DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Están entre los presupuestos para la validez extraterritorial de decisiones, excepto: A. Que se trate de una decisión, en el sentido del artículo 43 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. B. Las decisiones deben haber sido pronunciadas por autoridades estatales de un tercer país. C. Es imprescindible que las decisiones versen sobre cuestiones de derecho privado. D. La decisión extranjera desplegará eficacia si se acompaña de certificación legalizada del consulado y aclarado su concepto por dos juristas de esa nacionalidad.

La siguiente afirmación acerca de las consecuencias de la ausencia de prueba del derecho extranjero es incorrecta: A. Debe entenderse que la falta de prueba del derecho extranjero dentro de un proceso judicial es algo excepcional que solo sucederá cuando las partes no consigan probar el derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en la acreditación de dicho contenido. B. El artículo 33.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil reza que, con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. C. Dada la dificultad y la complejidad del conocimiento del derecho extranjero se han creado convenios internacionales acerca de la información del derecho extranjero, que establecen un mecanismo de cooperación a través de unos órganos nacionales de enlace. D. Con el fin de evitar la intervención de diplomáticos o cónsules, y como regla general en el Derecho Internacional Privado, los Estados están obligados a acceder a proporcionar la información solicitada por autoridades extranjeras.

Los siguientes son los medios idóneos para probar el derecho extranjero: A. La prueba documental y la prueba confesional. B. Los informes y la prueba testimonial. C. Ninguna de las anteriores. D. La prueba documental y la prueba pericial.

Respecto del fraude de ley, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto: A. Para la existencia del fraude de ley, debe darse un cambio voluntario de la circunstancia utilizada como punto de conexión por la norma de conflicto. B. El fraude de ley se caracteriza por una intención de alcanzar un resultado no admitido por el ordenamiento jurídico. C. En el caso de España, el fraude de ley está contemplado en el artículo 12.4 del Código Civil. Se considera que la consecuencia jurídica de esta norma, aunque no conste explícitamente establecida en la misma, debe ser la prevista en el artículo 6.4 del Código Civil. D. Se produce el fraude de ley cuando existe una alteración, aunque no intencionada, en el punto de conexión de la norma de conflicto, que conlleva una consecuencia jurídica distinta.

Sobre el instituto del reenvío, es posible afirmar que: A. El reenvío es un problema de consecuencia jurídica de la norma de conflicto. B. El reenvío puede ser de segundo grado, cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho del foro. C. En el caso del reenvío de primer grado o de retorno, la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese Derecho extranjero se remite a otra de otro derecho extranjero diferente de los dos anteriores. D. El reenvío se produce solamente cuando la norma de conflicto del foro vuelve a remitir al derecho del foro.

La siguiente afirmación es verdadera en relación con la tipología del punto de conexión: A. Según esté o no sujeto a mutación, el punto de conexión puede ser variable. Un ejemplo de esta tipología es la nacionalidad. B. Según requiera o no de una interpretación jurídica, el punto de conexión puede ser fáctico, como es el clásico caso de la residencia habitual. C. Los puntos de conexión subjetivos constituyen un simple hecho, de modo que un ejemplo podría ser el lugar de ubicación de un bien inmueble. D. Los puntos de conexión invariables no existen en el Derecho Internacional Privado.

Respecto de los elementos que conforman la estructura de las normas de conflicto, es incorrecta la siguiente afirmación: A. El punto de conexión es el elemento en el que la norma se basa para indicar qué ordenamiento es el aplicable. B. La consecuencia jurídica consiste en la aplicación de un determinado derecho que finalmente será el llamado a resolver la cuestión. C. Como supuesto de hecho se pueden considerar las grandes nociones y conceptos del derecho privado. D. El punto de conexión es el elemento, también presente en las normas materiales, que actúa como un mecanismo remisor a un determinado ordenamiento jurídico.

Determine qué documentos están excluidos del sistema de apostilla previsto en la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961: A. Los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares. B. Los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera. C. Los documentos que, en aplicación de otros Convenios Internacionales, estén exentos de ser legalizados o apostillados. D. Todas las respuestas son correctas.

