A Luis la Administración le ha impuesto una multa por hechos acaecidos el 1 de julio de 2017. El inicio del procedimiento sancionador le fue notificado el 1 de octubre de 2017.¿En qué momento comienza el cómputo de la prescripción de la infracción? Desde que se le notificó el acuerdo de inicio, 1 de octubre de 2017 El dies a quo de la prescripción es distinto según que la infracción haya sido calificada de
muy grave, grave o leve. En el momento de la comisión de los hechos, 1 de julio de 2017 Cuando haya finalizado el expediente administrativo.
Interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones:
La denuncia de los agentes de autoridad competente
La Resolución sancionadora Dependerá de su calificación de infracción como “leve”, “grave” o “muy grave”.
La notificación al interesado del inicio del procedimiento sancionador.
El plazo de prescripción de las infracciones “muy graves”: Es el que establezca la ley especial que establezca la infracción Es de 3 años desde la fecha en que se cometio la infraccion Es de 3 años desde la iniciación del procedimiento sancionador
Ninguna de las anteriores es correcta.
La denuncia de una infracción: Debe contener la identificación personal del denunciante
No es preciso que contenga la información personal del denunciante La denuncia siempre implicará la iniciación del procedimiento sancionador Solo se admiten denuncias formuladas por agentes de la autoridad.
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La sanciones por impago de impuestos:
Son compatibles con la obligación del sancionado de abonar a la Administración los impuestos no pagados
No son compatibles con la obligación del sancionado de abonar las cuotas que adeude, porque esto vulneraría el principio non bis in idem Sólo son compatibles con las cuotas no abonadas cuando la infracción sea muy grave Ninguna de las anteriores es correcta.
Jose ha sido sancionado por el Ayto de Almería. ¿Qué efectos produce el recurso administrativo interpuesto en cuanto a la suspensión de la sanción?
La ejecución de sanciones queda automáticamente suspendida por la
interposición de un recurso administrativo. xx.
Carmen fue sancionada por una resolución del Camping de la .. de Almería una multa de 300 euros. ¿Cuándo será ejecutable dicha sentencia? Desde el momento en que notifiquen a Carmen la resolución sancionadora.. Una vez transcurra el plazo legalmente previsto para la interposición de los recursos en vía administrativa.
Don X recibió el 2 de enero de 2023 la notificación de una multa y la Administración pretende embargar sus bienes para cobrar su importe, puesto que Don x no ha pagado ¿Cuándo podrá iniciar la Administración el procedimiento de apremio? El 23 de enero de 2023 puesto que se ha superado el plazo de pago El 3 de febrero de 2023 puesto que el acta es firme
Cuando la Administración entregue la preceptiva notificación judicial Las multas no pueden ser condenadas por la Administración mediante procedimiento de apremio
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Cuando una infracción haya sido cometida por varias personas conjuntamente
responderán de la sanción
Todos, de forma solidaria Todos, de forma subsidiaria Cada uno, de forma individual
Todos, de forma mancomunada.
Las sanciones administrativas: Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
xx.
Si no se ha fijado los plazos de prescripción en una Ley especial, las infracciones muy graves prescriben :
A los seis meses
Al año A los dos años A los tres años.
Si no se han fijado los plazos de prescripción en una Ley especial, las sanciones leves prescriben:
A los seis meses Al año A los dos años A los tres años
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En los procedimientos sancionadores. La denuncia y la resolución sancionadora. Aunque la infracción se haya denunciado por una autoridad pública, deberá tramitarse el procedimiento sancionador antes de dictarse resolución.
xx.
El principio de responsabilidad La comisión de la infracción requiere la existencia de dolo o culpa.
xx.
La iniciación del procedimiento sancionador se produce:
Con la denuncia Con el acuerdo de incoación.
Un procedimiento administrativo sancionador iniciado tras la denuncia de un
particular. Es un procedimiento iniciado de oficio.
xx.
En los procedimientos sancionadores, quien se encarga de la instrucción dicta
también la resolución sancionadora. No, en ningún caso, pues afectaría a la imparcialidad del órgano sancionador.
xx.
