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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDerecho Administrativo I (Septiembre 2018)

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Título del test:
Derecho Administrativo I (Septiembre 2018)

Descripción:
Derecho Administrativo I

Autor:
Lydia
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Fecha de Creación:
07/06/2020

Categoría:
UNED

Número preguntas: 22
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Temario:
Resulta posible definir el Derecho Administrativo como aquella parte del Derecho privado que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. aquella parte del Derecho público que tiene por objeto únicamente los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos, rigiéndose la organización administrativa exclusivamente por el Derecho privado.
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución mediante ley ordinaria se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. sólo se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución previa revisión constitucional.
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Leyes. con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. con los Decretos Leyes y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
La distinción entre actos administrativos generales y reglamentos no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros. sí tiene relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros. sí tiene relevancia desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a unos y otros, aunque el procedimiento para la aprobación de los actos administrativos generales y de los reglamentos y el régimen de recursos que cabe interponer contra los mismos sea idéntico.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con los efectos del recurso indirecto contra reglamentos (es decir, de un recurso consistente en la impugnación de un acto administrativo dictado al ampara de un reglamento ilegal, fundado dicha impugnación precisamente en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido), hay que afirmar que dicho recurso puede dar lugar a la anulación del acto administrativo impugnado, pero nunca puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado. puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado. únicamente puede dar lugar a la anulación del reglamento ilegal al amparo del cual se ha dictado el acto administrativo impugnado a través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
En relación con la costumbre como fuente del Derecho Administrativo debe afirmarse que la legislación administrativa nunca invoca la costumbre para regular determinadas materias. la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, frecuentemente y en casos muy significativos. la legislación administrativa invoca la costumbre para regular determinadas materias, aunque en casos muy limitados.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 137 de la Constitución española, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. en municipios, en áreas metropolitanas, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. en municipios, en áreas metropolitanas, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas existentes en el momento de entrada en vigor de la Constitución.
La técnica por la que mediante norma expresa se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público se conoce como desconcentración. delegación intersubjetiva de competencias. descentralización.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015") "la emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias", es una técnica de colaboración. cooperación. coordinación.
El control que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento jurídico es el control de oportunidad. el control de eficacia. el control de legalidad.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. contarán, en todo caso, con una Secretaría General Técnica, y dependiendo de ella una Subsecretaría. contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los Directores Generales y los Secretarios Generales Técnicos son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, tanto los Directores Generales como los Secretarios Generales Técnicos. por Real Decreto del Consejo de Ministros los primeros (los Directores Generales) y por Orden del Ministro correspondiente los segundos (los Secretarios Generales Técnicos). por Orden del Ministro correspondiente, tanto los Directores Generales como los Secretarios Generales Técnicos.
Las leyes de transferencia o delegación son una forma extra-estatutaria de ampliación de las competencias autonómicas. no son una forma de ampliación de las competencias autonómicas, porque las Comunidades Autónomas tienen exclusivamente las competencias que la Constitución prevé para cada una de ellas. no son una forma de ampliación de las competencias autonómicas, sino de armonización de las mismas.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, las "entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades" son las Comunidades Autónomas. las Provincias. los Municipios.
En los municipios de régimen común, la aprobación de las ordenanzas municipales corresponde al Pleno del Ayuntamiento. al Alcalde. a la Junta de Gobiernos Local.
En relación con las competencias de las entidades locales debe afirmarse que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales. que la Constitución NO ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, por lo que deberán determinarse por el Legislador. que la Constitución ha enumerado expresamente las competencias de las entidades locales, sin perjuicio de que dichas competencias puedan ampliarse por el Legislador.
¿A quién habilita la Ley de Bases de Régimen Local para ejercer en nombre de la entidad local las acciones precisas en defensa de los bienes y derechos de dicha entidad local cuan ésta, previo requerimiento, no las hubiera ejercitado? a los vecinos. a la Administración del Estado. a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con la Ley 40/2015, el personal al servicio de los consorcios puede ser funcionario o laboral. habrá de ser funcionario. habrá de ser laboral.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales establece la prohibición de "numerus clausus", de tal forma que quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda. establece la prohibición de "numerus clausus", de tal forma que quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente podrá ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda, a discreción del Decano, y siempre que no supere el cupo de colegiados estatutariamente previsto. establece la exigencia de "numerus clausus". .
De acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de reforma constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado, deberá consultarse al Pleno del Consejo de Estado. a la Comisión Permanente del Consejo de Estado. a la Comisión Constitucional del Consejo de Estado.
Pregunta de reserva: De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en relación con la creación de las comarcas, la iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. no podrá crearse la comarca si a ello se opone expresamente una quinta parte de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, podrá solicitarse con carácter facultativo un informe a las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.
Pregunta de reserva: El principio de jerarquía se aplica en las relaciones entre órganos administrativos. en las relaciones entre órganos administrativos y también en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas). exclusivamente en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas).
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