Las universidades públicas, a los efectos de la legislación en materia de contratación del sector público, son: Poderes adjudicadores. Administraciones públicas. Entidades del sector público. Todas las anteriores respuestas son correctas.
NO es un contrato del sector público de los definidos como típicos: El contrato de servicios. El contrato de suministros. El contrato de concesión de servicios. El contrato menor.
Son objeto de la jurisdicción civil: Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la adjudicación de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la preparación de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la resolución de los recursos especiales en materia de contratación relativos a los contratos que celebren las entidades del sector público que no tenga el carácter de poderes adjudicadores.
NO es un procedimiento de adjudicación de contratos del sector público: El procedimiento abierto. El procedimiento restringido. El procedimiento de negociado o con negociación. El procedimiento abreviado.
La cesión del contrato exige: Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. Que el cesionario tenga capacidad de contratación con la Administración. Que la cesión se formalice en escritura pública. Todas las anteriores respuestas son correctas.
No puede ser objeto de expropiación forzosa: Los derechos e intereses patrimoniales legítimos. Los bienes privados de un ente público. Los bienes muebles. Todas las respuestas anteriores son incorrecta.
NO tiene potestad expropiatoria: La provincia. El municipio. Una Administración independiente. El Estado.
La figura del expropiante y el beneficiario: Coinciden siempre en una misma persona. Son siempre personas diferentes. Son siempre entidades de Derecho público. Todas las respuestas anteriores son falsas.
La legalidad de una expropiación puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo cuando se adopte: La incoación del expediente. La declaración de interés público. La resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El derecho a la reversión expropiatoria: No es un derecho transmisible inter vivos. Es un derecho transmisible inter vivos. No es un derecho oponible a terceros. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
La exigencia de antijuridicidad del daño para que surja la responsabilidad de la Administración significa: Que el daño debe estar causado por una actuación ilegal de la Administración. Que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar dicho daño. Que el daño debe estar causado por una actuación jurídica ilegal de la Administración. Que el daño debe estar causado por un funcionamiento anormal del servicio público.
En el caso del procedimiento para declarar la responsabilidad de la Administración, si éste se iniciare de oficio: Deberá dejar de instruirse si los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido. Deberá instruirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido, si bien, en tal caso, si se declarara la responsabilidad de la Administración, dicha declaración no irá seguida de indemnización alguna. Deberá instruirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido, si bien, en tal caso, si se declarara la responsabilidad de la Administración, los interesados no personados no podrán percibir la indemnización que se declare, pues se entiende, al no personarse, que ha renunciado tácitamente a la misma. Deberá instruirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido.
En relación con la terminación convencional del procedimiento de declaración de responsabilidad de la Administración: Dicha terminación se produce mediante acuerdo indemnizatorio entre la Administración y el interesado. No existe posibilidad de terminación convencional del procedimiento de declaración de responsabilidad de la Administración, debiendo dicho procedimiento terminar bien por resolución expresa de ésta o por renuncia del interesado. Solo cabe la terminación convencional cuando el procedimiento fue iniciado de oficio por la Administración. La terminación convencional del procedimiento se produce mediante acuerdo indemnizatorio entre la Administración y el interesado, pero sólo es posible a propuesta de la Administración, nunca del interesado.
En el caso de daño producidos por concesionarios de servicios públicos: La reclamación siempre se debe dirigir ante la Administración, pues los concesionarios actúan en nombre de la Administración. La reclamación se debe dirigir ante los Tribunales ordinarios, pues la responsabilidad se rige por el Derecho Civil. La reclamación se debe dirigir ante los Tribunales contencioso-administrativos, pues la responsabilidad se rige por el Derecho Administrativo. La reclamación se puede dirigir ante la Administración o ante el concesionario, aunque la responsabilidad se rija por el Derecho civil.
La responsabilidad civil derivada de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones: Deberá ser exigida en el seno del proceso penal en el que se conozca la comisión del delito en cuestión. Deberá ser exigida en el seno de un procedimiento administrativo pues la Administración siempre es responsable subsidiaria. Deberá ser exigida en el seno del proceso penal en cuestión pero sólo cuando el delito sea considerado culposo. La eventual responsabilidad que se pueda derivar de la comisión de un delito por un funcionario público nunca genera responsabilidad de la Administración y sólo responsabilidad personal del funcionario.
