Derecho Administrativo II - Banco Admin II

Son actos administrativos constitutivos: Aquellos que crean una situación ex novo. Aquellos que crean una situación ex ante. Aquellos que crean una situación ex post. Ninguna de las anteriores.

Son actos administrativos ablatorios: Aquellos que emanan de un solo ente u órgano. Aquellos que tienen una concreción nominativa con nombre y apellidos de sus destinatarios o por su pertenencia a un colectivo determinado. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. Aquellos que son declarativos de derechos o entrañan un efecto favorable para su destinatario.

Conforme a la clasificación material de los actos administrativos, señale la opción correcta: Los actos singulares son los que se elaboran por un solo ente u órgano. Los actos unilaterales son los que emanan de la exclusiva voluntad de la Administración. Los actos reales no son transmisibles. Los actos declarativos constituyen ex novo una situación jurídica.

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que: Tengan un contenido posible. Estén dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. Sean constitutivos de infracción civil. Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los defectos de forma solo invalidan el acto administrativo cuando: Carecen de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o producen la indefensión de los interesados. Carecen de algún requisito para alcanzar su fin. Carecen de todos los requisitos para alcanzar su fin. Carecen de requisitos complementarios establecidos por el órgano administrativo.

El Ayuntamiento de Bilbao adjudica el contrato para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical. El acto de adjudicación fue dictado por tres miembros de un tribunal calificador que habían recibido 60.000 € cada uno de un tercero para fallar a favor de dicha empresa. El acto por el que se adjudica el contrato será: Nulo de pleno derecho, pero se permite su convalidación posterior. Anulable. Nulo de pleno derecho. Irregular, pero no invalidante.

¿En cuál de los siguientes supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo?. Cuando se acuerde la petición de informes. Cuando se reitere el criterio establecido en actos precedentes. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. Cuando se admita a trámite un recurso.

A Jaime le acaban de notificar la inadmisión de un recurso de alzada que presentó contra un acto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Requiere motivación dicha inadmisión?. No, porque únicamente deben ser motivados los actos que resuelvan sobre el fondo del recurso planteado, no los que resuelvan sobre la admisión del mismo. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo. Sí, pero únicamente si el recurso se inadmite por estar fuera de plazo. No, porque únicamente deben ser motivados los actos que limiten derechos subjetivos o los intereses legítimos, pero nunca los referidos a recursos administrativos.

No es exigible la motivación del acto administrativo en los siguientes supuestos: Para inadmitir un recurso administrativo. Para acordar la ampliación de un plazo o declarar la urgencia del procedimiento. Para la petición de informes preceptivos. Cuando el acto se dicta en ejercicio de una potestad discrecional.

Son actos susceptibles de revisión de oficio: Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Todas las anteriores.

La suspensión provisional de funciones acordada por la Administración durante la tramitación de un procedimiento disciplinario contra un médico de hospital público que abandonó su servicio. Dicha suspensión: Es un mero acto de trámite, por lo que no es impugnable. Es un acto firme, ya que el mismo deviene inatacable. Es un acto definitivo (decide sobre el fondo), por lo que es impugnable. Es un acto de trámite cualificado, porque causa indefensión al médico y, por lo tanto, sería impugnable.

La cláusula 'sin perjuicio de tercero' en el ámbito de las autorizaciones supone jurídicamente: La necesidad de obtener cuantas otras autorizaciones o licencias sean exigibles por el resto de la normativa aplicable. La exoneración de responsabilidad por la Administración respecto de lo autorizado. Un mero formalismo sin efectos jurídicos prácticos. La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar situaciones jurídico-privadas.

Sobre las autorizaciones, señale la incorrecta: Su régimen jurídico se encuentra establecido en las respectivas normas sectoriales que las regulan. Se otorgan siempre previo procedimiento administrativo iniciado mediante solicitud. Tienen carácter constitutivo. Pueden ser regladas.

Señale qué tipo de autorizaciones son transmisibles: Las autorizaciones de naturaleza personal. Las autorizaciones que incorporen la cláusula 'sin perjuicio de tercero'. Las autorizaciones de naturaleza real. Las autorizaciones operativas y regladas.

Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento en relación con una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación?. Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. La resolución será anulable. El vicio de la resolución es irrelevante. La resolución es nula de pleno derecho.

El comiso por la Administración de una mercancía incautada en un tráfico ilícito es un ejemplo típico de: Técnica ablatoria total ejercitada por la Administración. Técnica ablatoria parcial ejercitada por la Administración. Técnica de condicionamiento ejercitada por la Administración. Técnica de intervención judicial provocada por la Administración.

