DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El Derecho Internacional Privado regula las relaciones verticales entre el Estado y los sujetos de derecho”: A. Es una afirmación correcta. B. Es una afirmación incompleta, porque el Estado también puede ser particular. C. Es una afirmación falsa. D. Es una afirmación incompleta, porque para que fuese internacional debería incluir un mínimo de dos Estados.

La competencia judicial internacional: A. Es la aptitud para conocer el derecho aplicable a un supuesto de hecho privado internacional. B. Es la circunstancia que permite unificar criterios de distribución. C. Es la aptitud legal de los órganos jurisdiccionales y autoridades públicas de un Estado, considerados en su conjunto, para conocer de las controversias suscitadas por situaciones privadas internacionales. D. Es la conexión necesaria indispensable para determinar el derecho aplicable.

Señale la afirmación correcta: “El Reglamento (UE) 2019/1111 regula”: A. La competencia judicial internacional, ley aplicable y validez extraterritorial de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental. B. La competencia judicial interna en materia matrimonial y de responsabilidad parental. C. La ley aplicable en materia matrimonial y de responsabilidad parental. D. La competencia judicial internacional y validez extraterritorial de resoluciones en materia matrimonial, de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.

Indique la afirmación correcta: “La LOPJ”: A. Se aplica siempre y cuando no exista sumisión a otra norma. B. Tiene carácter residual. C. Se aplica siempre de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil. D. No se aplica para determinar competencia judicial internacional.

Temporalmente, ¿a qué contratos se aplicará el Reglamento Roma I?. A. A los celebrados después del 17 de diciembre de 2009. B. A los celebrados después del 19 de abril de 2007. C. A los celebrados antes del 19 de abril de 2007. D. A los celebrados después del 7 de mayo de 2005.

Se insta la ejecución en España de una sentencia italiana de condena dictada como consecuencia de un incumplimiento de un contrato internacional de compraventa de madera. Determine la normativa aplicable: A. Reglamento 2019/1111. B. Reglamento 1215/2012. C. Ley de Cooperación Jurídica Internacional. D. Ley orgánica del Poder Judicial.

Respecto de los tipos de reconocimiento, es incorrecta la siguiente afirmación: A. El acto del reconocimiento de una decisión, documento o acto público nacido en el extranjero puede producirse no solo abriendo un procedimiento "ad hoc", específico para ello, sino mediante su utilización en el seno de un procedimiento en el que "ad exemplum" se acompaña con el escrito de demanda o contestación o en el que se presenta como prueba. B. El reconocimiento por homologación se produciría en el marco de un procedimiento abierto exclusivamente con el fin de que tal decisión extranjera pueda surtir todos sus efectos en España. C. El reconocimiento incidental se produce en el curso de un procedimiento abierto con otro fin, pero en el cual la decisión extranjera se presenta como soporte de las pretensiones de la parte. D. Con el reconocimiento por homologación, la decisión alcanza efectos solamente en el marco del proceso, por lo que si la parte quiere hacerlo valer fuera deberá abrir el procedimiento regular del reconocimiento.

La siguiente afirmación acerca de las consecuencias de la ausencia de prueba del derecho extranjero es incorrecta: A. Debe entenderse que la falta de prueba del derecho extranjero dentro de un proceso judicial es algo excepcional que solo sucederá cuando las partes no consigan probar el derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en la acreditación de dicho contenido. B. El artículo 33.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil reza que, con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. C. Dada la dificultad y la complejidad del conocimiento del derecho extranjero se han creado convenios internacionales acerca de la información del derecho extranjero, que establecen un mecanismo de cooperación a través de unos órganos nacionales de enlace. D. Con el fin de evitar la intervención de diplomáticos o cónsules, y como regla general en el Derecho Internacional Privado, los Estados están obligados a acceder a proporcionar la información solicitada por autoridades extranjeras.

Respecto del fraude de ley, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto: A. Para la existencia del fraude de ley, debe darse un cambio voluntario de la circunstancia utilizada como punto de conexión por la norma de conflicto. B. El fraude de ley se caracteriza por una intención de alcanzar un resultado no admitido por el ordenamiento jurídico. C. En el caso de España, el fraude de ley está contemplado en el artículo 12.4 del Código Civil. Se considera que la consecuencia jurídica de esta norma, aunque no conste explícitamente establecida en la misma, debe ser la prevista en el artículo 6.4 del Código Civil. D. Se produce el fraude de ley cuando existe una alteración, aunque no intencionada, en el punto de conexión de la norma de conflicto, que conlleva una consecuencia jurídica distinta.

