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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETest Derecho Internacional Público 2º Cuatrimestre

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Título del test:
Test Derecho Internacional Público 2º Cuatrimestre

Descripción:
Pues aqui otro test de inter publico to rico to guapo primo

Autor:
AS
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Fecha de Creación:
26/05/2020

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 46
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Temario:
Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos de entrada naturales de una bahía no excede de 24 millas marinas ¿Qué consideración tendrán sus aguas?: a) Aguas interiores, siempre que se trace entre ellos la línea de demarcación. b) Mar territorial, aunque sin que exista para los buques de otros Estados un derecho de paso inocente. c) Aguas jurisdiccionales, en el caso de las bahías históricas.
Las "aguas interiores" de un Estado comprenden: a) Lagos, albuferas, estanques y zonas húmedas marítimo terrestres. b) Las aguas situadas entre el límite terrestre y el límite interior de las líneas de base. c) Las aguas comprendidas entre el límite exterior de los puertos, radas y fondeaderos, y el límite interior del mar territorial.
El derecho de paso inocente por el mar territorial se extiende: a) A los submarinos sumergidos. b) A las aeronaves de Estado de países con los que mantienen relaciones diplomáticas. c) A los buques mercantes de países con los que no se mantienen relaciones diplomáticas.
En el mar territorial, el derecho de paso inocente: a) No podrá ser suspendido en ningún caso. b) Puede ser suspendido, pero sólo a los buques mercantes. c) Puede ser suspendido respecto de cualquier tipo de buque.
El derecho de paso en tránsito: a) Se aplica sólo en determinados estrechos utilizados para la navegación internacional. b) Puede ser suspendido en las circunstancias previstas en el Convenio de Jamaica. c) Existe en los estrechos formados por una isla de un Estado ribereño de ese estrecho y su propio territorio continental, cuando al otro lado de la isla existe una ruta de alta mar.
A través de los estrechos utilizables para la navegación internacional existe: a) Un derecho de paso inocente, o paso en tránsito, según el tipo de estrecho, a tenor del Convenio de 1982. b) Un derecho de paso inocente, como en el mar territorial, según el Convenio de 1982. c) Un derecho de paso en tránsito similar al de las aguas archipélagicas.
¿Qué tipo de paso rige en el estrecho de Gibraltar?: a) Paso inocente. b) Paso continuado. c) Paso en tránsito.
La Plataforma Continental : a) Se define en el Convenio del 82 en base a un criterio de funcionalidad. b) Puede extenderse hasta 350 millas en el supuesto recogido en la Convención de 1958. c) Es objeto de un régimen en la Convención de Jamaica de 1982 que difiere sustancialmente del previsto en la Convención de Ginebra de 1958.
La Zona Económica Exclusiva confiere al Estado ribereño derechos de soberanía: a) Sobre los recursos de las aguas hasta una distancia de 200 millas marinas. b) Sobre los recursos del lecho del mar y del subsuelo hasta una distancia de 200 millas marinas, excepcionalmente prolongables hasta 350. c) Sobre los recursos de las aguas, del lecho del mar y del subsuelo hasta una distancia de 200 millas marinas.
En caso de adyacencia u oposición, la delimitación de los respectivos mares territoriales de dos Estados: a) En defecto de acuerdo entre dichos Estados, se rige por la regla de la equidistancia, a menos que concurran circunstancias especiales. b) Únicamente es posible en virtud de acuerdo entre dichos Estados, a fin de alcanzar una solución equitativa. c) Puede enjuiciarla el Tribunal Internacional de Justicia, incluso si uno de esos Estados no ha reconocido su jurisdicción.
El principio de base para la delimitación de la Zona Económica Exclusiva en Estados cuyas costas son opuestas será: a) La equidistancia. b) La línea de base recta. c) El de la solución equitativa alcanzada por acuerdo entre los Estados sobre la base del Derecho internacional.
En alta mar los buques están sometidos a la jurisdicción: a) Del Estado del pabellón. b) De cualquier Estado, con carácter concurrente. c) No están sometidos a la jurisdicción de ningún Estado, salvo en casos de piratería.
