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Derecho Penal

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Título del test:
Derecho Penal

Descripción:
Derecho UDC

Autor:
Nerea
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Fecha de Creación:
09/06/2021

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 82
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la analogía es una forma de interpretación extensiva permitida en derecho penal es un criterio de aplicación prohibido en derecho penal cuando implica la restricción de los derechos del reo es permitida en el derecho penal ya que el juez tiene la obligación de enjuiciar aunque no exista norma que contemple el hecho concreto consiste en la exigencia de demostrar con pruebas de cargo la implicación del autor en los hechos.
el principio real o de protección en materia de aplicación ultraterritorial de la ley penal establece que que la ley penal española puede aplicarse a españoles que delinquen contra otros españoles en el extranjero que la ley penal española puede aplicarse a los ciudadanos que delinquen en el extranjero si el hecho afecta a bienes jurídicos relevantes para el Estado español. que la ley penal española puede aplicarse en el extranjero cuando la entidad del delito afecta a bienes jurídicos de relevancia para toda la humanidad. que la ley penal española se aplicará en el extranjero siempre y cuando el país donde se delinque sea un Estado amigo de España.
El Derecho Penal es un instrumento de control social formalizado porque: Su aplicación práctica debe estar rodeada de una serie de garantías que hagan de la misma una actividad segura, previsible y perfectamente controlable en todas sus etapas. Su aplicación práctica debe realizarse a través de Ley Orgánica. Es el medio más eficaz de que dispone el Estado para hacer frente a las conductas que lesionan bienes jurídicos. El Estado tiene la posibilidad, en casos extremos, de vulnerar los derechos fundamentales de la persona para facilitar el éxito de la investigación policial o judicial.
El concepto de bien jurídico alude a: Los valores culturales y morales vigentes en la sociedad en un periodo histórico y político determinado. Las condiciones necesarias que posibilitan el funcionamiento del sistema y se traducen en concretas posibilidades de participación del individuo en los procesos de interacción y de comunicación social. El objeto sobre el que recae la acción del sujeto activo del delito, merecedor de protección penal. Los derechos subjetivos y los valores morales que son reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La estructura de la norma jurídica penal se halla constituida por los siguientes elementos: Un supuesto de valoración y una consecuencia de determinación. Un enunciado legal y una pena. Un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Un delito, una pena y una medida de seguridad.
Las normas penales en blanco: Son normas incompletas que necesitan ser completadas en su presupuesto de hecho por disposiciones extrapenales o de rango inferior al penal. Son normas incompletas que necesitan ser completadas en su presupuesto de hecho por otras normas del Código Penal o de leyes penales especiales. Son normas incompletas que, en realidad, aunque no lo parecen, tienen su estructura completa: presupuesto de hecho y consecuencia jurídica. Son normas incompletas que necesitan completar con otras normas su consecuencia jurídica.
Las fuentes del Ordenamiento Jurídico español son: Por este orden: la ley, la costumbre, los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia. La ley como única fuente directa y como fuentes indirectas, la costumbre, los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia. Solo la ley y la Jurisprudencia. Solo la ley y la Jurisprudencia.
El principio de “ne bis in idem”: Consiste en la prohibición de que un hecho delictivo sea sancionado con una pena más una medida de seguridad. Consiste en la prohibición de que un hecho delictivo sea castigado al mismo tiempo como doloso y como imprudente. Permite imputar un hecho delictivo a dos personas, siempre que ambas hayan sido autoras materiales del mismo. Consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez.
La garantía jurisdiccional (derivada del principio de legalidad): Exige que la existencia del delito y la imposición de una pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un procedimiento legalmente establecido. Exige que la existencia del delito y la determinación de la pena se determinen con arreglo a la ley penal más favorable. Exige que la ejecución o cumplimiento de las penas se lleve a cabo con total sumisión a lo establecido en las leyes. Exige la existencia de una ley previa, escrita y estricta, que señale el comportamiento prohibido y lo amenace con una sanción.
