Derecho Administrativo III Septiembre 2022

1. La UNED, como universidad pública que es, a los efectos de la Ley 9/2017, debe ser considerada: Una Administración pública. Una entidad del sector público. Un poder adjudicador. Todas las respuestas son correctas.

2. Una sociedad mercantil en cuyo capital social la participación de entidades públicas sea superior al 50%, a los efectos de la Ley 9/2017, debe ser considerada: Una Administración pública. Una entidad del sector público. Un sujeto de regulación armonizada. Todas las respuestas son correctas.

3. Los contratos de obras se considerarán contratos menores cuando: Tengan un valor estimado inferior a los 15.000 euros. Tengan un valor estimado de 40.000 euros. Tengan un precio de 40.000 euros. Todas las respuestas son correctas.

4. NO es un contrato típico: El contrato de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión de obras. El contrato de gestión de servicios públicos.

5. El Tribunal administrativo Central de recursos contractuales: Es un organismo jurisdiccional del orden contencioso-administrativo. Es un organismo administrativo, superior jerárquico de la mesa de contratación del Estado. Es un organismo administrativo adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ninguna respuesta es correcta.

6. Es posible la modificación del contrato administrativo: Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración la pudo prever, no se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración no pudo prever la circunstancia, no se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Cuando se conozca una circunstancia sobrevenida por imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación, la Administración no pudo prever, se modifica la naturaleza global del contrato y no se modifica la cuantía por encima del 50% del precio inicial. Todas las respuestas son incorrectas.

7. Uno de los siguientes NO es un requisito para la cesión de un contrato Administrativo: Que el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. Que la Administración valide la cesión mediante acto expreso o presunto. Que la cesión se formalice en escritura pública. Que el cedente haya efectuado su explotación durante al menos una 1/5 parte del plazo de duración del contrato.

8. En el procedimiento abierto el número mínimo de candidatos invitados será: Tres. Cuatro. Cinco. Todas las respuestas son incorrectas.

9. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación es. El presupuesto base de licitación. El valor estimado del contrato. El precio del contrato. El coste del contrato.

10. En relación con la división de los contratos en lotes: Rige la regla general de que no debe dividirse en lotes un mismo contrato. La Administración contratante debe justificar en el expediente la no división del contrato en lotes, a fin de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas. Si un contrato se divide en lotes, no cabe adjudicar todos los lotes a la misma empresa. Todas las respuestas son incorrectas.

11. En la Ley de Expropiación Forzosa NO se reconoce potestad expropiatoria: A las Comunidades Autónomas. A las Provincias. A los Municipios. A los organismos autónomos.

12.En España, el pago del justiprecio debe realizarse antes de la ocupación del bien expropiado: La Constitución así lo exige en el artículo 33. No es una exigencia constitucional, pero es la práctica habitual. En el procedimiento de urgencia no se exige el previo pago del justiprecio. Todas las respuestas son incorrectas.

13. En el caso de daños producidos durante la ejecución de un contrato de obras que la Administración ha celebrado con una empresa. Responde siempre y en todo caso la empresa, pues los daños se han producido al ejecutar el contrato de obras entre ella y la Administración. Responde siempre y en todo caso la Administración, pues los daños se han producido en ejecución de un contrato administrativo. Responde siempre el contratista, salvo que los daños se produzcan como consecuencia de una orden inmediata y directa dada por la Administración o por un defecto en el proyecto de la obra que en su día elaboró la propia Administración. Los daños que se producen durante la construcción de una obra pública no generan nunca responsabilidad patrimonial de la Administración, pues los ciudadanos tenemos el deber general de soportarlos.

14 La Concejalía de Turismo de su municipio se da cuenta de que en la información turística que proporciona a los visitantes ha omitido la mención del Restaurante “El buen yantar”, mencionando en cambio únicamente al otro restaurante del pueblo (“Casa Facundio”), por lo que entiende que debe indemnizarle -o al menos estudiar si debe hacerlo- por los daños producidos. Sin embargo, tiene dudas de si puede hacerlo sin mediar reclamación por parte del restaurante “El buen yantar”. La Administración puede iniciar el procedimiento de responsabilidad, pues de hecho este procedimiento sólo se puede iniciar de oficio. La Administración no puede iniciar el procedimiento de responsabilidad, pues éste sólo se puede iniciar por petición del restaurante “El buen yantar”. El procedimiento lo puede iniciar tanto el Ayuntamiento como el restaurante. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común no establece ninguna previsión sobre la forma de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.