Atendiendo a las razones históricas, el procedimiento administrativo: Surge como reacción natural del Estado liberal de Derecho. Es una causa del crecimiento orgánico que la Administración experimenta. Responde a la presión de la burocracia funcionarial. Todas las anteriores.

El procedimiento administrativo común se aplica: En el ámbito de la Administración General del Estado. En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas. En el ámbito del sector público institucional. En todos los anteriores.

¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular presenta algún defecto?. 10 días. 2 meses. 3 meses. 1 mes.

La imparcialidad: Junto con la objetividad, son los requisitos que tienen que reunir los órganos administrativos. Existe en el parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado en línea recta. No se garantiza mediante causas de abstención. No existe cuando concurra un interés personal en el asunto.

¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. 3 meses. 6 meses. 1 año. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

Cuando se inicia un procedimiento administrativo, ¿hay algún trámite de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento?. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas.

En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados, las actuaciones se entenderán: Con todos ellos, si no han designado un representante común para todos. Se les requerirá para que designen un representante en el plazo de diez días. Si no lo designaren, se les tendrá por desistidos de su solicitud. Si han designado de forma expresa un representante o un interesado, se entenderán las actuaciones con él. En otro caso, con el interesado que figure en primer lugar en la reclamación. Se les requerirá para que designen un único domicilio en el que recibir las notificaciones, que se entenderán hechas a todos ellos personalmente.

Según el art. 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo. En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano instructor.

Carmen presenta una solicitud al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y quiere saber cuáles son sus derechos en materia de prueba en el seno del procedimiento administrativo iniciado. Señala la respuesta correcta: Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de prueba por un plazo no inferior a 20 y no superior a 30 días. Carmen podrá proponer la práctica de prueba, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de pruebas por un plazo no inferior a 15 y no superior a 30 días. Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, que solo podrán ser rechazadas por el órgano competente cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Carmen no puede proponer pruebas, que solo podrán ser acordadas de oficio por el órgano competente.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia un procedimiento administrativo en el que Sandra tiene la condición de interesada. Con anterioridad a la incoación del procedimiento, el Ministerio acordó el embargo preventivo de un bien. ¿Es acorde con el ordenamiento jurídico la adopción de dicha medida provisional?. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales sin conceder previamente audiencia a los interesados. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar de forma motivada medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que se trate de un caso de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que así lo solicite alguna parte interesada.

Los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde el mismo día de su notificación a los interesados. El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

La información pública en un procedimiento administrativo consiste en un acto de instrucción en virtud del cual: Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, estando la Administración obligada a asumir las alegaciones que se manifiesten. Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, estando la Administración obligada a emitir una respuesta razonada a las alegaciones que se presenten, que podrá ser común a aquellas alegaciones sustancialmente idénticas. Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, no teniendo la Administración la obligación de contestar a las alegaciones presentadas. Se posibilita únicamente al interesado en el procedimiento, para que pueda examinar por sí mismo el expediente.

En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, en caso de desistimiento o renuncia del interesado, la Administración: Aceptará el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento en todo caso. No puede aceptar el desistimiento o renuncia del particular. Aceptará el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados personados en el procedimiento soliciten la continuación del mismo, o el procedimiento pueda tener efectos sobre el interés general. Suspenderá el procedimiento durante 1 mes, transcurrido el cual aceptará el desistimiento.

Para el cómputo de un plazo señalado en meses: Se excluyen los sábados, los domingos y los festivos. Se excluyen los días inhábiles. Se consideran solo las fechas hábiles en el domicilio del interesado. Se calcula de fecha a fecha.

Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir?. El 1 de marzo, pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). El 31 de febrero. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).

En un plazo señalado en meses, el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. El día siguiente que sea hábil. El último día del mes. El anterior que sea hábil. El que determine la Administración en cada caso.

El día que vence un plazo es festivo en la Comunidad Autónoma en que reside el recurrente, pero es hábil en Madrid, donde está la sede del órgano administrativo autor del acto impugnado. ¿Qué día termina el plazo en ese caso?. Ese día, porque es hábil donde está la sede del órgano administrativo. Al día siguiente hábil, porque es inhábil en la localidad donde tiene su domicilio el interesado. El último día del mes. Ese día, porque siempre prevalecen los plazos de la capital del Reino.

En vía administrativa, para el cómputo de los plazos: Se excluye el mes de agosto, salvo para la interposición del recurso por vulneración de derechos fundamentales. Se excluyen sábados, domingos y festivos. Se excluyen los días inhábiles y el mes de agosto. Se excluyen sábados, domingos y festivos así como el mes de agosto.

