Juan Luis G. G. fue condenado a una pena de prisión de 10 años por un delito de agresión sexual. Al cumplir los requisitos para optar a la misma se le concede la libertad condicional, cuyo plazo máximo de duración sería de: 6 años 4 años 5 años.
Inés A. C. fue condenada a una pena por la cual se le privó durante 6 meses del ejercicio del cargo de concejal para el que había sido elegida en las últimas elecciones municipales. Cumplida la pena volvió a ejercer dicho cargo hasta el final de su mandato. A tenor de estos datos podemos afirmar que la pena a la que fue condenada fue la de: inhabilitación especial para empleo o cargo público. inhabilitación absoluta. suspensión de empleo o cargo público.
El artículo 129 del Código penal regula consecuencias accesorias que se pueden acordar como medida cautelar. Eso significa: Que pueden imponerse tanto finalizado el procedimiento penal como durante su tramitación. Que deben imponerse una vez finalizado el procedimiento penal. Que pueden imponerse durante la instrucción del procedimiento penal.
En atención a su gravedad, la pena de prisión tiene en nuestro ordenamiento consideración de: Pena grave, pena menos grave o pena leve. Siempre pena grave. Pena grave o menos grave.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los elementos que pertenecen exclusivamente a la culpabilidad según el texto básico recomendado: Dichos elementos son la imputabilidad, la reprochabilidad y la punibilidad.
Dichos elementos son la imputabilidad y el dolo y la imprudencia. Dichos elementos son la imputabilidad, la cognoscibilidad de la antijuridicidad y la no exigibilidad de obediencia a la norma.
Alberto F. J. y Bárbara V. T. amenazan a Ricardo R. M. con secuestrar y torturar a su hijo, Hugo R. R., si Ricardo R. M. no causa lesiones a Carlos V. Z. A efectos de su responsabilidad penal, ¿qué eximente podría alegar Ricardo R. M. si causase las lesiones a Carlos V. Z. Estado de necesidad. Ejercicio legítimo de un derecho. Legítima defensa.
Olga C. V. es condenada a una pena de 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Por su extensión esta pena tiene la consideración de: Leve. Menos grave o leve según el delito por el que se imponga la misma.
Menos grave.
El artículo 172 del Código penal establece: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”. Las penas de este precepto tienen carácter: Alternativo y accesorio. Alternativo y originario. Acumulativo y originario.
Marta F. F. cometió un delito de hurto el 2 de febrero de 2014 por el que fue condenada a 8 meses de prisión. El 7 de septiembre de 2018, cancelados ya sus antecedentes, volvió a cometer un delito de hurto. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la apreciación de la reincidencia: La agravante de reincidencia sería aplicable al tratarse de un delito del mismo título y naturaleza que el anterior. La agravante de reincidencia sería aplicable porque Marta F. F. ya había cumplido la condena.
La agravante de reincidencia no sería aplicable al haberse cancelado los antecedentes penales.
Víctor T. T., alcalde de Laja, dicta a sabiendas de su injusticia sendas resoluciones arbitrarias para evitar que sus hermanas, Karla e Indira sean sancionadas por el impago de las tasas municipales. Dichas conductas constituyen dos delitos de prevaricación del art. 404 CP en concurso: real homogéneo. real heterogéneo. ideal homogéneo.
A Jaume E. A. el juez le aplica una eximente por haber cometido una infracción penal bajo un síndrome de abstinencia. Ello significa que: la conducta de Jaume, pese a ser culpable, no es punible. Jaume es declarado inimputable. la conducta de Jaume es lícita.
Tomás B. S. fue condenado a la pena de prisión permanente revisable por la comisión de un delito de asesinato del art. 140.1.1. del vigente Código penal. Para que Tomás B. S. pudiese obtener el tercer grado penitenciario debería haber cumplido: 18 años de prisión efectiva. 20 años de prisión efectiva. 15 años de prisión efectiva.
Leticia G. C. padece un trastorno obsesivo-compulsivo que le dificulta comprender el carácter de sus acciones. El 4 de mayo de 2018, cuando paseaba con una amiga por la calle, fue asaltada por Borja C. V. y Marcos T. E., produciendo lesiones de distinta gravedad a los mismos en su reacción defensiva, necesaria y proporcionada, al ataque. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: A Leticia G. C. no podría imponérsele ninguna medida de seguridad. A Leticia G. C. solo podría imponérsele una medida de seguridad no privativa de libertad. A Leticia G. C. podría imponérsele cualquier medida de seguridad.
¿Cuál de las siguientes penas NO es una pena privativa de libertad en el Código Penal vigente? Responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. Localización permanente. Arresto de fin de semana.
Fernando L. L. comete un delito de falsedad documental siendo plenamente consciente de la antijuridicidad de su conducta. Con el documento falso comete después un delito de estafa, creyendo que se encuentra amparado por un estado de necesidad como causa de justificación. La posibilidad de ser consciente de la antijuridicidad de una conducta pero no de otra es lo que se denomina: Independencia de la conciencia de la antijuridicidad. Divisibilidad de la conciencia de la antijuridicidad.
Globalidad de la conciencia de la antijuridicidad.
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