Los derechos y libertades públicas de los extranjeros, son de configuración legal conforme a lo previsto en el artículo 13.1 CE Conforme al art. 13.1 CE abarcan sin discriminación alguna la totalidad de derechos y libertades que los reconocidos a los españoles No son derechos constitucionales en cuanto a su contenido porque según la jurisprudencia del TC no se regulan especialmente en la CE.
La política de inmigración en relación a las autorizaciones de trabajo, Conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos, de la UE y del art. 13.1 CE, los extranjeros que se encuentren legalmente en España tendrán acceso al trabajo y acceso a la correspondiente autorización en iguales condiciones que los españoles. Se establece anualmente mediante decisión conjunta de la Comisión y el Consejo de la UE, con informe no vinculante del Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros están obligados a su cumplimiento Se asienta sobre el principio de preferencia nacional de protección al trabajador español, se controla mediante normas administrativas con carácter previo que dan lugar a las autorizaciones y que en todo caso están sometidas a la tutela judicial de los órganos jurisdiccionales.
Hangar, 45 años, de nacionalidad etíope, tiene residencia legal en España y pretende que su hijo de 18 años venga desde Etiopía para residir aquí con él: Tiene derecho a que su hijo pueda venir a residir con él si se dan ciertos requisitos. No tiene derecho pues la libre circulación está restringida a nacionales de la UE. Tiene derecho a que su hijo pueda venir a residir con él en cualquier caso, sin restricción.
La situación de residencia temporal de un extranjero en España, se autoriza a permanecer por un periodo superior a 90 días e inferior a cinco años. no le permitirá ejercer actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena. le autoriza a permanecer por un periodo tiempo inferior a 60 días.
De acuerdo con la LOEx, de los siguientes derechos ¿cúal no se atribuye a los extranjeros? El derecho de acceso a empleos en la Administración Pública que implique ejercicio de la autoridad pública, salvo lo dispuesto para los nacionales de los Estados miembros de la UE. El derecho al sufragio en las elecciones municipales en atención a criterios de reciprocidad El derecho de acceso a la jurisdicción.
La expulsión del territorio nacional de un ciudadano de la UE: No puede adoptarse si la persona concernida hubiera residido en España los diez años anteriores o si fuera menor de edad salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor No podrá adoptarse en casos de potencial epidémico conforme a los instrumentos de la OMS No será posible porque se trataría de una violación del estatuto fundamental de ciudadano de la Unión acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia previo informe de la Fiscalía General del estado.
La política de inmigración en relación a las autorizaciones de trabajo, Se establece anualmente mediante decisión conjunta de la Comisión y el Consejo de la UE, con informe no vinculante del Parlamento Europeo y los gobiernos de los estados miembros están obligados a su cumplimiento Se asienta sobre el principio de preferencia nacional de protección al trabajador español, se controla mediante normas administrativas con carácter previo que dan lugar a las autorizaciones y que en todo caso están sometidas a la tutela judicial de los órganos jurisdiccionales. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos , de la UE y del art. 13.1 CE, los extranjeros que se encuentran legalmente en España tendrán acceso al trabajo y acceso a la correspondiente autorización en iguales condiciones que los españoles.
Abdul, de origen marroquí, vino a España en 2009 con la pretensión de trabajar en el sector agrícola. Abdul tiene dos esposas que viven en Marruecos. Tras 10 años de residencia legal en España, Abdul pretende adquirir la nacionalidad española. La jurisprudencia española entiende que: Es irrelevante la situación de poligamia pues está admitida en el país de origen y las esposas no viven en España. El interesado no puede justificar la buena conducta cívica conforme a lo previsto en el art. 22.4 Cc. El interesado no puede justificar el suficiente grado de integración conforme a lo previsto en el art. 22.4 Cc.
Un saharaui llega a Villarrobledo y comienza a trabajar, sin permiso de trabajo, en la recogida de uva. Tras 10 años en España, una mujer marroquí presenta demanda contra dicho sujeto a nombre de su hijo en la que solicita se declare la paternidad del menor apátrida ¿Se considera que tiene el demandado su domicilio en España? Sí, por aplicación del art 22 ter de la LOPJ que remite al art. 40 del CC, con independencia de que su situación sea regular o no Ninguna de las anteriores es cierta No, porque la ley española exige que tenga regulada su situación de extranjería. Sí, por aplicación del art. 63 del R BI Bis, que remite al art. 40 del CC, con independencia de que su situación sea regular o no.
|