El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. El domingo 30 de septiembre de 2018. El lunes 1 de octubre de 2018. El martes 30 de octubre de 2018. El miércoles 31 de octubre de 2018.

A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019 (jueves). ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. El 4 de marzo de 2019 (lunes), porque el cómputo de 30 días naturales terminó el 2 de marzo (sábado) y el plazo se prorroga al primer día hábil. El 14 de marzo de 2019 (jueves), porque para el cómputo del plazo hay que descontar todos los sábados y domingos. El 28 de febrero de 2019 (jueves), porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero. El 1 de marzo de 2019 (viernes), porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación.

Derribos, S.A. ha interpuesto un recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de demolición de un inmueble. Dado que han transcurrido más de dos meses sin que se haya resuelto el recurso, pretende plantear un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué plazo ha de plantear el recurso contencioso-administrativo para que no se considere presentado fuera de plazo?. En dos meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. En estos casos se considera que no hay plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa. En seis meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. En estos casos se considera que no cabe acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que no se resuelva el recurso.

El recurso de alzada se puede interponer contra: Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó. Los actos firmes, siempre que no hayan transcurrido cuatro años. Los actos anulables que sean favorables al interesado, ante el superior jerárquico.

El plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto es expreso es: 1 mes. 3 meses. 20 días. 2 meses.

¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso de reposición?. 10 días. 2 meses. Depende del acto recurrido. 1 mes.

El recurso de reposición: Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución que se recurre. Es potestativo. Procede frente a los actos que pongan fin a la vía administrativa. Todas las respuestas son correctas.

RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. Señala la respuesta correcta: RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.?. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. Ya ha transcurrido el plazo para interponer recursos administrativos, por lo que solo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

¿Qué recurso en vía administrativa cabe frente a una disposición de carácter general?. Recurso de alzada y, de ser desestimado, recurso potestativo de reposición. Ninguno. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no es posible interponer recursos en vía administrativa. Exclusivamente recurso potestativo de reposición. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

Contra el acto firme en vía administrativa: No se puede recurrir por haber adquirido firmeza. Puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. Se puede interponer recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley. Únicamente se puede recurrir en vía judicial, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible.

¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. Indistintamente ante el órgano autor de la resolución o ante su superior jerárquico. Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director General.

Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer el recurso de alzada: En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio administrativo: Es positivo y estimatorio de la solicitud como regla general. Es negativo si la solicitud se refiere a dominio público, servicio público o reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Permite la interposición de recursos. Son correctas las opciones A y B.

CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que el Ministro, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.?. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo presentar recurso de alzada ante el propio Ministro. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo presentar bien recurso de reposición ante el propio Ministro o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo, debiendo en todo caso solicitar al Ministro certificado acreditativo de dicho silencio. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. El Ministro expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo, ¿puede la Administración resolver tardíamente?. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la Administración sólo podrá resolver en tal sentido.

En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo: Es siempre de carácter negativo. Es siempre de carácter positivo. Es negativo como regla general, produciendo el archivo del procedimiento. Es negativo como regla general, si bien se producirá la caducidad en los procedimientos donde se ejerza la potestad sancionadora.

El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: Estimatorio. Desestimatorio. Caducidad del procedimiento. Allanamiento.

En un procedimiento para la concesión de subvenciones, el transcurso del plazo máximo para dictar la resolución dará lugar a: El silencio administrativo negativo, entendiéndose desestimadas las peticiones de subvención. El silencio administrativo positivo a favor del peticionario de la subvención. El desistimiento por la Administración del procedimiento. La caducidad y el archivo del procedimiento.

En los supuestos de silencio administrativo, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: No es posible interponer el recurso contencioso-administrativo. En el plazo de dos meses desde la notificación. En el plazo de seis meses desde que se produzca el acto presunto. En el plazo de tres meses.

Señala la afirmación incorrecta con relación al silencio administrativo: El silencio negativo desestima lo solicitado por el interesado. Frente al silencio negativo cabe interponer recurso. El silencio positivo tiene carácter finalizador del procedimiento. El silencio negativo opera en las estimaciones de derechos.

Señale el enunciado correcto sobre la revisión de oficio: Se tramita exclusivamente de oficio. Se fundamenta estrictamente en las causas tasadas en el art. 125 de la Ley 39/2015. Dará lugar a la declaración de lesividad como presupuesto necesario para solicitar la nulidad del acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Su tramitación exige la petición de informe al Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio: El órgano competente para resolver tendrá que suspender necesariamente la ejecución del acto cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Tendrá que suspender la ejecución cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Podrá suspender la ejecución cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.

