En la Sentencia No. 11-18-CN/19 la Corte Constitucional de Ecuador afirmó: “La Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y sus interpretaciones tienen el carácter de precedente, que son normas jurídicas que tienen alcance general, abstracto y obligatorio, pero no puede ni debe ser considerado el único intérprete.”
Conforme a este criterio jurisprudencial, la Corte se está refiriendo al siguiente principio de la justicia constitucional: Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Obligatoriedad del precedente constitucional.
Optimización de los principios constitucionales . Con respecto al principio de aplicación directa de la Constitución, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente en la Sentencia No. 11-18-CN/19: “Por la Convención y por sus interpretaciones, toda autoridad pública tiene mandato de aplicación directa y no necesariamente, para la aplicación de los derechos, se requiere una norma legal. La exigencia de reforma normativa podría afectar la vigencia y eficacia de los derechos. La exigencia legal, entendida como la intervención de la representación popular y democrática a través de la Función Legislativa, es imprescindible cuando se trata de restricción y limitación de derechos. En esos casos existe lo que se conoce como reserva legal. Pero cuando se trata de garantizar derechos y en particular de una obligación de ius cogens como es la igualdad y la no discriminación, y de proteger y garantizar derechos de grupos humanos discriminados, entonces la aplicación
convencional es directa y no requiere necesariamente regulación legislativa”. Desde esta perspectiva, en el caso hipotético de que se promulgue una Ley que permita la segregación étnica en escuelas privadas, esa Ley podría estar sujeta al control de convencionalidad de cualquier juez constitucional o autoridad pública, por la siguiente
razón: Se trata de la restricción y limitación de derechos Se trata de garantizar derechos y respetar un obligación de ius cogens como es la igualdad y la
no discriminación Se trata de proteger a grupos en situación de igualdad . En la sentencia No. 11-18-CN/19, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente con respecto a los deberes de aplicación directa de los servidores administrativos: “En cuanto a las medidas administrativas, corresponde a todas las agencias y autoridades estatales que tienen facultades reglamentarias y, primordialmente, de ejecución de
normas. Entre las normas a aplicar están tanto las constitucionales como las convencionales. En el caso concreto, el Registro Civil es una agencia ejecutiva que podía haber aplicado las normas de la CADH a la luz de la interpretación autorizada de la OC24/17”. Desde esta perspectiva, las autoridades administrativas deben aplicar
directamente: Las reglas que permiten la ejecución de normas constitucionales y convencionales. Las reglas que permiten la ejecución de normas y toda norma constitucional o convencional más
favorable a los derechos Las reglas que permiten la ejecución de normas . En la Sentencia No. 11-18-CN/19 la Corte Constitucional de Ecuador afirmó: “Por la jerarquía axiológica, si una norma de diferente jerarquía establece derechos más favorables, entonces pasa a tener rango constitucional y prevalece sobre otras normas o interpretaciones. En la jerarquía normativa se aprecia simplemente el lugar de la norma
en la prelación constitucional. La Constitución está sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos. En cambio, en la jerarquía axiológica, se aprecia el contenido de la norma. Si la norma más favorable a los derechos está en el instrumento internacional, entonces prevalece al derecho reconocido por la Constitución y se incorpora a su texto” (p. 27). Conforme a esta definición, la Corte refiere al siguiente principio de la justicia constitucional: Obligatoriedad del precedente constitucional Principio de aplicación más favorable a los derechos Optimización de los principios constitucionales . Se puede interponer garantías jurisdiccionales:
Todos los días y horas, exceptuando los días feriados Los días laborables Todos los días y horas . El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: La demanda de la garantía específica, el auto de aceptación a trámite, la citación, la calificación
de la demanda, la sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. La demanda de la garantía específica, los autos de prueba y la sentencia o el auto que aprueba el
acuerdo reparatorio. La demanda de la garantía específica, la calificación de la demanda, la sentencia o el auto que
aprueba el acuerdo reparatorio.