Al diferenciar las normas materiales de las normas conflictuales, es incorrecto afirmar que: A. Las normas conflictuales se limitan a señalar cuál es el derecho material o sustantivo aplicable a determinada relación jurídica. B. Cada Estado, en virtud de la soberanía que le es propia, reglamenta según el sentido de justicia que entiende más ajustado todo el conjunto de normas que tratan de resolver las situaciones jurídicas de tráfico externo. C. Las normas conflictuales no nos pueden dirigir al derecho del propio foro. D. Las normas materiales proporcionan una respuesta jurídica directa, inmediata y sustantiva a las situaciones privadas internacionales.

Determine qué documentos están excluidos del sistema de apostilla previsto en la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961: A. Los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares. B. Los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera. C. Los documentos que, en aplicación de otros Convenios Internacionales, estén exentos de ser legalizados o apostillados. D. Todas las respuestas son correctas.

Se invoca ante el juez español la existencia y los efectos legales de una resolución judicial marroquí sobre declaración de herederos. En este caso se trata de: A. Un acto de jurisdicción voluntaria. B. Transacción judicial. C. Documento público. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

Una empresa turca obtiene una sentencia de condena a favor de una empresa española en la que se indica que ésta debe pagar la cantidad de 1.000.000 euros a la empresa turca por falta de pago de una partida de avellanas. La empresa española no paga y entonces la empresa turca se plantea instar la ejecución de la sentencia turca en España. Indique cuál de las aseveraciones es correcta. A. La empresa turca puede solicitar directamente la ejecución de la sentencia turca en España. B. La empresa turca debe previamente instar y lograr el exequátur de la sentencia turca en España y después solicitar su ejecución a través de los trámites establecidos en la LEC. C. La empresa turca debe previamente instar el reconocimiento por homologación de la sentencia turca en España y después solicitar su ejecución a través de los trámites establecidos en la LEC. D. La empresa turca en ningún caso podrá solicitar el exequatur y la ejecución de la sentencia turca y debe instar un nuevo procedimiento en España contra la empresa española.

Determine cuál de los siguientes no es un requisito previo para el reconocimiento y la ejecución según el Reglamento 1215/2012 (materia civil y mercantil): A. Es una resolución judicial. B. Dictada en materia cubierta por el Reglamento 1215/2012. C. Dictada por una autoridad de un Estado miembro de la UE. D. Dictada por una autoridad de un tercer Estado no miembro de la UE.

¿Qué ley se aplicará a un divorcio entre dos cónyuges ecuatorianos, ambos con residencia habitual en Marbella en el momento de interposición de la demanda?. A. La ley ecuatoriana. B. La ley española. C. La ley de celebración del matrimonio. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

Las ramas del Derecho Internacional Privado son: A. La competencia judicial; el derecho aplicable; la validez extraterritorial de decisiones. B. La competencia judicial internacional; el derecho aplicable; la validez extraterritorial de decisiones. C. La competencia judicial, el derecho de extranjería; la validez extraterritorial de decisiones. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Sobre el instituto del reenvío, es posible afirmar que: A. Se produce el reenvío por el hecho de que la norma de conflicto llamada tiene un punto de conexión distinto de la "lex fori". B. El reenvío puede ser de segundo grado, cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho del foro. C. En el caso del reenvío de primer grado o de retorno, la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese Derecho extranjero se remite a otra de otro derecho extranjero diferente de los dos anteriores. D. El reenvío se produce solamente cuando la norma de conflicto del foro vuelve a remitir al derecho del foro.

La siguiente afirmación es verdadera en relación con la tipología del punto de conexión: A. Según esté o no sujeto a mutación, el punto de conexión puede ser variable. Un ejemplo de esta tipología es la nacionalidad. B. Según requiera o no de una interpretación jurídica, el punto de conexión puede ser fáctico, como es el clásico caso de la residencia habitual. C. Los puntos de conexión subjetivos constituyen un simple hecho, de modo que un ejemplo podría ser el lugar de ubicación de un bien inmueble. D. Los puntos de conexión invariables no existen en el Derecho Internacional Privado.

El Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados integra: A. Únicamente un crédito reconocido en una resolución judicial. B. Un crédito reconocido en un contrato. C. Un crédito reconocido en resolución judicial o transacción judicial. D. Un crédito reconocido en resolución judicial, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva.