La prueba en el procedimiento sancionador:
Se deberán admitir todas las pruebas propuestas por los interesados Se podran inadmitir, mediante silencio administrativo, las pruebas propuestas
Debe ser el instructor del procedimiento el que proponga las pruebas a practicar
Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
¿Cuál es la función de la fase de instrucción del procedimiento sancionador? Resolver el procedimiento administrativo de forma favorable para la Administración Permitir que el presunto infractor ejerza su derecho a la defensa e instruir a la Administración sobre los hechos y fundamentos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución
Identificar el órgano administrativo encargado de resolver el procedimiento administrativo
Instruir a los interesados en sus derechos y obligaciones dentro del proceso administrativo
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Que efectos produce el transcurso del plazo máximo para resolver en el caso de procedimientos sancionadores.
La prescripción
La caducidad
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Una vez interpuesto un recurso de alzada contra la resolución sancionadora:
No tendrá que abonarse ni podrá ser ejecutada hasta que no se resuelva el recurso. Puede efectuarse una reducción de un 20% del total de la sanción Todas son incorrectas.
La actividad administrativa de policía o limitación: La administración debe siempre limitar los derechos y libertades de los ciudadanos para satisfacer los intereses generales En caso de limitar los derechos y libertades de los ciudadanos, se requiere previa habilitación por ley. (Principio de legalidad) La Administración Pública no puede limitar derechos y libertades de los ciudadanos.
No es un principio propio de la actividad administrativa de limitación: El principio de proporcionalidad que exige la adecuación entre las medidas que puede adoptar la Administración Pública para intervenir en una situación concreta y los fines que persigue la Administración. El de la “mayor onerosidad” para el ciudadano en la intervención de la AP sobre las actividades privadas.
El de la buena fe que debe regir las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. El de confianza legítima como deber de la Administración de no variar su conducta….
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de una orden administrativa: La Administración puede adoptar medidas coercitivas para lograr el cumplimiento forzoso de la orden e imponer sanciones por su incumplimiento
La Administración puede adoptar medidas coercitivas para lograr su
cumplimiento forzoso, siempre que conste con autorización judicial La Administración solo puede imponer sanciones por su incumplimiento, pero no ejercitar forzosamente la orden La Administración puede acudir a los Tribunales para lograr el cumplimiento forzoso
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La autorización administrativa:
Es un acto administrativo que habilita el desarrollo de una actividad, previa comprobación por la Administración del cumplimiento de los requisitos legales para ello.
Supone un control de legalidad de la actividad que ha comenzado a desarrollar un ciudadano, por lo que este control es posterior al inicio de dicha actividad
A partir de la Directiva 2006/223/CE las autorizaciones ya no son de aplicación en nuestro Ordenamiento Jurídico La autorización supone un control de legalidad de la actividad ciudadana que se podrá otorgar antes o después de su inicio, dependiendo de la actividad.
La autorización administrativa: Supone el control de las actividades económicas con la finalidad de recaudar los impuestos aplicables a dicha actividad Supone el control de actividades económicas o no económicas con la finalidad de proteger el orden público, la seguridad y salubridad ciudadana, el medio ambiente, los recursos naturales y otros intereses generales análogos.
A partir de la Directiva 2006/223/CE las autorizaciones ya no son de aplicación a nuestro Ordenamiento Jurídico
Las actividades económicas no pueden someterse a autorización en virtud de los principios de libre iniciativa empresarial y la libre competencia reconocidos en la CE.
Las autorizaciones administrativas Tienen carácter personal, esto es se otorgan a los ciudadanos que acrediten el cumplimiento de los requisitos personalísimos.
Pueden tener carácter personal o real, dependiendo de si se otorgan en relación con los requisitos personales de los ciudadanos o con los requisitos de bienes productos o instalaciones
Únicamente se refieren a bienes, productos o instalaciones, por lo que son transmisibles. Siempre tienen carácter personal, por lo que son intransmisibles.
