Derecho Penal I UNED - Tema 2
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Título del Test:
![]() Derecho Penal I UNED - Tema 2 Descripción: Tema 2 - El Derecho Penal en el ordenamiento jurídico. |



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Según la postura adoptada por el manual, la diferencia entre el ilícito penal y el ilícito administrativo es: Cualitativa, pues el Derecho penal protege bienes jurídicos y el administrativo, intereses de la Administración. Cuantitativa, pues ambos pueden proteger bienes jurídicos, pero se diferencian por la gravedad de las infracciones. Cualitativa, porque el Derecho penal sanciona conductas lesivas y el administrativo exclusivamente conductas peligrosas. Formal, pues la única diferencia reside en el órgano competente para imponer la sanción. Señale la afirmación INCORRECTA sobre el principio ne bis in idem: Presenta una vertiente material y otra procesal. Su aplicación exige identidad de sujeto, hecho y fundamento. Impide siempre imponer una sanción penal y otra administrativa por unos mismos hechos. Se aplica tanto al Derecho penal como al Derecho administrativo sancionador. Un funcionario es condenado penalmente por una conducta y recibe también una sanción disciplinaria por los mismos hechos. Según el criterio expuesto en el manual: Ambas sanciones son necesariamente incompatibles porque existe identidad de sujeto y hecho. La sanción disciplinaria solo será válida si se impone antes de la condena penal. La condena penal excluye cualquier consecuencia disciplinaria posterior. Ambas sanciones pueden resultar compatibles si responden a fundamentos distintos. Según la doctrina mayoritaria seguida por el manual, ¿qué afirmación describe correctamente la naturaleza del Derecho penal?. Tiene una función exclusivamente sancionadora de normas pertenecientes a otras ramas jurídicas. Carece de función valorativa propia porque todos los delitos son previamente ilícitos administrativos. Tiene una función valorativa propia al seleccionar los ataques más graves contra los bienes jurídicos. Su naturaleza secundaria impide castigar conductas no prohibidas por otros sectores del ordenamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes del Derecho penal se ajusta al manual?. La jurisprudencia del Tribunal Supremo constituye una fuente directa del Derecho penal cuando es reiterada. La costumbre puede establecer delitos siempre que no prevea penas privativas de libertad. Los principios generales del Derecho permiten crear delitos cuando exista una laguna legal. La jurisprudencia complementa el ordenamiento, pero no constituye una fuente del Derecho. Según la postura defendida en el manual, ¿cuándo resulta necesaria una ley orgánica para regular una infracción penal?. Siempre que se establezca cualquier delito, con independencia de su contenido. Cuando la infracción o sus consecuencias afecten a derechos fundamentales o libertades públicas. Únicamente cuando se establezcan penas privativas de libertad superiores a cinco años. Solo cuando la infracción proteja bienes jurídicos colectivos o supraindividuales. Señale la afirmación CORRECTA sobre los tratados internacionales como fuente del Derecho penal español: Pueden crear directamente delitos y penas aplicables por los tribunales españoles desde su firma. Pueden establecer directamente delitos si han sido ratificados, aunque no se hayan publicado en el BOE. Una vez publicados, pueden crear delitos directamente aplicables, pero no establecer penas. No pueden crear por sí mismos delitos y penas directamente aplicables, aunque estén publicados en el BOE. Según el manual, ¿puede la costumbre desempeñar alguna función como fuente del Derecho penal?. Sí, puede integrar una causa de justificación, pero no crear delitos ni establecer penas. No, el principio de legalidad excluye absolutamente cualquier intervención de la costumbre. Sí, puede crear delitos leves cuando exista una práctica social consolidada. Sí, puede establecer penas siempre que sean más favorables que las previstas legalmente. ¿Cuál de las siguientes garantías del principio de legalidad impide castigar una conducta que no estaba tipificada como delito cuando se realizó?. La garantía jurisdiccional. La garantía ejecutiva. La garantía criminal. La garantía penal. El artículo 3.1 del Código Penal establece que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sin sentencia firme dictada por el órgano competente conforme a las leyes procesales. Esta