Indique si las obligaciones de alimentos entran en el ámbito de aplicación material del Reglamento (UE) 2019/1111: A. Sí, las obligaciones de alimentos forman parte de las materias comprendidas en la responsabilidad parental, salvo excepciones. B. Sí, siempre. C. No. Se trata de una materia excluida. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

El Derecho Internacional Privado regula las relaciones verticales entre el Estado y los sujetos de derecho”: A. Es una afirmación correcta. B. Es una afirmación incompleta, porque el Estado también puede ser particular. C. Es una afirmación falsa. D. Es una afirmación incompleta, porque para que fuese internacional debería incluir un mínimo de dos Estados.

El derecho interregional: A. Forma parte del Derecho Internacional Privado. B. Forma parte del Derecho Internacional Privado siempre y cuando el estado sea un estado federal. C. Forma parte del Derecho Internacional Privado porque su ámbito de aplicación material es el mismo. D. No forma parte del Derecho Internacional Privado.

Según la naturaleza de la circunstancia, los foros pueden ser: A. De protección o neutros. B. Exorbitantes y concurrentes. C. De carácter personal, real o los que derivan de la autonomía de la voluntad. D. Exclusivos.

Indique qué afirmación es correcta: A. El Reglamento 1215/2012 puede aplicarse al arbitraje en materia civil o mercantil. B. El Reglamento 1215/2012 puede aplicarse a un litigio sobre las materias fiscal, aduanera y administrativa. C. El Reglamento 1215/2012 puede aplicarse a un litigio sobre contratos internacionales de seguro. D. En base al Reglamento 1215/2012 es competente el juez de un Estado miembro para conocer de un litigio relativo a la nulidad matrimonial.

Señale la afirmación correcta: “Según el Reglamento (UE) 2019/1111, en los asuntos relativos al divorcio, la separación legal y nulidad matrimonial”. A. Solamente es competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando en su territorio se encuentra la residencia habitual de ambos cónyuges. B. Únicamente es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado. C. Es competente, en caso de demanda conjunta, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la residencia habitual de uno de los cónyuges. D. Es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nacionalidad de uno de los cónyuges.

Indique la afirmación correcta: “La LOPJ”: A. Se aplica siempre y cuando no exista sumisión a otra norma. B. Tiene carácter residual. C. Se aplica siempre de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil. D. No se aplica para determinar competencia judicial internacional.

A falta de elección de la ley aplicable, los contratos mixtos o complejos no previstos en los ocho contratos típicos del art. 4.1 del Reglamento Roma I, se regirán por: A. Ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. B. Ley del país con el que presenten los vínculos más estrechos. C. Ley de ejecución del contrato. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

Determine cuál de las siguientes aseveraciones es cierta respecto al Reglamento 1259/2010: A. Determina exclusivamente la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. B. Precisa la ley aplicable a la nulidad del matrimonio. C. Se aplica a los divorcios privados pronunciados por autoridades laicas o religiosas. D. Regula la ley aplicable a la responsabilidad parental.

A falta de una elección según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 1259/2010, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley del Estado: A. En que uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. B. En que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. C. En que los cónyuges hayan tenido su residencia habitual. D. De la nacionalidad de uno de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda.

Se insta la ejecución en España de una sentencia alemana de condena dictada como consecuencia de un incumplimiento de un contrato internacional de compraventa de madera. Determine la normativa aplicable: A. Reglamento 2019/1111. B. Reglamento 1215/2012. C. Ley de Cooperación Jurídica Internacional. D. Convenio de Lugano de 2007.

La siguiente afirmación acerca del ordenamiento jurídico que determina los efectos que desplegará en España una decisión extranjera es incorrecta: A. Según la teoría de la equiparación de los efectos, la decisión extranjera despliega los mismos efectos que las decisiones nacionales, procediéndose a una nacionalización de éstas. B. De acuerdo con la teoría de la equiparación de los efectos, una vez nacionalizada la decisión extranjera, los efectos no son, en realidad, los mismos que los que le confirió el estado de origen. C. La teoría de la extensión de los efectos defiende que el Estado de origen es el que determina los efectos que produce la decisión que se reconocerá en el Estado requerido, por lo que extiende los efectos de aquel en éste. D. Para la teoría de la equiparación de los efectos, se nacionaliza la decisión extranjera para dar cumplimiento a una decisión extranjera sin atentar contra la soberanía del Estado. Esta es la tesis seguida en España.