La libertad de navegación por el Alta mar: a) Es un derecho de los Estados partes en la Convención de Ginebra de 1958, o en la de Jamaica de 1982. b) Es un derecho de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. c) Es un derecho de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, condicionado por las convenciones de codificación a que los buques enarbolen el pabellón que indique su nacionalidad.
En el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para conocer de las reclamaciones individuales formuladas: a) Contra los Estados partes que hayan ratificado el primer protocolo facultativo b) Contra todos los Estados partes en el propio Pacto c) Contra los Estados partes que hayan formulado una declaración de aceptación de la cláusula facultativa contenida en el artículo 41 del Pacto.
El valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos se deriva: a) De su ratificación por los Estados, ya que se recoge en un tratado internacional. b) De las diversas expresiones (convenios internacionales, resoluciones de organizaciones internacionales y práctica de los Estados) de una práctica estatal que contribuye a que su contenido posea un carácter de regla consuetudinaria o principio general del derecho c) Del carácter jurídicamente obligatorio de la resolución en la que fue adoptada. .
Un individuo puede presentar una comunicación contra un Estado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: a) Cuando un Estado, parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha efectuado la declaración prevista en su art. 41 b) Cuando un Estado, parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea además parte en el Protocolo Facultativo adoptado en la misma fecha c) Cuando un Estado sea parte tanto en el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional sobre derechos Económicos y Sociales.
La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): a) Hasta fecha reciente no se ha encontrado expresamente regulada en la legislación española b) Conforme ha establecido la jurisprudencia del TEDH, debe llevarse a cabo indefectiblemente por los Estados partes tras la entrada en vigor del Protocolo XI c) Existe un Protocolo Adicional al Convenio Europeo (CEDH), ratificado por España, que prevé dicha ejecución.
¿Puede ser calificada como refugiado, a tenor del Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, una persona que haya cometido un crimen de guerra?: a) No b) Sí, ya que el art. 1 del Convenio sólo excluye a aquellos que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, y antes de ser admitidos en él como refugiados c) Probablemente sí, puesto que los crímenes de guerra prescriben con el paso del tiempo.
Se requiere que tanto el Estado demandante como el demandado sean partes en el CEDH y en el mencionado Protocolo Adicional a) Se requiere que el Estado demandado sea parte en el Convenio y además haya ratificado dicho Protocolo Adicional b) Basta con que sea parte en el Convenio y haya reconocido la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos c) Se requiere que tanto el Estado demandante como el demandado sean partes en el CEDH y en el mencionado Protocolo Adicional.
El gobierno venezolano nacionaliza los bienes de un español en Venezuela. El español, considerando en base a reiterada jurisprudencia anterior que su demanda será rechazada por falta de legitimación activa, decide dirigirse al gobierno español para que le proteja diplomáticamente ante la CIJ. Frente a la demanda española ante la CIJ Venezuela opone el no agotamiento de los recursos internos. ¿Admitiría la CIJ el argumento esgrimido por Venezuela? a) Sí, puesto que el agotamiento de los recursos internos cumple una función procesal y por tanto ha de ser respetado en todo caso b) Sí, ya que la regla del agotamiento de los recursos internos tiene alcance absoluto c) No, pues estaríamos ante una de las excepciones a la regla del agotamiento.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la protección diplomática: a) Es una institución en virtud de la cual los Estados defienden los derechos de sus nacionales, violados por otros Estados b) Permite al particular lesionado exigir a su Estado que la ejerza en su favor, aunque no siempre por vía jurisdiccional c) En supuestos de doble nacionalidad del particular lesionado, puede ser ejercida tan sólo por el Estado que tenga con aquel una vinculación efectiva.
La protección diplomática: a) Es una concesión discrecional de la administración, lo que implica la indefensión del particular b) Aún siendo discrecional su ejercicio, la indefensión del particular no es absoluta ya que siempre queda el recurso al Tribunal Constitucional en base al art. 14 de la Constitución c) Exige el agotamiento previo de los recursos internos, aunque este requisito puede encontrarse exceptuado como resultado de un acuerdo entre los Estados partes en la diferencia.
La regla de la efectividad de la nacionalidad de la reclamación: a) Se aplica en los supuestos en los que el particular tiene una sola nacionalidad b) Se aplica en los supuestos de doble nacionalidad cuando el causante del daño es un tercer Estado c) Se aplica en los supuestos en los que el particular es una persona jurídica.
