Derechos Fundamentales ll
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Título del Test:
![]() Derechos Fundamentales ll Descripción: Examen UCM |



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1º) ¿Por qué los tratados originarios de la Comunidad económica europea no contaban con una carta de derechos fundamentales?. a) Porque ya existían las cartas en las constituciones de los Estados miembros que se aplicaban a la Comunidad. b) Porque entonces interesaba alcanzar una integración económica con carácter prioritario ante el fracaso de los intentos de integración política y militar. Además se temía que si se regulaba la cuestión se podría ver como una forma de extender las competencias de la Comunidad económica europea más allá de las competencias económicas expresamente previstas en los Tratados constitutivos. c) Porque entonces interesaba alcanzar una integración económica con carácter prioritario ante el fracaso de los intentos de integración política y militar. d) Porque se temía que si se regulaba la cuestión se podría ver como una forma de extender las competencias de la Comunidad económica europea más allá de las competencias económicas expresamente previstas en los Tratados constitutivos. 2º) Explicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. a) El hecho de que los Tratados originarios no previesen una carta de derechos fundamentales significaba que las instituciones europeas no podían violar tales derechos. b) Las instituciones europeas al aprobar normas jurídicas o dictar actos administrativos podían violar los derechos fundamentales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad económica europea entró a analizar si esas normas habían violado dichos derechos, anulando en su caso la norma o el acto comunitario. c) Las instituciones europeas al aprobar normas jurídicas podían violar los derechos fundamentales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad económica europea entró a analizar si esas normas habían violado dichos derechos, anulando en su caso la norma o el acto comunitario. d) Las instituciones europeas al aprobar normas jurídicas o dictar actos administrativos podían violar los derechos fundamentales pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad económica europea no tenía competencia para analizar si esas normas habían violado dichos derechos, anulando en su caso la norma o el acto comunitario. 3º) Si no existía una carta de derechos fundamentales de la Comunidad económica europea, ¿en qué se basó el Tribunal de Justicia de la Comunidad económica europea para juzgar si una norma o acto comunitarios eran compatible con los derechos fundamentales?. a) El Tribunal se basaba en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo aplicaba. b) El Tribunal se basaba en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. c) El Tribunal se basaba en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo aplicaba. d) El Tribunal se basaba en el Derecho internacional público. 4º) ¿En qué tratado europeo se introdujo la referencia a la Carta Europea de Derechos Fundamentales?. a) Tratado de Lisboa. b) Tratado de Maastricht. c) Tratado de Niza. d) Acta Única Europea. 5º) De acuerdo con el primer párrafo del artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea: a) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. b) La Unión reconoce los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. c) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual no tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. d) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando un artículo de la Carta de Derechos Fundamentales que SÍ tiene efecto directo es desarrollado por una Directiva, y surge un litigio en el ámbito horizontal (entre particulares), ¿qué norma o normas puede invocar el particular ante el juez?. a) Tanto el artículo de la Carta como la Directiva, al estar ambos vinculados a un derecho fundamental. b) Únicamente la Directiva, ya que es la norma específica que desarrolla el contenido del derecho fundamental. c) Únicamente el artículo de la Carta, porque una Directiva no tiene efecto directo horizontal al no ser los particulares responsables de su transposición. d) Ninguna de las dos normas directamente, debiendo solicitar siempre una indemnización al Estado. ¿Cuál es la razón jurídica por la que una Directiva no puede invocarse directamente en un litigio entre particulares (efecto directo horizontal)?. a) Porque las Directivas carecen de fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. b) Porque se entiende que las personas privadas no son responsables de la transposición de una Directiva y no se las puede hacer responsables del incumplimiento del Estado. c) Porque las Directivas únicamente regulan el funcionamiento interno de las instituciones europeas. d) Porque las Directivas pierden toda eficacia jurídica si no son acompañadas de un Reglamento europeo. En el supuesto de que un artículo de la Carta que NO tiene efecto directo sea desarrollado por una Directiva (no transpuesta) en un litigio entre particulares (relación horizontal), ¿qué opciones tiene el particular ante el juez nacional?. a) Invocar directamente el artículo de la Carta como norma suprema del ordenamiento europeo. b) Invocar directamente la Directiva frente al otro particular gracias al efecto de arrastre de la Carta. c) Solicitar la interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho de la UE y, si esto es imposible por ser la norma interna totalmente contraria, pedir una indemnización de daños y perjuicios al Estado. d) Solicitar al juez nacional que declare la invalidez de la Directiva por falta de transposición. ¿Qué ocurre cuando un artículo de la Carta que NO tiene efecto directo, y no es transpuesta al Derecho interno, es desarrollado por una Directiva con efecto directo vertical (litigio entre un particular y el sector público)?. a) Se puede invocar la Directiva frente al ente público responsable de su transposición, mientras que la Carta, aunque no puede invocarse de forma aislada, sirve como argumento de refuerzo en la demanda. b) No se puede invocar ni la Directiva ni la Carta, debiendo acudir directamente a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. c) Se puede invocar únicamente el Artículo de la Carta, pero no la Directiva. d) Tanto la Directiva como el artículo de la Carta tienen eficacia directa plena e independiente frente a cualquier sujeto público o privado. ¿De qué condición depende principalmente que una disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales pueda ser invocada y aplicada directamente para resolver litigios entre particulares?. a) De que haya sido ratificada expresamente mediante ley orgánica por el Parlamento de cada Estado miembro. b) De que contenga un grado de precisión suficiente (siendo suficientemente precisa e incondicional), lo cual debe analizarse caso por caso. c) De que el litigio verse exclusivamente sobre materia penal o administrativa, quedando excluido el ámbito laboral o civil. d) De que exista previamente una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el mismo asunto. Además de su invocabilidad ante los tribunales nacionales, ¿de qué otra forma se manifiesta el valor jurídico vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales en el ordenamiento de la Unión?. a) Permite a las instituciones europeas derogar las constituciones de los Estados miembros cuando entren en conflicto. b) Permite declarar inválida una norma comunitaria (Derecho derivado) si choca con un precepto de la Carta, como sucedió con la Decisión 2000/520 sobre el acuerdo UE/EE. UU. de protección de datos. c) Convierte automáticamente todas las Directivas comunitarias en Reglamentos de aplicación directa. d) Impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda anular actos administrativos de la Comisión Europea. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea: a) Las disposiciones de la Carta no ampliarán las competencias de la Unión tal como se definen en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. b) Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en el Tratado de la Unión Europea. c) Las disposiciones de la Carta ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados. d) Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados. El artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) prevé que: a) “la Comunidad Europea se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”. b) “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”. c) “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”. d) “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”. En relación con la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prevista en el artículo 6.2 del TUE, ¿cuál es su situación jurídica actual?. a) La adhesión ya se ha producido tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, habiendo sido validado el proyecto de acuerdo por el TJUE en su Dictamen 2/13. b) La adhesión todavía no se ha producido y se sigue negociando, dado que el TJUE señaló en su Dictamen 2/13 que el proyecto de acuerdo presentado entonces no era compatible con el Derecho de la UE. c) La adhesión todavía no se ha producido porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el proyecto de acuerdo en su Dictamen 2/13 al considerarlo incompatible con el Convenio. d) La adhesión todavía no se ha producido y las negociaciones quedaron definitivamente canceladas tras declarar el TJUE en su Dictamen 2/13 que la adhesión vulneraba las competencias de los Estados miembros. 2º) El artículo 6.3 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) prevé que;. a) “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. b) “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. c) “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. d) “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios subsidiarios”. El segundo párrafo del artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea dispone que: a) “los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VI de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones”. b) “los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones”. c) “los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones”. d) “los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta”. De acuerdo con el artículo 51.1 primera frase de la CEDF que regula el ámbito de aplicación: a) Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, pero en ningún caso a los Estados miembros aunque apliquen el Derecho de la Unión. b) Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros incluso cuando no apliquen el Derecho de la Unión. c) Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. d) Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. De acuerdo con el artículo 51.1 segunda frase de la CEDF que regula el ámbito de aplicación los Estados miembros: a) respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. b) respetarán los derechos y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. c) respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias incluso fuera de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. d) Quedan excluidos de la necesidad de respetar los derechos, observar los principios y promover su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión, ya que la CEDF no se aplica al Derecho nacional de cada Estado miembro. De acuerdo con el artículo 51.2 de la CEDF: a) La Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados. b) La Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, pero sí puede modificar las competencias y misiones definidas en los Tratados. c) La Carta amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión. d) La Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados. Cuando un acto del Derecho de la Unión requiera medidas de ejecución nacional, ¿en qué condiciones pueden las autoridades y tribunales nacionales seguir aplicando su estándar nacional de protección de los derechos fundamentales?. a) Siempre que el estándar nacional sea más elevado que el de la Carta, incluso si ello afecta a la primacía y unidad del Derecho de la Unión. b) Siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por la Carta, ni a la primacía, unidad y efectividad del Derecho de la Unión. c) Únicamente cuando se trate de un ámbito de armonización exhaustiva, siempre que no afecte al nivel de protección de la Carta. d) En ningún caso, ya que siempre que interviene el Derecho de la Unión queda desplazado automáticamente el estándar nacional de protección. Cuando nos encontramos dentro del ámbito de aplicación de la Carta en un ámbito de armonización exhaustiva, ¿qué estándar de protección de los derechos fundamentales debe aplicarse?. a) El estándar nacional de protección previsto en la Constitución de cada Estado miembro, si resulta más favorable para el ciudadano. b) El estándar establecido por el Derecho de la UE tal y como ha sido interpretado por el TJUE. c) Indistintamente el estándar nacional o el estándar de la Carta, a elección del tribunal nacional que conozca del asunto. d) El estándar establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con el artículo 52.1 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta deberá: a) ser establecida por la ley dentro del respeto del principio de proporcionalidad, de tal modo que sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. b) ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. c) ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. d) ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de subsidiariedad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Señale la afirmación correcta sobre la relación entre el estándar nacional de protección de derechos fundamentales y el estándar de la Carta en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión: a) En un ámbito de armonización exhaustiva, las autoridades y tribunales nacionales aún pueden aplicar su estándar nacional si no afecta al nivel de protección de la Carta. b) Cuando un acto de la UE requiera medidas de ejecución nacional, deberá aplicarse exclusivamente el estándar establecido por el Derecho de la UE tal y como ha sido interpretado por el TJUE, sin que quepa acudir al estándar nacional. c) Cuando un acto de la UE requiera medidas de ejecución nacional, cabe aplicar el estándar nacional bajo ciertas condiciones, mientras que en un ámbito de armonización exhaustiva debe aplicarse el estándar establecido por el Derecho de la UE tal y como ha sido interpretado por el TJUE. d) Tanto en los supuestos que requieren medidas de ejecución nacional como en los ámbitos de armonización exhaustiva, prevalece siempre el estándar nacional de protección sobre el de la Carta. De acuerdo con el artículo 52.2 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios: a) los derechos reconocidos por la Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. b) los derechos y libertades reconocidos por la Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. c) los principios reconocidos por la Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. d) los derechos reconocidos por la Carta que constituyen disposiciones del Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éste. De acuerdo con el artículo 52.3 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: a) su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. b) su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección menos extensa. c) su sentido y alcance serán mayores a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección menos extensa. d) su sentido y alcance serán menores