El principio de irretroactividad se regula en: En el art. 2.2 del nuevo Código Penal que señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. El art- 3.1 del Nuevo Código Penal: “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”. El art. 1.1 del nuevo Código Penal: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración”. El art. 7 del nuevo Código Penal: “A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos y las faltas se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar”.
El principio de culpabilidad: Supone un límite al ius puniendi al exigir, como presupuesto de la pena, que pueda culparse a quien la sufra del hecho que la motiva. Significa que es posible castigar a alguien por un hecho ajeno en algunas circunstancias. Permite castigar con una pena al autor de un hecho antijurídico aunque no sea culpable, con tal de que dicho hecho sea punible. Permite aplicar una sanción penal a quien demuestra un carácter peligroso, aunque no haya cometido todavía ningún hecho delictivo.
Se denomina vacatio legis: El periodo que media entre la aprobación de la ley por las Cortes Generales y su entrada en vigor. El periodo que media entre la derogación de una ley y su sustitución por otra nueva. El periodo que media entre la publicación de la ley en el B.O.E y su entrada en vigor. El periodo que media entre la entrada en vigor de una ley y su efectiva aplicación por los Tribunales.
Según el principio real o de protección: El Estado español es competente para proteger bienes jurídicos lesionados por actos contra la Corona o el Ejército, realizados fuera del territorio español, siempre que su autor sea de nacionalidad española. El Estado español se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos fuera de sus fronteras, cuando lesionan intereses del propio Estado, siempre que su autor sea de nacionalidad española. El Estado español se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos fuera de sus fronteras, con independencia de la nacionalidad del autor, cuando lesionan intereses del propio Estado. El Estado utilizará el ius puniendi frente a todos los comportamientos que atenten contra la Corona o la defensa del Estado.
La creación de la Escuela Positiva se debe a: Cesar Lombroso, autor de la obra “De los delitos y de las penas”. Cesar Lombroso, autor de “L ́uomo delinquente”. Cesare Bonessana, marqués de Beccaria, autor de la obra “De los delitos y de las penas”. Voltaire, Montesquieu y Rousseau.
La interpretación lógico sistemática: Busca el sentido de los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos, desde la perspectiva de la necesaria coherencia del Ordenamiento Jurídico. Es aquella que atiende a la finalidad perseguida por la norma. Atiende a los antecedentes de las normas y a las circunstancias en que tuvieron su origen. Es la llevada a cabo por el propio legislador mediante normas que precisan el significado de los términos utilizados. Es vinculante.
Las normas penales son o contienen: Normas primarias, dirigidas a los ciudadanos para que no cometan delitos, y normas secundarias, dirigidas a los Jueces y Tribunales para que apliquen las sanciones penales a los delitos. Normas primarias dirigidas en primer lugar a los Jueces y Tribunales para que apliquen las sanciones penales a los delitos, y normas secundarias, dirigidas a los ciudadanos para que no cometan delitos. Solo normas secundarias dirigidas tanto a los ciudadanos para que no cometan delitos como a los Jueces y Tribunales para que apliquen las leyes penales a los delitos. Normas primarias dirigidas a quienes ya han delinquido para evitar su reincidencia, y normas secundarias dirigidas a los ciudadanos que todavía no han cometido ningún delito para que se abstengan de ello.
La afirmación de que la norma jurídico-penal es ante todo norma de determinación significa que: Las normas penales determinan las conductas sujetas a sanción y las penas que conllevan. Las normas penales constituyen mandatos de hacer o no hacer dirigidas a los ciudadanos. Las normas penales expresan un juicio de valor dirigido a determinar lo que es o no lícito penalmente. Las normas penales toman en consideración los móviles o intención que determinan al sujeto activo a realizar la conducta prohibida.
El principio de intervención mínima significa que: La privación de libertad solo puede imponerse después de una sentencia firme y la prisión provisional debe ser excepcional o de última ratio. El legislador debe limitarse a intervenir penalmente solo en relación con los ataques más graves a los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, atendiendo además al criterio de ultima ratio. En un Estado de Derecho es preferible que no se persigan todos los delitos a que se establezca un Estado policial de máximo y continuo control. El Estado intervendrá imponiendo las sanciones mínimas que le permite el ordenamiento jurídico penal si los comportamientos delictivos fueran irrelevantes.
