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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDerecho Penal I Segundo Parcial 2017 Junio TIPO C

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Título del test:
Derecho Penal I Segundo Parcial 2017 Junio TIPO C

Descripción:
Derecho Penal I Segundo Parcial 2017 Junio TIPO C

Autor:
acm
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Fecha de Creación:
09/05/2019

Categoría:
UNED

Número preguntas: 27
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Temario:
De acuerdo con la postura defendida en el texto básico recomendado, el error vencible sobre los presupuestos del estado de necesidad exculpante: a) obliga a rebajar la pena en dos grados. b) obliga a imponer la pena en la mitad inferior. c) obliga a rebajar la pena en un grado siendo facultativa la rebaja en dos grados. d) exime de responsabilidad penal en todo caso.
Señale la afirmación correcta de entre las siguientes: a) La multa proporcional se configura como la excepción al sistema de días multa, y se debe aplicar cuando así lo es­tablezca expresamente la regulación de los tipos de la Parte especial b) La multa proporcional se configura como la regla general en nuestro sistema, siendo excepcional el sistema de días multa c) La multa proporcional fue desterrada de nuestro sistema en el Código penal de 1995. d) La multa proporcional ha sido desterrada de nuestro sistema por la reforma del Código penal de 2015.
¿En cuál de las siguientes concepciones el dolo y la imprudencia son las formas, especies o clases de la culpa­bilidad? a) En las concepciones psicológicas de la culpabilidad. b) En la concepción de la culpabilidad asumida en el texto básico recomendado. c) Tanto en las concepciones psicológicas como en la con­cepción asumida en el texto básico recomendado. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
La clasificación de los centros penitenciarios en cerra­dos, ordinarios y abiertos se aplica a los siguientes esta­blecimientos penitenciarios: a) Establecimientos penitenciarios para presos preventi­vos y detenidos. b) Establecimientos penitenciarios para condenados en sentencia firme a pena de prisión superior a 6 meses. c) Establecimientos penitenciarios especiales. d) Establecimientos penitenciarios provisionales y definiti­vos.
Juan Fermín, funcionario público, es considerado penalmente responsable como autor de un delito de cohecho pasivo consistente en recibir una cantidad de dinero en metálico por realizar, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. Juan Fermín actuó con ánimo de lucro y la acusación solicita que se le aplique la agravante genérica de precio. Dicha petición de la acusación: a) no puede ser admitida porque no existe una agravante genérica de precio en el vigente Código penal. b) no puede ser admitida porque dicha circunstancia ya está presente en la figura delictiva por la que responde Juan Fermín. c) puede ser admitida porque el vigente Código penal prevé expresa y específicamente una agravante genérica de precio. d) no puede ser admitida porque la agravante por precio no se puede apreciar en el sujeto que interviene en el deli­to como autor.
Partiendo de una pena de prisión de 6 a 12 años, calcule la pena en su mitad inferior. a) Prisión de 6 a 9 años. b) Prisión de 3 años a 6 años menos un día. c) Prisión de 1 día a 6 años. d) Prisión de 6 años a 9 años y un día.
Agustín V. S. padece una esquizofrenia paranoide que, con el tratamiento médico adecuado, le permite llevar una vida normal. Durante un viaje de fin de semana a los Pirineos un alud lo deja incomunicado a 2.200 metros de altitud en el refugio de Respomuso, en el que también se encuentra Isidoro M. D. Al cabo de cuatro días la medica­ ción se agota, pues Agustín había llevado pastillas solo para dos días más de los que pensaba permanecer en el lugar. Tres días después de dejar de seguir el tratamiento sufre un brote psicótico con alucinaciones, escuchando voces que le dicen que el culpable de la situación es lsidoro. Entendiendo que lo que hacía constituía un ilícito pe­nal, pero sin poder actuar conforme a ese entendimiento, Agustín acaba con la vida de Isidoro. De acuerdo con el texto básico recomendado, a Agustín: a) se le aplicará la causa de inimputabilidad de anomalía o alteración psíquica completa. b) se le aplicará la causa de inimputabilidad de anomalía o alteración psíquica incompleta pues comprendía la ilicitud del hecho. c) no se le aplicará la causa de inimputabilidad de anomal­ ía o alteración psíquica completa ni incompleta; es un supuesto de actio libera in causa: aunque era inimputable en el momento de llevar a cabo el delito, provocó volunta­ riamente la situación de inimputabilidad. d) no se le aplicará la causa de inimputabilidad de anomal­ ía o alteración psíquica completa ni incompleta; es un su­ puesto de actio libera in causa: aunque era inimputable en el momento de llevar a cabo el delito, debió prever su comisión.