a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. De acuerdo con el artículo 52.4 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios, en la medida en que la Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros: a) dichos derechos no se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones, dado que siempre primarán las normas de la CEDF. b) dichos derechos se interpretarán en cierta medida con las citadas tradiciones. c) dichos derechos se coordinarán con las citadas tradiciones. d) dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones. De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Melloni respecto a la relación entre la Carta y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros (artículo 52.4 de la CEDF), ¿en qué medida se aceptan dichas tradiciones constitucionales?. a) Se aceptan siempre con carácter preferente sobre la Carta, incluso cuando limiten el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea. b) Se aceptan en la medida en que no afecten al principio de primacía y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea en materias en donde este Derecho ha diseñado un régimen uniforme que se aplica en toda la UE. c) No se aceptan en ningún caso cuando exista una norma de Derecho derivado de la Unión Europea que regule la materia, aunque no establezca un régimen uniforme. d) Se aceptan únicamente cuando hayan sido incorporadas expresamente mediante una Directiva europea aprobada por unanimidad. De acuerdo con el artículo 52.5 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios, las disposiciones de la presente Carta que contengan principios: a) podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. b) podrán aplicarse mediante actos legislativos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. c) podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación de dichos actos. d) podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en el ejercicio de sus competencias. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. Dado que la distinción entre derechos fundamentales y principios en la Carta no está clara en todos los casos, ¿qué criterio debe tenerse en cuenta, conforme a la jurisprudencia del TJUE, para determinar ante cuál de las dos categorías nos encontramos?. a) Si la disposición de la Carta está ubicada en el Título VII de la misma, en cuyo caso se tratará siempre de un derecho fundamental de aplicación directa. b) Si para desplegar sus efectos la disposición de la Carta precisa desarrollo por disposiciones de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros, en cuyo caso no estaremos ante un derecho sino ante un principio. c) Si la disposición de la Carta ha sido incorporada previamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuyo caso se tratará siempre de un principio general. d) Si la disposición de la Carta se invoca frente a una Administración pública o frente a un particular, pues únicamente constituye un derecho fundamental en las relaciones verticales. De acuerdo con el artículo 52.6 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios: a) Se tendrán parcialmente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la CEDF. b) Se aplicarán prioritariamente las legislaciones y prácticas nacionales en caso de contradicción con la CEDF. c) Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones nacionales según lo especificado en la CEDF. d) Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la CEDF. De acuerdo con el artículo 52.7 de la CEDF relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios: a) Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la CEDF no serán tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros. b) Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros. c) Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la CEDF serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos administrativos de la Unión y de los Estados miembros. d) Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la CEDF serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos administrativos y jurisdiccionales de los Estados miembros. De acuerdo con el artículo 53 de la CEDF relativo al Nivel de protección: a) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. b) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. c) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. d) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. De acuerdo con el artículo 54 de la CEDF relativo a la Prohibición del abuso de derecho: a) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta. b) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta. c) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos que las previstas en la presente Carta. d) Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de las libertades reconocidas en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estas libertades que las previstas en la presente Carta. El Protocolo 35 relativo a Irlanda recoge el siguiente texto: a) Ninguna disposición del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ni de los Tratados y actos por los que se modifica o completa afectará a la aplicación en Irlanda del artículo 40.3.3 de la Constitución irlandés. b) Recoge parte del contenido de los artículos 51 y 52 de la CEDF. c) En particular, y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales de Irlanda, salvo en la medida en que Irlanda haya contemplado dichos derechos en su legislación nacional. Cuando una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas nacionales, sólo se aplicará en Irlanda en la medida en que los derechos y principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Irlanda. d) La Carta no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del Derecho de familia, así como de la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral. La Declaración 61 de la República de Polonia relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone lo siguiente: a) Ninguna disposición del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ni de los Tratados y actos por los que se modifica o completa afectará a la aplicación en Irlanda del artículo 40.3.3 de la Constitución polaca. b) Recoge parte del contenido de los artículos 51 y 52 de la CEDF. c) En particular, y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia, salvo en la medida en que Polonia haya contemplado dichos derechos en su legislación nacional. Cuando una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas nacionales, sólo se aplicará en Polonia en la medida en que los derechos y principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia. d) La Carta no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del Derecho de familia, así como de la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral. El Protocolo (nº 30) sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia dispone lo siguiente: a) Ninguna disposición del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ni de los Tratados y actos por los que se modifica o completa afectará a la aplicación en Irlanda del artículo 40.3.3 de la Constitución polaca. b) Recoge parte del contenido de los artículos 51 y 52 de la CEDF. c) En particular, y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia, salvo en la medida en que Polonia haya contemplado dichos derechos en su legislación nacional. Cuando una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas nacionales, sólo se aplicará en Polonia en la medida en que los derechos y principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia. d) La Carta no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del Derecho de familia, así como de la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral. España adoptó la Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para su presentación. Esta norma fue aprobada