DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

El Defensor del Pueblo rinde cuentas de su gestión: Al Rey. Al Gobierno. A las Cortes Generales. Al tribunal constitucional.

Los Secretarios de Estado: Son órganos que forman parte del Gobierno según el Art. 98.1 de la CE. Son órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. Existen en todos los Departamentos ministeriales. No existen en ningún Ministerio.

Los miembros del Gobierno se reúnen en: Comisiones Delegadas del Gobierno. Consejo de Ministros. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencias de los Ministerios se establecen mediante: Ley. Decreto-Ley. Real Decreto. Orden Ministral.

La reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas precisa, en todo caso: Aprobación de las Cortes mediante ley orgánica. Aprobación de las Cortes mediante ley ordinaria. Acuerdo de la Comisión Mixta Gobierno-Comunidades Autónomas. Celebración de referéndum.

Señalar la afirmación correcta sobre Ceuta y Melilla: Carecen de Estatutos de Autonomía. Son ciudades autónomas a las que se les aplica el Estatuto de Autonomía. Sus Estatutos les confieren competencias legislativas. Sus Estatutos no les confieren competencias legislativas.

Las Comunidades Autónomas, mediante sus Estatutos, pueden asumir competencias: Sobre todas aquellas materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución. Sobre las materias atribuidas a la exclusiva competencia del Estado. Sobre todas las materias establecidas en la Constitución. Sobre las materias reservadas a las CC.AA. en el Art. 148 de la CE.

La alteración de los límites de una provincia: No está permitida por la CE. Exige acuerdo de las Diputaciones provinciales afectadas. Es aprobada por el Consejo de Gobierno de la C.A. mediante decreto. Es aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes evacuados en el procedimiento administrativo son: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Preceptivos y vinculantes.

El Tribunal de Cuentas es nombrado por: El Rey. El Gobierno. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.

Son órganos superiores de la Administración General del Estado: Los Ministros y Secretarios Generales. Los Ministros y Secretarios de Estado. Los Ministros. Todos los órganos excepto los Subdirectores Generales.

El Concejo abierto es: Un ente local facultativo. Un ente institucional estatal. Un régimen de organización municipal. No existe, ya no lo contempla la ley.

La competencia para la alteración de los términos municipales corresponde: Al Estado. A las Comunidades Autónomas. A las Diputaciones. A los Ayuntamientos.

Los Cabildos insulares son los órganos de gobierno y administración de: Las islas Canarias. Las Islas Baleares. Las provincias del archipiélago canario. Las provincias del archipiélago balear.

Las mancomunidades de municipios se rigen por: Los Estatutos de autonomía. La legislación autonómica. Sus propios Estatutos. La legislación estatal.

Las entidades supramunicipales son creadas por: El Estado. Las CC.AA. Las provincias. Los municipios interesados.

Los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales son órganos. Necesarios o preceptivos. Facultativos. Superiores. Colegiados.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos: Colegiados de la Administración central del Estado. Periféricos o territoriales de la Administración del Estado. Autonómicos. Locales.

Las Secretarías Generales Técnicas tienen el mismo rango que: Las Subsecretarías. Las Subdirecciones Generales. Las Direcciones Generales. Las Secretarías Generales.

La soberanía nacional reside en: El pueblo español. El Rey. El Gobierno. Las Cortes Generales.

El Defensor del Pueblo será elegido por: Las Cortes Generales. El Pueblo. El Gobierno. El Tribunal Constitucional.

El órgano que ejerce la potestad legislativa del Estado se denomina. Tribunal de Cuentas. Asamblea Legislativa. Cortes Generales. Gobierno.

Son Leyes Orgánicas: Las que regulan el Estatuto de la Función Pública. Las Leyes Marco. Las Leyes de delegación legislativa. Las que aprueban los Estatutos de Autonomía.

Los Proyectos de Ley son aprobados por: El Gobierno. El Congreso. El Senado. Las Cortes Generales.

Cuando la delegación legislativa tenga por objeto la refundición de textos legales en uno solo, se hará mediante: Ley Básica. Ley de Bases. Ley Orgánica. Ley Ordinaria.

Para que el Gobierno dicte un Decreto-Ley: Precisa autorización del Congreso. Precisa autorización del Senado. Precisa autorización de las Cortes Generales. No precisa autorización de las Cortes Generales.

Ejerce la potestad reglamentaria: El Gobierno. Las Cortes Generales. El Consejo de Estado. El defensor del Pueblo.

