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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO UCLM AB

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Título del Test:
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO UCLM AB

Descripción:
2º CUATRIMESTRE CURSO 2021/2022 DERECHO UCLM ALBACETE

Fecha de Creación: 2022/04/26

Categoría: Universidad

Número Preguntas: 102

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1) En el ámbito de la responsabilidad internacional: a) La violación de una obligación implica el deber de reparar. b) La indemnización y la restitución son las únicas modalidades de reparación. b) La indemnización y la restitución son las únicas modalidades de reparación. c) La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado implica que no puede reclamarse una indemnización por los eventuales daños causados por ese hecho.

2) En materia de responsabilidad internacional: a) El derecho subjetivo violado del Estado es el daño sufrido por su nacional. b) El Estado nacional del particular no puede reclamar frente al Estado causante del daño si no prueba el daño tangible sufrido por el particular. c) No siempre que hay un daño hay un hecho ilícito.

3) Respecto a la reparación debida a causa de un hecho ilícito: a) Puede consistir en una compensación apropiada siempre que no sea posible la restitutio in integrum. b) Basta con el reconocimiento de la ilicitud por parte del Estado al que le sea atribuible. c) Consiste en una indemnización otorgable a los terceros Estados interesados en el cumplimiento de la obligación.

4) Unos delincuentes profesionales actuando por encargo del gobierno israelí secuestran a un hombre de negocios árabe residente en Marbella acusándole de financiar la Yihad. El gobierno español sostiene que Israel es internacionalmente responsable por ese hecho ilícito. ¿Es ello cierto?. a) No, ya que el gobierno israelí actuaba en legítima defensa. b) No, puesto que los comportamientos de particulares no son atribuibles al Estado. c) Sí, dado que ese grupo de personas actuaba de bajo instrucciones de Israel.

5) ¿Puede ser Francia responsable por las acciones de una persona que es miembro de su misión diplomática en Irán, aunque esa persona no sea el jefe de la misión diplomática?. a) No, puesto que un Estado no puede ser nunca responsable de los hechos internacionalmente ilícitos realizados por sus órganos en otro Estado. b) Sí, puesto que se considera hecho del Estado el comportamiento de un órgano independientemente del territorio en el que ejerza su función. c) No, puesto que el ejercicio de funciones diplomáticas es insusceptible de enjuiciamiento jurisdiccional por ser inmune.

6) consentimiento como causa de exclusión de la ilicitud: a) Ha de ser válido, esto es, manifestado por quien posea la capacidad jurídica necesaria para hacerlo. b) Incluye tanto el consentimiento tácito como el expreso. c) Ha de ser válido cuando la obligación respecto de cuya violación se ha prestado el consentimiento se refiere a los derechos de los nacionales de ese Estado.

7) El estado de necesidad como circunstancia excluyente: a) Requiere la necesidad de salvaguardar un interés esencial del Estado contra un peligro grave e inminente. b) Requiere que la obligación internacional incumplida derive de una norma de ius cogens. c) Requiere que la obligación internacional incumplida no sea erga singulum ni erga omnes partes.

8) ¿Cuándo los hechos de un movimiento insurreccional no generan responsabilidad internacional para el Estado en cuyo territorio tiene lugar el hecho ilícito?: a) Cuando el movimiento insurreccional se convierte en el nuevo Gobierno del Estado. b) Cuando la falta de eficacia de las autoridades del Estado territorial en la prevención y represión de sus actividades estuviese razonablemente justificada. c) Las dos respuestas anteriores son falsas.

9) Las represalias: a) Se diferencian de la retorsión en que siempre implican uso de la fuerza armada. b) Se asemejan a la denominada "legítima defensa preventiva" en que ambas son consideradas como un crimen internacional. c) Pueden ser lícitas, si no implican un uso de la fuerza y responden a un ilícito previo de otro Estado.

10) Respecto del hecho ilícito continuado: a) La ocupación de parte del territorio soberano de otro Estado es un ejemplo. b) El genocidio sería mejor ejemplo, debido a que incorpora en el tipo un dolus specialis. c) No puede decirse que condicione la jurisdicción del órgano judicial competente.

11) Las contramedidas: a) En el fondo son lo mismo que los actos de retorsión. b) Incluyen los actos de represalia proporcionada que no implican uso de la fuerza. c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

1) Procederán independientemente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad: a) A la elección del Secretario General de las Naciones Unidas. b) A la elección de los miembros del Tribunal Internacional de Justicia. c) A la suspensión cualificada o suspensión del ejercicio del derecho de voto en la Asamblea.

