Derecho Administrativo III

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Título del test:
Derecho Administrativo III

Descripción:
Examen Junio 2016 - 1ª Semana

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/07/2019

Categoría:
UNED
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Temario:
A efectos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las universidades públicas: Tienen la consideración de Administraciones públicas. No tienen la consideración de Administraciones públicas. Son poderes adjudicadores, pero no Administraciones públicas. No les es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público.
En la expropiación forzosa, ¿cuándo se produce la transferencia de la propiedad al beneficiario de la expropiación? Cuando se produce la inscripción en el Registro de la Propiedad. Cuando se lleva a cabo la ocupación de los bienes expropiados. Cuando se abona el justiprecio. Cuando se declara la necesidad de ocupación de los bienes.
¿En cuál de los siguientes casos responde la Administración por los daños causados por un concesionario de un servicio público? En todos los casos. Cuando los daños se producen como consecuencia de las operaciones que requieren el desarrollo del servicio. Cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. En ningún caso.
¿Cuál de las siguientes figuras no es una clase de empleado público? Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal directivo. Personal eventual.
Los contratos in house: Están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público solo en lo ateniente a los procedimiento de adjudicación. Están excluidos del ámbito objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Son contratos administrativos sujetos a la jurisdicción social. Ninguna de las anteriores.
El pago del justiprecio expropiatorio: El justiprecio debe pagarse en metálico, pero en las expropiaciones urbanísticas puede sustituirse por el pago con terrenos por valor equivalente. La ley establece un plazo máximo de seis meses entre el inicio del expediente expropiatorio y la fijación del justiprecio. Cuando este plazo exceda, el expropiado puede optar entre recibir el justiprecio junto con los intereses de demora desde el momento de inicio del procedimiento expropiatorio o que se declare la caducidad del procedimiento expropiatorio. El pago del justiprecio es siempre previo a la transmisión de la propiedad, de manera que la firma de las actas previas de ocupación en una expropiación urgente no es título suficiente para la inscripción de la finca en el registro de la propiedad, debiendo la administración esperar para ello a que por el Jurado se fije el justiprecio y se proceda a su pago. La administración, no estando conforme con el justiprecio fijado por el Jurado que estima además lesivo para sus intereses y cuando tenga dudas de la solvencia del expropiado, puede elegir entre consignar el pago del justiprecio fijado por el Jurado o hacerlo efectivo al propietario.
La demora en la tramitación de un expediente administrativo: Nunca da lugar a responsabilidad administrativa. Siempre produce la responsabilidad de la Administración. Con carácter general, no genera la responsabilidad de la Administración. Sólo causa la responsabilidad de la Administración cuando produce algún daño.
¿En cuál de los siguientes casos es imposible la rehabilitación en la condición de funcionario? En caso de inhabilitación penal. En caso de jubilación por incapacidad permanente. En caso de separación del servicio por sanción disciplinaria. En caso de pérdida de la nacionalidad.
NO es una prohibición de contratar: Haber incurrido en quiebra. El incumplimiento de las obligaciones tributarias. Haber incurrido en tráfico de influencias. No estar inscrito en el Registro de Clasificación de Empresas.
La declaración de la causa de utilidad público o interés social: Es el primer trámite del procedimiento expropiatorio que puede ser recurrido por los interesados: ya sea por el beneficiario de la expropiación o por los afectados por la expropiación. Debe realizarse mediante la aprobación de una ley para cada procedimiento expropiatorio, de ahí que los municipios no puedan iniciar ningún procedimiento expropiatorio y su actuación comience con el trámite de necesidad de ocupación una vez declarada la utilidad pública o interés social por ley del Estado o la Comunidad Autónoma. Puede ser implícita en relación con la expropiación de determinadas categorías de inmuebles para la ejecución de determinados planes y proyectos de obras, como es el caso de carreteras, ferrocarriles, planes urbanísticos, etc. Debe aprobarse por ley que incluirá, además, la declaración de necesidad de ocupación.