El principio de utilidad social supone que: Que la intervención penal es siempre útil y legítima. Que para ser legítima la intervención penal ha de ser proporcionada a la culpabilidad de los infractores. El recurso al Derecho Penal será ilegítimo desde el momento en que resulte inútil o innecesario para alcanzar el fin que se le asigna. Que para ser legítima la intervención penal es necesario demostrar la utilidad de los establecimientos penitenciarios.
Son leyes temporales: Aquella cuya vigencia finaliza cuando cesan las circunstancias excepcionales en virtud de las cuales se promulga esa determinada ley. Todas aquellas en las que se regula la prohibición de retroactividad de la ley penal. Aquellas que nacen con un periodo limitado de vigencia establecido taxativamente en la propia ley, que fija la fecha en que dejará de estar en vigor. Las que regulan los plazos en los cuales los delitos y las faltas prescriben.
El principio de territorialidad supone: Que el nacional de un país debe ser siempre juzgado en su país de origen. La extensión del Derecho Penal a los españoles que hayan delinquido en el extranjero. La aplicación de la ley española aunque el delincuente haya sido penado, absuelto o indultado en el extranjero. Que los Jueces y Tribunales españoles son competentes para aplicar la ley penal española a todos los delitos cometidos dentro del territorio español, con independencia de la nacionalidad de sus autores o víctimas.
La extradición activa consiste en: La solicitud formulada por el Estado requirente al requerido para que le entregue al responsable del delito sobre el que se declara competente para juzgarlo o ejecutar su condena. La entrega que el Estado requerido hace al requirente, de un acusado o condenado que se encuentra refugiado en el territorio del primero de ellos para que el segundo pueda juzgarlo o ejecutar su condena. La protección concedida por un Estado a una persona que se encuentra en su territorio al huir de la persecución de la es objeto por parte de otro Estado. La solicitud formulada por el Estado requerido al requirente para que le entregue al responsable del delito sobre el que se declara competente para juzgarlo o ejecutar su condena.
La extradición pasiva: Consiste en la entrega que hace el Estado requerido al requirente, de personas acusadas o condenadas que se refugian en su territorio. Consiste en la solicitud de entrega de personas acusadas o condenadas, que hace el Estado requirente al requerido. Consiste en la denegación de entrega por parte de los Estados de las personas que se refugian en sus territorios. En realidad no existe, la extradición solo puede ser activa.
El derecho de asilo: Es la protección concedida por el Estado y las organizaciones no gubernamentales a los perseguidos por razones políticas. Es la protección concedida por un Estado a una persona solo por razones humanitarias. Es la protección concedida por un Estado a una persona que se refugia en su territorio por un delito político, es decir, de terrorismo, y supone la denegación de la extradición. Es la protección concedida por un Estado a una persona que se refugia en su territorio y supone la denegación de la extradición.
El objeto de estudio de la Criminología es: El delito, la personalidad del delincuente, las víctimas, así como la aplicación práctica y eficacia real de las penas y medidas de seguridad. Las causas de la delincuencia y el comportamiento de los delincuentes. Los comportamientos delictivos y los comportamientos de las víctimas de los delitos. Las estrategias, tácticas y medios de sanción social para conseguir un control óptimo del delito.
¿Cuál ha sido la última reforma que ha sufrido el Código Penal?: La de 1995. La del 2010. La de 2009. La de 1991.
Es interpretación auténtica: La llevada a cabo por el propio legislador mediante normas que precisan el significado de los términos utilizados. Es vinculante. La llevada a cabo por los órganos judiciales. Excepto en el caso del Tribunal Constitucional no vincula al intérprete, aunque resulta de gran importancia. La llevada a cabo por los juristas en las obras científicas. No es vinculante, pero sí de gran importancia. La que atiende a la finalidad perseguida por la norma.