15 X es propietario de un bar en el barrio con el índice de criminalidad más alto de su ciudad. El Ayuntamiento hace tres años que aprobó el Plan Integral por la Paz y la Convivencia, con el que, entre otros extremos, pretendía aumentar la plantilla de la Policía local y realizar actividades encaminadas a garantizar un entorno seguro en el barrio donde se sitúa el mencionado bar. Sin embargo, por una serie de circunstancias (moción de censura contra el alcalde, recortes presupuestarios, etc.), dicho Plan Integral no se ha desarrollado, por lo que X reclama al Ayuntamiento una indemnización de 60.000 euros por los ingresos dejados de percibir, al considerar que la inseguridad del barrio ha hecho que la clientela haya disminuido. ¿Considera que los ingresos dejados de percibir por el bar son un daño efectivo por el que el Ayuntamiento debe indemnizar a X en concepto de responsabilidad patrimonial?. No, pues el daño ha de ser real, pero en este caso se trata de meras especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas. Sí, pues se trata de un daño que efectivamente se ha producido sobre el patrimonio económico del propietario. Sí, pues el daño se ha evaluado económicamente, como lo atestigua la cifra por la que reclama el propietario. No, pues el lucro cesante nunca es indemnizable.

16 El error judicial que genera la responsabilidad del Estado. Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, que siempre será la que resuelva el recurso contra la sentencia que cometió tal error. Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, dictada siempre por el Tribunal Supremo en un procedimiento especial que a tal efecto regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, pudiendo ésta ser tanto la que resuelva el recurso contra la sentencia que cometió tal error como la que dicte el Tribunal Supremo en un procedimiento especial que a tal efecto regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. La comisión de un error judicial puede ser declarado tanto por una sentencia como por el Ministerio de Justicia ante el que se presente la reclamación.

17 El Pleno del Ayuntamiento donde reside ha aprobado la normativa de ejecución de los Fondos Europeos Next Generation que reciba del Estado, calificando tal ejecución como de interés general y esencial para el municipio y creando nuevos puestos de trabajo que permitan la gestión de tales Fondos. En el momento de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, la Concejalía de Personal tiene intención de reservar esos puestos a personal funcionario, pero una organización sindical duda de que pueda hacerlo conforme a la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público. Al calificar el Ayuntamiento las funciones como de interés general y esencial para el municipio, su ejercicio corresponde exclusivamente a los funcionarios. Aunque se hayan calificado las funciones como de interés esencial para el municipio, las funciones de ejecución de los Fondos europeos deben ser atribuidas exclusivamente a funcionarios interinos. Aunque se hayan calificado las funciones como de interés general y esencial para el municipio, las funciones de ejecución de los Fondos europeos deben ser atribuidas exclusivamente a contratados laborales municipales. Aunque se hayan calificado las funciones como de interés general y esencial para el municipio, las mismas pueden ser ejercidas por cualquier empleado público, por lo que el Ayuntamiento no puede reservarlas a los funcionarios.

18 Señale la afirmación incorrecta. Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos tienen el mismo régimen jurídico. Los funcionarios interinos son funcionarios pero su duración es temporal. Los funcionarios de carrera son nombrados y no contratados. Los funcionarios interinos son nombrados y no contratados.

19 Conforme al Estatuto Básico del Empleado público, en caso de cese de la autoridad a la que un empleado público presta la función de confianza o asesoramiento en calidad de personal eventual. Se produce también el cese automático de dicho empleado público. No se produce el cese del empleado público, pero su continuidad quedará condicionada a que la nueva autoridad que se nombre decida si quiere seguir contando con dicho empleado. El cese de la autoridad para la que trabaja un empleado público como personal eventual no afecta para nada a su continuidad como tal empleado. La continuidad del empleado público que es personal eventual dependerá de lo que establezca la autoridad que decide el cese de la autoridad para la que dicho empleado prestaba funciones.

20 Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, podrán otorgar a dicha valoración. Una puntuación proporcionada que no determine, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación que la Administración estime conveniente al redactar las bases que regulan el proceso selectivo. La puntuación que el órgano de selección esteme conveniente al valorar los méritos de los candidatos. El Estatuto Básico del Empleado Público no permite que un proceso selectivo incluya a la vez pruebas de capacidad y valoración de méritos.