La declaración responsable Es un acto administrativo que habilita el desarrollo de una actividad previa comprobación por la Administración Pública del cumplimiento de los requisitos legales para ello No es un acto administrativo, sino un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de una actividad
Una vez presentada la declaración responsable, el declarante deberá esperar la contestación de la Adm Pública antes de iniciar la actividad que se trate. Es el documento mediante en que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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La comunicación previa. Es un acto administrativo que habilita el desarrollo de una actividad previa comprobación por la Administración Pública del cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos No es un acto administrativo, sino un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo de una actividad
Una vez presentada la comunicación previa el comunicante deberá esperar la respuesta de la administración antes de iniciar la actividad de que se trate Es el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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Don X ha presentado en el Ayuntamiento de Almería una comunicación de obras menores en su vivienda, por lo que podrá iniciar la obra: Desde el día de su presentación A partir del día siguiente al día en que el Ayuntamiento le notifique la correspondiente licencia de obras.
A partir del día siguiente al día en que el Ayuntamiento le notifique la correspondiente licencia de obra, o bien al día siguiente en que se produzca el silencio administrativo positivo. Todas las respuestas son incorrectas.
Publicada la relación de afectados por un procedimiento de expropiación forzosa y abierto el trámite de alegaciones, ¿Quién puede presentar alegaciones? Los afectados por la expropiación forzosa que aparezcan en la relación publicada Los afectados por la expropiación forzosa que pretendan rectificar errores en la relación publicada.
Cualquier persona Quienes tengan derechos e intereses afectados por la expropiación.
La declaración de utilidad pública e interés social a efectos de la expropiación forzosa Debe ser declarada siempre por ley
La aprobación de un proyecto de obra pública por la AP conlleva la declaración de utilidad pública de dicha obra a efectos de expropiación forzosa.
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El derecho de propiedad privada en España Las facultades de los propietarios pueden ser delimitadas por Ley atendiendo a la función social de la propiedad, con indemnización para el propietario.
xx.
¿Puede una empresa privada adquirir un bien expropiado por la Administración
Pública? No, solo la Administración expropiante puede adquirir dicho bien No, solo la Administración expropiante o una entidad pública dependiente de este podrá adquirir dicho bien No, puesto que la utilidad pública o el interés social que justifica la expropiación sólo pueden ser satisfechos por el sector público Sí puesto que la utilidad pública o el interés social pueden ser satisfechos por el sector privado.
El objeto de la expropiación: Es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble
Es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble o mueble Es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble o mueble, o cualquier derecho real sobre estos bienes
Es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble o mueble, cualquier derecho real sobre estos bienes, o cualquier otro derecho patrimonial.
Normativa vigente en expropiación forzosa El procedimiento expropiatorio se regula, tras la CE, en la LEF de 1954 y el REF de 1957. xx.
Si no existe acuerdo en las hojas de aprecio presentadas por expropiado y
beneficiario, ¿Quién determina en vía administrativa el justo precio para la expropiación?
El Ministro competente por razón de la materia Los jurados de expropiación El Consejo de Ministros
Los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
La expropiación urgente: La expropiación de urgencia deberá fundamentarse en una norma rango de ley La declaración de urgencia conlleva que el justiprecio lo abone con carácter urgente la Administración expropiante y una vez pagado se ocupa el bien expropiado.
La declaración de urgencia puede acordarla la Administración expropiante.
La declaración de urgencia conlleva que el justiprecio se abone con carácter urgente el beneficiario y una vez pagado se ocupa el bien expropiado.
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¿Existe un régimen sancionador aplicable a los exámenes que se realicen en la UAL?
Sí, es el recogido en la Ley de Convivencia Universitaria Sí, es el reglamento de Evaluación y Calificación de estudiantes de la UAL Sí, las dos respuestas anteriores son correctas. (creo) No porque tiene normativa específica que establece un régimen sancionador aplicable a los exámenes universitarios.
Regulación del procedimiento administrativo sancionador En todo caso se aplicará el procedimiento administrativo establecido en la Ley 39/2015 En todo caso se aplicará el procedimiento administrativo establecido en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público En materia de sanciones de tráfico se aplicará el procedimiento reglado en su legislación especial, que puede ser distinto del previsto en la Ley 39/2015.
La legislación especial en materia de tráfico no puede vulnerar el procedimiento sancionador regulado en la Ley 39/2015.
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