La interpretación en Derecho Penal: Es la labor realizada por el intérprete para determinar si los comportamientos que se producen en la realidad merecen o no sanción penal. Busca establecer el sentido de las expresiones utilizadas por la ley para decidir que supuestos están contenidos en ella, y su aplicabilidad al supuesto de hechos que se le plantea al intérprete. Tiene como finalidad atenuar la aplicación rigurosa del principio de legalidad, dejando un margen más amplio al arbitrio judicial. Supone la aplicación analógica de la ley a supuestos parecidos a los descritos en las normas penales, por parte del intérprete.
Según el nuevo Código Penal, la diferencia entre delitos y faltas reside en que: Los delitos son infracciones castigadas por la ley con penas graves y menos graves y las faltas son infracciones castigadas con penas leves. Los delitos son dolosos y las faltas culposas o imprudentes. Los delitos son conductas activas u omisivas dolosas o culposas y las faltas solo pueden ser activas y dolosas. Los delitos se castigan con penas privativas de libertad y las faltas con multas y otras penas diversas.
El derecho penal objetivo se puede definir como: El ius puniendi del Estado. Aquella parte del Derecho Penal que estudia las características del sujeto activo, pasivo y objeto material del delito, así como la relación de causalidad y la imputación objetiva. Aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características del hecho delictivo e individualiza al sujeto que lo realiza, imponiéndole una pena y/o medida de seguridad. La imposición de penas y medidas de seguridad según los criterios de igualdad, proporcionalidad, legalidad y objetividad que deben regir la aplicación del Derecho Penal.
Los bienes jurídicos son: Bienes vitales, fundamentales, para el individuo y la comunidad que, precisamente, al ser tutelados por el Derecho se convierten en bienes jurídicos. Los objetos sobre los que recae la acción del sujeto activo del delito. Aquellos valores que, por su especial significación humana en la sociedad, son tutelados por el ordenamiento jurídico. Los objetos muebles que quedan protegidos por el Código Penal dentro del capítulo referido a los delitos contra la sociedad.
Las normas penales incompletas o dependientes: Necesitan ser completadas en su presupuesto de hecho por disposiciones extrapenales o de rango inferior al penal. Necesitan ser completadas en su consecuencia jurídica por otras normas de naturaleza penal. Necesitan ser completadas en su presupuesto de hecho por otras normas del Código Penal o de leyes penales especiales. Son aquellos preceptos que solo tienen sentido como complemento o aclaración del supuesto de hecho o de la consecuencia jurídica de una norma penal completa.
El contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que: No puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley: “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Se requiere que la existencia del delito y la determinación de la pena se determinen con arreglo a la ley penal más favorable. Se requiere que la ejecución o complemento de las penas se lleve a cabo con total sumisión a lo establecido en las leyes. Nadie puede ser castigado por hechos delictivos realizados sin dolo o sin que medie infracción de una norma de cuidado.
Según el principio de justicia universal: El Estado español se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional, cuando lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por toda la comunidad internacional, siempre que su autor haya sido detenido en España. Los Jueces y Tribunales españoles son competentes para aplicar la ley penal española a todos los delitos cometidos dentro del territorio español, con independencia de la nacionalidad de sus autores o víctimas. Es Estado español se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos fuera de sus fronteras, con independencia de la nacionalidad del autor, cuando lesionan intereses del propio Estado. El Estado español es competente para proteger bienes jurídicos lesionados por actos contra la Corona o el Ejército, realizados fuera del territorio español, siempre que su autor sea de nacionalidad española.
Son destacadas figuras de la Escuela Clásica: Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Lombroso, Ferri y Garofalo. Welzel y von Listz. Carmignani, Rossi y Carrara.
Las cláusulas legales de analogía en Derecho Penal: Consisten en aplicar la ley penal a supuestos no contemplados en ella, pero muy similares a los que la ley describe. Está prohibida la que perjudica al reo. Consisten en aplicar la ley penal a supuestos que parece que no están contemplados en la ley, pero que sí lo están. Son expresiones utilizadas por la ley destinadas a extender el sentido de los términos legales a supuestos similares. Infringen la prohibición de analogía en materia penal, por lo tanto están prohibidas. Son expresiones utilizadas por la ley destinadas a extender el sentido de los términos legales a supuestos similares. No infringen la prohibición de analogía puesto que no suponen aplicación analógica de la ley.