. El señor K fue notificado mediante correo electrónico en un procedimiento de acción de protección. El señor K respondió al correo, sin embargo, en la audiencia declaró no haber sido notificado legalmente. El juez debe considerar la notificación como:
Válida Inválida Parcialmente inválida y subsanable . Dentro de un procedimiento de medidas cautelares el abogado del señor K ha planteado numerosos escritos para retardar la audiencia de conocimiento. El abogado del señor K incumple de esa manera la siguiente norma: No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la misma pretensión. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar . Los procesos constitucionales se inician por lo general: Por demanda de parte
Con el impulso de oficio de los jueces constitucionales Con la dirección activa del proceso . El método literal de la interpretación constitucional pone el acento en: El lenguaje del legislador Las consecuencias de las decisiones jurídicas Los criterios de justicia que el juez toma en cuenta al
momento de resolver un caso.
. La Constitución de 2008 establece que “las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad”. Esto supone una combinación de los siguientes elementos de la interpretación jurídica: Gramatical, lógico y sistemático.
Teleológico e histórico Consecuencialista. La Constitución establece que a falta de certeza respecto de la interpretación literal de la Constitución, las normas constitucionales “se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos”. Este enunciado dispone que la interpretación constitucional se oriente a: Garantizar los derechos por sobre restricciones literales establecidas en las normas jurídicas, incluyendo las normas constitucionales. Limitar la garantía de los derechos al sentido literal de las normas. Descubrir la historia de las normas que regulan derechos. La Constitución establece que en la interpretación debe respetarse la “voluntad del constituyente”. Este método originalista toma en cuenta el siguiente elemento de la interpretación jurídica: Gramatical Consecuencialista Histórico. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2009) se establecen en el artículo 3 No. 1 “reglas de solución de antinomias. Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.” Estas reglas consideran el siguiente elemento de la
interpretación Sistemático Histórico
Consecuencialista. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se reconoce el siguiente principio: “Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional”. Este principio privilegia el elemento: Gramatical Histórico Conflictivista. La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales consagra la “Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se
entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o
ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales”. Esta forma de interpretación es:
Evolutiva Gramatical Sistemática. Los precedentes constitucionales, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales son: Obligatorios Optativos Indicativos. Cuando existan contradicciones entre normas, se aplicará: La competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. La jerárquicamente superior, la especial o la posterior La jerárquicamente superior, la especial, la posterior, la favorable y la histórica. Una persona asesinó a su abuelo para quedarse con su herencia, en el país en el que esto sucedió la legislación civil no excluye de la línea de herederos a las personas que comentan delitos contra sus familiares. El juez que conoce la causa considera que el nieto no debe heredar en virtud de un principio básico de ética en los negocios y herencias, y formula por lo tanto la siguiente subregla jurisprudencial:
A igual pago, igual remuneración. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. El contrato es ley para las partes. La Corte Constitucional, en virtud del principio de obligatoriedad del precedente: Podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia No podrá alejarse de sus precedentes, en aras de la seguridad jurídica y la y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia Podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, solamente en los casos previstos por la ley, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia. En virtud del principio de aplicación más favorable, si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que: más proteja los derechos de la persona proteja el principio de seguridad jurídica sea jerárquicamente superior. La Constitución establece que en la interpretación debe respetarse la “voluntad del constituyente”. Este método originalista apela principalmente: Al sentido literal de las normas constitucionales A la historia fidedigna del establecimiento de las normas constitucionales que puede rastrearse a través del estudio de los debates constituyentes A la consecuencia de las normas constitucionales que puede estudiarse mediante métodos consecuencialistas. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establecen “Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.” En el Municipio de San Juan, el Estado Central ha asumido competencias que no le corresponden con fines electorales. El alcalde debe exigir que se aplique la norma: posterior competente especial. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se reconoce el siguiente principio: “Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional”. Empresas inconformes con la caída de sus ventas debido a la obligación de alertar a los consumidores con un semáforo que da cuenta de los niveles de azúcar, sal y grasa de sus productos, han interpuesto una acción de protección. El juez de la causa deberá evaluar si la medida que supuestamente afecta los derechos de los empresarios es válida, idónea y necesaria para garantizar la salud de la población. El juez deberá estudiar entonces la siguiente medida: La obligación de alertar a los consumidores mediante el semáforo nutricional El derecho a la seguridad jurídica y la libertad de empresa de los ciudadanos. El derecho a la salud de la población. La demanda de garantía específica debe reducirse a escrito Verdadero Falso. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar Verdadero Falso. El juez tiene potestad para asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario Verdadero Falso. Los autos de inadmisión y las sentencias dentro de los procedimientos de garantías jurisdiccionales son apelables ante la: Corte Provincial de Justicia Corte Nacional de Justicia Corte Constitucional. La demanda de garantía puede incluir una solicitud de medidas cautelares Verdadero Falso. X presentó una acción de protección contra el funcionario Y, del Ministerio del Buen Vivir. El juez concedió la acción y no hubo apelación. Sin embargo, el funcionario Y, se niega a cumplir la orden judicial que resulta de la acción de protección. En este caso, al juez de la causa le corresponde: destituir del cargo al funcionario Y. Trasladar la orden al funcionario jerárquico superior Ordenar que inicie el procedimiento para la eventual destitución del funcionario Y. La amenaza a un derecho se considerará grave cuando pueda ocasionar daños: Reparables Reversibles Irreversibles. La acción de protección se podrá presentar en contra de decisiones judiciales. Verdadero Falso. El director de una institución educativa religiosa ordenó que los alumnos no creyentes sean encerrados y sometidos a rituales de purificación espiritual. Cinco estudiantes fueron encerrados el primer día durante 2 horas y participaron de actos religiosos no consentidos. Al siguiente día el director echó marcha atrás y se disculpó por lo sucedido luego de recibir quejas de los padres de familia. En este caso existen: Daños susceptibles de reparación. Daños que fueron debidamente reparados con las disculpas del Director y la cesación del acto que viola derechos Amenazas a los derechos. Salvo norma expresa en contrario, los procesos se inician por: iniciativa del accionado iniciativa del juez demanda de parte. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en: La Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. La Constitución y las leyes La Constitución y la jurisprudencia constitucional. Los jueces aplicarán las disposiciones constitucionales: Siempre que existe jurisprudencia constitucional vinculante Siempre que estén desarrolladas en normas legales Sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. Jack R, estudia en la Escuela Militar. Su superior lo insulta y abusa de su condición de mando para que haga tareas que no le corresponden (limpiar las botas de su superior por ejemplo). Jack R, debe interponer: acción de protección acción de hábeas corpus acción extraordinaria de protección. Cuando el fallo de la Corte Constitucional se pronuncie únicamente sobre la constitucionalidad de la aplicación de la disposición jurídica en el caso concreto, el fallo tendrá efectos: Generales Entre las partes y para casos análogos Exclusivamente entre las partes. Una empresa de lavado de autos está vertiendo sus aguas residuales en el río más cercano sin ninguna autorización ambiental. En dicho caso, procede una acción de: Hábeas data Protección Hábeas corpus. La acción de protección procede contra: Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce ejercicio. Todo acto u omisión de una autoridad judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Todo acto u omisión de una autoridad pública que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. La jueza o juez tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y ejecución de las medidas cautelares que ordene, para lo cual podrá delegar la supervisión de la ejecución de medidas cautelares a la: La defensoría pública La procuraduría general La Defensoría del Pueblo. Mery es parte de una comunidad indígena y ha sido contratado por una empresa estatal. Mery ha sido obligada a vestir un traje oficial pese a solicitar que se le permita usar su traje tradicional. Está en posición de interponer: Una acción de hábeas data Una acción de hábeas corpus Una acción de protección. El juez JK ha dictado prisión preventiva de forma oral en contra de KF. Dentro de su motivación se limitó a afirmar que JK presentaba rasgos craneales característicos de un criminal. KF puede interponer la siguiente acción: Hábeas corpus Acción de protección Hábeas data. La petición de medidas cautelares podrá ser interpuesta: conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, exceptuando la acción de protección conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, exceptuando la acción de acceso a la información pública conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, exceptuando la acción extraordinaria de protección. La acción de protección contra personas del sector privado, procede cuando