21 La cuantía del sueldo de los funcionarios. Puede ser decidida por cada Administración Pública en ejercicio de su autonomía organizativa. Viene establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado pero exclusivamente para los funcionarios de la Administración General del Estado. Viene establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter básico para todos los funcionarios de todas las Administraciones. Viene establecida en los Acuerdos que firma la Administración con las organizaciones sindicales.

22 Si fruto de la negociación colectiva, se firma y aprueba un Acuerdo que es contrario a una norma reglamentaria anterior aprobada por el mismo órgano de gobierno que celebró dicho Acuerdo. El Acuerdo firmado y aprobado no se aplicará, pues la norma reglamentaria prima sobre el Acuerdo. El Acuerdo firmado y aprobado se aplicará directamente al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin que sea necesario previamente modificar o derogar el reglamento anterior. El Acuerdo firmado y aprobado se aplicará directamente, pero sólo después de que se haya modificado o derogado el reglamento aprobado en su día por el órgano de gobierno que también celebró el Acuerdo. El personal laboral podrá beneficiarse del Acuerdo firmado y aprobado, mientras que a los funcionarios se les seguirá aplicando el reglamento.

23 Y, Técnico Comercial del Estado, acepta la oferta que le hace la Cadena Económica, especializada en temas de economía, para coordinar y dirigir un programa de radio titulado “Economía para todos”, con el objetivo de hacer comprensible los asuntos económicos a la ciudadanía. El programa se emite en directo los sábados y domingos de 4 a 5 de la madrugada y por su desempeño Y percibiría 25 euros por programa, además de café gratis durante su realización. Sin embargo, Y tiene dudas de si, antes de firmar el contrato con la emisora, debe obtener algún tipo de permiso del Ministerio de Economía para el que trabaja: Debe obtener una autorización de compatibilidad, que es un acto reglado. Debe obtener un reconocimiento de compatibilidad, que es un acto discrecional. Debe obtener una autorización de compatibilidad, que es un acto discrecional. Debe obtener un reconocimiento de compatibilidad, que es un acto reglado.

24 Un funcionario del Ayuntamiento en el que usted trabaja como responsable de recursos humanos es nombrado, mediante libre designación, para un puesto de trabajo en el Ayuntamiento colindante. Ante esta situación, tiene dudas sobre la situación jurídica en la que queda dicho funcionario: El funcionario deberá ser cesado como tal funcionario en su Ayuntamiento, al convertirse en funcionario del pueblo de al lado. El funcionario deberá ser declarado en situación de excedencia en su Ayuntamiento, pasando a servicio activo en el Ayuntamiento del pueblo de al lado. El funcionario deberá ser declarado en situación de servicio en otras Administraciones Públicas en su Ayuntamiento, al haber obtenido un puesto de trabajo en el Ayuntamiento del pueblo vecino a través de un procedimiento de puestos de trabajo. El funcionario deberá ser declarado en excedencia voluntaria por incompatibilidad con otro puesto en el sector público, no pudiendo declararse en situación de servicio en otras Administraciones Públicas pues a esta situación sólo se puede pasar cuanto se obtiene puesto en otra Administración por participar en procesos selectivos de ingreso o por procesos de transferencia.

25 Los principios éticos y de conducta que establece el Estatuto Básico del Empleado Público. No tipifican faltas disciplinarias pero pueden servir como criterio interpretativo para calificar concretos comportamientos de los funcionarios como infracciones disciplinarias. Tipifican auténticas faltas disciplinarias pero sólo son aplicables a los funcionarios de carrera, no a los funcionarios interinos. Tipifican auténticas faltas disciplinarias por las que el funcionario puede ser sancionado. No tipifican faltas disciplinarias pero sí delitos penales.

-PREGUNTAS RESERVA- 26 ¿En qué casos la declaración de un funcionario en la situación administrativa de suspensión de funciones determina que dicho funcionario pierda su puesto de trabajo?. Sólo cuando la suspensión deviene firme. Sólo cuando la suspensión es provisional. Cuando la suspensión excede de seis meses. En ningún caso, pues la pérdida del puesto de trabajo no puede ser consecuencia de una situación administrativa sino de una sanción.

-PREGUNTAS RESERVA- 27. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas: Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a sus efectos y extinción. Se rigen por la Ley 9/2017 por lo que respecta a su preparación y adjudicación. Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a su modificación. Todas las respuestas son correctas.