El principio “non bis in idem”: No se ve vulnerado por la aplicación conjunta de la alevosía y del abuso de superioridad en el delito cometido por un sujeto. Impide aplicar en el delito de estafa la agravante de emplear astucia o fraude, conforme al art. 67 del Código, donde se regula la inherencia de las circunstancias modificativas. Explica la no comunicabilidad de las circunstancias agravantes que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados a otros intervinientes en el hecho. Impediría la aplicación conjunta de varias agravantes tales como la reincidencia, el empleo de astucia, fraude o disfraz.
Lo que diferencia el Derecho Penal de otros medios de control social es: Que se trata de un medio de control jurídico no formalizado con el que cualquier sociedad asegura el cumplimiento de las normas sin las cuales no podría seguir existiendo como grupo. Que se trata de un medio de control jurídico altamente formalizado en cuanto que se exige una denuncia o querella del perjudicado para perseguir los delitos y las faltas. Que se trata de un medio de control social informal que prevé normas y sanciones sociales para los comportamientos desviados. Que se trata de un medio de control jurídico altamente formalizado que monopoliza el Estado y que sólo puede ejercerse de acuerdo con lo previsto en las normas legales.
Cuando se afirma que la norma penal es norma de valoración significa que: Las normas penales establecen el carácter disvalioso del hecho por razón de la lesión o peligro para bienes jurídicos. Las normas penales constituyen mandatos o imperativos de hacer o no hacer dirigidos a los ciudadanos. Que la norma penal tiene en cuenta los móviles o intenciones del sujeto que delinque. Que la norma penal debe ser interpretada por el juez para determinar su valor en cada caso concreto.
Derecho Penal objetivo es: El conjunto de normas jurídico-positivas que monopoliza el Estado y prevén sanciones para los comportamientos desviados. El conjunto de normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del Estado que prohíbe la comisión de delitos asociando a éstos como presupuesto, penas o medidas de seguridad como consecuencia. El conjunto de normas jurídico-positivas establecida por el Estado, que asocian al estado peligroso la pena como legítima consecuencia. Un medio de control social informal que prevé normas y sanciones sociales para los comportamientos desviados.
El principio de lex scripta: Es una garantía derivada del principio de legalidad por el que quedan excluidos los principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la costumbre como fuentes de los delitos y de las penas. Es una garantía derivada del principio de legalidad según la cual los hechos delictivos sólo pueden juzgarse según la ley escrita y vigente en el momento de juzgarse los hechos. Es una garantía derivada del principio de legalidad según la cual una vez derogada la ley penal no puede aplicarse a los hechos cometidos con anterioridad a su derogación. Es una garantía derivada del principio de legalidad que permite la aplicación de la ley penal escrita a supuestos análogos a los en ella comprendidos para solucionar situaciones de grave perturbación social.
La analogía está prohibida en Derecho Penal: Siempre está prohibida. Cuando es desfavorable para el reo. Cuando se refiere a delitos graves. Cuando se trata de eximentes y atenuantes.
La idea de que el Derecho Penal no sanciona todas las conductas lesivas para los bienes que protege, sino sólo los ataques más peligrosos para ellos, se conoce como: El principio de fragmentariedad del Derecho Penal. El principio de protección exclusiva de bienes jurídicos. El principio de última ratio. El principio de utilidad de la intervención penal.
El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos significa que: Las infracciones leves o faltas debieran excluirse del Código Penal. El Código Penal solo debe castigar las conductas que hayan llegado efectivamente a lesionar bienes jurídicos. El Derecho Penal no debe prohibir cualquier conducta molesta, ilegal o amoral, sino sólo las que atentan contra intereses o condiciones fundamentales de la convivencia. Que el titular del bien jurídico afectado por el delito puede pedir que no se persiga penalmente al autor del delito.
Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable se puede aplicar la ley penal intermedia que no regía ni en el momento de la comisión del hecho ni en el del enjuiciamiento. La ley penal más favorable no se aplica cuando el reo está ya cumpliendo condena. El principio de irretroactividad penal es una exigencia de la seguridad jurídica. La aplicación de la ley penal posterior más favorable que sustituye a una ley excepcional puede poner en peligro los fines de prevención general de esta última.
Respecto a la vigencia espacial de la ley penal, el principio de personalidad: Determina la extensión del Derecho español a los españoles que hayan delinquido en el extranjero. Permite la aplicación de la ley penal de su país a las personalidades públicas que cometan en el extranjero delitos relacionados con sus funciones. Determina la aplicación de la ley penal de un Estado a todas las personas que delincan en su territorio. Prohíbe la aplicación de la ley penal a las personas jurídicas domiciliadas en el extranjero.
La ley penal en blanco en sentido estricto es aquella que: Se remite a una disposición de rango inferior para determinar su presupuesto de hecho. Se remite a otro precepto de la propia ley penal. Para completar el presupuesto se remite a una ley de carácter no penal emanada de la misma instancia legislativa. Se remite a una norma procedente de un órgano legislativo de inferior jerarquía para especificar la sanción.
La reserva absoluta de ley orgánica en materia penal consiste y está regulada en: Sólo las leyes orgánicas pueden regular los delitos y las sanciones penales (arts. 25.1 y 81 de la Constitución). Sólo las leyes orgánicas pueden regular los delitos y las sanciones penales (arts. 25.1 y 56 de la Constitución). Sólo las leyes pueden regular los delitos y las sanciones penales (arts. 25.1 y 53 de la Constitución). Los delitos y las sanciones penales deben ser regulados por ley orgánica solo cuando sean afectados los derechos fundamentales y las libertades públicas (arts. 25.1 y 81 de la Constitución).
Dígase la afirmación que es cierta: Las normas primarias son las dirigidas por los legisladores a los Jueces y Tribunales, en primer lugar. Las normas secundarias son las dirigidas por los legisladores a los ciudadanos en forma de prohibición. Las normas relativas a las medidas de seguridad son sólo normas primarias. Las normas primarias son las dirigidas por los legisladores a los ciudadanos y las secundarias a los Jueces y Tribunales.
La Ciencia del Derecho Penal: Comenzó en la Ilustración, continuó en la Escuela Clásica y a partir del positivismo (último tercio del siglo XIX) tiene una evolución diferente en Italia y en Alemania. Su objeto de estudio actual es el derecho a castigar y el derecho penal positivo. Comenzó en Italia con el Finalismo, a mitad del siglo XIX, y tiene como objeto de estudio el delito. Comenzó en Alemania con el Tecnicismo jurídico, a principios del siglo XIX y tiene como objeto de estudio las normas jurídico-penales. Comenzó con la Política Criminal y la Criminología en el siglo XIX y por eso su objeto de estudio es tanto el delito como el delincuente y los medios de prevención del delito.
Dígase la afirmación que es cierta: Para que pueda pedirse la extradición activa será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiere el art. 826 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La extradición pasiva consiste en la solicitud de entrega de un inculpado o condenado efectuada por el Estado español a un Estado extranjero. La extradición activa consiste en la entrega de un delincuente real o presunto refugiado en España al Estado reclamante. La resolución firme de un Tribunal denegando la extradición no será vinculante para el Gobierno.
La retroactividad de la ley penal: En ningún caso es admisible y por ello está prohibida por el principio de legalidad. Sólo es admisible en el caso de las leyes penales excepcionales. Es admisible sólo cuando la ley penal nueva es más benigna que la ley vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo. Sólo es admisible cuando la ley penal nueva prevé delitos o agravantes que no estaban regulados como tales en la ley previa.