El uso unilateral de la fuerza armada por los Estados: a) Está justificado para hacer frente a violaciones por otros Estados de normas de ius cogens b) Solo es posible, en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en caso de ataque armado previo y hasta tanto el Consejo de Seguridad adopta las medidas oportunas c) Está excluido en todo caso, en virtud del principio de prohibición del uso de la fuerza.
A tenor de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, las medidas de presión económica o política adoptadas por un Estado para coaccionar a otro Estado: a) Pueden justificar el ejercicio de la legítima defensa por parte de este último b) Entran de lleno dentro de la definición de agresión, tal y como se reconoce también en la resolución 3314 (XXIX) del citado órgano c) Pueden constituir una violación del principio de no intervención.
El sistema de seguridad colectiva de la Carta de Naciones Unidas: a) No comporta la posibilidad de que la ONU imponga medidas coercitivas contra Estados, pues las resoluciones de sus órganos nunca tienen carácter jurídicamente obligatorio b) Puede suponer el uso de la fuerza por la ONU, pero en este caso se requiere la autorización de la Asamblea General c) Sólo es operativo con el beneplácito de las Grandes Potencias con derecho de veto.
El derecho de legítima defensa, ya sea ejercitada individual o colectivamente: a) Es un derecho que crea la Carta de las Naciones Unidas para que los Estados miembros puedan responder en caso de que sufran una agresión armada b) Es un derecho inmanente de los Estados, con una existencia autónoma como derecho consuetudinario, independiente de su reconocimiento en cualquier tratado c) En su versión colectiva exige la previa celebración de un Tratado (por ejemplo, el de la OTAN) concretando sus modalidades de ejercicio.
La acción coercitiva de las Naciones Unidas: a) Exige como requisito previo la determinación de la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión b) Es llevada a cabo por las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, como la UNPROFOR c) Fue declarada inconstitucional, en relación con la Carta, por el Dictamen de 20 de julio de 1962 de la Corte Internacional de Justicia sobre "ciertos gastos" de las Naciones Unidas.
¿Se considera agresión el bloqueo de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado? a) No, ya que, según la definición de la agresión contenida en la Res. 3314 (XXIX), para que haya agresión es necesario el ataque contra las fuerzas armadas del Estado agredido b) Sí c) No, ya que el bloqueo sólo se considera un hecho ilícito internacional pero no una agresión que dé derecho a la legítima defensa.
Ante una amenaza o quebrantamiento de la paz, el Consejo de Seguridad: a) Puede recomendar la adopción de varios tipos de medidas, pero nunca el uso de la fuerza armada b) Puede decidir también el uso de la fuerza armada, pero en ese caso la resolución del Consejo de Seguridad no tiene valor vinculante para los miembros de la Organización c) Tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales.
Las Bases Militares a las que se refiere el Convenio de Cooperación para la Defensa: a) Están bajo mando y bandera españoles, según el art. 16 b) Están bajo mando conjunto hispano-norteamericano c) Están bajo mando norteamericano.
El Convenio entre España y los EE UU de América sobre cooperación para la defensa se remite a la conclusión de unos "acuerdos" bilaterales: a) Para la determinación de la titularidad del mando sobre las Bases y Establecimientos b) Para la introducción en territorio español de armas nucleares o no convencionales o sus componentes por parte de los EE UU c) Para el eventual uso en tiempos de crisis o guerra, de instalaciones, territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles por los EE UU en apoyo de los planes de refuerzo de la OTAN .
La acción coercitiva requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: a) Exige como requisito previo la existencia del ataque armado de un Estado enemigo b) Es llevada a cabo por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas b) Es llevada a cabo por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
En el Derecho internacional contemporáneo, la solución de las controversias entre Estados: a) Corresponde en todo caso a la CIJ, a menos que las partes implicadas decidan someterse a algún otro tribunal internacional b) Puede tener lugar a través de diversos procedimientos, pero nunca puede imponerse a un Estado sin su consentimiento c) En casos excepcionales, un Estado puede imponer unilateralmente un determinado procedimiento de arreglo, siempre que no lo haga mediante el uso de la fuerza armada.