estos: Prestan servicios públicos por delegación o concesión. Prestan servicios de alimentación Prestan servicios de seguridad privada. La acción de protección procede contra toda política pública, nacional local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. En el siguiente caso identifique la política contra la que podría interponerse la acción de protección: Una empresa agrícola que forme escuadrones paramilitares para defender sus cultivos Una ordenanza que ordene la suspensión del agua potable a un barrio que ha cerrado las calles para protestar contra el municipio Una sentencia judicial que viole derechos. El otorgamiento de medidas cautelares y su adopción: Constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación y tendrá valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de
derechos. No constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. Constituirá un acto declarativo de la violación de derechos y tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establecen “Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.” Estas reglas consideran el siguiente elemento de la interpretación: Histórico Sistemático consecuencialista. Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que: viole un derecho Amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, con excepción de la violación de derechos Viole un derecho de modo inminente y grave, con la excepción de amenaza a la garantía de un derecho. Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. Bastará: Que existan pruebas para ordenar estas medidas Que la descripción de los hechos en la petición de medida, reúna los requisitos previstos en la ley Que se notifique formalmente a las personas o instituciones involucradas. Pedro es indígena. Lleva orgulloso su atuendo tradicional a donde va, pero le impidieron ingresar en un restaurante exclusivo debido a su atuendo. Pedro puede interponer una acción de: Hábeas data Acción de Protección Acceso a la información pública. Juan F fue privado de libertad debido a su orientación sexual. Sus padres lo internaron en una clínica de “rehabilitación”. Juan F puede interponer la siguiente acción: Acción de acceso a la información pública Acción de hábeas data Hábeas corpus. Mario es profesor universitario en la carrera de arquitectura. Acostumbra exigir maquetas cada semana. Cuando una maqueta no satisface sus expectativas la destruye en clases y se burla del alumno que la elaboró. Los estudiantes temen presentar quejas por el comportamiento de Mario porque podrían perder la asignatura. Se encuentran en una situación de: Subordinación e indefensión Superioridad y defensa activa de sus derechos Igualdad ante la ley y por tanto, aptitud legar para demandar. La jueza o juez tiene el deber de impulsar los procesos constitucionales: de oficio a petición de parte a partir de incidentes interpuestos por las partes. Si las circunstancias del caso lo ameritan, la jueza o juez actuar de forma verbal para ordenar las obligaciones positivas o negativas; y se utilizará los medios que estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. Los jueces pueden actuar de esta manera en los casos de: Consulta de norma Acción de inconstitucionalidad Medidas cautelares. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de la audiencia: Motivación Dirección del proceso Aplicación directa de los derechos. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: Presten servicios públicos propios; presten servicios públicos por delegación o concesión; provoque daño leve; y, que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Presten servicios públicos impropios o de interés público; presten servicios públicos por delegación o concesión; provoque daño grave; y, que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural o de cualquier otro tipo (exceptuando el poder religioso Presten servicios públicos impropios o de interés público; presten servicios públicos por delegación o concesión; provoque daño grave; y, que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. El migrante venezolano PP está en Ecuador debido a que huyó de una prisión venezolana en la que fue detenido por participar en protestas en contra del gobierno venezolano. PP fue juzgado por llevar una camiseta que decía “muerte a Maduro”. Ya en Ecuador, fue detenido y para ser extraditado, sin que haya mediado ningún procedimiento administrativo y sin que se haya considerado la solicitud que había presentado PP para ser declarado refugiado. PP puede interponer la siguiente acción: Acción de protección Acción extraordinaria de protección Acción de hábeas corpus. Las medidas cautelares no procedente cuando: existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate
de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción de protección de hábeas corpus. existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate
de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción de protección de derechos. existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. Jhon M, ha sufrido discriminación laboral debido a su pertenencia al pueblo afro-ecuatoriano. En este caso, procede la siguiente garantía jurisdiccional: acción de protección acción de habeas corpus acción de acceso a la información pública. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. Este deber de los jueces obedece a los siguiente principio de la justicia constitucional: Dirección del proceso Economía procesal Motivación. El control concreto de constitucionalidad parte de la iniciativa de: La Corte Constitucional La Corte Nacional de Justicia Los jueces constitucionales en general. Nora M. ha sido expulsada de su Colegio debido a su estado de embarazado. En este caso, procede la siguiente garantía jurisdiccional: acción de protección acción de habeas corpus acción de acceso a la información pública. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales: Sí procede la acción de protección Procede siempre que los hechos demuestren daño grave No procede la acción de protección. Un particular puede ser legitimado pasivo en una acción por incumplimiento. Falso Verdadero. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como: La privación de libertad, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia
policial, la visita al lugar de los hechos. la comunicación con la autoridad o persona que podría disponer la violación de derechos, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. Señale en qué caso es posible interponer una acción de protección: Por la acción de los funcionarios judiciales al privar de la libertad de forma arbitraria, ilegítima e ilegal. Por la acción u omisión de las autoridades públicas no judiciales que vulneren derechos constitucionales. Por la acción de autoridades judiciales en contra del debido proceso. El acceso y el servicio de la administración de justicia constitucional es: oneroso gratuito para el quintil más pobre gratuito. La acción de protección tendrá por objeto el amparo Mediante plazo razonable, de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados
internacionales sobre derechos humanos Directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos Indirecto y eficiente de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humano. Las medidas cautelares tendrán por objeto: Declarar la violación de derechos constitucionales y disponer las debidas reparaciones. evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Condenar la violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en
instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La acción de protección procede contra todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. El siguiente caso responde a estas características: Un juez que se abstiene de aceptar una petición de medidas cautelares Un director municipal de higiene que se abstiene de actuar en un caso de contaminación de alimentos en el mercado central de la ciudad Un agente bancario que se abstiene de otorgar un crédito a una persona que no cuenta con garante. Felipe es homosexual. Sus compañeros de trabajo del mismo nivel, se burlan constantemente de él. Aunque no han llegado a agredirlo físicamente, sí lo han apartado de actividades sociales y tienden a menospreciarlo en todo lo que hace. Felipe está en la siguiente situación frente a sus compañeros: Subordinación Igualdad real Discriminación. En virtud del principio de Economía procesal se deben tener en cuenta las siguientes reglas: Concentración, celeridad, saneamiento Concentración, publicidad, iura novit curia Concentración, subsidiaridad, motivación efectiva. Se puede interponer una acción de protección en contra de una empresa que presta el servicio de agua potable en Guayaquil, pese a que la empresa no es estatal. Falso Verdadero. Manuela acude al GAD Municipal de Loja para solicitar que se le entregue información sobre el Proyecto de Regeneración Urbana “REGENERAR”, ante lo cual el funcionario le responde que no puede entregarle ninguna información al respecto porque es confidencia. Ante esta situación, Manuela puede interponer la siguiente garantía jurisdiccional: Acción de acceso a la información pública Acción de protección. Acción de hábeas data. La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional en virtud del principio: iura novit curia Justificación motivación. Cuando se pronuncie sobre la compatibilidad de la disposición jurídica en cuestión con las normas constitucionales, el fallo tendrá los mismos efectos de las sentencias en el control abstracto de constitucionalidad, es decir los efectos serán: Aplicables a casos pasados Generales para el futuro Particulares para el caso concreto. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales en los siguientes casos: siempre solo cuando no esté en juego la seguridad jurídica solo cuando se trate de procesos que garanticen derechos de libertad. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier: servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. servidora o servidor público, administrativo o judicial, siempre de oficio. servidora o servidor público, administrativo o judicial, siempre que exista petición de parte. Procede la acción de protección cuando la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Desde esta perspectiva, el sector privado: Puede violar derechos constitucionales No tiene el poder para violar derechos constitucionales No puede violar derechos constitucional. La acción de protección procede contra todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. En el siguiente caso procede esta acción: Un juez que dicta prisión preventiva de forma ilegal Un ministro que amenace con ordenar el registro personal no consentido a los estudiantes
