DERECHO ADMINISTRATIVO III UNED. TEMA I

El Art. Nº 3 del TRLCSP tiene por objeto entre muchas otras…. 1- una eficiente utilización de fondos públicos. 2- una definición previa de las necesidades…. Verdadero. Falso. Una eficiente utilización de fondos públicos pero no una definición previa de las necesidades.

Según el ámbito subjetivo de aplicación la Ley distingue: a) Entidades del Sector público. b) AAPP y poderes Adjudicadores. c) Tanto la a como la b son correctas.

La Ley se aplica medianamente a los que.. Tienen la categoría de AAPP. A los que no encajan formalmente en las clásicas categorías de Entes Públicos. Únicamente a los Poderes Adjudicatarios.

La AGE, las administraciones de las CCAA y las entidades que integran la Admón. Local se consideran: Entidades del sector público, Administraciones públicas. Administraciones públicas, Poderes Adjudicadores. Entidades del Sector público, Administraciones públicas y Poderes Adjudicatarios.

La Ley considera AAPP a las entidades de Derecho público vinculadas a una o varias AAPP o dependientes de las mismas que se financien con cargo a sus presupuestos: Verdadero. Falso. Depende.

No se aplica el TRLCSP. AENA, los organismos autónomos. SEPI, Colegios Profesionales. Universidades públicas.

Los contratos celebrados por poderes adjudicatarios que tengan la consideración de AAPP en ningún caso podrán ser considerados contratos administrativos y se sujetaran en cuanto a las reglas de fondo al Derecho Privado. Verdadero. Falso. Depende.

Los entes públicos que tienen la consideración de Administraciones Públicas. La Ley califica como tales únicamente a: Las AGE, las de las CCAA. Banco de España, Bankia. Universidades privadas.

La Ley considera Administraciones públicas las entidades de Derecho público vinculadas a una sola Admón. pública. Verdadero. Falso. Depende.

En cuanto a las exclusiones destaca: Las Autoridades Portuarias. El Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo. Ninguna es correcta.

Los poderes adjudicadores son aquellos en los que concurren las siguientes circunstancias: Haber sido creadas para satisfacer necesidades de interés general. Tener personalidad jurídica, en término material. Estar mayoritariamente financiada con fondos privados.

Para el legislador Español son poderes adjudicadores: Los entes calificados de Administraciones públicas. Asociaciones. Ambas son correctas.

Quedan fuera por disposición legal: Los contratos de servicios financieros. Los contratos relativos al servicio de arbitraje y no los de conciliación. Los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes muebles.

Aquellos contratos por los cuales una Administración Pública encarga una prestación instrumental que tiene la consideración de medio propio o servicio técnico de la misma se denomina: Contratos de obra. Contratos in house. Contratos de servicios.

Los contratos tradicionalmente definidos como contratos administrativos son: Los contratos sujetos a una regulación armonizada. Los contratos menores. Los contratos típicos.

A diferencia del contrato de obra que solo recae sobre bienes inmuebles, éste recae entre otras muchas cosas en el arrendamiento con o sin opción de compra. El contrato de gestión de servicios. El contrato de suministros. El contrato de servicios.

Se consideran contratos típicos: El contrato de obra y el de concesión de obras. El contrato de obra, el de concesión de obras y el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. El contrato de obra, el de concesión de obras y el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y el contrato de suministro.

Se consideran contratos sujetos a una regulación armonizada: Aquellos que dada su importante cuantía, se aplica la regulación comunitaria relativa a los procedimientos de adjudicación de los contratos en su grado más exigente y completo. Es aquel que se encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio. Se corresponde con el contrato de arrendamiento del CC ( Art. 1588).

¿Qué particularidad tienen los contratos menores?. Pueden adjudicarse a cualquier empresario, aunque no tenga capacidad de obrar. Tiene un máximo de 60.000 euros y un mínimo de 18.000 euros. Necesitará de un informe de supervisión cuando el trabajo afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

El contrato de concesión de obras: Tiene por objeto la realización por parte del concesionario de algunas prestaciones del contrato de obra pública. Son aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva. El valor estimado debe ser igual o superior a 135.000 euros.