DERECHO ADMINISTRATIVO III Convocatoria junio 2025 2ª semana

1.- La calificación de un contrato como menor se hace a partir de: A) El presupuesto base de licitación. B) El valor estimado del contrato. C) El precio del contrato. D) La media de las cantidades anteriores.

2. El recurso especial en materia de contratación cabe: A) Contra la propuesta de resolución de la mesa de contratación. B) Contra la resolución de adjudicación del órgano de contratación. C) Contra la escritura pública de formalización del contrato. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.- Cuando existan varios criterios de valoración de las ofertas deberá (señale la respuesta correcta): A) Darse preponderancia a los criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes a través de la mera aplicación de fórmulas. B) Deberá incluirse siempre el precio como criterio. C) Deberá abrirse en primer lugar el sobre en el que se incluye los criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes a través de la mera aplicación de fórmulas. D) Todas las respuestas son correctas.

4.- NO es una consecuencia posible del retraso en el pago por la entidad contratante: A) El abono de intereses. B) El pago de la deuda. C) La suspensión del contrato. D) La prohibición de contratar.

5.- Cuando la Administración modifique un contrato de concesión de servicios, señale la respuesta correcta: A) Deberá acordarlo con el contratista. B) Deberá obtener la autorización de la Junta de contratación. C) Deberá obtener la autorización de la Comisión Europea. D) Deberá garantizar el derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión.

6.- La prerrogativa de declarar unilateralmente el incumplimiento de un contrato del sector público corresponde: A) Al sector público. B) A las Administraciones. C) A los poderes adjudicadores. D) A todos los anteriores.

7.- Señalar la afirmación verdadera: A) La propuesta de adjudicación adoptada por la Mesa de contratación puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación. B) La formalización del contrato puede ser objeto del recurso especial en materia de contratación. C) La resolución de la adjudicación del contrato puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación. D) La escritura pública de constitución del contrato puede ser objeto del recurso especial en materia de contratación.

8.- Son poderes adjudicadores, pero no Administraciones públicas a los efectos de la Ley 9/2017: A) Las autoridades administrativas independientes. B) Las entidades gestoras de la Seguridad social. C) Los organismos autónomos. D) Las fundaciones públicas.

9.- Como regla general (y excluyendo el Patrimonio Nacional), son bienes patrimoniales de la Administración: A) Los que pertenecen al sector público y no se destinan a un uso o servicio público. B) Los que no se destinan a un uso o servicio público, cualquiera que sea su titular. C) En general, los que forman el patrimonio de la Administración, se destinen o no a un uso o servicio público. D) Los que pertenecen a la Administración y no se destinan a un uso o servicio público.

10.- La afectación demanial de los bienes puede operarse por alguna de las siguientes fórmulas: A) Por ley, en vía administrativa, de facto y contractualmente. B) Por ley, en vía administrativa, de facto. C) No cabe la vía de facto. D) Por ley, reglamento, acto administrativo y contrato.

11.- Señale la respuesta correcta: A) La demanialización conlleva la exclusión de los bienes del tráfico jurídico, por lo que no cabe la afectación de hecho. B) La Administración podrá efectuar la afectación de facto de sus bienes al dominio público cuando los utilice de forma pública, notoria y continuada para un servicio público. C) La Administración podrá efectuar la afectación implícita de los bienes al dominio público cuando los adquiera por usucapión mediante actos posesorios que los vinculen a un uso general o servicio público. D) La aprobación de determinados instrumentos jurídicos puede conllevar la demanialización presunta de concretos bienes en la medida en que queden destinados a un uso o servicio público.

12.- De acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), en el ámbito estatal se aplicará la siguiente prelación normativa: A) La preparación y adjudicación de contratos, convenios y negocios jurídicos sobre los bienes patrimoniales se regirán, supletoriamente, por la legislación de contratos del sector público. B) La preparación y adjudicación de contratos, convenios y negocios jurídicos sobre los bienes patrimoniales se regirán, en primer lugar, por la legislación de contratos del sector público. C) La preparación y adjudicación de contratos, convenios y negocios jurídicos sobre los bienes patrimoniales se regirán, en primer lugar, por las normas del Derecho administrativo en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello. D) La preparación y adjudicación de contratos, convenios y negocios jurídicos sobre los bienes patrimoniales se regirán por la LPAP y las disposiciones que la desarrollen o complementen y supletoriamente por el Derecho privado.

13.- En relación con el régimen de protección de los bienes públicos: A) La potestad de desahucio administrativo habilita a la Administración para que pueda recuperar en vía administrativa la titularidad de sus bienes demaniales cuando haya sido indebidamente privada de ellos. B) La potestad de desahucio administrativo habilita a la Administración para que pueda recuperar en vía administrativa la tenencia de sus bienes demaniales cuando haya sido indebidamente desposeída de ellos. C) La potestad de desahucio administrativo habilita a la Administración para que pueda recuperar en vía administrativa la titularidad de sus bienes demaniales cuando haya decaído el título que legitimaba al particular. D) La potestad de desahucio administrativo habilita a la Administración para que pueda recuperar en vía administrativa la tenencia de sus bienes demaniales cuando haya decaído el título que legitimaba su ocupación.