previsión constituye: La garantía penal. La garantía jurisdiccional. La garantía ejecutiva. La garantía criminal. ¿Qué establece la garantía ejecutiva del principio de legalidad?. Que las penas deben estar previstas legalmente antes de cometerse el delito. Que solo los jueces pueden determinar qué conductas constituyen delito. Que ninguna pena puede imponerse sin sentencia firme. Que las penas y medidas de seguridad deben ejecutarse conforme a la ley y bajo control judicial. Señale cuál de los siguientes principios pertenece a la vertiente MATERIAL del principio de legalidad: La reserva de ley orgánica para las penas privativas de libertad. La exigencia de sentencia firme para ejecutar una pena. La taxatividad en la descripción de los delitos y sus consecuencias. La competencia exclusiva del legislador para establecer delitos. El legislador introduce un delito cuya descripción utiliza términos tan imprecisos que resulta imposible determinar qué conductas están prohibidas. ¿Qué garantía resulta principalmente comprometida?. El principio de taxatividad. La garantía jurisdiccional. El principio de irretroactividad de la ley penal favorable. La prohibición de analogía in bonam partem. Una ley penal castiga determinadas conductas realizadas contra especies protegidas, remitiéndose a otra normativa para determinar cuáles tienen esa consideración. Nos encontramos ante: Una aplicación analógica de la ley penal. Una ley penal en blanco. Una interpretación extensiva de la norma penal. Una norma penal carente de sanción. Según la jurisprudencia constitucional recogida en el manual, ¿cuál de los siguientes requisitos NO es necesario para admitir una ley penal en blanco que remite a una norma de rango inferior?. Que el reenvío a la normativa extrapenal sea expreso. Que la remisión esté justificada por el bien jurídico protegido. Que la ley penal contenga el núcleo esencial de la prohibición. Que la norma complementaria tenga necesariamente rango de ley orgánica. Según la concepción de interpretación extensiva adoptada por el manual, esta resulta admisible cuando: El supuesto no está comprendido en la ley ni en su espíritu, pero presenta semejanzas con los previstos. El juez considera que existen razones de justicia para ampliar el ámbito de aplicación de la norma. El supuesto está comprendido en la voluntad de la ley y dentro de los significados posibles de su texto. El legislador ha omitido una conducta que debería haber castigado por su gravedad. Un juez aplica un delito a una conducta que no está comprendida ni en el tenor literal ni en la voluntad de la ley, pero que considera semejante a las expresamente castigadas. Si esa aplicación perjudica al acusado, estamos ante: Una interpretación extensiva permitida por el principio de legalidad. Una analogía in malam partem prohibida. Una analogía in bonam partem admisible. Una interpretación teleológica obligatoria para los tribunales. Según el manual, ¿qué afirmación es CORRECTA sobre la analogía favorable al reo?. No vulnera por sí misma el principio de legalidad, aunque su admisión en el Código Penal presenta límites y controversias. Está prohibida en todos los casos porque el artículo 4 CP impide cualquier analogía. Está permitida sin restricciones, tanto para atenuantes como para eximentes. Solo puede aplicarse cuando exista una sentencia previa del Tribunal Supremo que la autorice. Un juez aprecia circunstancias semejantes a las de una eximente legal, pero no comprendidas en ella. Según la interpretación del artículo 4 CP defendida por una gran parte de la doctrina y explicada en el manual: Debe aplicar la eximente por analogía porque siempre resulta favorable al acusado. Puede aplicar la eximente por analogía si considera que existe identidad de fundamento. Debe aplicar una atenuante por analogía, aunque no concurran sus presupuestos. No puede aplicar la eximente por analogía; puede plantear al Gobierno la modificación legal o el indulto. Una persona comete una infracción administrativa que posteriormente se transforma en delito mediante una reforma legislativa. Según el principio de legalidad: Puede ser condenada penalmente si el juicio se celebra después de la reforma. Puede ser condenada penalmente si la nueva ley protege un bien jurídico fundamental. No puede ser condenada por el nuevo delito, porque la ley penal desfavorable no puede aplicarse retroactivamente. Puede ser condenada si la nueva pena resulta proporcional a la gravedad de la conducta. |




