DERECHO ADMINISTRATIVO I UNED

Las denominadas “competencias municipales propias”, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, aunque con sujeción al control y tutela del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local. Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico. Cualquiera de los miembros de las Corporaciones, en todo caso. miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, se hubieran abstenido, o estuvieran ausentes por causa justificada. Los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. Ninguna de las anteriores es correcta.

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico. Podrán anular dicho acto o acuerdo directamente. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, o bien impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Podrán requerir a la Entidad local para que anule dicho acto o acuerdo, pero no impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Podrán suspender dicho acto o acuerdo y, posteriormente, una vez instruido el correspondiente procedimiento, podrán anularlo.

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones locales se adoptan. Siempre, por mayoría simple de los miembros presentes. Siempre, por mayoría absoluta. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Como regla general, por mayoría absoluta.

Según la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados. Podrá acordarse por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. Podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia y con consentimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Congreso de los Diputados.

Una Sentencia que resuelva un conflicto en defensa de la autonomía local, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero la declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia. declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto. declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que haya dado lugar al conflicto. declarará, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto, pero la declaración, en su caso, de vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada requerirá nueva sentencia.

De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), los estatutos de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales se aprobarán: Mediante una Ley ordinaria. Por Real Decreto del Consejo de Ministros. Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda. Por una Orden Ministerial del titular del Ministerio de adscripción.

En relación con los organismos autónomos locales, puede afirmarse. Que se rigen por lo dispuesto por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, sin especialidad ninguna. Que su creación corresponde al Pleno de la Entidad Loca. Que la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde. Que tanto su creación como la aprobación de sus Estatutos corresponde al Alcalde.

En cuanto a las capacidades y competencias de las fundaciones del sector público estatal (también denominadas “fundaciones estatales”), de acuerdo con la Ley de Fundaciones. No podrán ejercer potestades publicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. No podrán ejercer potestades públicas, pero sí podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. Podrán ejercer potestades públicas y únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras. Podrán ejercer potestades públicas y podrán realizar actividades que no estén relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal que sean sus fundadoras.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las Entidades Públicas Empresariales. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos públicos, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Son Organismos privados, que se rigen por el Derecho público, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En todo caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.

Son notas características de la estructura y naturaleza de los organismos públicos, de acuerdo con la Ley 6/1997 (LOFAGE), que: no tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, pero sí autonomía de gestión. tienen personalidad jurídica pública diferenciada, ni patrimonio ni tesorería propios, ni autonomía de gestión. tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, pero no autonomía de gestión. tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión.

¿Quién nombra al presidente de la Agencia y de su Consejo rector, y a los miembros de este último?. El Ministro del ministerio de adscripción correspondiente, a todos ellos. El ministro de administraciones públicas al primero, con informe del Ministro de adscripción, quien, además, nombra a los últimos. El Consejo de Ministros y el Ministro de adscripción, respectivamente. El presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, respectivamente.

En relación al Tribunal de Cuentas y de acuerdo con la Constitución Española, puede afirmarse que. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Tribunal Supremo y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente del Consejo General del Poder Judicial y ejercerá sus funciones por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los Proyectos de Decretos legislativos, deberá –es preceptivo- consultarse: Al Pleno del Consejo de Estado. a Comisión Permanente del Consejo de Estado. A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia.

De acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, cuando una profesión se organice por colegios territoriales. Bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. No podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación (es decir, y por ejemplo, quien esté colegiado en Madrid, sólo podrá ejercer en Madrid). Podrá ejercerse en un territorio distinto al de colegiación, aunque con una habilitación específica. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme señala la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en relación con los anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas, deberá consultarse. Al Pleno del Consejo de Estado. A la Comisión Permanente del Consejo de Estado. A la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. No se debe consultar al Consejo de Estado en esta materia.

En cuanto a los honorarios profesionales entre las profesiones colegiadas y de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales. La regla general es que los Colegios Profesionales podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales. La regla general es que los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí unos baremos orientativos. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, ni siquiera criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados. Los Colegios Profesionales no podrán establecer recomendaciones sobre honorarios profesionales, aunque sí criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas de los abogados.

La composición y competencia del Consejo de Estado se encuentra regulada. En una Ley Orgánica específica, que regula estas materias. En la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. En la Ley del Gobierno. En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Son miembros o componentes básicos del Pleno del Consejo de Estado: El presidente, el Pleno de Consejeros, los Secretarios y los vocales asesores. El presidente, los consejeros permanentes, Consejeros natos (entre ellos los natos vitalicios), consejeros electivos y el Secretario General. La Comisión permanente y las Comisiones delegadas. El presidente, las Secciones y el Pleno, junto con la Secretaria General Técnica.