El Derecho Penal es: La única forma de control social. La forma más grave de control social. Por su carácter de ultima ratio, no es una forma de control social. Una forma de control social administrativa.
principio de legalidad penal se fundamenta, entre otros, en el principio de seguridad jurídica se fundamenta en el principio de lesividad se fundamenta en el principio de presunción de inocencia se fundamenta en el principio de buena fe.
En la fase de elaboración de las leyes penales, ¿qué teoría predomina? La preventivo general positiva. La retributiva. La retributiva especial. La preventivo general negativa.
La norma penal incompleta es: La que aclara o completa el supuesto de hecho o una consecuencia jurídica La que carece de supuesto de hecho La que carece de consecuencia jurídica La que necesita ser completada por normas no penales.
El juicio de desvalor que recae sobre el autor del delito se llama: Tipicidad. Antijuridicidad. Culpabilidad. Penalidad.
En la fase de ejecución de la pena privativa de libertad priman las exigencias derivadas de: La retribución. La prevención general positiva. La prevención general negativa. La prevención especial.
¿Cuál de estas proposiciones es verdadera? Un hecho puede ser culpable, pero no antijurídico. El hecho puede ser antijurídico, pero su autor no culpable. Un hecho puede ser antijurídico, pero no típico. Todo hecho típico es antijurídico.
Las normas penales que impongan penas privativas de libertad pueden estar contenidas: En reglamentos. En Decretos-leyes. En leyes ordinarias. En leyes orgánicas.
¿Qué quiere decir que el Derecho penal tiene un “carácter fragmentario”? Que carece de unidad sistemática. Que sólo se ocupa de proteger una parte de los bienes jurídicos y de sancionar una parte de las acciones que los atacan. Que sólo contiene fragmentos de norma. Que sus normas son incompletas.
Según el principio de proporcionalidad: Las penas deben ser adecuadas a la entidad del delito cometido y del daño causado. Los delitos deben sancionarse en proporción a la indignación social. El sujeto debe actuar en proporción a la pena que establece el tipo delictivo que pretende cometer. Los ciudadanos deben abstenerse de cometer delitos.
En el caso de duplicidad de sanciones administrativas no disciplinarias y penales ¿qué principio se aplica? El de la absorción de la sanción administrativa en la penal. El de absorción de la sanción penal en la administrativa. El de coexistencia pacífica de ambas. El de non bis in idem.
El principio de lesividad implica: Que las penas impuestas son especialmente dañosas. Que es necesario constatar que una acción ha producido un resultado. Que la conducta que realiza el sujeto tiene un mínimo potencial lesivo para el bien jurídico. Que no puede aplicarse una pena sin constatar un efectivo menoscabo del bien jurídico.
¿En qué casos se admite la aplicación analógica de la ley penal? En todos los casos. Siempre que no esté expresamente prohibida por la ley en concreto. Cuando sea analogía in malam partem. En los casos de analogía in bonam partem.
“A”, recluso que cumple condena de privación de libertad, se ve sorprendido por una reforma penal que reduce considerablemente la duración de la pena del delito por él cometido: No cabe aplicar la nueva norma. Cabe aplicarla retroactivamente. Se le reduce la condena en un tercio. Se le indulta.
¿En qué casos tienen las leyes penales efectos retroactivos? Nunca. Siempre. En los delitos políticos. Cuando favorezcan al reo.
¿Qué quiere decir que las leyes temporales y de excepción son “ultraactivas”?. Que se aplican a hechos cometidos bajo su vigencia aunque estén derogadas en el momento en que sea juzgado. Que se emplean con mucha frecuencia. Que no se pueden aplicar por ser perjudiciales para el reo. Que su aplicación depende de la actividad del órgano judicial.
Según el Código Penal ¿cuál es la teoría que determina el momento en que se entiende cometido el delito?. La teoría de la acción. La teoría del resultado. Ambas. Cualquiera de ellas siempre que sea beneficiosa para el reo.
Si una ley posterior recoge algunos aspectos beneficiosos y otros perjudiciales para el reo, se aplicará: Íntegramente la ley vigente en el momento de realización de los hechos. Íntegramente la ley posterior. Se aplicará la ley que globalmente sea más beneficiosa para el reo. Se aplicarán los aspectos más beneficiosos de cada una de las leyes que concurren.