con fundamento en la Ley fiscal de la energía que prevé esos impuestos sobre la energía nuclear y solo gravaba a las empresas de generación de electricidad que utilizaban energía nuclear, y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica con el fin de que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del «déficit tarifario» —déficit que corresponde a la diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional—. Estos impuestos sobre la energía nuclear formaban parte del ámbito de la fiscalidad de la energía, aunque no gravasen la propia producción de electricidad sino el combustible utilizado para su producción y los residuos que esta genera. Entonces el artículo 3.1 de la Directiva Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, disponía que los Estados miembros, de conformidad con su organización institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarían por que las empresas eléctricas operarían, con miras a la consecución de un mercado de electricidad competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental, y no ejercerán discriminación entre aquellas en cuanto a derechos y obligaciones. Esta Directiva no regulaba la cuestión de la fiscalidad que debían aplicar los Estados a las empresas que producían electricidad. Las sociedades que generan energía nucleoeléctrica interpusieron recurso ante la Audiencia Nacional solicitando su anulación porque se sentían discriminadas dado que el resto de empresas que producían electricidad con otras instalaciones que no fuesen centrales nucleares. Al ser rechazado interpusieron recurso de casación ante el Supremo. ¿Sería posible invocar la CEDF en este caso?. a) Sí, porque al no tener la Directiva efecto directo no se podía invocar y la norma española violaba claramente su artículo 3.1 que prohíbe que se produzcan discriminaciones en el mercado eléctrico y que se falsease la competencia. Por ello podían invocar directamente los artículos 20 y 21 de la CEDF que proclaman la igualdad de todos ante la ley y prohíben toda forma de discriminación. b) No, porque la Directiva tenía efecto directo al prohibir a los Estados claramente de forma directa e incondicionada en su artículo 3.1 que provocasen una discriminación en la fijación de los derechos y obligaciones de las empresas eléctricas, imponiéndoles el deber de evitar que la libre competencia en el mercado de la electricidad se viese falseada, lo que ocurriría si determinadas empresas quedaban sometidas a tributación por su forma de producción (las nucleares si gravadas frente al resto de empresas que no lo estaban). c) No porque la Directiva 2009/72 no era aplicable a una normativa nacional que estableciese impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, como es el caso de los impuestos sobre la energía nuclear, por lo que no cabía considerar que, mediante la adopción de su normativa, el Reino de España había aplicado el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. De ello se sigue que el Tribunal de Justicia carecería de competencia para juzgar la interpretación de los artículos 20 y 21 de la Carta. d) Sí, porque al no tener la Directiva efecto directo no se podía invocar y la norma española violaba claramente su artículo 3.1 que prohíbe que se produzcan discriminaciones en el mercado eléctrico y que se falsease la competencia. Por ello podían invocar directamente los artículos 16 y 17 de la CEDF que proclaman la libertad de empresa y el derecho de propiedad, lo que conlleva no distorsionar la libre competencia en el mercado con impuestos discriminatorios para unas empresas frente a otras. El Gobierno de los Países Bajos impugnó ante el TJUE el artículo 5, apartados 2 y 3 la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que disponía que “2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. 3. La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente”. El Gobierno holandés entendía que esta previsión normativa europea equivalía a una instrumentalización de la materia viva humana, contraria a la dignidad del ser humano. Además, el hecho de que no haya ninguna cláusula que exija verificar que el donante o el receptor de productos obtenidos mediante procedimientos biotecnológicos ha prestado su consentimiento menoscaba el derecho de las personas a disponer de sí mismas. Se podría estimar que dicha norma comunitaria violaría algún precepto de la CEDF. a) Si, porque de acuerdo con el artículo 1 de la CEDF la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida. b) Sí, porque de acuerdo con el artículo 3.2 de la CEDF en el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley; b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas; c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro; d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. c) No, porque el artículo 5.1 de la citada Directiva prevé que el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables y su artículo 6.1 dispone que quedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad… añadiendo su apartado 2 que en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, se considerarán no patentables, en particular: a) los procedimientos de clonación de seres humanos; b) los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; c) las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales… Por tanto, la norma europea es proporcionada, responde a un interés general y da protección a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1 y 3.2 de la CEDF. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. En un país de la UE donde está prohibido el aborto una asociación de estudiantes pro-abortistas ha decidido hacer publicidad de clínicas abortivas existentes en Francia sin mediar ningún contrato de prestación de servicios entre ella y ninguna clínica. Simplemente lo hacen para defender al aborto libre en su país y presionar a su Gobierno para que los autorice o al Parlamento europeo para que lo regule y lo autorice en toda la UE. Las autoridades nacionales han prohibido dicha publicidad con base en la normativa nacional que establece esa prohibición y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta su alcance. La asociación considera que su actuación es legal conforme a la CEDF. ¿La asociación podría invocar algún artículo del CEDF?: a) Sí, la asociación tiene derecho a realizar esa actividad considerando que la CEDF prevé, en primer lugar, en el artículo 15.2 que todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro, y en segundo lugar, en el artículo 45 la libertad de circulación y residencia dentro del Título dedicado a la ciudadanía que hay que conectarlo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que contempla la libre prestación de servicios libertad europea del mercado interior que abarca los servicios médicos según la jurisprudencia del TJUE. b) Sí, la libertad de expresión prevista en el artículo 11 Libertad de expresión y de información: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. c) Sí, porque el derecho al aborto se ha de considerar implícito dentro del artículo 6 del CEDF que reconoce el derecho que toda persona tiene a la libertad y no se puede interpretar el artículo 2 de la CEDF, que reconoce el Derecho a la vida de toda persona como una prohibición implícita del aborto. d) No, porque de acuerdo con el artículo 51 de la CEDF ésta sólo se aplica cuando los Estados apliquen el Derecho de la Unión. Este no es el caso porque los estudiantes no están prestando un servicio de aborto ni una actividad remunerada vinculada a dicho servicio que es la actividad económica cubierta por los Tratados. Además, de acuerdo con ese mismo precepto no se puede interpretar la Carta para ampliar las competencias de la Unión. El artículo 2.2 dedicado al “Derecho a la vida” dispone lo siguiente sobre la pena de muerte: a) Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte. b) Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. c) Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado salvo lo que dispongan los tribunales militares en tiempo de guerra. d) Nadie podrá ser ejecutado. Dos presuntos delincuentes, uno rumano y otro húngaro, que han cometido delitos de robo y conducción sin permiso en sus respectivos países, residen en Alemania. Las autoridades rumanas en aplicación de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, han solicitado su extradición a Rumanía y Hungría. Las autoridades judiciales alemanas que conocen de estos asuntos se plantean denegar la solicitud de entrega poque temen que ambos sujetos van a sufrir tratos inhumanos y degradantes dado que la situación en las prisiones rumanas y húngaras son deplorables (hacinamiento, falta de servicios mínimos como agua caliente, etc). ¿Cree que los jueces alemanes pueden invocar algún precepto de la CEDF para denegar dicha solicitud de euroorden?. a) No, pues la CEDF no se aplica en ningún caso al existir la Decisión Marco europea. b) Sí, el artículo 1 sobre la dignidad de la persona. c) Sí, el artículo 6 sobre el derecho a la libertad y la seguridad, así como el artículo 48 sobre el derecho a la presunción de inocencia. d) Si, el artículo 4 de la CEDF que prohíbe la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes. El TJUE explica a este respecto que los artículos 1, apartado 3, 5 y 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución, de disponer de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados relativos a las condiciones de reclusión imperantes en el Estado miembro emisor que acrediten la existencia de deficiencias, bien sistémicas o generalizadas, bien que afecten a ciertos grupos de personas, o bien que afecten a ciertos centros de reclusión, deberá comprobar, concreta y precisamente, si existen razones serias y fundadas para creer que la persona objeto de una orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de acciones penales o de la ejecución de una pena privativa de libertad correrá, debido a sus condiciones de reclusión en ese Estado miembro, un riesgo real de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, en caso de ser entregada a dicho Estado miembro. A tal efecto, dicha autoridad deberá solicitar información complementaria a la autoridad judicial emisora, la cual, tras haber recabado, en caso necesario, la ayuda de la autoridad central o de una de las autoridades centrales del Estado miembro emisor, en el sentido del artículo 7 de la Decisión Marco, deberá transmitir dicha información en el plazo fijado en la solicitud. La autoridad judicial de ejecución deberá aplazar su decisión sobre la entrega de la persona de que se trate hasta que obtenga la información complementaria que le permita excluir la existencia de tal riesgo. Si la existencia de ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, la mencionada autoridad deberá decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega. El artículo 5 del CEDF dispone lo siguiente. a) Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. Se prohíbe la trata de seres humanos. b) Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. c) Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo obligatorio. 3. Se prohíbe la trata de seres humanos. d) Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. Se prohíbe la trata de seres humanos. Tras haber superado un concurso oposición para mecanógrafos de la Comisión el Sr.X tuvo que pasar un examen médico de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del artículo 12 y en el artículo 13 del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (RAA). Tras dicho examen el médico asesor de la Institución, había llegado a la conclusión de que su paciente sufría una infección oportunista vinculada a la fase terminal del SIDA («full blown AIDS»), por lo que el Sr.X, al negarse a someterse a un examen de detección de anticuerpos VIH (SIDA) propuesto por el Servicio Médico, fue sometido sin su consentimiento a una prueba indirecta de detección del SIDA consistente en realizar una analítica de sangre para ver el recuento de linfocitos para evaluar el sistema inmunitario del Sr.X. Esta prueba no es apropiada para determinar la existencia de una posible seropositividad pues esa debilidad inmunitaria se puede deber a muchas causas. Como consecuencia de ese examen el médico asesor llegó a la conclusión de que carecía de la aptitud física necesaria para el ejercicio de las funciones de mecanógrafo en la Comisión y que, por consiguiente, su contratación no era posible. Sobre la base de dichas conclusiones, la Institución consideró que el demandante no reunía las condiciones de aptitud física exigidas para ser contratado por sus servicios. ¿Qué derechos de la CEDF podría alegar el Sr.X para defender sus derechos y revocar el acto denegatorio de la Comisión?. a) ninguno porque el artículo 13 del RAA dispone que, antes de proceder a la celebración del contrato, el agente temporal será sometido a reconocimiento médico por un médico asesor de la institución, a fin de garantizar que reúne las condiciones de aptitud física exigidas en la letra d) del apartado 2 del artículo 12. Según esta última disposición, sólo podrán ser contratados como agentes temporales quienes reúnan las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de sus funciones. En este caso había quedado demostrado que el Sr.X carecía de aptitud para el trabajo de mecanógrafo ya que tanto la anamnesis como el examen clínico efectuado en el reconocimiento médico sugerían la existencia de una alteración inmunitaria que, en sí misma, y fuera cual fuera su origen, resultaba un dato importante para apreciar la aptitud para el trabajo del sujeto, habida cuenta de su sensibilidad incrementada a las infecciones: el interesado podía caer gravemente enfermo en cualquier momento. b) El derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida y aceptada previsto en el artículo 15.1 de la CEDF. c) Ninguno, porque según la Comisión de la Unión Europea un candidato que se presenta a un examen médico previo a la contratación consiente de manera tácita, pero indudable, que el médico asesor realice su misión y que practique, en su caso, ciertos análisis complementarios para reforzar la fiabilidad de su apreciación médica. d) El derecho al respecto a la vida privado consagrado en el artículo 7 de la CEDF, que se recoge en el artículo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Este derecho comprende, en particular, el derecho a mantener secreto su estado de salud y a no ser obligado a realizar una prueba médica contra su voluntad o sin ser informado pese a que el reconocimiento médico previo sirva a un interés general de la institución que contrata. El derecho al respeto de la vida privada exige respetar la negativa del interesado en toda su extensión, lo que implica el derecho a no verse sometido a pruebas médicas directas o indirectas para detectar una infección. Este derecho no implica el derecho a ser contratado. Si el interesado, tras haber sido debidamente informado, se niega a dar su consentimiento a una prueba que el médico asesor considera necesaria para evaluar su aptitud para desempeñar las funciones para las cuales presentó su candidatura, las Instituciones europeas no pueden ser obligadas a soportar el riesgo de contratarlo. Se impugnan por varios interesados en Irlanda y Alemania (en este último caso más de once mil) sus respectivas normas nacionales de transposición de la Directiva 2006/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). Los datos que deben conservar los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones, con arreglo a los artículos 3 y 5 de la Directiva 2006/24, son, en