La siguiente afirmación acerca de las consecuencias de la ausencia de prueba del derecho extranjero es incorrecta: A. Debe entenderse que la falta de prueba del derecho extranjero dentro de un proceso judicial es algo excepcional que solo sucederá cuando las partes no consigan probar el derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en la acreditación de dicho contenido. B. El artículo 33.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil reza que, con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. C. Dada la dificultad y la complejidad del conocimiento del derecho extranjero se han creado convenios internacionales acerca de la información del derecho extranjero, que establecen un mecanismo de cooperación a través de unos órganos nacionales de enlace. D. Con el fin de evitar la intervención de diplomáticos o cónsules, y como regla general en el Derecho Internacional Privado, los Estados están obligados a acceder a proporcionar la información solicitada por autoridades extranjeras.

Con base en la jurisprudencia española, es posible hacer la siguiente afirmación acerca de la prueba del derecho extranjero: A. La cita de preceptos de derecho extranjero es un medio idóneo y suficiente para producir la prueba. B. Debido al carácter material del derecho extranjero, no es necesaria la prueba de la interpretación jurisprudencial de los preceptos aplicables. C. Se admite como medio de prueba de la ley extranjera un documento impreso a partir de una página web oficial del país de origen. D. De acuerdo con la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, los medios de prueba están sometidos a la valoración del juez, por lo que no puede afirmarse su carácter vinculante.

Respecto del fraude de ley, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto: A. Para la existencia del fraude de ley, debe darse un cambio voluntario de la circunstancia utilizada como punto de conexión por la norma de conflicto. B. El fraude de ley se caracteriza por una intención de alcanzar un resultado no admitido por el ordenamiento jurídico. C. En el caso de España, el fraude de ley está contemplado en el artículo 12.4 del Código Civil. Se considera que la consecuencia jurídica de esta norma, aunque no conste explícitamente establecida en la misma, debe ser la prevista en el artículo 6.4 del Código Civil. D. Se produce el fraude de ley cuando existe una alteración, aunque no intencionada, en el punto de conexión de la norma de conflicto, que conlleva una consecuencia jurídica distinta.

Respecto del conflicto móvil, es incorrecta la siguiente afirmación: A. Se produce cuando existe una alteración en el punto de conexión de la norma de conflicto. B. Consiste en la alteración maliciosa y voluntaria realizada por el sujeto con el objetivo de evitar la aplicación del ordenamiento debido en circunstancias normales, y provocar la aplicación de otro que le es más favorable. C. Puede darse por factores externos al sujeto, pero en cualquier caso se trata únicamente de la alteración de uno de los elementos de la norma de conflicto, y no de la norma en su conjunto por voluntad del legislador. D. El sistema de Derecho Internacional Privado no nos proporciona solución al problema del conflicto móvil, por lo que puede afirmarse que existe una laguna legal en nuestro Derecho Internacional Privado.

La siguiente afirmación es verdadera en relación con la tipología del punto de conexión: A. La nacionalidad es un punto de conexión inmutable, factico y objetivo. B. El lugar de celebración del matrimonio es un punto de conexión subjetivo y mutable. C. El lugar en el que se produce un daño es un punto de conexión jurídico y subjetivo. D. El lugar de ubicación de un bien inmueble es un punto de conexión inmutable.

En cuanto a los métodos utilizados para definir el derecho aplicable, es correcto afirmar que: A. El método directo es el que nos proporciona la solución remitiendo directamente a un derecho que no es el español. B. El método indirecto proporciona la solución de una forma inmediata. C. El método más utilizado para resolver los problemas relativos a la ley que deba aplicarse en las cuestiones derivadas de una situación privada internacional o de tráfico externo es el directo. D. El empleo del método indirecto resulta en la utilización de las normas de conflicto.

Según el artículo 1 de la Convención de la Haya sobre la apostilla de 5 de octubre de 1961 serán considerados documentos públicos: A. Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de un Agente Judicial. B. Documentos administrativos, actas notariales y declaraciones oficiales como menciones de registro. C. Documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. D. Las respuestas A y B son correctas.

Para acreditar si una empresa canadiense tiene capacidad procesal para participar en un proceso que se desarrolla en España, tenemos que acudir a: A. Ley personal de la persona jurídica extranjera (art. 9.11 CC). B. Principio de "interés nacional" (art. 10.8 CC). C. "Lex fori regit processum". D. Ley personal de la persona física extranjera (art. 9.1 CC).

En virtud del Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo (TEE) para créditos no impugnados: A. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido previa solicitud del exequatur. B. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad. C. No se puede reconocer en el Estado requerido en ningún caso. D. Todas las respuestas son correctas.