de los planteles educativos Un ministro que ordena el registro personal no consentido a los estudiantes de los planteles educativos. La jueza o juez deberá enviar para su revisión, mediante informe sumario o auto, las medidas cautelares adoptadas o negadas a la: Defensoría del Pueblo Corte Constitucional Corte Nacional de Justicia. El recurso de apelación no puede ser interpuesto cuando se plantea: Acción de hábeas corpus Acción de proteccion Medidas cautelares. Es posible interponer acciones extraordinarias de protección contra decisiones de la justicia indígena. Falso Verdadero. La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: Violación de un derecho constitucional; acción u omisión de autoridad pública o de un particular; e, inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Violación de un derecho constitucional; acción de autoridad pública o de un particular; e,
inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el
derecho violado Violación de un derecho constitucional y acción u omisión de autoridad pública o de un particular. Se puede interponer una acción de protección para garantizar un derecho que está amparado directamente por una acción de hábeas corpus Verdadero Falso. No se requerirá de patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar Verdadero Falso. Los jueces aplicaran las disposiciones constitucionales: Sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía Siempre que estén desarrolladas en normas legales. El Emigrante venezolano PP está en Ecuador debido a que huyó de una prisión venezolana en la que fue detenido por participar en protestas en contra del gobierno venezolano. PP fue juzgado por llevar una camiseta que decía "muerte a Maduro". Y a en Ecuador, fue detenido y para ser extraditado, sin que haya mediado ningún procedimiento administrativo y sin que se haya considerado la solicitud que había presentad PP para ser declarado refugiado. PP puede interponer la siguiente acción Acción extraordinaria de protección Acción de hábeas corpus. Los jueces aplicaran las disposiciones constitucionales Sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía Siempre que estén desarrolladas en normas legales. Procede la acción de protección cuando la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Desde esta perspectiva el sector privado Puede violar derechos constitucionales No puede violar derechos constitucionales. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos que: No estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena Estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento,extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena No estén amparados por las acciones de hábeas corpus y acceso a la información pública. Juan F fue privado de libertad debido a su orientación sexual. Sus padres lo internaron en una clínica de "rehabilitación". Juan F puede interponer la siguiente acción: Acción de hábeas data Hábeas corpus. La Constitución establece que en la interpretación debe respetarse la "voluntad del constituyente". Este método originalista toma en cuenta el siguiente elemento de la interpretación jurídica: Histórico Gramatical. La acción de protección se podrá presentar en contra de decisiones judiciales Verdadero False. La amenaza a un derecho se considerá grave cuando pueda ocasionar daños Reparables Irreversibles Recuperables. Si las circunstancias del caso lo ameritan, la jueza o juez actuar de forma verbal para ordenar las obligaciones positivas o negativas; y se utilizará los medios que estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. Los jueces pueden actuar de esa manera en los casos de: Consulta de norma Medidas cautelares Acción de Protección. Según el procedimiento común de las garantías jurisdiccionales, regulado en la LOGJJCC, se aplica la siguiente norma: El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias, nada se reducirá a escrito, incluyendo los medios de prueba Verdadero Falso. El juez JK ha dictado prisión preventiva de forma oral en contra de KF. Dentro de su motivación se limitó a afirmar que JK presentaba rasgos craneales característicos de un criminal. KF puede interponer la siguiente acción Hábeas corpus Hábeas data acción de protección. La acción de protección no procede cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven: daños susceptibles de reparación Amenazas a los derechos Amenaza . Las medida cautelares tendrán por objeto: declarar la violación de derechos constitucionales y disponer las debidas reparaciones evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos Condenar la violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en un instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Analice el siguiente procedimiento: “La jueza o juez de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motiva de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta e expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma". Este procedimiento es propio del control de constitucionalidad: Concreto Mixto Simple. Para que los fallos de la Corte Constitucional tengan efecto entre las partes y en casos análogos, es necesario definir con precisión el supuesto fáctico objeto de la decisión. Esto quiere decir que la decisión judicial debe mostrar con claridad: A qué tipo de hechos de aplica el precedente A qué tipo de normas se aplica el precedente A qué tipo de principios de aplica el procedente. La demanda de garantía puede incluir una solicitud de medidas cautelares. Falso Verdadero.