2) Para la reelección de Ban-Ki-Moon como Secretario General de la ONU: PUESTA EN LA prueba. a) Hubo nombramiento por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, conforme a lo establecido en la Carta de la ONU. b) Fue preciso el previo dictamen de la Corte Internacional de Justicia. c) Fue precisa tan solo la recomendación del Consejo de Seguridad por una mayoría de nueve votos sobre quince.

3) La Organización de las Naciones Unidas ha evolucionado transformando la finalidad predominante de su actuación en diversos periodos históricos. Así: VOY POR ESTA. a) Durante los años cincuenta, se ocupó preferentemente del desarrollo económico de los países del Tercer Mundo. b) Durante la década de los sesenta, la idea eje es la descolonización en aplicación del principio de libre determinación de los pueblos. c) En la década de los setenta tienen prioridad ciertas actuaciones coercitivas contra Estados racistas, como Sudáfrica.

4) La Asamblea General de las Naciones Unidas: a) Podrá discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta. b) Podrá adoptar resoluciones obligatorias en materia de actuaciones coercitivas contra un Estado, siempre que no impliquen uso de fuerza armada. c) Adopta siempre sus decisiones democráticamente, esto es, por mayoría de los miembros presentes y votantes.

5) El derecho de veto de las Grandes Potencias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo su origen histórico: a) En la Conferencia de Bretton Woods (EE.UU.), en 1944. b) En la Conferencia de Dumbarton Oaks (EE.UU.), en 1943. c) En la Conferencia de Yalta (U.R.S.S.), en 1945.

6) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: a) Está compuesto por veinticinco miembros, aunque sólo cinco poseen derecho de veto. b) Tiene la responsabilidad exclusiva en el mantenimiento de la paz y seguridad. c) Adopta sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento por el voto afirmativo de nueve miembros.

7) Para la adopción de una resolución relativa a la representación de un Estado miembro en la Organización de las Naciones Unidas hace falta: a) Una decisión de la Asamblea a recomendación del Consejo de Seguridad. b) Una decisión de la Asamblea tomada por mayoría de dos tercios de presentes y votantes. c) Una decisión de la Asamblea, previo dictamen de la CIJ.

8) La Carta de las Naciones Unidas reconoce la posibilidad de crear órganos subsidiarios: a) Solamente a la Asamblea General. b) A la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. c) A la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social.

9) La personalidad internacional de la ONU ha sido consagrada expresamente: a) Por la propia Carta de las Naciones Unidas. b) Por el Dictamen de la CIJ relativo a la "reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas". c) Por el Dictamen del TIJ relativo a "ciertos gastos de las Naciones Unidas.

10) La suspensión de los derechos de un Estado en las Naciones Unidas podrá hacerse: a) Únicamente cuando ese Estado haya violado repetidamente los Principios contenidos en la Carta. b) Por parte del Consejo de Seguridad, que adoptará una decisión sobre una cuestión que no es de procedimiento, con arreglo al art. 27-3 de la Carta. c) Únicamente en relación con el derecho de voto en la Asamblea, cuando el Estado miembro esté en mora respecto al pago de su cuota durante más de dos años.

11) Según el art. 27.3 de la Carta de las Naciones Unidas: a) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones importantes serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. b) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluidos todos los miembros permanentes. c) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, salvo cuando un miembro permanente interponga su veto.

12) Son organismos especializados de las Naciones Unidas: a) El Banco Mundial (BIRD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). b) La Comisión de Derecho internacional (CDI) y la Corporación Financiera internacional (CFI). c) La Organización Internacional del Trabajo (OIT), La Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1) El uso unilateral de la fuerza armada por los Estados: a) Está justificado para hacer frente a violaciones por otros Estados de normas de ius cogens. b) Solo es posible, en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en caso de ataque armado previo y hasta tanto el Consejo de Seguridad adopta las medidas oportunas. c) Está excluido en todo caso, en virtud del principio de prohibición del uso de la fuerza.

2) A tenor de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, las medidas de presión económica o política adoptadas por un Estado para coaccionar a otro Estado: a) Pueden justificar el ejercicio de la legítima defensa por parte de este último. b) Entran de lleno dentro de la definición de agresión, tal y como se reconoce también en la resolución 3314 (XXIX) del citado órgano. c) Pueden constituir una violación del principio de no intervención.

3) El sistema de seguridad colectiva de la Carta de Naciones Unidas: a) No comporta la posibilidad de que la ONU imponga medidas coercitivas contra Estados, pues las resoluciones de sus órganos nunca tienen carácter jurídicamente obligatorio. b) Puede suponer el uso de la fuerza por la ONU, pero en este caso se requiere la autorización de la Asamblea General. c) Sólo es operativo con el beneplácito de las Grandes Potencias con derecho de veto.