particular, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación y su destino, para identificar la fecha, hora y duración de una comunicación, el equipo de comunicación de los usuarios y para identificar la localización del equipo de comunicación móvil, datos entre los que figuran el nombre y la dirección del abonado o usuario registrado, los números de teléfono de origen y destino y una dirección IP para los servicios de Internet. Estos datos permiten, en particular, saber con qué persona se ha comunicado un abonado o un usuario registrado y de qué modo, así como determinar el momento de la comunicación y el lugar desde la que ésta se ha producido. Además, permiten conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o del usuario registrado con determinadas personas durante un período concreto. Estos datos no recogen el contenido de las comunicaciones. De acuerdo con el artículo 4 (Acceso a los datos), los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos conservados de conformidad con la presente Directiva solamente se proporcionen a las autoridades nacionales competentes, en casos específicos y de conformidad con la legislación nacional. Cada Estado miembro definirá en su legislación nacional el procedimiento que deba seguirse y las condiciones que deban cumplirse para tener acceso a los datos conservados de conformidad con los requisitos de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión o del Derecho internacional público, y en particular el CEDH en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las normas nacionales impugnadas establecen que los proveedores de servicios de comunicaciones telefónicas deberán conservar los datos de tráfico y localización relativos a esas comunicaciones durante el período establecido en la ley para prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, así como para garantizar la seguridad del Estado. ¿Se puede decir que la Directiva comunitaria y las normas nacionales han violado los artículos 7 y 8 de la CEDF?. a) No, porque los Estados deben tener un mecanismo para prevenir delitos y luchar contra la delincuencia especialmente organizada, lo cual es competencia suya. b) Sí en el caso de la protección de datos del artículo 8, pero no en el caso de la vida privada del artículo 7 porque no recoge el contenido de las comunicaciones e los sujetos, sólo cuestiones colaterales. c) Sí en el caso de la protección de la vida privada del artículo 7 porque viola su contenido esencial porque aunque no afecte al contenido concreto de la comunicación supone una injerencia muy grave en la vida privada al conocerse aspectos que, considerados en su conjunto, pueden permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones sociales y los medios sociales que frecuentan. d) Sí, porque no supera el test completo del artículo 52.1 de la CEDF. Es decir, la regulación de la Directiva es verdad que respeta el contenido esencial de ambos derechos (en el caso del artículo 7 no afecta al contenido de la comunicación y en el caso del artículo 8 se impone a los proveedores respetar determinados principios de protección y seguridad de los datos , debiendo los Estados miembros velar porque se adopten medidas técnicas y organizativas para evitar la pérdida o alteración accidental de los datos) y está justificada por el interés general (según el artículo 1.1 de la Directiva se trata de garantizar que los datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro, constituyendo una herramienta útil para la investigación penal), pero la medida es desproporcionada ya que la conservación de todos los datos de tráfico relativos a la telefonía fija, la telefonía móvil, el acceso a Internet, el correo electrónico por Internet y la telefonía por Internet. Por lo tanto, es aplicable a todos los medios de comunicación electrónica, cuyo uso está muy extendido y que tienen una importancia creciente en la vida cotidiana de las personas. Además, a tenor de su artículo 3, la Directiva comprende a todos los abonados y usuarios registrados. En consecuencia, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de prácticamente toda la población europea. A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que la Directiva 2006/24 abarca de manera generalizada a todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves. En efecto, por una parte, la Directiva 2006/24 afecta con carácter global a todas las personas que utilizan servicios de comunicaciones electrónicas, sin que las personas cuyos datos se conservan se encuentren, ni siquiera indirectamente, en una situación que pueda dar lugar a acciones penales. Por lo tanto, se aplica incluso a personas respecto de las que no existen indicios que sugieran que su comportamiento puede guardar relación, incluso indirecta o remota, con delitos graves. Además, no establece ninguna excepción, por lo que se aplica también a personas cuyas comunicaciones están sujetas al secreto profesional con arreglo a las normas de la legislación nacional. Por otra parte, aun cuando la Directiva pretende contribuir a la lucha contra la delincuencia grave, no exige ninguna relación entre los datos cuya conservación se establece y una amenaza para la seguridad pública y, en particular, la conservación no se limita a datos referentes a un período temporal o zona geográfica determinados o a un círculo de personas concretas que puedan estar implicadas de una manera u otra en un delito grave, ni a personas que por otros motivos podrían contribuir, mediante la conservación de sus datos, a la prevención, detección o enjuiciamiento de delitos graves. En segundo lugar, a esta falta general de límites se añade que la Directiva 2006/24 no fija ningún criterio objetivo que permita delimitar el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos y su utilización posterior con fines de prevención, detección o enjuiciamiento de delitos que, debido a la magnitud y la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta, puedan considerarse suficientemente graves para justificar tal injerencia. Por el contrario, la Directiva 2006/24 se limita a remitir de manera general, en su artículo 1, apartado 1, a los delitos graves tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro. Además, en cuanto al acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos y su utilización posterior, la Directiva 2006/24 no precisa las condiciones materiales y de procedimiento correspondientes. El artículo 4 de la Directiva, que regula el acceso de dichas autoridades a los datos conservados, no dispone expresamente que el acceso y la utilización posterior de los datos de que se trata deberán limitarse estrictamente a fines de prevención y detección de delitos graves delimitados de forma precisa o al enjuiciamiento de tales delitos, sino que se limita a establecer que cada Estado miembro definirá el procedimiento que deba seguirse y las condiciones que deban cumplirse para tener acceso a los datos conservados de conformidad con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. En particular, la Directiva 2006/24 no establece ningún criterio objetivo que permita limitar el número de personas que disponen de la autorización de acceso y utilización posterior de los datos conservados a lo estrictamente necesario teniendo en cuenta el objetivo perseguido. En especial, el acceso a los datos conservados por las autoridades nacionales competentes no se supedita a un control previo efectuado, bien por un órgano jurisdiccional, bien por un organismo administrativo autónomo, cuya decisión tenga por objeto limitar el acceso a los datos y su utilización a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo perseguido y se produzca a raíz de una solicitud motivada de dichas autoridades presentada en el marco de procedimientos de prevención, detección o enjuiciamiento de delitos. Tampoco