Se invoca ante el juez español la existencia y los efectos legales de una resolución judicial marroquí sobre declaración de herederos. En este caso se trata de: A. Un acto de jurisdicción voluntaria. B. Transacción judicial. C. Documento público. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

En virtud del Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados: A. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido previa solicitud del exequatur. B. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad. C. No se puede reconocer en el Estado requerido en ningún caso. D. Todas las respuestas son correctas.

Una empresa turca obtiene una sentencia de condena a favor de una empresa española en la que se indica que ésta debe pagar la cantidad de 1.000.000 euros a la empresa turca por falta de pago de una partida de avellanas. La empresa española no paga y entonces la empresa turca se plantea instar la ejecución de la sentencia turca en España. Indique cuál de las aseveraciones es correcta. A. La empresa turca puede solicitar directamente la ejecución de la sentencia turca en España. B. La empresa turca debe previamente instar y lograr el exequátur de la sentencia turca en España y después solicitar su ejecución a través de los trámites establecidos en la LEC. C. La empresa turca debe previamente instar el reconocimiento por homologación de la sentencia turca en España y después solicitar su ejecución a través de los trámites establecidos en la LEC. D. La empresa turca en ningún caso podrá solicitar el exequatur y la ejecución de la sentencia turca y debe instar un nuevo procedimiento en España contra la empresa española.

Determine cuál de las siguientes no es causa de denegación del reconocimiento y del exequatur según el art. 46 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional: A. Contrariedad de la resolución extranjera con el orden público internacional español. B. Resolución dictada con respeto de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. C. La resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España. D. La resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.

Determine cuál de las siguientes aseveraciones es cierta respecto al reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil: A. El Reglamento 1215/2012 se aplica al reconocimiento y a la ejecución en los Estados miembros de las decisiones de tribunales de terceros estados. B. Se aplica a las resoluciones dictadas con anterioridad al 10 de enero 2015. C. El Reglamento 1215/2012 regula el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales entre todos los Estados miembros, inclusive Dinamarca. D. El Reglamento 1215/2012 realiza un control de fondo de la resolución judicial extranjera.

Define qué son las leyes de policía según el art 9 del Reglamento Roma I: A. Son normas especiales que protegen la situación de la parte más débil en la contratación internacional. B. Son disposiciones cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica. C. Son nomas de conflicto que regulan la ley aplicable a las obligaciones contractuales. D. Las respuestas A y B son correctas.

A falta de elección de la ley por las partes, en un contrato de compraventa internacional de mercaderías, el Reglamento Roma I indica que la ley que rija el contrato sea: A. Ley del país donde se ejecuta el contrato. B. Ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual. C. Ley del país donde el comprador tenga su residencia habitual. D. La ley del país donde se celebra el contrato.

Indique la afirmación correcta en relación con la nulidad de inscripciones practicadas en un Registro español: A. No forma parte del ámbito de aplicación de la LOPJ. B. Forma parte de las materias exclusivas del ámbito de aplicación de la LOPJ. C. Forma parte de los foros generales de la LOPJ. D. Forma parte de los foros especialísimos de la LOPJ.

Indique la afirmación correcta: “Las normas de la LOPJ en materia de competencia judicial internacional”: A. Regulan los supuestos en los que los tribunales españoles y extranjeros son competentes para conocer del asunto. B. Regulan los supuestos en que los tribunales españoles y extranjeros no son competentes para conocer del asunto. C. Regulan los supuestos en que los tribunales españoles son competentes para conocer del asunto y no cuando los tribunales extranjeros son competentes. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Señale la afirmación correcta: “Según el Reglamento (UE) 2019/1111, en los asuntos relativos al divorcio, la separación legal y nulidad matrimonial”. A. Solamente es competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando en su territorio se encuentra la residencia habitual de ambos cónyuges. B. Únicamente es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado. C. Es competente, en caso de demanda conjunta, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la residencia habitual de uno de los cónyuges. D. Es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nacionalidad de uno de los cónyuges.

El Reglamento 1215/2012: A. Es un reglamento de carácter doble. B. Es un reglamento que incluye todas las materias civiles y mercantiles. C. Es un reglamento que se aplica a los testamentos y sucesiones. D. Es un reglamento que se aplica a regímenes matrimoniales.