4) El derecho de legítima defensa, ya sea ejercitada individual o colectivamente: a) Es un derecho que crea la Carta de las Naciones Unidas para que los Estados miembros puedan responder en caso de que sufran una agresión armada. b) Es un derecho inmanente de los Estados, con una existencia autónoma como derecho consuetudinario, independiente de su reconocimiento en cualquier tratado. c) En su versión colectiva exige la previa celebración de un Tratado (por ejemplo, el de la OTAN) concretando sus modalidades de ejercicio.

5) La acción coercitiva de las Naciones Unidas: a) Exige como requisito previo la determinación de la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. b) Es llevada a cabo por las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, como la UNPROFOR. c) Fue declarada inconstitucional, en relación con la Carta, por el Dictamen de 20 de julio de 1962 de la Corte Internacional de Justicia sobre "ciertos gastos" de las Naciones Unidas.

6) ¿Se considera agresión el bloqueo de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado?. a) No, ya que, según la definición de la agresión contenida en la Res. 3314 (XXIX), para que haya agresión es necesario el ataque contra las fuerzas armadas del Estado agredido. b) Sí. c) No, ya que el bloqueo sólo se considera un hecho ilícito internacional pero no una agresión que dé derecho a la legítima defensa.

7) Ante una amenaza o quebrantamiento de la paz, el Consejo de Seguridad: a) Puede recomendar la adopción de varios tipos de medidas, pero nunca el uso de la fuerza armada. b) Puede decidir también el uso de la fuerza armada, pero en ese caso la resolución del Consejo de Seguridad no tiene valor vinculante para los miembros de la Organización. c) Tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales.

8) Las Bases Militares a las que se refiere el Convenio de Cooperación para la Defensa: a) Están bajo mando y bandera españoles, según el art. 16. b) Están bajo mando conjunto hispano-norteamericano. c) Están bajo mando norteamericano.

9) El Convenio entre España y los EE UU de América sobre cooperación para la defensa se remite a la conclusión de unos "acuerdos" bilaterales: a) Para la determinación de la titularidad del mando sobre las Bases y Establecimientos. b) Para la introducción en territorio español de armas nucleares o no convencionales o sus componentes por parte de los EE UU. c) Para el eventual uso en tiempos de crisis o guerra, de instalaciones, territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles por los EE UU en apoyo de los planes de refuerzo de la OTAN.

10) La acción coercitiva requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: a) Exige como requisito previo la existencia del ataque armado de un Estado enemigo. b) Es llevada a cabo por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. c) Es llevada a cabo por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad.

1) En el Derecho internacional contemporáneo, la solución de las controversias entre Estados: a) Corresponde en todo caso a la CIJ, a menos que las partes implicadas decidan someterse a algún otro tribunal internacional. b) Puede tener lugar a través de diversos procedimientos, pero nunca puede imponerse a un Estado sin su consentimiento. c) En casos excepcionales, un Estado puede imponer unilateralmente un determinado procedimiento de arreglo, siempre que no lo haga mediante el uso de la fuerza armada.

2) La diferencia entre el arbitraje y el arreglo judicial en sentido estricto, radica en que: a) Los tribunales internacionales tienen carácter permanente e institucionalizado, mientras que los órganos arbitrales se crean para la resolución de controversias concretas y preexistentes. b) Los órganos arbitrales carecen de jurisdicción obligatoria, a diferencia de la CIJ. c) El laudo arbitral carece de valor jurídico obligatorio, a diferencia de las sentencias judiciales.

3) La conciliación, en tanto que medio de arreglo de controversias internacionales: a) Es un procedimiento autocompositivo, que no supone la intervención de un tercero. b) Concluye con una decisión del órgano de conciliación que no es de obligado acatamiento para las partes de la controversia. c) Es obligatoria para aquellos Estados que no hayan aceptado la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia.

4) ¿Es posible aceptar el arbitraje como procedimiento obligatorio de arreglo pacífico con carácter previo al surgimiento de una controversia?: a) No, ya que la suscripción de un compromiso arbitral se hace siempre con carácter subsiguiente al nacimiento de la controversia. b) No, puesto que para ese supuesto ya existe el arreglo judicial. c) Sí.

5) Una sentencia o laudo arbitral: a) Se adopta por unanimidad de los miembros del tribunal. b) Se adopta por mayoría de los miembros del tribunal, y a ella se le pueden añadir las opiniones individuales y disidentes de los árbitros que así lo deseen. c) Se adopta por mayoría, pero las opiniones disidentes no pueden ser añadidas a la sentencia.

6) Según el art. 34 del Estatuto de la CIJ: a) Sólo los Estados podrán ser partes en litigios ante la Corte. b) Tanto los Estados como las Organizaciones Internacionales de carácter universal pueden plantear ante la Corte reclamaciones internacionales. c) En circunstancias excepcionales, los individuos pueden también tener acceso a la Corte.