La declaración de lesividad: Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus propios actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad exige: No exigirá audiencia a los interesados. Exigirá la previa audiencia de los representantes de los interesados. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cuál es la fórmula correcta para intentarlo?. Formular una instancia a la Ministra pidiéndole que lo modifique y que mientras tanto no aplique ese precepto del Real Decreto. Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo.

Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señale la opción correcta: No puede impugnar, porque tuvo oportunidad de alegar cuando se publicó la aprobación inicial y no se manifestó en contra. Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. Puede recurrir solo si no se le notificó directamente que tenía plazo para hacer alegaciones. No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

El principio de legalidad, en cuanto configurador del sistema sancionador, exige: Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un acto administrativo. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un Real Decreto. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un Real Decreto-ley. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por una norma con rango de ley.

El principio de tipicidad en el régimen sancionador exige: La prohibición de duplicidad en las sanciones. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. Que las penas o sanciones sean las estrictamente necesarias, adecuadas a la gravedad de los hechos.

El principio Non bis in idem: Es un principio que rige el régimen de responsabilidad patrimonial. Implica la prohibición de duplicidad de actos administrativos. Es un principio que no rige el procedimiento sancionador. Prohíbe que se impongan dos sanciones por un mismo hecho cuando haya identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos. En todo caso. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.

La resolución de un expediente sancionador contiene: una multa de 90.000 € al infractor, la orden de reparación de los daños causados al dominio público hidráulico y la reposición de las cosas al estado anterior. ¿La resolución puede contener todos estos pronunciamientos?. No, por el principio non bis in idem. Solo la multa y la imposición de reparación de daños y perjuicios. Solo hubiera sido posible si se hubieran tramitado dos procedimientos distintos. Sí, por cuanto una conducta infractora puede conllevar, además de la sanción, una responsabilidad civil derivada de la infracción (no constituye sanción).

El Ayuntamiento de Madrid notifica a Miguel el inicio de un procedimiento sancionador en su contra. Miguel quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Puede interponer dicho recurso?. Sí, puede interponer un recurso contencioso-administrativo al tratarse de un acto definitivo que pone fin a la vía administrativa. Sí, puede interponer un recurso contencioso-administrativo al tratarse de un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. No puede interponer un recurso contencioso-administrativo al tratarse de un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable. No puede interponer un recurso contencioso-administrativo al tratarse de un acto que no pone fin a la vía administrativa.

En el procedimiento sancionador, los actos definitivos que imponen una sanción: Son ejecutivos, como impone el principio general de autotutela ejecutiva de la Administración. No son ejecutivos hasta que no devengan firmes. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso administrativo. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso contencioso-administrativo.

¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, como norma general, según el art. 30.2 de la Ley 40/2015?. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. Desde el día en que se notifique la infracción que se hubiera cometido. Desde el día siguiente en que se notifique la infracción que se hubiera cometido.

Para que exista responsabilidad patrimonial, el daño ha de ser: Potencial, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. Efectivo, evaluable moralmente, individualizable y antijurídico. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y jurídico.

No es presupuesto de responsabilidad de la Administración como tal: El daño o la lesión resarcible. La relación de causalidad. La imputación del daño. La conducta dolosa.

¿Cuál de los siguientes supuestos excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración?. La intervención concurrente de varias Administraciones públicas. La fuerza mayor. El funcionamiento normal de los servicios públicos. La concurrencia de varias causas entre las que figure la culpa del interesado.

En los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la carga de la prueba del daño producido corresponde: A la Administración, para lo cual recabará los informes preceptivos oportunos, incluido en su caso el del Consejo de Estado. Es una cuestión que se dirimirá ante el Juzgado o Tribunal que conozca del recurso contencioso-administrativo. Al interesado que formula la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. A la Administración, a la vista de la documentación aportada por el interesado y del contenido de los informes que recabe durante la instrucción del procedimiento administrativo.

Pedro ha interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración competente por valor de 80.000 euros por los daños que ha sufrido su vivienda como consecuencia de unas obras en su calle. ¿Será preceptivo el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. Sí, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 10.000 euros. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros. No, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es facultativo siempre.

Al entrar en la consulta de su médico en un centro de salud público, se desprende sobre Andrea el techo de escayola, produciéndole heridas graves. Señala, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician siempre a solicitud de persona interesada. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad.

Un paciente se somete a una intervención en un hospital público y la anestesia epidural le produce daños permanentes en las extremidades inferiores. El paciente no fue informado de los riesgos ni formalizó el consentimiento informado. ¿Se responderá del daño? ¿Quién lo hará?. No habrá responsabilidad: se trata de un mero accidente. Deberá responder directamente el médico que atendió al paciente. Habrá responsabilidad de la Administración, ya que la falta de consentimiento informado es una evidencia de una falta de la lex artis médica. Solo habrá responsabilidad de la Administración si se demuestra la relación causal entre la anestesia epidural y los daños.