La actuación administrativa que genera la responsabilidad de la Administración debe ser llevada a cabo: Necesariamente por un funcionario de carrera. Necesariamente por un empleado público. Por cualquier autoridad o personal del servicio de la Administración. Exclusivamente por autoridades públicas electas democráticamente.
El conocido como "complemente específico": Se corresponde con el nivel del puesto de trabajo que desempeña. Retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención, por ejemplo, a su especial dificultad técnica o dedicación. Retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa del funcionario. Retribuye los gastos en que incurre un funcionario para ejercer sus funciones.
Los contratos administrativos: Deben obligatoriamente elevarse a escritura pública. Nunca se elevan a escritura pública. Se elevan a escritura pública si lo solicita el contratista. Ninguna de las anteriores.
¿Cómo se denomina el derecho de los causahabitantes del expropiado de recobrar los bienes expropiados si no se ejecutare la obra pública que fue causa de expropiación? Derecho de retracto. Derecho de revisión. Derecho de tanteo. Los causahabitantes de la persona expropiada nunca heredan los derechos derivados del negocio jurídico expropiatorio.
¿En qué casos permite la normativa que los órganos de selección para ingresas en la Función Pública sean unipersonales? Nunca. Siempre. Sólo cuando así esté previsto en la relación de puestos de trabajo. Sólo cuando así esté previsto en la convocatoria del proceso de selección.
En el ámbito de la Administración General del Estado, el recurso especial en materia de contratación se interpondrá ante: La jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Ninguna de las anteriores.
La expropiación forzosa es: Solo la privatización de bienes inmuebles. Solo la privatización de bienes muebles. Solo la privatización del derecho de propiedad. La privatización tanto del derecho de propiedad como de intereses patrimoniales legítimos.
¿Qué clase de empleados públicos, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza y asesoramiento especial? Personal directivo. Personal eventual. Funcionarios interinos. Personal laboral.
NO es un procedimiento de adjudicación de contratos: El procedimiento abierto. El procedimiento restringido. El procedimiento negociado. El procedimiento urgente.
En casos de daños corporales, ¿qué criterios de valoración admite la Ley para cuantificar económicamente la indemnización que la Administración deba abonar a título de responsabilidad? Siempre el valor de mercado. Siempre la valoración que haga un médico forense designado por el Juez. Los criterios fiscales establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
La Ley de Contratos del Sector Público: Prohíbe la cesión del contrato. Prohíbe la subcontratación. Prohíbe la cesión del crédito derivado del contrato. Ninguna de las anteriores.
Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de: Un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. La Oferta de Empleo Público. Un Plan de Formación y de Capacitación de nuevos recursos. Relación de puestos de trabajo.
NO es una prerrogativa de la Administración contratante: Interpretar los contratos. Modificar los contratos por razones de interés público. Acordar la resolución del contrato. Acordar el inicio de la prestación antes de la adjudicación del contrato.
En materia de responsabilidad administrativa, cuando se trata de una falta personal del funcionario o autoridad por haber actuado con negligencia: No se puede imputar tal actuación a la Administración, no generándose la responsabilidad de ésta. Se genera la responsabilidad de la Administración, dirigiéndose la acción de responsabilidad indistintamente contra la Administración o contra el funcionamiento o autoridad. Se genera la responsabilidad de la Administración, pero la acción de responsabilidad se dirigirá necesariamente contra aquella, debiendo después la Administración -una vez abonados los daños- ejercitar contra el funcionario o autoridad que ha causado el daño la acción de regreso. Se genera la responsabilidad exclusivamente del funcionario o autoridad, si bien la Administración deberá responder subsidiariamente en caso de que el funcionario o autoridad sean insolvente.
La condición de expropiante solo se reconoce, con carácter general: A los Entes territoriales, es decir, al Estado, las Comunidades Autónomas, la Provincia y el Municipio. A los Entes territoriales y a los entes institucionales. A los Entes territoriales, a los entes institucionales cuando una Ley así lo establezca y al Legislador. A los Entes territoriales, a los entes institucionales cuando una Ley así lo establezca y a los Jueces y Tribunales.
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