7) La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia: a) Resulta, en todo caso, del consentimiento de los Estados, si bien dicho consentimiento puede manifestarse a través de una pluralidad de formas. b) Sólo existe para aquellos Estados que hayan formulado una declaración de aceptación de la cláusula facultativa contenida en el artículo 36 de su Estatuto. c) Existe automáticamente respecto de todos los Estados miembros de la ONU, dado que su Estatuto es parte integrante de la Carta de San Francisco, al figurar como anexo.

8) La legitimación activa ante la Corte Internacional de Justicia la poseen: a) Solamente los Estados que, además de ser parte en el Estatuto de la CIJ, lo son también del subsistema de la jurisdicción obligatoria (art. 36.2 del Estatuto). b) Los anteriores, más aquellos que sean partes de un tratado internacional en vigor con cláusula compromisoria de arreglo judicial. c) Solo los primeros, pero únicamente respecto a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación bajo condición de reciprocidad.

9) La competencia contenciosa de la CIJ se extiende: a) A todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas. b) A los litigios que las partes le sometan por vía de compromiso. c) A los litigios previstos en un tratado del cual es parte uno de los Estados envueltos en la diferencia.

10) La facultad de solicitar opiniones consultivas a la CIJ la poseen: a) El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria. b) La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. c) La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretario General.

11) Las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ: a) Pueden hacerse bajo condición de reciprocidad, esto es, para Estados que no sean partes en el Estatuto de la CIJ. b) Pueden hacerse con respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, y por un periodo de tiempo determinado. c) No pueden incluir la reserva de no ser aplicables a las diferencias que pertenezcan al ámbito de la jurisdicción interna de los Estados.

12) En relación con la jurisdicción de la CIJ, el Estado español: a) La reconoce únicamente bajo condición de reciprocidad, pero no respecto a cualquier Estado que la haya aceptado incondicionalmente. b) Decide, siempre, caso por caso y de común acuerdo con la otra parte en la controversia la sumisión a su jurisdicción de ciertos asuntos de naturaleza jurídica. c) Ha declarado que la reconoce, al amparo del art. 36.2 del Estatuto de la CIJ, en las controversias de orden jurídico no comprendidas en ciertos supuestos y excepciones.

13) La declaración española de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la CIJ: a) Se hizo por tiempo indeterminado. b) Se hizo bajo condición de reciprocidad. c) Se hizo sin incluir más reservas que la relativa a los litigios entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea.

1) En el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para conocer de las reclamaciones individuales formuladas: a) Contra los Estados partes que hayan ratificado el primer protocolo facultativo. b) Contra todos los Estados partes en el propio Pacto. c) Contra los Estados partes que hayan formulado una declaración de aceptación de la cláusula facultativa contenida en el artículo 41 del Pacto.

2) El valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos se deriva: a) De su ratificación por los Estados, ya que se recoge en un tratado internacional. b) De las diversas expresiones (convenios internacionales, resoluciones de organizaciones internacionales y práctica de los Estados) de una práctica estatal que contribuye a que su contenido posea un carácter de regla consuetudinaria o principio general del derecho. c) Del carácter jurídicamente obligatorio de la resolución en la que fue adoptada.

3) Un individuo puede presentar una comunicación contra un Estado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: a) Cuando un Estado, parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha efectuado la declaración prevista en su art. 41. b) Cuando un Estado, parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea además parte en el Protocolo Facultativo adoptado en la misma fecha. c) Cuando un Estado sea parte tanto en el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional sobre derechos Económicos y Sociales.

4) La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): a) Hasta fecha reciente no se ha encontrado expresamente regulada en la legislación española. b) Conforme ha establecido la jurisprudencia del TEDH, debe llevarse a cabo indefectiblemente por los Estados partes tras la entrada en vigor del Protocolo XI. c) Existe un Protocolo Adicional al Convenio Europeo (CEDH), ratificado por España, que prevé dicha ejecución.

5) ¿Puede ser calificada como refugiado, a tenor del Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, una persona que haya cometido un crimen de guerra?: a) No. b) Sí, ya que el art. 1 del Convenio sólo excluye a aquellos que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, y antes de ser admitidos en él como refugiados. c) Probablemente sí, puesto que los crímenes de guerra prescriben con el paso del tiempo.

6) En el sistema del CEDH, para que un particular pueda demandar a un Estado por violación de alguno de los derechos reconocidos en el Protocolo Adicional: a) Se requiere que el Estado demandado sea parte en el Convenio y además haya ratificado dicho Protocolo Adicional. b) Basta con que sea parte en el Convenio y haya reconocido la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. c) Se requiere que tanto el Estado demandante como el demandado sean partes en el CEDH y en el mencionado Protocolo Adicional.

