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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDerecho Administrativo I - Tema I

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Título del test:
Derecho Administrativo I - Tema I

Descripción:
Test de UNED

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/04/2021

Categoría:
UNED

Número preguntas: 21
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Temario:
Las normas administrativas, en general: Pueden existir sin la presencia de una Administración. No pueden entenderse sin la presencia de la Administración, aunque también puedan ir dirigidas a otros sujetos. Sólo son aquellas que se dirigen única y exclusivamente a una Administración.
¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas?: No es posible, ya que el Derecho Administrativo es un Derecho estatutario, el Derecho de las Administraciones Públicas. No es posible, porque normas del Derecho privado que regulan la propiedad y las obligaciones y contratos sólo afectan a las personas físicas, y nunca a las Administraciones Públicas. Sí, es posible. Y esto no es incompatible con la calificación del Derecho Administrativo como un Derecho estatutario, como el Derecho de las Administraciones Públicas. .
¿Puede haber normas administrativas que tengan como destinatario único y preferente a la Administración Pública? Sí, como sucede con las normas que regulan los contratos administrativos o la expropiación forzosa. Sí, como sucede con las normas que regulan la organización administrativa. No, la norma administrativa siempre tiene como destinatarios directos a los particulares o administrados, sin perjuicio de la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad.
Resulta posible definir el Derecho Administrativo como: Aquella parte del Derecho privado que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos Aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos Aquella parte del Derecho público que tiene por objeto únicamente los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos, rigiéndose la organización administrativa exclusivamente por el Derecho privado. .
¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas? No, nunca, sólo puede utilizar o formar parte de relaciones reguladas por normas administrativas. No, porque en el ordenamiento jurídico no hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, sino sólo normas que presuponen su afectación o destino en todo caso a unos determinados sujetos. No, porque aunque en el ordenamiento jurídico hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, estas normas nunca son de aplicación a las administraciones públicas. Sí, porque hay normas como las normas de Derecho privado que regulan la propiedad o las obligaciones y los contratos que afectan a todos los sujetos jurídicos en general, sean personas físicas o jurídicas o administraciones públicas.
El Derecho administrativo, según el profesor PARADA, es, en términos descriptivos sobre su contenido (escoja la opción más completa y exacta): La parte del Derecho general, cuyo destinatario son exclusivamente las Administraciones públicas territoriales estrictamente consideradas. La parte del Derecho público cuyo destinatario es directa y exclusivamente los ciudadanos en relación con las Administraciones públicas, pero no estas mismas. Siempre exige la presencia de las Administraciones públicas, aunque en el otro lado de la relación jurídica pueden existir otros sujetos. Es el Derecho propio y exclusivo de todos aquellos entes no administrativos territoriales de carácter independiente. .
¿Cómo se denomina en nuestro ordenamiento la posibilidad que tienen las Administraciones Públicas de llevar directamente a ejecución sus actos (administrativos), sin que su efectividad, de manera general, se paralice por la interposición de recursos? Privilegio de ejecutoriedad o de decisión ejecutoria. Privilegio de la potestad sancionadora. Privilegio de la potestad reglamentaria. Ninguna de las anteriores es correcta. .
El Derecho administrativo, según el profesor PARADA, es, en términos definitorios (escoja la opción más completa y exacta), La parte del Derecho general que exclusivamente se encarga de las relaciones jurídicas entre los particulares y la Administración. La parte del Derecho público que siempre, solo y en todo caso vela por los intereses de la Administración en sus relaciones con otros sujetos públicos o privados. Es el Derecho que regula las potestades y competencias de las Administraciones territoriales exclusivamente y las garantías de los ciudadanos frente a tales poderes (por eso es denominado Derecho garantizador). Es la parte del Derecho público que regula la organización, medios y formas de la actividad de las Administraciones públicas y sus relaciones con otros sujetos y entre ellas mismas.
El privilegio de “decisión ejecutoria” del que goza, en nuestro ordenamiento, la Administración publica, Proviene del sistema del “rule of law” de los países anglosajones, del que nuestro sistema es heredero. Es exigencia del Derecho comunitario europeo que permite a la Administración ejecutar lo juzgado por los tribunales de manera autónoma. Es una potestad de naturaleza judicial que permite a la propia Administración decidir y ejecutar lo decidido. Es exigencia del Estado de Derecho que garantiza la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial.
