Derecho procesal penal Máster de Derecho Penal Económico

¿Puede el Ministerio Fiscal plantear una cuestión de competencia?. El Ministerio Fiscal no puede plantear cuestión de competencia. La vigencia de la regla de la improrrogabilidad de la jurisdicción habilita a los órganos judiciales a llevar a cabo el examen de oficio de su propia competencia objetiva y funcional en cualquier estado de las actuaciones.

Señale quién conocerá del incidente de recusación planteado por una de las partes acusadoras a un Magistrado de la Sala de lo Penal de la AN: Un Magistrado de la Sala de lo Penal de la AN. Un Magistrado de la Sala II del TS.

Señale el órgano competente para conocer de la recusación planteada por la parte acusada frente a un Juez de lo Penal: La AP. Un Magistrado del TSJ.

¿A quién le corresponde la competencia para conocer del delito de malversación de caudales públicos?. Al Tribunal del Jurado. Al Juzgado de Instrucción.

Señale la respuesta correcta: «La AN conocerá de los delitos de Falsificación de moneda…: ...siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. ...siempre y cuando el delito sea cometido por una persona aforada.

¿En qué casos puede dictar sentencia el Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito?. En los casos en que exista conformidad. Siempre y cuando lo soliciten todas las partes acusadoras.

¿Cuál es el órgano competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por la AP en los casos de delitos graves?. La Sala de lo Penal del TSJ. La Sala de Apelación de la AN.

Señale la respuesta correcta para la siguiente afirmación: para conocer de las causas por delitos conexos es competente el Juez o Tribunal del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor: Sí. No, el primero que comenzase la causa.

Según el Convenio en materia de ciberdelincuencia, los instrumentos de cooperación internacional son: La asistencia judicial. El reconocimiento mutuo. La Entrega y la extradición. La asistencia judicial. La entrega y la extradición.

En España, ¿es el ciberdelito un delito de persecución internacional?. No, salvo algunos delitos siempre que vayan asociados a fenómenos de tipo terrorista o así venga expresamente determinado en tratados internacionales. Sí, en todo caso.

La competencia objetiva viene definida en base a: En base a un criterio material, según el tipo de ilícito penal cometido, un criterio cualitativo, según la condición personal del acusado, y un criterio cuantitativo, en función de la pena que recaiga sobre el ilícito penal de acuerdo con su mayor o menor gravedad. En base a un criterio inmaterial, según el tipo de ilícito penal cometido, un criterio cualitativo, según la condición personal del acusado, y un criterio cuantitativo, en función de la pena que recaiga sobre el ilícito penal de acuerdo con su mayor o menor gravedad.

En cuanto a la teoría del resultado, el delito se comete donde: El delito se comete donde se consuma, o sea, en atención a la producción del resultado conforme a la relación de causalidad. Este es el criterio que sigue la jurisprudencia como norma general, por entender que resulta prevalente la producción del perjuicio y la proximidad de las pruebas. El delito se comete tanto donde se realizan los actos de ejecución como en el lugar donde se produce el resultado, debiéndose apreciar la estructura, naturaleza y presupuestos dinámicos y jurídicos de la infracción y las circunstancias que concurren en cada caso.

Según la teoría de la ubicuidad, el delito se comete: El delito se comete tanto donde se realizan los actos de ejecución como en el lugar donde se produce el resultado, debiéndose apreciar la estructura, naturaleza y presupuestos dinámicos y jurídicos de la infracción y las circunstancias que concurren en cada caso. El lugar de comisión del delito se identificaría con aquel en que aparezca o se exteriorice la voluntad delictiva, es decir, se determina en el momento y lugar en que se desarrollan los hechos (arts. 7 y 132.1 CP).

Competencia objetiva, funcional y territorial, se considera adecuado, a denunciar la falta de competencia objetiva, funcional y territorial de los órganos judiciales: Esto puede llevarse a cabo bien a través de declinatoria, ante el mismo órgano que está conociendo del asunto en cuestión, o bien mediante inhibitoria, ante el órgano que reputan competente. Esto puede llevarse a cabo a través de declinatoria, ante el mismo órgano que está conociendo del asunto en cuestión.

Competencia objetiva, funcional y territorial, se considera adecuado, a denunciar la falta de competencia objetiva, funcional y territorial de los órganos judiciales: Para el acusador particular o privado [deberá plantearla antes de formular su primera petición después de personado en la causa] o para el procesado y parte civil [dentro de los 3 días siguientes a que se les comunique la causa para calificación]. Los interesados puedan denunciar la competencia del órgano conocedor aún fuera de los momentos legalmente establecidos.