La Provincia: Es una entidad loca. Tiene personalidad jurídica. A y B son ciertas – art. 141. Ninguna es cierta, es simplemente una división territorial.

En el archipiélago canario, el órgano de gobierno y administración de cada isla es: El Cabildo. El Consejo. El Concejo abierto. La Diputación.

Las leyes de Transferencia son: Leyes Orgánicas. Leyes Ordinarias. Leyes Autonómicas. Decretos Legislativos.

El ámbito territorial al que el municipio extiende sus competencias se denomina: Demarcación municipal. Término municipal. Circunscripción municipal. Padrón municipal.

A los efectos de la Ley 30/92, se entiende por Administración Pública: La Administración del Estado. Las CC.AA. Los entes locales. Todas las anteriores y además las entidades de Derecho Público dependientes de ellas.

La competencia administrativa es: Irrenunciable. Renunciable. Indelegable. Ninguna es cierta.

Contra el acuerdo de avocación: Cabe recurso de alzada. Cabe recurso potestativo de reposición. Cabe recurso contencioso-administrativo. No cabe recurso alguno.

La avocación precisa en todo caso: De un acuerdo que no es necesario motivar. De un acuerdo motivado que no es necesario notificar a los interesados. De un acuerdo motivado y notificado a los interesados. Ninguna es válida. La avocación no precisa acuerdo.

Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública se recogen en: La Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública. La Ley 7/1985 de Régimen Local. El Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de las AA.PP (ahora en la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común).

Cuando la norma aplicable al procedimiento no fije plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa, éste será de: Tres meses. Seis meses. Dos meses. Un año.

Producido el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar se podrán entender estimadas las solicitudes: Siempre. Nunca. Siempre salvo que una ley o norma comunitaria establezca lo contrario. Nunca salvo que una ley o norma comunitaria establezca lo contrario.

Producido silencio administrativo positivo en un procedimiento iniciado a solicitud de interesado, la resolución posterior: Podrá ser positiva o negativa. Tendrá que ser positiva, confirmando así los efectos del silencio. Tendrá que ser negativa puesto que el procedimiento se inició a instancia de parte. No podrá dictarse resolución expresa puesto que ya se ha producido el silencio.

En los procedimientos sancionadores, la falta de resolución expresa en el plazo máximo produce: Silencio positivo. Silencio negativo. Caducidad del expediente. Desistimiento.

Si un plazo se fija en meses, el cómputo se hará: De fecha a fecha. Entendiendo que los meses tienen 30 días. Entendiendo que los meses tienen 31 días. Entendiendo que todos tienen 30 días salvo febrero que son 28.

El principio de reserva de ley significa: Que la ley no puede regular materias reguladas por los reglamentos. Que los reglamentos no pueden regular materias que han de ser reguladas por ley. Que determinadas materias recogidas en la Constitución no pueden ser reguladas por ley ni reglamento. Que hay materias que solo pueden ser reguladas por decreto ley.

Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: Válidos pero no eficaces. Nulos de pleno derecho. Anulables. Irregulares.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia del interesado: Siempre que lo decida el órgano. Nunca. Solo cuando en el procedimiento no figuren otros hechos y alegaciones que las aducidas por el interesado. Ninguna es válida, ya no existe este trámite.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado: La resolución no podrá agravar su situación inicial. La resolución no tiene por qué ser congruente con las peticiones del interesado. El transcurso del plazo máximo sin resolver expresamente produce la caducidad. No cabe el desistimiento.

Si fuesen varios los medios de ejecución forzosa admisibles se elegirá: El más gravoso para el interesado. El menos restrictivo para la libertad individual. El más rentable económicamente para la Administración. Ninguna es válida, solo hay un medio de ejecución.

La Administración podrá, en cualquier momento, declarar la nulidad de los actos nulos: Previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Previa declaración de lesivida. Por incurrir en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Que no hayan puesto fin a la vía administrativa.

La declaración de lesividad podrá adoptarse en el plazo de: Un año desde que se dictó el acto. Seis meses desde que se dictó el acto. Dos años desde que se dictó el acto. Cuatro años desde que se dictó el acto.

Las Administraciones Públicas, a tenor del Art. 103 de la Ley 30/92, podrán declarar lesivos para el interés público los actos: Favorables para los interesados que sean anulables. Desfavorables para los interesados y anulables. Favorables y desfavorables que sean nulos.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico se proclaman en la Constitución, ¿en qué parte?: En el Preámbulo. En el Título Preliminar. En el Título I. En todo el articulado.

¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales?. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Supremo. El Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional.

El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas se realizará mediante: Ley básica. Ley ordinaria. Ley orgánica. Decreto-Ley.

Un Real Decreto es: Un Reglamento. Una norma con rango de ley. Un acto administrativo. Una ley.

La iniciativa gubernamental en el proceso de elaboración de leyes: Se plasma en un proyecto de ley. Se plasma en una proposición de ley. Es la iniciativa popular. No existe.

El supremo órgano consultivo del Gobierno es el: Ministerio Fiscal. Consejo de Estado. Consejo Económico y Social. Consejo General del Poder Judicial.

Los Decretos-leyes no pueden afectar: Al régimen de las Comunidades Autónomas. Al Derecho electoral general. A los derechos y libertades regulados en el Título I. Todas las anteriores son correctas.

Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante: Ley ordinaria. Ley de bases. Ley orgánica. Decreto-ley.

La reserva de ley significa que: La ley se sitúa en la posición más elevada en el sistema normativo. Es imposible negarse al cumplimiento de la ley. En casos reservados por la ley se puede incumplir. Determinadas materias solo pueden ser reguladas por ley o norma con rango de ley.

En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición establecido en el Art. 29 de la CE, si la Administración no dicta resolución expresa en plazo, puede entenderse que se ha producido: Silencio negativo. Silencio positivo. Caducidad. Prescripción.

Una ley estatal que contiene los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas sobre una materia se denomina: Ley orgánica. Ley de bases. Ley de delegación. Ley de armonización.

La Administración puede convalidar: Los actos nulos. Los actos irregulares. Los actos anulables. Las disposiciones administrativas que vulneren otras de rango superior.

Los actos de contenido imposible son: Nulos. Anulables. Irregularidades no invalidantes. Inexistentes.

Las normas con rango de ley aprobadas por el gobierno que contienen legislación delegada se denominan: Decretos leyes. Decretos legislativos. Decretos. Reales decretos.

¿Qué recurso o reclamación cabe contra la resolución de un recurso de alzada?. Reclamación previa en vía civil. Recurso extraordinario de revisión. Exclusivamente recurso contencioso-administrativo. Recurso potestativo de reposición y recurso contencioso-administrativo.

¿Qué tipo de recurso se puede interponer contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos?. No cabe recurso alguno. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso contencioso-administrativo.

El plazo para la interposición de un recurso de alzada es: En todo caso un mes. En todo caso un mes. Un mes si el acto fuera expreso y ninguno si fuera presunto. Tres meses si el acto fuera expreso y un mes si fuera presunto.

Los que en virtud de nombramiento legal, están vinculados a la Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos, de carácter permanente son: Funcionarios de carrera (permanente). Funcionarios interinos (necesidad y urgencia). Personal laboral. Personal directivo (no es empleado público).

La protección por desempleo en el nivel asistencial consiste en: Una prestación. Un subsidio. Una indemnización. Ninguna es correcta; no se protege en el nivel asistencial.

El período de cotización mínimo para causar derecho a la prestación por desempleo es de: 120 días. 180 días. 360 días. 720 días.

Los liberados de prisión que no tengan derecho a la prestación por desempleo serán beneficiarios de: Un subsidio por desempleo. Una indemnización. Una asignación. Nada; no tienen derecho a ninguna prestación económica.

Para causar derecho al subsidio por incapacidad temporal derivada de contingencia profesional se requiere: Estar afiliado y en alta o situación asimilada al alta. Estar afiliado y en alta o asimilada y un período de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Estar afiliado y en alta o asimilada y un período de cotización de 360 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. No se exige ningún requisito.

Es causa de extinción del derecho al subsidio por riesgo durante la lactancia: El nacimiento del hijo. Cuando el hijo cumpla 9 meses. Cuando el hijo cumpla 1 año. Cuando el hijo cumpla 3 años.

La incapacidad que inhabilita al trabajador para realizar todas las tareas de su profesión habitual es la: Incapacidad Permanente Parcial. Incapacidad Temporal. Incapacidad Permanente Total. Incapacidad Permanente Absoluta.

La prestación por Lesiones Permanentes No Invalidantes consiste en: Indemnización. Asignación. Subsidio. Pensión.

La contingencia de jubilación se protege en la modalidad: Contributiva. No Contributiva. Asistencial. Contributiva o No Contributiva.

Los responsables del cumplimiento de la obligación de cotización son los: Empresarios. Trabajadores. Empresarios y trabajadores. Tesorería General de la Seguridad Social.