1) El principio del uti possidetis iuris implica: a) La no aceptación de las antiguas fronteras coloniales por los pueblos que alcanzaron la independencia. b) La aceptación de antiguas demarcaciones administrativas como fronteras entre Estados. c) La delimitación de fronteras haciendo prevalecer la posesión sobre el título jurídico.

2) Del principio del "uti posseditis iuris" se deriva, según la jurisprudencia de la CIJ: a) La preeminencia del título jurídico sobre la posesión efectiva como fundamento de la soberanía territorial. b) La preeminencia de la posesión efectiva sobre el título jurídico en los litigios sobre delimitación territorial. c) La imposibilidad de cambiar las fronteras heredadas de las potencias coloniales en los Estados de reciente independencia de conformidad con el principio de la libre determinación de los pueblos.

3) En relación con los litigios relativos a la atribución de soberanía territorial: a) Un hecho debe ser apreciado a la luz del derecho en vigor en el momento en que tiene que dirimirse una controversia relativa al mismo. b) Un título incoado debe completarse dentro de un periodo razonable por la ocupación efectiva para producir efectos jurídicos válidos. c) La fecha crítica es aquella en la que se plantea la controversia ante el órgano de arreglo de diferencias.

4) En el Dictamen de 16 de Octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental, la CIJ: a) Llega a la conclusión de que antes de la ocupación española esos territorios no podían considerarse terra nullius. b) Reconoce que el Sultán de Marruecos manifestó su autoridad con respecto a ciertas tribus del territorio, lo cual implicaba el ejercicio de una soberanía marroquí sobre el territorio. c) Admite que, mediante diversos actos jurídicos, Francia, Alemania y España habían reconocido la soberanía territorial del antiguo Sultán de Marruecos sobre el Sáhara.

5) En relación con la adquisición de territorios: a) Una ocupación, aunque sea temporal y precaria, confiere derechos de soberanía. b) El ejercicio continuado y pacífico de la soberanía territorial es tan válido como un título. c) El uti possidetis, el descubrimiento y la ocupación, son títulos jurídicos válidos en el derecho internacional actual.

6) ¿Se considera violación del espacio aéreo de un Estado el sobrevuelo de ese espacio por parte de cualquier objeto espacial con destino al espacio ultraterrestre?. a) Si hay autorización previa, no. b) No, aunque el Estado que promoviese el lanzamiento será responsable internacionalmente de los daños causados por dicho objeto. c) Sí.

7) Las competencias del Estado sobre su espacio aéreo: a) Son plenas y soberanas, sin que quepan más limitaciones que las establecidas expresamente por el Derecho Internacional. b) Son análogas a las establecidas para el Alta Mar, de tal forma que las seis libertades básicas que rigen este espacio marítimo son también aplicables al espacio aéreo. c) Son plenas, pero su ejercicio está condicionado para todo tipo de vuelos por lo estipulado en la Convención de Chicago de 1944.

8) En virtud del Derecho internacional general o consuetudinario, el sobrevuelo por una aeronave extranjera del territorio de otro Estado: a) Requiere la previa autorización del Estado sobrevolado. b) Basta la simple notificación previa al Estado sobrevolado. c) Requiere autorización si se trata de aeronave militar pero basta la notificación si es aeronave civil.

1) Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos de entrada naturales de una bahía no excede de 24 millas marinas ¿Qué consideración tendrán sus aguas?: a) Aguas interiores, siempre que se trace entre ellos la línea de demarcación. b) Mar territorial, aunque sin que exista para los buques de otros Estados un derecho de paso inocente. c) Aguas jurisdiccionales, en el caso de las bahías históricas.

2) Las "aguas interiores" de un Estado comprenden: a) Lagos, albuferas, estanques y zonas húmedas marítimo terrestres. b) Las aguas situadas entre el límite terrestre y el límite interior de las líneas de base. c) Las aguas comprendidas entre el límite exterior de los puertos, radas y fondeaderos, y el límite interior del mar territorial.

3) El derecho de paso inocente por el mar territorial se extiende: a) A los submarinos sumergidos. b) A las aeronaves de Estado de países con los que mantienen relaciones diplomáticas. c) A los buques mercantes de países con los que no se mantienen relaciones diplomáticas.

4) En el mar territorial, el derecho de paso inocente: a) No podrá ser suspendido en ningún caso. b) Puede ser suspendido, pero sólo a los buques mercantes. c) Puede ser suspendido respecto de cualquier tipo de buque.

5) El derecho de paso en tránsito: a) Se aplica sólo en determinados estrechos utilizados para la navegación internacional. b) Puede ser suspendido en las circunstancias previstas en el Convenio de Jamaica. c) Existe en los estrechos formados por una isla de un Estado ribereño de ese estrecho y su propio territorio continental, cuando al otro lado de la isla existe una ruta de alta mar.