¿Cuál es el presupuesto de la expropiación forzosa?. La propiedad privada y los demás derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualquiera que fuese la persona o entidad a que pertenezcan. La propiedad privada exclusivamente, como manifestación del derecho de propiedad, siempre que esté inscrita en el Registro de la Propiedad. La propiedad privada exclusivamente, siempre y cuando sea propiedad de persona física. La propiedad privada y los demás derechos e intereses patrimoniales legítimos de personas físicas exclusivamente.

En la expropiación forzosa, la determinación del justo precio corresponde: Al Jurado Provincial de Expropiación, salvo acuerdo entre beneficiario y expropiado. Al beneficiario. Al expropiado. Siempre al Jurado Provincial de Expropiación.

¿En qué consiste el retracto en la expropiación forzosa?. En la posibilidad del expropiado de recuperar el bien expropiado por el precio de expropiación más una cantidad adicional por el importe del beneficio derivado de la reventa. En la posibilidad del expropiado de recuperar el bien expropiado cuando se destine a un fin distinto del que motivó la expropiación o no se ejecute la obra o no se establezca el servicio, mediante la devolución del justiprecio. En la posibilidad del expropiado de recuperar el bien expropiado por la diferencia entre el precio de expropiación y el precio de mercado del bien en el momento de la reversión. En la posibilidad del expropiado de recuperar el bien expropiado en todos los casos en que se haya producido la expropiación.

Señale la respuesta correcta sobre la responsabilidad por reversión en la expropiación forzosa: No existe limitación temporal para ejercer el derecho de reversión. El ejercicio del derecho de reversión tiene un plazo de tres meses a contar desde que la Administración notifique el acuerdo de no ejecutar o de anular la expropiación. El ejercicio del derecho de reversión tiene un plazo de tres meses a contar desde que se produzcan los supuestos que lo determinan. El ejercicio del derecho de reversión tiene un plazo de tres meses desde que el expropiado tuviera conocimiento de los hechos determinantes del mismo.

¿En qué consiste el procedimiento de urgencia en la expropiación forzosa?. Se permite la fijación del justo precio de manera urgente, acelerando el expediente de justiprecio. La declaración de urgente necesidad de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación permite la ocupación antes de la determinación del justiprecio, mediante el pago o depósito de un importe como indemnización provisional. Permite la expropiación de bienes sin necesidad de declarar de utilidad pública o interés social. Permite la expropiación de bienes sin necesidad de previa ocupación.

La resolución de discrepancias entre la hoja de aprecio del expropiado y la del beneficiario en el procedimiento de fijación del justiprecio corresponde al: Jurado Provincial de Expropiación. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Juzgado de Primera Instancia. Juez de Paz del municipio donde radica el bien expropiado.

¿En qué orden se desarrolla el procedimiento de expropiación forzosa?. Declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, fijación del justiprecio y pago o depósito del mismo y ocupación. Necesidad de ocupación, declaración de utilidad pública, fijación del justiprecio y pago o depósito del mismo y ocupación. Declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, ocupación, fijación del justiprecio y pago o depósito del mismo. Declaración de utilidad pública, fijación del justiprecio, necesidad de ocupación y pago o depósito del mismo y ocupación.

En la expropiación forzosa, los bienes que pueden ser objeto de expropiación son: Solo los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles y los bienes muebles de valor histórico. Cualquier clase de bienes y derechos patrimoniales. Los bienes de los sujetos privados, quedando excluidos los bienes de las Administraciones Públicas.

El uso común especial de los bienes de dominio público: No requiere autorización administrativa. Requiere autorización administrativa y el pago de una tasa o canon. Requiere siempre otorgamiento de concesión. Requiere autorización administrativa, pero no el pago de una tasa o canon.

El dominio público se caracteriza por ser: Inalienable, inembargable y prescriptible. Inalienable, embargable e imprescriptible. Inalienable, inembargable e imprescriptible. Alienable, inembargable e imprescriptible.

La afectación de un bien al dominio público: Siempre debe realizarse mediante ley formal. Siempre puede realizarse mediante acto administrativo. Generalmente se realiza por ley o por acto administrativo. Nunca puede hacerse mediante acto administrativo.

El deslinde de los bienes de dominio público es: Un procedimiento administrativo para delimitar la extensión de los bienes de dominio público frente a los terrenos colindantes. Un procedimiento para recuperar posesoriamente los bienes de dominio público. Un procedimiento judicial para determinar la extensión del dominio público. Un procedimiento administrativo similar a la expropiación de los terrenos afectados.