En materia de cooperación internacional, los instrumentos y mecanismos de cooperación en materia de ciberdelincuencia que destacan son los siguientes: La asistencia judicial, el reconocimiento mutuo y la entrega y extradición. Es necesaria la fijación de criterios concretos para determinar la competencia de la jurisdicción nacional con ocasión de la persecución de la delincuencia.

En materia de ciberdelincuencia rigen: Los tratados internacionales, las normas de la UE y las leyes españolas de aplicación. La asistencia mutua.

Los mecanismos más efectivos de cooperación a nivel europeo resultan de: Red Judicial Europea, Eurojust y la Euroorden. Interpol.

En ordenamiento jurídico español la atribución del conocimiento en materia penal se rige por los siguientes principios: Principio de territorialidad: art. 23.1 LOPJ. Principio de personalidad: art.23.2 LOPJ. Principio de protección: art. 23.3 LOPJ. Principio de protección universal: art. 23.4 LOPJ. Ambas son correctas.

Comisiones rogatorias: En aquellos supuestos en que el elemento transnacional no sea europeo, sino extracomunitario, se cuenta con mecanismos como el de la Comisión rogatoria. Es un procedimiento de auxilio judicial entre Estados con la finalidad de obtener pruebas en el extranjero. En este se pide de la autoridad competente del país requerido la ejecución de un acto de instrucción, principalmente una diligencia probatoria, dentro del territorio de su jurisdicción. Exceptuando los delitos asociados a fenómenos terroristas y otros expresamente determinados en los tratados internacionales, en nuestro país el ciberdelito no es un delito de persecución internacional.

¿Tiene competencia el MF para ejercitar la acción penal en los delitos públicos?. Sí. No.

En el caso de los delitos semipúblicos, ¿cuál es la regla básica de su procedimiento?. La denuncia previa del ofendido es requisito necesario para que el MF pueda ejercitar la acción penal. El ejercicio de la acción penal del MF y el ejercicio de la acción popular quedan condicionados a la denuncia previa del ofendido.

¿Cómo se denomina La Fiscalía especial creada en 1995 y reformada en 2007 para luchar contra la delincuencia económica?. Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Fiscalía Especial contra la Delincuencia Económica y la Corrupción Organizada.

¿A quién le corresponde el nombramiento del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial?. Al Gobierno. Al Fiscal General del Estado.

Señale la afirmación incorrecta en relación con la acción popular: El actor popular ha de ejercitar conjuntamente la acción penal y la acción civil derivada del delito. El actor popular debe prestar fianza para ejercitar la acción penal a través de querella.

¿A quién corresponde la determinación de actuar bajo una misma dirección y representación en el caso de que existan distintas acusaciones particulares que deban intervenir en el proceso penal?. Al órgano judicial que conoce del asunto, que adoptará esta decisión previa ponderación de los intereses en juego. A las acusaciones particulares en exclusiva.

¿Cómo denomina la LO 13/2015 de reforma de la LECrim al sujeto a quien la autoridad judicial imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto una vez concluida la instrucción de la causa?. Encausado. Imputado.

Según el criterio de la Sala II del Tribunal Supremo, ¿cuándo no afecta la pérdida de la condición de aforado de la persona contra la que se dirige el proceso penal a la competencia del órgano competente para conocer de los casos de aforamiento?. Si se ha dictado ya auto de apertura de juicio oral contra la persona aforada. Si ya en algún momento la investigación se dirigió contra persona aforada.

¿Puede el actor civil solicitar medidas cautelares en el proceso en el que es parte?. Sí, pero limitadas a las medidas cautelares de carácter patrimonial. Sí, siempre y cuando haya prestado fianza al interponer la querella correspondiente.

Señale cuál de los siguientes casos NO es un supuesto de responsabilidad civil subsidiaria: La responsabilidad de las personas físicas que por título lucrativo hubieren participado de los efectos del delito. La responsabilidad de las personas físicas por los delitos de sus empleados o dependientes en el desempeño de sus obligaciones.

Las partes procesales, la acusación popular: Las personas jurídicas también están legitimadas para el ejercicio de la acción popular. La acción popular se ejercitará en el proceso mediante querella, presentada por medio de procurador y suscrita por letrado, el actor popular deberá prestar la fianza mientras que la acusación particular no. Ambas son correctas.