6) A través de los estrechos utilizables para la navegación internacional existe: a) Un derecho de paso inocente, o paso en tránsito, según el tipo de estrecho, a tenor del Convenio de 1982. b) Un derecho de paso inocente, como en el mar territorial, según el Convenio de 1982. c) Un derecho de paso en tránsito similar al de las aguas archipélagicas.

7) ¿Qué tipo de paso rige en el estrecho de Gibraltar?: a) Paso inocente. b) Paso continuado. c) Paso en tránsito.

8) La Plataforma Continental : a) Se define en el Convenio del 82 en base a un criterio de funcionalidad. b) Puede extenderse hasta 350 millas en el supuesto recogido en la Convención de 1958. c) Es objeto de un régimen en la Convención de Jamaica de 1982 que difiere sustancialmente del previsto en la Convención de Ginebra de 1958.

9) La Zona Económica Exclusiva confiere al Estado ribereño derechos de soberanía: a) Sobre los recursos de las aguas hasta una distancia de 200 millas marinas. b) Sobre los recursos del lecho del mar y del subsuelo hasta una distancia de 200 millas marinas, excepcionalmente prolongables hasta 350. c) Sobre los recursos de las aguas, del lecho del mar y del subsuelo hasta una distancia de 200 millas marinas.

10) En caso de adyacencia u oposición, la delimitación de los respectivos mares territoriales de dos Estados: a) En defecto de acuerdo entre dichos Estados, se rige por la regla de la equidistancia, a menos que concurran circunstancias especiales. b) Únicamente es posible en virtud de acuerdo entre dichos Estados, a fin de alcanzar una solución equitativa. c) Puede enjuiciarla el Tribunal Internacional de Justicia, incluso si uno de esos Estados no ha reconocido su jurisdicción.

11) El principio de base para la delimitación de la Zona Económica Exclusiva en Estados cuyas costas son opuestas será: a) La equidistancia. b) La línea de base recta. c) El de la solución equitativa alcanzada por acuerdo entre los Estados sobre la base del Derecho internacional.

12) En alta mar los buques están sometidos a la jurisdicción: a) Del Estado del pabellón. b) De cualquier Estado, con carácter concurrente. c) No están sometidos a la jurisdicción de ningún Estado, salvo en casos de piratería.

13) La libertad de navegación por el Alta mar: a) Es un derecho de los Estados partes en la Convención de Ginebra de 1958, o en la de Jamaica de 1982. b) Es un derecho de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. c) Es un derecho de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, condicionado por las convenciones de codificación a que los buques enarbolen el pabellón que indique su nacionalidad.

14) Según el Convenio de Jamaica sobre Derecho del mar, en las aguas interiores, el Estado ribereño: a) Debe respetar el derecho de paso inocente que se reconoce en todo caso en favor de los terceros Estados. b) Debe respetar el derecho de paso inocente cuando, por utilizar para su delimitación líneas de base rectas, queden encerradas como aguas interiores espacios que anteriormente no tenían tal condición. c) No puede suspender el derecho de navegación de los buques que enarbolen el pabellón de un tercer Estado, al regir en dicho espacio marítimo el derecho de paso en tránsito.

15) En el mar territorial, el derecho de paso inocente: a) no podrá ser suspendido en ningún caso. b) puede ser suspendido. Pero para que la suspensión produzca efectos ha de ser publicada en debida forma, a tenor de lo dispuesto en el art. 25.3 de la Convención de 1982. c) puede ser suspendido, incluso discriminando entre buques extranjeros.

16) El derecho de paso inocente: a) Según el Convenio de Jamaica de 1982, rige el paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional entre dos partes de alta mar. b) No puede ser suspendido en ningún caso por el Estado ribereño. c) No incluye las actividades de investigación y levantamiento hidrográficos pues estas, a tenor de lo dispuesto en el art. 19.2 de la Convención de 1982, se consideran paso perjudicial.

17) ¿Qué tres canales, merced a circunstancias históricas, tienen un régimen particular de regulación internacional?: a) Suez, Panamá y Kiel. b) Suez, Panamá y Corinto. c) Canal de la Mancha, Suez y Panamá.

18) Un Estado archipelágico puede ser: a) El constituido por una sola isla. b) El constituido por varias islas. c) El que está constituido por un territorio continental y una o varias islas que forman archipiélagos geográficos.

19) ¿Cuál de estas situaciones recibe una regulación más ventajosa en el Convenio sobre Derecho del Mar de 1982?: a) Los archipiélagos de Estado. b) Los Estados archipelágicos. c) Están sometidos a la misma regulación.

