Hay concurso o conflicto de normas penales: Cuando los hechos aparecen formalmente contenidos en varios preceptos penales y su
contenido de injusto está determinado en ellos, pero la pena que se impone es única y en su
grado máximo. Cuando a pesar de que un hecho aparezca formalmente contenido en varios preceptos
penales, su contenido de injusto está determinado de forma completa solo por uno de ellos, cuya
pena es la que se aplica, pero en grado máximo. Cuando una norma parece completa, por contener todos los elementos de su estructura, pero
no lo es y necesita ser completada por una normativa extrapenal, lo que suele resultar
conflictivo. Cuando uno o varios hechos son incluibles en varios preceptos penales de los que solo uno
puede aplicarse, puesto que su estimación conjunta supondría un bis in idem.
Señale cuál es la pena que corresponde imponer al cómplice (pena inferior en un
grado respecto de la del autor) de un delito de homicidio (art. 138 NCP: prisión de 10 a 15
años), concurriendo dos circunstancias agravantes (art. 66.3 NCP: pena en su mitad
superior): Prisión de 2 años, 6 meses a 5 años. Prisión de 7 años, 6 meses a 10 años. Prisión de 12 años, 6 meses a 15 años. Prisión de 5 años a 10 años.
Señálese la pena que corresponde imponer al cómplice (pena inferior en un grado) de
un delito consumado de asesinato con alevosía y mediante precio (art. 140 NCP: prisión de
20 a 25 años): Prisión de 15 a 20 años. Prisión de 10 a 15 años. Prisión de 22 años, 6 meses a 25 años. Prisión de 10 a 20 años.
Las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales: Porque la sanción administrativa se impone como reparación a la víctima cuando no cabe
responsabilidad penal. Porque las multas penales son siempre de mayor cuantía que las multas administrativas. Por el órgano que las impone y porque la Administración no puede imponer penas privativas
de libertad. Por la vigencia del principio non bis in idem que permite castigar dos hechos iguales
indistintamente por la vía penal o por la administrativa.
La prevención general positiva significa: Que la aplicación de las penas refuerza la convicción colectiva en torno a la vigencia de las
normas penales y afianza la confianza en el sistema. Que la amenaza penal opera como coacción psicológica para evitar la comisión de delitos. Que la pena debe servir para prevenir la comisión de futuros delitos por parte del sujeto ya
castigado. Que el Estado solo puede castigar como delitos las conductas que vulneran los bienes
jurídicos más importantes.
La prevención especial como fin de las penas: Opera en el momento de ejecución de la pena y tiende a evitar la reincidencia y a lograr la
resocialización del delincuente. Se impone en base a la culpabilidad del sujeto y busca que la pena sea justa y proporcional a
la gravedad del delito. Alude al efecto de la intimidación general y busca el restablecimiento de la justicia. Busca la intimidación o disuasión del ciudadano para que no delinca.
Las teorías relativas de la pena: Consideran que la pena tiende al logro de valores absolutos tales como la “realización de la
Justicia” o el “imperio del Derecho”. En ningún caso la pena debe buscar el fin útil de
prevención del delito. Tienen como característica común la persecución de un fundamento de la pena en atención a
un fin que con su aplicación se alcanzara, cual es la evitación de futuros delitos. Consideran que la pena tiene una utilidad relativa ya que no siempre cumple su función
resocializadora. Consideran que la gravedad de las penas tiene que estar en relación con la intensidad del
ataque al bien jurídico protegido.
El sistema vicarial: Se utiliza para los casos en los que se impone una medida de seguridad no privativa de
libertad y una pena privativa de libertad. Se cumplen ambas de modo simultáneo. Consiste en la imposición de una medida de seguridad al sujeto peligroso que todavía no ha
realizado ningún acto delictivo. Se utiliza en aquellos casos en los que, facultativamente, el Tribunal decide acumular una
pena y una medida de seguridad, ambas privativas de libertad. Consiste en la imposición de una medida de seguridad al sujeto inimputable que ha realizado
previamente un acto delictivo.
La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores prevé que las medidas de
internamiento se cumplan en un Centro Penitenciario y con el régimen ordinario previsto
en la Ley General Penitenciaria, una vez el joven haya cumplido la edad de: Veinte años. Veintiún años. Veintitrés años. Veinticinco años.