La persona física o jurídica contra la que se dirige el proceso es la parte necesaria: Es la parte necesaria pasiva del proceso, es aquella contra la que se formula la acción penal. Es la parte necesaria activa del proceso, es aquella contra la que se formula la acción penal.

Se denomina investigado a aquel sujeto pasivo del proceso contra el cual: Contra el cual no se ha dictado una resolución judicial en la que se le atribuya indiciariamente el delito; una vez se ha dictado dicha resolución, pasará a ser encausado. Se dirige el proceso.

Se hablará de procesado cuando: Cuando en el proceso común u ordinario se haya dictado auto de procesamiento; mientras que se denominará acusado después de la calificación provisional de la acusación en su contra. A aquel sujeto pasivo del proceso contra el cual no se ha dictado una resolución judicial.

Imputación en el proceso penal: Sin el dictado del auto de procesamiento no se puede proceder a la apertura del juicio oral frente al sospechoso. Esta declaración formal no existe en el procedimiento penal abreviado. Cuando el delincuente persona física no actúa solo, sino en connivencia con otra u otras personas, estaremos ante supuestos de codelincuencia.

La cuantificación de la indemnización no se rige por criterios o reglas tasadas, sino que: Serán los propios Tribunales los que fijen la cantidad a la cual asciende la indemnización de la víctima en cada caso. En materia de siniestros viales rige las normas que recogen el denominado «baremo» indemnizatorio que armoniza la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico y establece los límites legales cuantitativos que debe cubrir el seguro obligatorio. Ambas son correctas.

¿Cuál afirmación NO es correcta?. La denuncia es una obligación para quien presencia la comisión de un delito público o semipúblico. Los funcionarios públicos están obligados a denunciar los delitos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su cargo.

La exención del deber de denunciar alcanza a: Los impúberes y a los que no gozaren del pleno uso de su razón. Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

¿Qué debe realizar el MF cuando recibe una denuncia anónima?. Analizará el contenido de la denuncia y realizará aquellas diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Se la reenviará al juez de instrucción más cercano.

La admisión de la querella supone el siguiente efecto en el querellado: Pone al querellado en el estatus procesal de investigado. Poner al querellado en el estatus procesal de acusado.

¿Qué recurso procede contra el auto de desestimación de la querella?. Recurso de apelación. El auto de inadmisión de la querella no es recurrible.

¿El querellante puede retirar la querella interpuesta?. Sí, en cualquier momento procesal. Solo antes de su admisión a trámite.

¿Qué diligencias solicitadas por el querellante se realizan una vez admitida la querella?. El juez de instrucción ordenará su práctica, salvo las que considere contrarias a las leyes o innecesarias. El juez de instrucción ordenará su realización siempre y cuando exista informe favorable del Ministerio Fiscal.

¿Qué delitos exigen la previa denuncia por parte del ofendido para su perseguibilidad?. Los delitos de apropiación indebida. Los delitos relativos a la propiedad industrial e intelectual.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la obligación de denunciar en los delitos económicos semipúblicos NO es correcta?. Tras la presentación de la denuncia el ofendido deberá constituirse en parte interponiendo la correspondiente querella, para evitar que sea imposible iniciar el proceso penal. No será necesaria la previa denuncia cuando el delito semipúblico afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

El suplicatorio para proceder contra un Diputado o Senador se deberá solicitar: Tan pronto como en la causa aparezcan indicios de que en los delitos investigados puede estar implicado un Diputado o Senador. En cuanto el juez de instrucción acuerde la apertura del juicio oral, y antes de remitir las actuaciones al órgano competente para el enjuiciamiento.

La denuncia: Es un acto procesal por el cual el denunciante no queda obligado a sostener la acción penal en el proceso, salvo que se presente como acusador particular. Es un acto procesal por el cual el denunciante no queda obligado a sostener la acción penal en el proceso.

La querella: La querella es una declaración de conocimiento y siempre de voluntad por particular, persona jurídica o el MF. La querella es una declaración de conocimiento y siempre de voluntad por particular, persona jurídica o el juez.

La querella: La admisibilidad de la querella se supedita a que el querellante preste fianza. En delitos públicos la falta de elementos esenciales lleva a la inadmisión (falta de conciliación).

¿Con la admisión de la querella se incoa el procedimiento y se interrumpe la prescripción de los delitos?. Sí. No.