20) A los efectos del Derecho del mar contemporáneo, un "Estado en situación geográfica desventajosa" es: a) Un Estado cuya masa continental sufre un estrechamiento en su proximidad al mar. b) Un Estado con pesca, pero sin posibilidades de explotarla. c) Un país cuya situación geográfica le haga depender de la explotación de los recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de otros Estados de la subregión.

21) En los supuestos en que la Plataforma continental de un Estado pueda ser ampliada hasta 350 millas, el Convenio de Jamaica: a) Establece que los Estados que disfruten de esa plataforma ampliada tendrán que pagar un canon por la explotación de las millas de ampliación suplementarias, a no ser que se trate de un Estado en desarrollo. b) Establece que sobre las millas de ampliación suplementarias el Estado no gozará de soberanía funcional exclusiva. c) Varía el régimen jurídico aplicable a los beneficios obtenidos de su explotación, en función de que exista o no margen continental desde una perspectiva geológica.

22) La equidistancia en al ámbito del Derecho del Mar: a) Puede ser inequitativa si existen circunstancias especiales. b) Es una auténtica regla jurídica aplicable en toda delimitación de espacios marítimos. c) Es un hecho natural que entraña por sí mismo consecuencias jurídicas.

23) En alta mar los buques están sometidos a la jurisdicción: a) del Estado del pabellón, con carácter en principio exclusivo. b) de todo Estado, con carácter concurrente. c) no están sometidos a la jurisdicción de ningún Estado.

24) La persecución en caliente: a) Debe ser continua y sin interrupción para la subsistencia del derecho. b) Para que el derecho a la persecución cese, el buque perseguido no tiene otra opción que refugiarse en el mar territorial del país de su pabellón. c) Puede ser iniciada por cualquier buque mercante que enarbole el pabellón del Estado donde se ha cometido la infracción.

25) De conformidad con la Convención de Jamaica sobre Derecho del mar, el derecho de persecución en caliente: a) Puede ser ejercitado por buques o aeronaves privados que no se hallen al servicio del Estado en aquellos supuestos en que así lo establezca la legislación interna del Estado ribereño. b) En el caso de que se trate de buques que actúen en equipo, para su inicio es necesario que todos ellos se encuentren en las aguas interiores o el mar territorial del Estado ribereño. c) Las normas cuya infracción legítima su ejercicio difieren según cuál sea el espacio marítimo en el cual se encuentra el buque supuestamente infractor en el momento de iniciarse su ejercicio, en función de las diferentes competencias que sobre tales espacios ostenta el Estado ribereño.

26) La Zona Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos: a) Es un espacio marítimo sometido a la soberanía de los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. b) Se extiende al lecho y subsuelo marino a partir de una distancia de 24 millas de la costa. c) Está sometida a un régimen de exploración y explotación cuya gestión se encomienda a la Autoridad de los Fondos Marinos y Oceánicos.

27) En la zona del Atlántico Suroeste, más allá de las islas Canarias, España: a) Quiere extender su Zona Económica Exclusiva hasta las 350 millas. b) Quiere extender su Plataforma Continental hasta las 350 millas, pero su pretensión se solapa parcialmente con la de Portugal. c) Quiere particularizar el régimen de la Zona Internacional de los Fondos Marinos, llegando a un acuerdo con Portugal.

1). El homicidio intencionado de dos personas de etnia gitana por parte de las fuerzas de seguridad de un Estado latinoamericano bajo un régimen de dictadura militar: a) Constituye un crimen de genocidio. b) Constituye un crimen de lesa humanidad. c) Constituye un delito de asesinato previsto en el Código Penal de ese Estado.

2). Los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, respectivamente: a) Fueron creados después de la Corte Penal Internacional, pues son más específicos. b) Fueron creados por la vía de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. c) Son en realidad tribunales mixtos, con elementos internacionales y elementos internos en su composición, derecho aplicable y jurisdicción.

3). La decisión de una persona de que el ejército de su país, o combatientes irregulares bajo sus instrucciones o su control, lleven a cabo una agresión contra otro Estado: a) Es una conducta constitutiva de crimen contra la paz. b) Es una conducta constitutiva de crimen de guerra. c) Es una conducta de una persona que solamente puede entrañar responsabilidad internacional atribuible a un Estado.

4). La expresión aut dedere aut iudicare, en el marco de las obligaciones internacionales convencionalmente asumidas por un Estado: a) Establece la opción entre juzgar a la persona detenida con los propios jueces internos o entregarla a otro Estado cuyos jueces tengan competencia para juzgar su conducta. b) Implica siempre la obligación de extraditar una persona al Estado reclamante. c) Establece la obligación de entregar al supuesto autor de un crimen internacional a un tribunal penal internacional en el que pueda ser juzgado.