En los contratos del sector público, señale la afirmación correcta: Todos los contratos suscritos por entidades del sector público son contratos administrativos. Son contratos administrativos típicos el contrato de obra, el contrato de concesión de obra, el contrato de concesión de servicios, el contrato de suministro y el contrato de servicios. Son contratos privados los contratos que celebra la Administración General del Estado. Los contratos del sector público son contratos privados.

El procedimiento de adjudicación de contratos del sector público que se usa habitualmente como regla general es: El procedimiento negociado sin publicidad. El procedimiento abierto. El procedimiento restringido. El diálogo competitivo.

Señale los elementos esenciales de los contratos públicos: Los sujetos, el objeto y el precio. El objeto, el precio, la causa y la forma. Las partes, la capacidad para contratar, el objeto y la causa. Los sujetos (partes), el objeto y la forma.

En materia de contratación pública, ¿quién forma parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales?. Jueces y magistrados del orden civil. Funcionarios de carrera de los Cuerpos de Letrados del Estado o Abogados del Estado. Solo el Presidente del Tribunal. Ninguna de las anteriores.

El plazo de garantía en los contratos de obra: Es de 1 año como mínimo. Es de 3 años como mínimo. Es de 6 meses como mínimo. Es de 2 años como mínimo.

¿A qué órgano corresponde la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada?. Al Consejo de Estado. Al órgano de contratación, que es el que tiene atribuida la competencia para celebrar los contratos en nombre de la Administración. Al Comité de las Regiones de la UE. Al órgano de contratación previo informe del Consejo de Estado.

¿Qué tipo de procedimiento es el diálogo competitivo en la contratación pública?. Es un procedimiento simplificado de adjudicación que se aplica en contratos de menor cuantía. Es un procedimiento de adjudicación apto para contratos de especial complejidad técnica o jurídica en el que la Administración dialoga con los candidatos para definir la solución que mejor satisfaga sus necesidades. Es un procedimiento equivalente al procedimiento abierto, pero que no requiere publicidad. Es una variante del procedimiento negociado que se usa exclusivamente para contratos de colaboración público-privada.

La gestión directa de los servicios públicos supone: La prestación del servicio por la propia Administración, bien directamente o a través de entidades creadas para ello. La prestación del servicio por un tercero mediante concesión. La prestación del servicio por una empresa mixta participada por la Administración. La prestación del servicio mediante convenio con otra Administración Pública.

El contrato de concesión de servicios en la contratación pública supone: Que el empresario asume el riesgo operacional del servicio. Que la Administración asume el riesgo operacional del servicio. Que el empresario ejecuta la obra y recupera la inversión mediante el cobro de un precio al poder adjudicador. Que el empresario ejecuta la obra y la explota, asumiendo el riesgo de demanda pero no el riesgo de suministro.

Las técnicas de gestión indirecta de los servicios públicos son: La concesión, el concierto y la sociedad de economía mixta. La concesión y el arrendamiento. La concesión, el concierto y la sociedad de economía mixta son ejemplos de gestión directa. La concesión de servicio público, el arrendamiento y la sociedad íntegramente pública.

El principio de continuidad del servicio público implica: Que el servicio se presta de forma ininterrumpida y estable. Que el servicio es uniforme para todos los usuarios. Que el servicio puede adaptarse a las circunstancias. Que el servicio es de titularidad pública.

¿Cuáles son los principios clásicos del servicio público?. Continuidad, igualdad y mutabilidad. Eficiencia, eficacia y economía. Legalidad, competencia y transparencia. Subsidiariedad, proporcionalidad y cohesión.

Las vías de ejecución forzosa de las que dispone la Administración son: Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Apremio sobre el patrimonio y multa coercitiva. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas y comiso. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria y multa coercitiva.

La ejecución subsidiaria como modo de ejecución forzosa de los actos administrativos: Puede ser utilizada para ejecutar cualquier obligación incumplida. Procede cuando el acto impone una obligación de pago de suma de dinero. Solo procede cuando la obligación sea de carácter personal e intransferible. Solo procede cuando la obligación es no personalísima y puede ser realizada por sujeto distinto del obligado.

¿Cuáles son las técnicas de relación interadministrativa?. Coordinación y control. Cooperación y coordinación. Cooperación, coordinación y subordinación. Solo la coordinación.

En las relaciones entre los órganos de una misma Administración, se aplica el principio de: Jerarquía y coordinación. Jerarquía, descentralización, coordinación, y reserva. Solo de jerarquía. Solo descentralización funcional.