¿Qué quiere decir el principio de especialidad en la extradición?. Que el hecho debe ser delito en el Estado requirente y en el requerido. Que el Estado requirente sólo puede juzgar al sujeto por el delito que motivó la extradición. Que los delitos especiales no son extraditables. Que sólo puede concederse la extradición por uno de los diversos delitos que el sujeto haya cometido.
¿Cuáles de estos delitos no pueden ser objeto de extradición?. Los comunes. Los políticos. Los de terrorismo. Los económicos.
¿Cómo se denomina, técnicamente, el “suplicatorio” dirigido por la autoridad judicial a la Cámara respectiva para inculpar o procesar a un parlamentario?. Sobreseimiento definitivo. Sobreseimiento provisional. Condición objetiva de penalidad. Condición objetiva de procedibilidad.
El diputado Rodríguez es acusado de un delito de estafa. La Cámara de los Diputados deniega al Juez la autorización para procesarlo en virtud de: Inviolabilidad. Inmunidad que impide el procesamiento en el futuro cuando deje de ser diputado. Inmunidad sólo durante el tiempo que sea diputado. Se le puede procesar directamente.
El trámite para obtener la autorización para inculpar un Juez a un diputado dirigido al Congreso es: Un auto formal. Un suplicatorio. Un escrito de queja. Un sobreseimiento.
“Delitos de convergencia” son aquellos en los que: Los sujetos concurren uniformemente para la consecución de un mismo objeto. Los sujetos concurren autónomamente como partes de un mismo delito. Uno de los sujetos que intervienen no es castigado. Intervienen sujetos de diferente ideología.
Son delitos especiales impropios aquellos que: Tienen correspondencia con un delito común. No tienen correspondencia con un delito común. Exigen la realización de una acción determinada. Tienen que ser realizados por dos o más personas.
Los delitos que implican el mantenimiento de una situación antijurídica, persistente en el tiempo, de ofensa para el bien jurídico, dependiente de la voluntad del sujeto activo son: Delitos de estado. Delitos permanentes. Delitos de propia mano. Delitos de encuentro.
Para la imputación objetiva de un resultado es necesario establecer previamente: Los conocimientos que tuviera el autor sobre el curso causal de los hechos. La relación de causalidad entre una acción y ese resultado. El fin de protección de una norma. El incremento del riesgo.
Según las teorías de la prevención general negativa: Las penas tienen como finalidad coaccionar a la generalidad de los ciudadanos para que se abstengan de cometer delitos. Las penas tienen como finalidad que se ejerza la inocuización. Las penas se imponen con base en la culpabilidad de los infractores buscando que sean justas y proporcionales. Las penas tienen como finalidad integrar a los ciudadanos a pesar de su carga negativa.
Las diferencias entre penas y medidas de seguridad, en el nuevo Código Penal, residen en que: La pena se impone en base a la culpabilidad del sujeto que ha cometido el delito y tiene una duración determinada. La medida de seguridad se impone en base a la peligrosidad del sujeto que ha cometido un delito y su duración no podrá exceder del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable. La pena puede aplicarse colectivamente a varias persona que han participado en el mismo delito y la medida es, sin embargo, de aplicación individual. La pena se impone en base a la peligrosidad del sujeto que ha cometido un delito y tiene duración determinada y la medida de seguridad se impone en base a la culpabilidad del sujeto que ha cometido un delito y tiene una duración indeterminada. Con la pena el delincuente paga su culpa ante la sociedad y con la medida de seguridad se tiende a evitar que el sujeto activo vuelva a encontrarse con las víctimas del delito.
Según el artículo 96 del NCP, las medidas de seguridad privativas de libertad: Consisten en internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en un centro penitenciario. Consisten en arrestos de fin de semana y/o trabajos al servicio de la comunidad. Están prohibidas. Solo las penas pueden ser privativas de libertad. Consisten en internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en centro educativo especial.
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