5). La aplicación del tipo previsto en el art. 5.1 del ECPI (crimen contra la paz): a) Se remite a la definición de agresión establecida en la resolución 3314 (XXIX) de la AG ONU. b) No es todavía operativa, en la medida en que la CPI ve aplazada su competencia hasta que se lleve a cabo una ulterior definición de ese delito. c) No exige la previa calificación de agresión por el CS de la conducta del Estado cuyo gobernante sea acusado de la comisión de tal crimen.

6). Las reglas anejas a la Convención de La Haya de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre: a) Son aplicables a las situaciones contemporáneas de ocupación de territorios por la fuerza, como las de Chipre Septentrional o la República Democrática del Congo. b) Excepcionalmente, no son aplicables a las ocupaciones beligerantes de larga duración, como la llevada a cabo por Israel en los Territorios Ocupados. c) La Corte Internacional de Justicia ha declarado que son aplicables a Iraq.

7). El Protocolo Adicional II de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949: a) Puede aplicarse a conflictos armados de carácter no internacional. b) Puede aplicarse a conflictos armados de carácter internacional. c) Contiene una completa tipificación de conductas constitutivas de crímenes contra la humanidad.

8). El genocidio. a) Fue tipificado por primera vez en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. b) Es un concepto inventado por un jurista polaco residente en los EE UU llamado Rafael Kalshen en 1945. c) Fue tipificado por primera vez en el Convenio de 1948.

9) En relación con el crimen de agresión indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: A) El crimen de agresión es considerado en la actualidad crimen más grave de trascendencia internacional al estar incluido en la categoría delictiva de crímenes de guerra. B) Al ser un tipo delictivo previsto en el artículo 16 del Proyecto de Código de Crímenes contra la Humanidad de 1996 los Estados parte están obligados a poner en disposición de la Corte Penal Internacional a los presuntos responsables de su comisión. C) Se encuentra contemplado en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, si bien la competencia para conocer de este delito se encuentra aplazada en la actualidad.

10) En relación con los tribunales penales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: A) Ambos fueron creados por el Consejo de Seguridad en aplicación del Capítulo VII de la Carta, siendo por tanto órganos subsidiarios, aunque autónomos funcionalmente, de aquel órgano. B) Ambos tribunales poseen competencia complementaria o subsidiaria respecto a las jurisdicciones internas. C) Su competencia material se extiende a los crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y terrorismo.

11) En relación con la Corte Penal Internacional indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: A) Es un tribunal sin vocación universal con competencia para el enjuiciamiento de crímenes de trascendencia internacional. B) El Consejo de Seguridad, mediante una resolución, puede suspender durante un año la competencia de la Corte para enjuiciar un determinado asunto. C) La Corte carece de competencia exclusiva para el enjuiciamiento de los crímenes que están dentro de su competencia.

1) El gobierno venezolano nacionaliza los bienes de un español en Venezuela. El español, considerando en base a reiterada jurisprudencia anterior que su demanda será rechazada por falta de legitimación activa, decide dirigirse al gobierno español para que le proteja diplomáticamente ante la CIJ. Frente a la demanda española ante la CIJ Venezuela opone el no agotamiento de los recursos internos. ¿Admitiría la CIJ el argumento esgrimido por Venezuela?. a) Sí, puesto que el agotamiento de los recursos internos cumple una función procesal y por tanto ha de ser respetado en todo caso. b) Sí, ya que la regla del agotamiento de los recursos internos tiene alcance absoluto. c) No, pues estaríamos ante una de las excepciones a la regla del agotamiento.

2) Desde el punto de vista del derecho internacional, la protección diplomática: a) Es una institución en virtud de la cual los Estados defienden los derechos de sus nacionales, violados por otros Estados. b) Permite al particular lesionado exigir a su Estado que la ejerza en su favor, aunque no siempre por vía jurisdiccional. c) En supuestos de doble nacionalidad del particular lesionado, puede ser ejercida tan sólo por el Estado que tenga con aquel una vinculación efectiva.

3) La protección diplomática: a) Es una concesión discrecional de la administración, lo que implica la indefensión del particular. b) Aún siendo discrecional su ejercicio, la indefensión del particular no es absoluta ya que siempre queda el recurso al Tribunal Constitucional en base al art. 14 de la Constitución. c) Exige el agotamiento previo de los recursos internos, aunque este requisito puede encontrarse exceptuado como resultado de un acuerdo entre los Estados partes en la diferencia.

4) La regla de la efectividad de la nacionalidad de la reclamación: 4) La regla de la efectividad de la nacionalidad de la reclamación:. b) Se aplica en los supuestos de doble nacionalidad cuando el causante del daño es un tercer Estado. c) Se aplica en los supuestos en los que el particular es una persona jurídica.

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