Señale la afirmación correcta sobre la delegación de competencias: El órgano delegante siempre podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución haya sido delegada. Las resoluciones dictadas en virtud de delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante. La delegación de competencias supone la renuncia definitiva a la competencia delegada. Una competencia delegada puede a su vez ser objeto de nueva delegación.

Señale la respuesta correcta sobre la avocación de competencias: El órgano superior puede avocar para sí el conocimiento de un asunto atribuido al órgano inferior por razones de interés público debidamente motivadas. Solo se puede avocar en el caso de que se haya delegado previamente la competencia. La avocación no necesita ser motivada. La avocación requiere la autorización del órgano superior al avocante.

Las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas son: Las sociedades mercantiles de capital mixto (público y privado). Los organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Las fundaciones del sector público y los organismos autónomos. Los consorcios y las mancomunidades.

El recurso contencioso-administrativo puede interponerse: Contra cualquier acto dictado por la Administración. Contra los actos de la Administración sujetos al Derecho Administrativo, las disposiciones de carácter general con rango inferior a la ley y los decretos legislativos en los supuestos previstos en el art. 82.6 CE. Contra cualquier acto de la Administración, así como contra las actuaciones de los particulares reguladas por el Derecho Administrativo. Contra los actos de la Administración sujetos al Derecho Administrativo y los actos dictados por los particulares en el ejercicio de funciones públicas.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra actos expresos es, con carácter general: 2 meses desde la notificación del acto. 1 mes desde la notificación del acto. 6 meses desde la notificación del acto. 3 meses desde la notificación del acto.

¿Puede el Ministerio Fiscal (Fiscalía) interponer recurso contencioso-administrativo?. Nunca. Solo en defensa de los derechos fundamentales. Sí, puede interponer recurso contencioso-administrativo cuando ostente la representación o defensa de personas que, por sus condiciones de incapacidad o de desamparo, no puedan actuar por sí mismas. Siempre que lo considere conveniente para la defensa del interés público.

El recurso contencioso-administrativo en relación con las actuaciones de la Administración en materia de protección de los derechos fundamentales: Tiene un plazo de interposición de diez días. Tiene un plazo de interposición de cuarenta días. Tiene un plazo de interposición de dos meses. Tiene un plazo de interposición de seis meses.

¿Ante qué órgano judicial se recurre una resolución del Consejo de Ministros?. Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ante la Audiencia Nacional.

El proceso especial para la protección de los derechos fundamentales ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se tramita con arreglo a: El procedimiento ordinario, pero en plazo reducido. El procedimiento abreviado. El procedimiento especial regulado en los arts. 114-122 bis LJCA. El procedimiento sumario previsto en el art. 23 CE.

¿Cuáles son los principios que rigen las subvenciones públicas según la Ley General de Subvenciones?. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Transparencia, eficacia, eficiencia, economía, legalidad. Objetividad, igualdad, eficiencia y proporcionalidad. Solo transparencia y publicidad.

No pueden ser beneficiarios de las subvenciones públicas las personas que: Hayan incumplido las condiciones impuestas con ocasión de la concesión de una subvención anterior o estén incursas en alguna de las prohibiciones que establece la Ley 38/2003. Tengan su domicilio fuera del territorio nacional. Obtengan subvenciones de otras Administraciones. Todas las anteriores.

El procedimiento de concesión de subvenciones: Es siempre el régimen de concurrencia competitiva. Puede ser el régimen de concurrencia competitiva o de concesión directa en los casos previstos en la ley. Es siempre el régimen de concesión directa. Puede ser el régimen de concurrencia competitiva, concesión directa o concesión negociada.

¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones graves en materia de subvenciones?. 1 año. 3 años. 4 años. 5 años.

El reintegro de subvenciones se produce cuando: El beneficiario no ha justificado el destino dado a la subvención o ha incumplido las obligaciones o condiciones impuestas. Cuando la Administración considera que no habría concedido la subvención de conocer mejor los hechos. El beneficiario no ha destinado íntegramente la subvención en el plazo de un año. Cuando el órgano concedente cambia de criterio sobre la oportunidad de la ayuda.

En el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el órgano instructor evaluará las solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en: La resolución del órgano instructor. Las bases reguladoras y en la convocatoria. El informe del órgano competente para resolver. La Ley de Presupuestos Generales del Estado.

¿Cuáles son las formas de actividad administrativa?. Actividad de policía o limitación, actividad de fomento y actividad de servicio público o prestacional. Actividad normativa, actividad de ejecución y actividad de control. Actividad de policía o limitación, actividad de fomento, actividad de servicio público y actividad arbitral. Actividad de limitación, actividad de servicio público y actividad normativa.

