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente la tercera parte de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. las dos terceras partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.
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