se ha establecido una obligación concreta de los Estados miembros de que se fijen tales limitaciones. En tercer lugar, en lo que atañe al período de conservación de los datos, la Directiva 2006/24 prescribe, en su artículo 6, la conservación de éstos durante un período mínimo de seis meses sin que se establezca ninguna distinción entre las categorías de datos previstas en el artículo 5 de la Directiva en función de su posible utilidad para el objetivo perseguido o de las personas afectadas. Además, este período oscila entre seis meses como mínimo y veinticuatro meses como máximo, sin que se precise que la determinación del período de conservación debe basarse en criterios objetivos para garantizar que ésta se limite a lo estrictamente necesario. El Sr. Schrems, nacional austriaco residente en Austria, es usuario de la red Facebook desde 2008. Toda persona residente en el territorio de la Unión que desee utilizar Facebook está obligada a concluir en el momento de su inscripción un contrato con Facebook Ireland, filial de Facebook Inc., domiciliada ésta última en Estados Unidos. Los datos personales de los usuarios de Facebook Ireland residentes en el territorio de la Unión se transfieren en todo o en parte a servidores pertenecientes a Facebook Inc, situados en el territorio de Estados Unidos, donde son objeto de tratamiento. El 25 de junio de 2013 el Sr. Schrems presentó ante el comisario una reclamación en la que le solicitaba en sustancia que ejerciera sus competencias estatutarias, prohibiendo a Facebook Ireland transferir sus datos personales a Estados Unidos. Alegaba que el Derecho y las prácticas en vigor en este último país no garantizaban una protección suficiente de los datos personales conservados en su territorio contra las actividades de vigilancia practicadas en él por las autoridades públicas. El Sr. Schrems hacía referencia en ese sentido a las revelaciones del Sr. Edward Snowden sobre las actividades de los servicios de información de Estados Unidos, en particular las de la National Security Agency (en lo sucesivo, «NSA»). Hay que advertir que la UE concluyó con los EEUU un acuerdo para regular la cuestión de la protección de los datos de ciudadanos europeos que utilizan las plataformas de empresas norteamericanas de tal forma que se garantizase una protección equivalente a la existente en la UE. Ese acuerdo a efectos internos se plasmó en la Decisión 2000/520 adoptada con base en el artículo 25 de la Directiva de protección de datos europea entonces en vigor. De acuerdo con esta norma el Gobierno norteamericano se compromete a que sus entidades cumplan lo que se llaman “principios de puerto seguro”, que es una garantía de tratamiento de datos respetando los derechos fundamentales de los interesados. Dichos principios se formularon en consulta con la industria y la opinión pública para facilitar el comercio y las transacciones entre Estados Unidos de América y la Unión Europea. Esas empresas prestaban principalmente servicios en el mercado interior de la Unión, en particular en el sector de Internet, y algunas de ellas eran empresas de la Unión que tenían filiales en Estados Unidos. Entre las empresas certificadas se encontraban «las empresas de la red, como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Yahoo», que «tienen centenares de millones de clientes en Europa» y transfieren datos personales a Estados Unidos para su tratamiento. Parte de esas empresas trataban los datos de sus empleados en Europa, datos que transferían a Estados Unidos para la gestión de sus recursos humanos. Son de utilización exclusiva de las entidades estadounidenses que reciben datos personales de la Unión Europea, al efecto de reunir los requisitos de “puerto seguro” y obtener la correspondiente presunción de “adecuación”. La decisión de adherirse a los requisitos de “puerto seguro” es totalmente voluntaria, pero éstos pueden cumplirse de distintas maneras. La adhesión a estos principios puede limitarse en cuanto sea necesario para cumplir las exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley de EEUU. La Comisión reconoció que no está prevista la posibilidad de que los titulares de los datos, ya sean estadounidenses o de la [Unión], puedan acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, ni obtener reparación administrativa o judicial, en lo que respecta a la recogida y el tratamiento posterior de sus datos personales en virtud de los programas de vigilancia estadounidenses». ¿Puede el Sr. Schrems alegar una violación de los artículos 7 y 8 de la CEDF?. a) No, porque la Decisión al final plasma un acuerdo internacional entre la UE y los EEUU y sólo podría ser impugnada por la UE o los Estados miembros en el plano internacional. b) No, porque, como ocurre con la Directiva 2006/24 en el plano interno, que concede a los Estados miembros la facultad de recabar datos para luchar contra la delincuencia, los EEUU deben tener la misma potestad. c) No, porque la Comisión al negociar un acuerdo de este tipo que se plasma en una Decisión interna goza de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de constatar que un tercer Estado aporta un nivel de protección adecuado de los datos de los ciudadanos europeos que se transmiten a dicho tercer Estado, ya que así lo prevé expresamente el artículo 25 de la Directiva de protección de datos europea entonces en vigor con base en la cual se aprobó la Decisión impugnada. d) Sí, porque conforme al artículo 8.2 de la CEDF “estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación”. TJUE ha declarado que una Decisión de este tipo es inválida porque no garantiza el respeto a los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la CEDF. Aunque la exigencia de que la protección adecuada del tercer Estado no tiene por qué ser idéntica a la europea, la Decisión diseña un sistema que no se ajusta a las exigencias del respeto a los derechos citados. La Decisión 2000/520 reconoce la primacía de las «exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley [de Estados Unidos]» sobre los principios de puerto seguro, primacía en virtud de la cual las entidades estadounidenses autocertificadas que reciban datos personales desde la Unión están obligadas sin limitación a dejar de aplicar esos principios cuando éstos entren en conflicto con esas exigencias y se manifiesten por tanto incompatibles con ellas. La protección del derecho fundamental al respeto de la vida privada al nivel de la Unión exige que las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no excedan de lo estrictamente necesario. No se limita a lo estrictamente necesario una normativa que autoriza de forma generalizada la conservación de la totalidad de los datos personales de todas las personas cuyos datos se hayan transferido desde la Unión a Estados Unidos, sin establecer ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo perseguido y sin prever ningún criterio objetivo que permita circunscribir el acceso de las autoridades públicas a los datos y su utilización posterior a fines específicos, estrictamente limitados y propios para justificar la injerencia que constituyen tanto el acceso a esos datos como su utilización. Además, se debe considerar que una normativa que permite a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas lesiona el contenido esencial del derecho fundamental al respeto de la vida privada garantizado por el artículo 7 de la Carta. ¿Puede el Sr. Schrems ante la situación descrita presentar una solicitud ante su autoridad nacional de protección de datos alegando que el tercer país donde se transfieren los datos de ciudadanos europeos amparada dicha transferencia por un acuerdo con la UE no cumple con la CEDF?. a) Sí, porque el artículo 8.3 de la CEDF dispone que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. El TJUE ha