Señale cuál es la afirmación correcta respecto a los convenios administrativos: Los convenios que suscribe la Administración con sujetos privados para el fomento de actividades de interés común son contratos administrativos. Los convenios que suscribe la Administración con sujetos privados para el fomento de actividades de interés común no son contratos administrativos. Los convenios interadministrativos están sometidos a la LCSP. Los convenios son siempre contratos administrativos especiales.

Una concesión de servicio público puede extinguirse por: Cumplimiento del plazo, mutuo acuerdo, rescisión por incumplimiento del concesionario o por razones de interés público (rescate). Solo por el vencimiento del plazo estipulado. Solo por incumplimiento grave del concesionario. Solo por acuerdo unilateral de la Administración, previo expediente contradictorio.

En el procedimiento administrativo, la instrucción: Corresponde siempre al órgano competente para resolver. Tiene como finalidad el examen de todos los datos necesarios para la resolución. Se desarrolla exclusivamente a instancia de los interesados. Concluye necesariamente con una propuesta de resolución.

Las relaciones de sujeción especial que el Estado establece con determinados colectivos (funcionarios, presos, militares, estudiantes de centros públicos...): Son relaciones que eximen de la aplicación del principio de legalidad sancionadora. Son relaciones que permiten una regulación más intensa, pero nunca con afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Son relaciones exclusivamente de tipo penal. Se refieren únicamente a los funcionarios de carrera.

¿Cuándo puede la Administración realizar una actuación material que limite derechos de los ciudadanos sin que medie un acto administrativo previo que la justifique?. En los casos de flagrante infracción o en situaciones de urgencia o peligro inminente. Nunca. La Administración siempre necesita un acto administrativo previo. Cuando lo autorice el Delegado del Gobierno. Solo cuando la actuación sea en materia de orden público.

La potestad normativa reglamentaria de la Administración está sometida a límites. Señale la afirmación incorrecta: Los reglamentos no pueden vulnerar la reserva de ley. Los reglamentos ejecutivos deben ser informados por el Consejo de Estado. Los reglamentos pueden regular materias penales, aunque con carácter complementario de la ley. Los reglamentos no pueden regular retroactivamente en perjuicio de los derechos adquiridos.

Respecto a la potestad sancionadora, señale la correcta: Se puede imponer una sanción sin expediente previo si la infracción es flagrante. La resolución sancionadora puede ser dictada por órgano distinto al instructor. La resolución del procedimiento sancionador siempre debe recaer en el plazo de seis meses. La prescripción de la sanción empieza a contar desde la firmeza de la resolución sancionadora.

El recurso potestativo de reposición tiene por objeto: Impugnar ante el superior jerárquico los actos no definitivos del procedimiento. Impugnar ante el órgano autor del acto los actos que pongan fin a la vía administrativa, antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Solicitar que el órgano administrativo revise de oficio su actuación. Sustituir al recurso contencioso-administrativo.

¿Cuál es el órgano de contratación en el procedimiento de licitación pública de la Administración General del Estado?. El Ministerio de Hacienda. El Consejo de Ministros. El ministro del departamento o el órgano en quien éste delegue. La Junta Consultiva de Contratación del Estado.

¿Cuáles son las fases de la elaboración de un reglamento estatal?. Elaboración, consulta pública previa, audiencia e información pública, memorias y dictamen del Consejo de Estado. Solo la elaboración del texto y la aprobación por el órgano competente. Solo la consulta pública previa y la aprobación. Elaboración, aprobación y publicación en el BOE.

¿Qué ocurre con la tramitación de los convenios interadministrativos celebrados entre dos administraciones públicas?. Se rigen exclusivamente por la Ley de Contratos del Sector Público. Se rigen por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Se rigen por los arts. 47-53 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Se rigen por la normativa civil de los contratos.

La distinción entre acto administrativo y disposición general radica principalmente en: La jerarquía del órgano que los dicta. Los efectos temporales: los actos son temporales y las disposiciones son permanentes. Los actos tienen destinatario concreto e identificado, mientras las disposiciones tienen destinatarios genéricos e innominados. El acto siempre es impugnable en vía administrativa, mientras la disposición no.

La revisión de oficio de los actos anulables favorables para el interesado: No es posible. Los actos anulables no son susceptibles de revisión de oficio. Requiere siempre declaración de lesividad y posterior impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Puede realizarse directamente por la propia Administración sin necesidad de declaración de lesividad. Es posible, previa audiencia al interesado y dictamen del Consejo de Estado.