¿Cuál de las siguientes clases de personal al servicio de la Administración es permanente? Los funcionarios de carrera. Los funcionarios interinos. El personal eventual. Todos ellos son permanentes.
De las siguientes clases de personal al servicio de la Administración, son objeto de nombramiento y no de contrato: Los funcionarios de carrera y el personal directivo. Los funcionarios interinos y el personal directivo. El personal eventual y el personal directivo. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal eventual.
¿Qué funciones puede desempeñar el personal eventual? Sólo funciones directivas y de confianza. Sólo funciones de confianza y de asesoramiento especial. Funciones directivas, de confianza y de asesoramiento especial. El personal eventual puede desempeñar todo tipo de funciones, pues lo que caracteriza esta figura es que son libremente nombrados y cesados.
Señale la afirmación correcta: El directivo o personal directivo en la Función Pública es una clase de empleado público. El directivo o personal directivo en la Función Pública sólo puede ser funcionario de carrera. El directivo o personal directivo en la Función Pública estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. El directivo o personal directivo es una figura que debe ser implantada obligatoriamente en todas las Administraciones Públicas a través de las Leyes de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
El cese de los funcionarios interinos se produce: Cuando libremente lo decida la Administración que lo nombró. Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. Automáticamente a los tres años de haber sido nombrados. Los funcionarios interinos nunca pueden ser cesados, extinguiéndose su relación por el transcurso del período para el que fueron nombrados.
¿Cuál de las siguientes materias no puede ser objeto de negociación colectiva en la Función Pública? La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
¿En qué casos puede la Administración recurrir al concurso como procedimiento selectivo para el ingreso en la Función Pública? En ningún caso, pues el concurso no es un procedimiento selectivo para el ingreso en la Función Pública sino sólo un procedimiento de provisión de puestos de trabajo para cubrir los puestos entre quienes ya han ingresado en aquella. Siempre que una Ley expresamente lo autorice. Siempre que un Reglamento expresamente lo autorice. Siempre que las bases de la convocatoria del procedimiento selectivo así lo prevean.
¿En cuál de los siguientes casos no es posible la rehabilitación del funcionario? En el caso de los funcionarios que perdieron su condición por haber perdido la nacionalidad con la que ingresaron en su día en la Función Pública. En el caso de los funcionarios que perdieron su condición por haber sido sancionado con la separación del servicio. En el caso de los funcionarios que perdieron su condición en caso de jubilación por incapacidad permanente para el servicio. En el caso de los funcionarios que perdieron su condición por haber sido condenados a la pena principal o accesoria de inhabilitación.
El sueldo de los funcionarios públicos: Se designa a cada funcionario en función de sus méritos y necesidades. Se asigna a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional. Incluye todas las retribuciones que percibe un funcionarios. Es un concepto retributivo complementario de entre los distintos conceptos retributivos que perciben un funcionario.
El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al respectivo Estatuto de Autonomía por parte de un funcionario: Constituye una infracción muy grave que no prescribe nunca. Constituye una infracción muy grave que prescribe a los tres años. Constituye una infracción muy grave que prescribe al año de haberse cometido. No constituye ninguna infracción que haya sido tipificada como tal por el Estatuto Básico del Empleado Público.
En caso de reclamación de responsabilidad del Estado por error judicial, este error: Deberá ser declarado por la Administración al tramitar el procedimiento de responsabilidad previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Deberá ser declarado por la Administración al tramitar el procedimiento de responsabilidad, previo informe del Tribunal o Juez al que se imputa el error en cuestión. Deberá ser declarado previamente por un Juez o Tribunal. Deberá ser declarado previamente por el Consejo General del Poder Judicial.
¿Desde cuándo empieza a contarse el plazo de prescripción de las sanciones leves? Las sanciones leves no prescriben nunca. Desde que se notifica la sanción al funcionario. Desde que la resolución sancionadora es firme. Desde que se dictó la resolución sancionadora.
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