La pena de suspensión puede recaer sobre: a) Cualquier empleo o cargo público. b) Cualquier profesión, oficio, industria o comercio. c) Cualquier derecho. d) Cualquier honor público.
La inviolabilidad de Diputados y Senadores estatales está referida a: a) cualquier delito que puedan cometer con ocasión del ejercicio de su cargo. b) cualquier delito que puedan cometer, aunque el mismo no guarde relación con el ejercicio de su cargo. c) las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. d) cualquier clase de infracción administrativa que puedan cometer con ocasión del ejercicio de su cargo.
Si el sujeto delinque durante el plazo de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad: a) el juez ordenará obligatoriamente la revocación de la suspensión y la ejecución de la pena de prisión. b) para que el juez revoque la suspensión y ordene la ejecución de la pena, el nuevo delito cometido tiene que poner de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. c) para que el juez revoque la suspensión y ordene la ejecución de la pena, el nuevo delito cometido tiene que estar comprendido en el mismo título y ser de la misma naturaleza que aquel cuya pena ha sido suspendida. d) para que el juez revoque la suspensión y ordene la ejecución de la pena, el nuevo delito cometido tiene que tener señalada una pena privativa de libertad superior a dos años.
Según la teoría del error iuris nocet: a) tanto el error de hecho como el de derecho son irrele­vantes. b) tanto el error de hecho como el de derecho son rele­vantes, eximiendo de responsabilidad penal en caso de ser invencibles y atenuando la pena en caso de ser vencibles. c) solo el error de hecho es relevante, eximiendo de res­ponsabilidad penal si es invencible y dando lugar, en su caso, a una responsabilidad por imprudencia si es venci­ble. d) solo el error de derecho es relevante, eximiendo de responsabilidad penal si es invencible y dando lugar, en su caso, a una responsabilidad por imprudencia si es vencible.
Las medidas de seguridad privativas de libertad pue­den imponerse a) Únicamente a sujetos inimputables. b) Únicamente a sujetos inimputables o semiimputables. c) Tanto a sujetos inimputables o semiimputables como a sujetos imputables. d) Únicamente a los menores.
De acuerdo con la regulación legal vigente, para la existencia de delito continuado: a) es necesario siempre y en todo caso que los tipos reali­zados afecten al mismo sujeto pasivo. b) es necesario que se cometa una sola acción que infrinja distintos preceptos penales de semejante naturaleza. c) es necesario que exista una conexión espacio temporal entre las distintas acciones u omisiones realizadas. d) es necesario que se realicen distintas acciones u omi­siones que infrinjan el mismo precepto penal o preceptos penales de igual o semejante naturaleza.
Señale cuál de las siguientes no es una característica del decomiso ampliado: a) Está presente en nuestro ordenamiento desde 2010 aunque se ha desarrollado en la reforma de 2015. b) No se exige prueba plena que vincule la actividad ilícita en cuestión y el objeto del decomiso. c) La presunción de la procedencia ilícita de los objetos decomisados se basa en indicios objetivos establecidos por la ley y se puede enervar siempre que se acredite su origen lícito. d) El único límite se encuentra en que los bienes, efectos y ganancias posible objeto del decomiso hayan sido trasferi­dos a terceras personas, en cuyo caso no podrán, con nin­guna excepción, ser decomisados.
La pena de muerte en España se encuentra vigente: a) únicamente en el Código penal militar para tiempos de guerra. b) únicamente en el Código penal militar tanto para tiem­pos de guerra como para tiempos de paz. c) tanto en el Código penal común como en el Código pe­nal militar, pero solo para tiempos de guerra. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En el vigente ordenamiento penal español, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad criminal: a) Cuando se trate de delitos leves en los que así lo esta­blezca expresamente la ley. b) Cuando se trate de delitos leves perseguibles a instan­cia de parte o cuando así lo prevea la ley. c) Cuando se trate de delitos leves o menos graves perse­guibles a instancia de parte. d) Cuando así lo exija el ofendido.
Como regla general, el límite mínimo de la pena de prisión en el Código penal vigente es de: a) 1 mes. b) 3 meses. c) 6 meses. d) 1 año.
Principio esencial en el proceso de determinación de las medidas aplicables a menores según la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad de los Menores es a) El principio de arbitrariedad. b) El principio de flexibilidad. c) El principio de generosidad. d) El principio de sustantividad.