Las ramas del Derecho Internacional Privado son: A. La competencia judicial; el derecho aplicable; la validez extraterritorial de decisiones. B. La competencia judicial internacional; el derecho aplicable; la validez extraterritorial de decisiones. C. La competencia judicial, el derecho de extranjería; la validez extraterritorial de decisiones. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

El Derecho Internacional Privado es una rama del Derecho Privado en la que los sujetos intervinientes en la relación están situados en situación de horizontalidad: A. Es una afirmación correcta. B. Es una afirmación incompleta. C. Es una afirmación falsa. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

El Derecho de extranjería: A. Forma parte del Derecho Internacional Privado. B. Forma parte del Derecho Internacional Privado porque su ámbito de aplicación material es el mismo. C. No forma parte del Derecho Internacional Privado. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según la naturaleza de la circunstancia, los foros pueden ser: A. De protección o neutros. B. Exorbitantes y concurrentes. C. De carácter personal, real o los que derivan de la autonomía de la voluntad. D. Exclusivos.

Indique qué afirmación es correcta respecto al Reglamento 1215/2012: A. Se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. B. Incluye en su ámbito de aplicación el estado y la capacidad de las personas físicas,. C. No se aplica en todos los Estados miembros de la Unión Europea. D. Incluye en su ámbito de aplicación el arbitraje.

Señale la afirmación correcta: “Según el Reglamento (UE) 2019/1111, en los asuntos relativos al divorcio, la separación legal y nulidad matrimonial”. A. Solamente es competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando en su territorio se encuentra la residencia habitual de ambos cónyuges. B. Únicamente es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado. C. Es competente, en caso de demanda conjunta, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la residencia habitual de uno de los cónyuges. D. Es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nacionalidad de uno de los cónyuges.

Indique la afirmación correcta respecto a la LOPJ: A. Prevalece a los Reglamentos europeos que regulan la competencia judicial internacional. B. Tiene carácter residual. C. Excluye a los foros exclusivos. D. No se aplica para determinar competencia judicial internacional.

A falta de elección de la ley aplicable, los contratos mixtos o complejos no previstos en los ocho contratos típicos del art. 4.1 del Reglamento Roma I, se regirán por: A. Ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. B. Ley del país con el que presenten los vínculos más estrechos. C. Ley de ejecución del contrato. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

Determine cuál de las siguientes aseveraciones es cierta respecto al Reglamento 1259/2010: A. Determina exclusivamente la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. B. Precisa la ley aplicable a la nulidad del matrimonio. C. Se aplica a los divorcios privados pronunciados por autoridades laicas o religiosas. D. Regula la ley aplicable a la responsabilidad parental.

A falta de una elección según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 1259/2010, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley del Estado: A. En que uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. B. En que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. C. En que los cónyuges hayan tenido su residencia habitual. D. De la nacionalidad de uno de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda.

Se insta la ejecución en España de una sentencia alemana de condena dictada como consecuencia de un incumplimiento de un contrato internacional de compraventa de madera. Determine la normativa aplicable: A. Reglamento 2019/1111. B. Reglamento 1215/2012. C. Ley de Cooperación Jurídica Internacional. D. Convenio de Lugano de 2007.

La siguiente afirmación acerca del ordenamiento jurídico que determina los efectos que desplegará en España una decisión extranjera es incorrecta: A. Según la teoría de la equiparación de los efectos, la decisión extranjera despliega los mismos efectos que las decisiones nacionales, procediéndose a una nacionalización de éstas. B. De acuerdo con la teoría de la equiparación de los efectos, una vez nacionalizada la decisión extranjera, los efectos no son, en realidad, los mismos que los que le confirió el estado de origen. C. La teoría de la extensión de los efectos defiende que el Estado de origen es el que determina los efectos que produce la decisión que se reconocerá en el Estado requerido, por lo que extiende los efectos de aquel en éste. D. Para la teoría de la equiparación de los efectos, se nacionaliza la decisión extranjera para dar cumplimiento a una decisión extranjera sin atentar contra la soberanía del Estado. Esta es la tesis seguida en España.