La diferencia entre el arbitraje y el arreglo judicial en sentido estricto, radica en que: a) Los tribunales internacionales tienen carácter permanente e institucionalizado, mientras que los órganos arbitrales se crean para la resolución de controversias concretas y preexistentes b) Los órganos arbitrales carecen de jurisdicción obligatoria, a diferencia de la CIJ c) El laudo arbitral carece de valor jurídico obligatorio, a diferencia de las sentencias judiciales.
La conciliación, en tanto que medio de arreglo de controversias internacionales: a) Es un procedimiento autocompositivo, que no supone la intervención de un tercero b) Concluye con una decisión del órgano de conciliación que no es de obligado acatamiento para las partes de la controversia c) Es obligatoria para aquellos Estados que no hayan aceptado la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia.
¿Es posible aceptar el arbitraje como procedimiento obligatorio de arreglo pacífico con carácter previo al surgimiento de una controversia?: a) No, ya que la suscripción de un compromiso arbitral se hace siempre con carácter subsiguiente al nacimiento de la controversia b) No, puesto que para ese supuesto ya existe el arreglo judicial c) Sí.
Una sentencia o laudo arbitral: a) Se adopta por unanimidad de los miembros del tribunal b) Se adopta por mayoría de los miembros del tribunal, y a ella se le pueden añadir las opiniones individuales y disidentes de los árbitros que así lo deseen c) Se adopta por mayoría, pero las opiniones disidentes no pueden ser añadidas a la sentencia.
Según el art. 34 del Estatuto de la CIJ: a) Sólo los Estados podrán ser partes en litigios ante la Corte b) Tanto los Estados como las Organizaciones Internacionales de carácter universal pueden plantear ante la Corte reclamaciones internacionales c) En circunstancias excepcionales, los individuos pueden también tener acceso a la Corte.
La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia: a) Resulta, en todo caso, del consentimiento de los Estados, si bien dicho consentimiento puede manifestarse a través de una pluralidad de formas b) Sólo existe para aquellos Estados que hayan formulado una declaración de aceptación de la cláusula facultativa contenida en el artículo 36 de su Estatuto c) Existe automáticamente respecto de todos los Estados miembros de la ONU, dado que su Estatuto es parte integrante de la Carta de San Francisco, al figurar como anexo.
La legitimación activa ante la Corte Internacional de Justicia la poseen: a) Solamente los Estados que, además de ser parte en el Estatuto de la CIJ, lo son también del subsistema de la jurisdicción obligatoria (art. 36.2 del Estatuto) b) Los anteriores, más aquellos que sean partes de un tratado internacional en vigor con cláusula compromisoria de arreglo judicial c) Solo los primeros, pero únicamente respecto a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación bajo condición de reciprocidad.
La competencia contenciosa de la CIJ se extiende: a) A todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas b) A los litigios que las partes le sometan por vía de compromiso c) A los litigios previstos en un tratado del cual es parte uno de los Estados envueltos en la diferencia.
La facultad de solicitar opiniones consultivas a la CIJ la poseen: a) El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria b) La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social b) La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social.
Las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ: a) Pueden hacerse bajo condición de reciprocidad, esto es, para Estados que no sean partes en el Estatuto de la CIJ b) Pueden hacerse con respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, y por un periodo de tiempo determinado c) No pueden incluir la reserva de no ser aplicables a las diferencias que pertenezcan al ámbito de la jurisdicción interna de los Estados.
En relación con la jurisdicción de la CIJ, el Estado español: a) La reconoce únicamente bajo condición de reciprocidad, pero no respecto a cualquier Estado que la haya aceptado incondicionalmente. b) Decide, siempre, caso por caso y de común acuerdo con la otra parte en la controversia la sumisión a su jurisdicción de ciertos asuntos de naturaleza jurídica c) Ha declarado que la reconoce, al amparo del art. 36.2 del Estatuto de la CIJ, en las controversias de orden jurídico no comprendidas en ciertos supuestos y excepciones.
La declaración española de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ: a) Se hizo por tiempo indeterminado b) Se hizo bajo condición de reciprocidad c) Se hizo sin incluir más reservas que la relativa a los litigios entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea.
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