¿Podría una norma administrativa tener como destinatarios más directos a entes privados o particulares y, en su caso, por qué y cómo sería esto posible? No es posible en ningún caso: las normas administrativas son únicamente aplicables a la Administración pública (territorial, institucional o, en su caso corporativa) y sus agentes. Sí es posible: hay numerosas normas administrativas que solamente afectan a los particulares sin concurso alguno de las Administraciones públicas. Sí es posible, pero en tal caso la Administración adopta una posición de garante de su efectividad, de tal manera que se le atribuye una potestad sancionadora o arbitral. No es posible porque siempre tiene que haber un órgano administrativo territorial participante en la relación jurídica como parte directa y activa; no será norma administrativa si no está presente una Administración: la estatal, autonómica o local.
Cómo caracterizaría, con la mayor exactitud, el Derecho administrativo: Parte del denominado Derecho garantizador que regula exclusivamente las relaciones entre las diversas Administraciones públicas. Parte del Derecho privado cuyo fin es regular las relaciones entre sujetos particulares y públicos. Parte del Derecho público cuyo objeto son la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las relaciones jurídicas de éstas con otros sujetos. La respuesta a) si añadimos también que regula la organización interna o estructura del poder ejecutivo y su administración.
De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración actúa Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con sometimiento pleno a la ley, exclusivamente. Con sometimiento pleno a la ley, a la moral y al orden público.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se entenderá por Administraciones Públicas La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local, exclusivamente. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local, y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, exclusivamente.
¿Cuál de estas administraciones no pueden entenderse como parte del concepto “Administración pública” insertas en el poder ejecutivo, tal y como aparece en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA)? El Consejo general del Poder judicial. La Administración General del Estado. La Administración pública de las Comunidades autónomas. La Administración de los entes locales (municipios, provincias, etc.).
Por lo que se refiere a las relaciones de la Administración con el Poder Judicial debe afirmarse, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, que En todo caso serán admisibles las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos. Serán admisibles las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos, aunque estén realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
¿Cuál de estas potestades NO tiene hoy la Administración? El privilegio de decisión ejecutoria La potestad sancionadora La potestad de resolver los conflictos de competencias entre la Administración y los Tribunales.
Según establece la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la sumisión de la actividad administrativa al sistema jurisdiccional, esta: No permite interponer interdictos o acciones posesorias frente a los actos dictados por los órganos administrativos en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento establecido. Permite interponer interdictos o acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos, siempre y en todo o cualquier caso. No permite interponer interdictos o acciones posesorias contras las actuaciones de los órganos administrativos en ningún caso. No permite interponer interdictos o acciones posesorias frente a los actos dictados por los órganos administrativos, pero en exclusiva de los emanados de la Administración General del Estado.
Para ejercitar acciones civiles o penales frente a los funcionarios y autoridades administrativas por hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos: No es preciso solicitar autorización administrativa previa a la Administración en que se encuentran. Es preciso siempre solicitar autorización administrativa previa. Es preciso solicitar suplicatorio ante quien corresponda. Todos los cargos públicos están aforados.
En el Derecho español, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas: Se halla reconocida por la Constitución. Se halla reconocida sólo por Leyes estatales y autonómicas. Es inconstitucional en todo caso, pues solo corresponde al poder judicial. Deriva de una imitación al sistema anglosajón del “rule of law”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.1 de la Constitución, Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. El Consejo de Estado controla la potestad reglamentaria y la legalidad y oportunidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los Tribunales y el Consejo de Estado controlan la potestad reglamentaria y la legalidad y oportunidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
El desplazamiento del Derecho administrativo por el Derecho privado la “huida del Derecho administrativo” se podría entender como que: Garantiza la mayor eficacia de los servicios públicos. Es consecuencia de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea (UE). Da lugar a la huida de todo control, público o privado. Es una exigencia derivada de la Constitución española.
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