En relación a la regulación de la pena de multa en el CP español cabe decir que: No se ha adaptado aún a la línea de otras legislaciones que tratan de individualizar al máximo
la cuantía a la capacidad económica del penado. Es un sistema excesivamente rígido y que atiende muy poco a la diferente capacidad
económica de las personas, no admitiendo en ningún caso el aplazamiento del pago. El arresto sustitutorio en caso de impago sólo es posible cuando la infracción cometida tiene
el carácter de delito, no de falta. Es innovadora la posibilidad que contempla de sustituir esta sanción por la de arresto de fin
de semana.
¿Cuál de las siguientes penas no opera nunca como pena accesoria? Inhabilitación para cargo o empleo público. Suspensión de profesión u oficio. Comiso Multa.
Si la pena señalada al autor de un delito es la de 5 a 10 años de prisión, y no
concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ¿cuál es el marco
penal posible en que se impondrá la pena al autor y al cómplice? Al autor de cinco a diez años, y al cómplice de dos años y seis meses a cinco años. Al autor de seis a diez años y al cómplice de dos años a cinco años. Al autor de cinco a once años y al cómplice de dos años y seis meses a cinco años. Al autor de cinco a diez años y al cómplice de tres años a cinco años.
Si la pena señalada al autor de un delito es la de tres a ocho años de prisión ¿en qué
marco penal se impondrá la correspondiente al cómplice y al inductor? Al cómplice de dos a cuatro años y al inductor de cuatro a ocho años. Al cómplice de un año y seis meses a tres años y al inductor de cuatro a ocho años. Al cómplice de un año a tres años y al inductor de tres a ocho años. Al cómplice de un año y seis meses a tres años y al inductor de tres a ocho años.
¿Cuál de las siguientes medidas que contempla nuestra legislación penitenciaria no se
explica en función del objetivo general de la orientación de las penas privativas de libertad
a la reinserción social? La posibilidad de intervenir cartas y paquetes enviados a las personas recluidas. La posibilidad de conceder la libertad condicional como última fase del cumplimiento de la
pena. La posibilidad de disfrutar de régimen abierto con salidas diarias al exterior. La organización de actividades laborales continuadas en los centros penitenciarios.
La libertad condicional: Se aplica a los condenados a penas inferiores a uno o excepcionalmente a dos años de prisión,
que sean primarios en el delito, exigiéndose en caso de delitos privados la aprobación de la
víctima para la concesión de este beneficio. Implica la posibilidad de régimen abierto trabajando durante el día fuera de la prisión,
siempre que se haya cumplido al menos la mitad de la pena en régimen cerrado ordinario. Se aplica a los condenados a más de un año de prisión que se encuentren en tercer grado
penitenciario, una vez que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena con pronóstico
de buena conducta. Se aplica a condenados a más de un año de prisión que estén clasificados en primer grado y
que hayan cumplido la mitad de la pena impuesta con pronóstico de buena conducta.
¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Incurre en responsabilidad civil subsidiaria por
el hecho delictivo: Cualquier persona o empresa por los delitos cometidos en los establecimientos que dirijan,
siempre que haya intervenido infracción de reglamentos de policía relacionada con el hecho
punible. Los hoteleros en concepto de restitución o indemnización por las cosas robadas con violencia
o intimidación en las personas ejecutados en su establecimiento y a quienes se hospedaren en
él. Las empresas dedicadas a cualquier clase de industria por los delitos ejecutados por sus
empleados en el desempeño de sus obligaciones. Los titulares de centros de enseñanza no superior por los delitos ejecutados por los alumnos
menores de 18 años durante el tiempo que se hallen bajo control del profesorado realizando
actividades docentes.
La responsabilidad civil derivada de un hecho amparado por la eximente de estado de
necesidad corresponde satisfacerla: A quien para evitar el mal que amenaza, lesiona un bien jurídico o infringe un deber, ya que
él es quien causa el daño. Cuando se trate de un estado de necesidad justificante a nadie, porque no incurre en
responsabilidad civil quien actúa conforme a derecho; si es causa de exculpación, a quien
lesiona el bien jurídico o infringe el deber. En principio, a la persona en cuyo favor se haya precavido el mal y en proporción al
beneficio reportado. A quien sea responsable de la situación de necesidad, que obliga a intervenir lesionando un
bien jurídico o infringiendo un deber para evitar el mal.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Cuando se aplica la eximente de miedo
insuperable, la responsabilidad civil derivada del hecho deberá satisfacerla: La persona causante del miedo. Quien ejecuta el hecho a causa del miedo. La persona causante del miedo y subsidiariamente quien ejecuta el hecho. El Juzgador establece las cuotas que corresponde satisfacer al causante del miedo y a quien
ejecuta el hecho.
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