Nuestro legislador ha decidido excluir del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de a aquellas entidades que carezcan de personalidad jurídica: a) únicamente al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Regulado­res, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público y a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de sobe­ranía o administrativas. b) únicamente al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Regulado­res, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de sobe­ranía o administrativas y a los partidos políticos. c) únicamente al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Regulado­res, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de sobe­ranía o administrativas, a los partidos políticos y a las so­ciedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. d) únicamente al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Regulado­res, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de sobe­ranía o administrativas y a las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
Nuestro vigente Código penal consagra un sistema de reincidencia impropia porque: a) exige que el sujeto haya sido condenado por sentencia firme cuando comete el nuevo delito y, a su vez, que haya cumplido la correspondiente condena. b) exige que el sujeto haya sido condenado por sentencia firme cuando comete el nuevo delito, pero no que haya cumplido la correspondiente condena. c) no exige que el sujeto haya sido condenado por senten­cia firme cuando comete el nuevo delito, sino que solo requiere que se haya abierto procedimiento contra el mismo por un delito anterior. d) permite, según las circunstancias, que la reincidencia opere como agravante o como atenuante de la responsa­bilidad penal.
Señale cuál de las siguientes no es una exigencia legal para la concesión de la libertad condicional en los supues­tos en los que el penado ha cometido un único delito castigado con pena de prisión permanente revisable: a) Que el penado haya cumplido 25 años de su condena. b) Que el penado esté clasificado en el tercer grado, lo cual no podrá tener lugar hasta que no haya cumplido 15 años de prisión efectiva o 20 años, si el delito cometido forma parte del Capítulo VII del Título XXII del Libro 11 CP (delitos de terrorismo). c) Que exista sobre el penado un pronóstico favorable de reinserción social. d) Que el condenado no tuviera, al tiempo de la condena, antecedentes penales por otro delito.
Quien aún no ha cumplido 14 años es considerado: a) inimputable solo en caso de que no comprenda el carácter ilícito de la conducta o no pueda actuar conforme a esa comprensión. b) inimputable en todo caso, por una presunción iuris et de iure. c) semiimputable, de acuerdo a las reglas incluidas en el art. 16 CP vigente. d) inimputable solo si no alcanza los 12 años, edad a partir de la cual se le aplicará la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
En el sistema penal vigente tienen naturaleza de pena pecuniaria: a) únicamente la pena de multa, sea conforme al sistema de días multa o proporcional. b) tanto la pena de multa, sea conforme al sistema de días multa o proporcional, como la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. c) tanto la pena de multa, sea conforme al sistema de días multa o proporcional, como la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa y las fianzas y los embar­gos. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta: las sanciones pecuniarias tienen, en todo caso, naturaleza administrativa.
Como pena privativa de derechos no incluida en el listado o catálogo que de las mismas realiza el Código penal en su Parte general encontramos en nuestro orde­namiento: a) La inhabilitación especial para cualquier otro derecho no previsto expresamente en la regulación del Código penal. b) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o de comunicar con las mismas. c) La prohibición del derecho a residir o acudir al lugar en el que se haya cometido el delito o en el que re­sida la víctima o su familia, si fueren distintos. d) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El plazo que debe haber transcurrido para poder can­celar los antecedentes penales se empieza a computar: a) Desde el día en que se cometió el delito. b) Desde el día en que la sentencia sea firme. c) Desde el día siguiente al de extinción de la pena. d) Desde el mismo día de extinción de la pena.
PREGUNTA DE RESERVA: Los denominados "períodos de seguridad" son: a) Un límite para acceder a la libertad condicional. b) Un límite para acceder al tercer grado. c) Un límite para acceder al segundo grado. d) Un límite para revocar las medidas de seguridad.
PREGUNTA DE RESERVA: Son efectos del indulto total: a) La remisión de la pena o penas impuestas. b) La extinción de la responsabilidad penal y civil por el delito o delitos cometidos c) La remisión de la pena o penas impuestas y la cance­lación de los antecedentes penales. d) La remisión de la pena o penas impuestas y la devo­lución, en su caso, del importe ya satisfecho de la pena de multa.
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