La siguiente afirmación acerca de las consecuencias de la ausencia de prueba del derecho extranjero es incorrecta: A. Debe entenderse que la falta de prueba del derecho extranjero dentro de un proceso judicial es algo excepcional que solo sucederá cuando las partes no consigan probar el derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en la acreditación de dicho contenido. B. El artículo 33.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil reza que, con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. C. Dada la dificultad y la complejidad del conocimiento del derecho extranjero se han creado convenios internacionales acerca de la información del derecho extranjero, que establecen un mecanismo de cooperación a través de unos órganos nacionales de enlace. D. Con el fin de evitar la intervención de diplomáticos o cónsules, y como regla general en el Derecho Internacional Privado, los Estados están obligados a acceder a proporcionar la información solicitada por autoridades extranjeras.

Con base en la jurisprudencia española, es posible hacer la siguiente afirmación acerca de la prueba del derecho extranjero: A. La cita de preceptos de derecho extranjero es un medio idóneo y suficiente para producir la prueba. B. Debido al carácter material del derecho extranjero, no es necesaria la prueba de la interpretación jurisprudencial de los preceptos aplicables. C. Se admite como medio de prueba de la ley extranjera un documento impreso a partir de una página web oficial del país de origen. D. De acuerdo con la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, los medios de prueba están sometidos a la valoración del juez, por lo que no puede afirmarse su carácter vinculante.

Respecto del fraude de ley, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto: A. Para la existencia del fraude de ley, debe darse un cambio voluntario de la circunstancia utilizada como punto de conexión por la norma de conflicto. B. El fraude de ley se caracteriza por una intención de alcanzar un resultado no admitido por el ordenamiento jurídico. C. En el caso de España, el fraude de ley está contemplado en el artículo 12.4 del Código Civil. Se considera que la consecuencia jurídica de esta norma, aunque no conste explícitamente establecida en la misma, debe ser la prevista en el artículo 6.4 del Código Civil. D. Se produce el fraude de ley cuando existe una alteración, aunque no intencionada, en el punto de conexión de la norma de conflicto, que conlleva una consecuencia jurídica distinta.

Respecto del conflicto móvil, es correcta la siguiente afirmación: A. Se produce cuando existe una alteración maliciosa y voluntaria en el punto de conexión de la norma de conflicto. B. Se produce cuando cambia la norma en su conjunto por voluntad del legislador. C. Se produce cuando existe una alteración no maliciosa en el punto de conexión de la norma de conflicto. D. Ninguna respuesta es correcta.

El artículo 22.5 f) de la LOPJ indica: «en las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda». Determine la naturaleza del foro de competencia judicial internacional. A. Es un foro de naturaleza personal. B. Es un foro de naturaleza real. C. Es un foro de protección. D. Es un foro de autonomía de la voluntad.

En cuanto a los métodos utilizados para definir el derecho aplicable, es correcto afirmar que: A. El método directo es el que nos proporciona la solución remitiendo directamente a un derecho que no es el español. B. El método indirecto proporciona la solución de una forma inmediata. C. El método más utilizado para resolver los problemas relativos a la ley que deba aplicarse en las cuestiones derivadas de una situación privada internacional o de tráfico externo es el directo. D. El empleo del método indirecto resulta en la utilización de las normas de conflicto.

Según el artículo 1 de la Convención de la Haya sobre la apostilla de 5 de octubre de 1961 serán considerados documentos públicos: A. Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de un Agente Judicial. B. Documentos administrativos, actas notariales y declaraciones oficiales como menciones de registro. C. Documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. D. Las respuestas A y B son correctas.

Para acreditar si una empresa ucraniana tiene capacidad procesal para participar en un proceso que se desarrolla en España, tenemos que acudir a: A. Ley personal de la persona jurídica extranjera (art. 9.11 CC). B. Principio de "interés nacional" (art. 10.8 CC). C. "Lex fori regit processum". D. Ley personal de la persona física extranjera (art. 9.1 CC).

En virtud del Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo (TEE) para créditos no impugnados: A. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido previa solicitud del exequatur. B. El certificado se podrá ejecutar en el Estado requerido sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad. C. No se puede reconocer en el Estado requerido en ningún caso. D. Todas las respuestas son correctas.