advertido al respecto que ninguna norma comunitaria (Decisión, Directiva, etc) puede impedir que un ciudadano europeo que haya transferido datos a un tercer Estado pueda presentar una solicitud en este sentido ya que el citado precepto no puede ser interpretado en el sentido de que excluyen del ámbito de la competencia de las autoridades nacionales designadas a ese efecto el control de las transferencias de datos personales a terceros países a los que se refiera una decisión de la Comisión. Además, sería contrario al sistema establecido por la Directiva de protección de datos que una decisión de la Comisión adoptada en virtud de dicha Directiva tuviera el efecto de impedir que una autoridad nacional de control examine la solicitud de una persona para la protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de sus datos personales que hayan sido o pudieran ser transferidos desde un Estado miembro a un tercer país al que se refiere esa decisión de la Comisión. Por tanto, incluso habiendo adoptado la Comisión una decisión en virtud de esa Directiva, las autoridades nacionales de control, a las que una persona haya presentado una solicitud de protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de datos personales que la conciernen, deben poder apreciar con toda independencia si la transferencia de esos datos cumple las exigencias establecidas por la referida Directiva. Si no fuera así, las personas cuyos datos personales hayan sido o pudieran ser transferidos al tercer país considerado quedarían privadas del derecho garantizado por el artículo 8, apartados 1 y 3, de la Carta de presentar a las autoridades nacionales de control una solicitud para la protección de sus derechos fundamentales. Con todo, la autoridad nacional no podrá declarar ella sola la invalidez de la Decisión europea pues esa competencia corresponde en exclusiva el TJUE según los Tratados. b) Sí, porque el artículo 8.3 de la CEDF dispone que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. El TJUE ha advertido al respecto que ninguna norma comunitaria (Decisión, Directiva, etc) puede impedir que un ciudadano europeo que haya transferido datos a un tercer Estado pueda presentar una solicitud en este sentido ya que el citado precepto no puede ser interpretado en el sentido de que excluyen del ámbito de la competencia de las autoridades nacionales designadas a ese efecto el control de las transferencias de datos personales a terceros países a los que se refiera una decisión de la Comisión. Además, sería contrario al sistema establecido por la Directiva de protección de datos que una decisión de la Comisión adoptada en virtud de dicha Directiva tuviera el efecto de impedir que una autoridad nacional de control examine la solicitud de una persona para la protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de sus datos personales que hayan sido o pudieran ser transferidos desde un Estado miembro a un tercer país al que se refiere esa decisión de la Comisión. Por tanto, incluso habiendo adoptado la Comisión una decisión en virtud de esa Directiva, las autoridades nacionales de control, a las que una persona haya presentado una solicitud de protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de datos personales que la conciernen, deben poder apreciar con toda independencia si la transferencia de esos datos cumple las exigencias establecidas por la referida Directiva. Si no fuera así, las personas cuyos datos personales hayan sido o pudieran ser transferidos al tercer país considerado quedarían privadas del derecho garantizado por el artículo 8, apartados 1 y 3, de la Carta de presentar a las autoridades nacionales de control una solicitud para la protección de sus derechos fundamentales. La autoridad nacional podrá declarar ella sola la invalidez de la Decisión europea. c) No, porque al ser un acuerdo internacional se deberá presentar una queja ante la Comisión que será la institución competente para negociar con el tercer Estado el problema de una posible violación de la protección de datos. d) No, porque la autoridad nacional sólo puede recibir quejas en caso de violación de la protección de datos cometida por sus propias autoridades nacionales. El artículo 9 al regular el Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia comprende que: a) Se garantizan la libertad de contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. b) Se garantizan el derecho a contraer matrimonio según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. c) Se garantizan el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. d) Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. El artículo 10 al regular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende que: a) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. b) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. c) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. d) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. El artículo 11 al regular la libertad de expresión y de información comprende que: a) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. b) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. c) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. d) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respetan la libertad de los medios de comunicación. El artículo 12 al regular la libertad de reunión y de asociación comprende que: a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, religioso, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. b) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. c) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Los partidos políticos a escala nacional contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. d) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus libertades. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. El artículo 13 al regular la libertad de las artes y de las ciencias comprende: a) Las artes son libres. Se respeta la libertad de cátedra. b) Las artes y la investigación científica son libres. c) La investigación científica es libre. Se respeta la libertad de cátedra. d) Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra. El artículo 14 al regular el Derecho a la educación comprende que: a) Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones políticas, filosóficas y pedagógicas. b) Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. c) Toda persona tiene derecho a la educación. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. d) Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. El artículo 15 al regular la libertad profesional y derecho a trabajar comprende que: a) Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. b) Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. c) Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. d) Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. El artículo 16 al regular la libertad de empresa comprende que: a) Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. b) Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones nacionales. c) Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las prácticas nacionales. d) Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de cada Estado miembro. El artículo 17 al regular el Derecho a la propiedad comprende que: a) Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. Se protege la propiedad intelectual. b) Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. Se protege la propiedad industrial e intelectual. c) Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de interés social y utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. Se protege la propiedad intelectual. d) Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos y heredarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. Se protege la propiedad intelectual. |