14.- En relación con la expropiación forzosa: A) Cuando en la expropiación se requiera solo una parte de una finca y su propietario considere antieconómica la conservación de la parte no expropiada, el propietario podrá solicitar la expropiación de la totalidad de la finca. B) Cuando en la expropiación se requiera solo una parte de una finca y su propietario considere antieconómica la conservación de la parte no expropiada, el propietario tendrá derecho a la expropiación de la totalidad de la finca. C) Cuando en la expropiación se requiera solo una parte de una finca y su propietario considere antieconómica la conservación de la parte no expropiada, el propietario podrá solicitar al jurado de expropiación forzosa la indemnización por la totalidad de la finca. D) Cuando en la expropiación se requiera solo una parte de una finca y su propietario considere antieconómica la conservación de la parte no expropiada, el propietario podrá solicitar de la Administración la adquisición de esta última mediante compraventa.

15.- En relación con las reglas de valoración del justiprecio: A) No podrán tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. B) La indemnización deberá cubrir todos los daños ocasionados al propietario, incluidas las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. C) La indemnización deberá cubrir todos los daños ocasionados al propietario, incluidas todas las posibles plusvalías. D) Las posibles plusvalías no forman parte del sacrificio individual indemnizable ocasionado al propietario.

16.- El cómputo del plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración se inicia: A) Desde la fecha en que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización. B) Desde la cuantificación patrimonial de la lesión, tratándose de daños de carácter material. C) Desde que la comunicación sobre la producción del daño tuvo entrada en el órgano administrativo responsable. D) Desde que el ciudadano presentó en un registro administrativo el escrito comunicando la producción del daño.

17.- En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la fecha de referencia para el cálculo de la indemnización es: A) La fecha de presentación de la solicitud de iniciación del procedimiento. B) El día de la determinación del alcance de las secuelas físicas, tratándose de daños de carácter físico. C) El día de la cuantificación patrimonial de la lesión, tratándose de daños de carácter material. D) El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento.

18.-Según el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), son empleados públicos: A) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de los intereses generales. B) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos. C) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. D) Quienes desempeñas funciones en cualquiera de las Administraciones Públicas de forma voluntaria.

19.-En relación al personal eventual: A) El TREBEP determina los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. B) El TREBEP impide que tiempo de servicios prestados como personal eventual pueda constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. (Pag 191- art. 12.4 TREBEP). C) Es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza, entre otras muchas, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. D) El personal eventual no se considera empleado público.

20.- ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una situación administrativa en la que se pueda encontrar un funcionario de carrera?. A) La excedencia. B) La suspensión de funciones. C) El servicio activo. D) La incapacidad temporal.

21.- En la modalidad de prestación de servicios mediante teletrabajo: A) La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. B) La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada pero no es compatible con la modalidad presencial. C) La prestación del servicio mediante teletrabajo tiene carácter obligatorio y no es reversible. D) El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes, pero no los derechos colectivos que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial.

22.- Según el TREBEP, son principios de la potestad disciplinaria: A) Principio de legalidad, principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y principio de culpabilidad. B) Principio de legalidad, principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y principio proporcionalidad. C) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad, principio de presunción de inocencia. D) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas, principio de proporcionalidad y principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras.

23.- Señale en qué situación administrativa en la Administración General del Estado es declarada una persona funcionaria al pasar a ocupar un puesto de trabajo en otra Comunidad Autónoma por el procedimiento de provisión de puestos de trabajo. A) Servicio en otras Administraciones Públicas. B) Servicio activo. C) Servicios especiales. D) Reasignación de efectivos.

24.De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente son: A) Funcionarios interinos. B) Funcionarios con habilitación de carácter nacional. C) Funcionarios de carrera. D) Empleados públicos.

25.- ¿Cuál de las materias siguientes pueden ser objeto de negociación colectiva?. A) La determinación concreta de los órganos de selección. B) Los poderes de dirección y control. C) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. D) Los criterios generales en materia de carrera.

26. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora: A) La conducta profesional y el rendimiento o el logro de los resultados. B) La transparencia, la imparcialidad y no discriminación. C) La carrera horizontal y la carrera vertical. D) La carrera horizontal.

27. En el procedimiento con negociación: A) Siempre se exige previa publicación de un anuncio de licitación. B) No se exige previa publicación de un anuncio de licitación. C) Se permite que no se realice previa publicación de un anuncio de licitación en casos tasados en la Ley. D) Todas las respuestas son incorrectas.