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DIPr 2pp UNED

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Título del test:
DIPr 2pp UNED

Descripción:
Tema 15. Las Personas Jurídicas

Autor:
Compañeros de la UNED
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Fecha de Creación:
23/05/2020

Categoría:
UNED
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Temario:
¿Cuál es el instrumento jurídico que en nuestro ordenamiento determina la competencia judicial en materia de personas jurídicas? En el art. 22 LOPJ. En el Reglamento (UE) 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En ambos.
Según el art. 24.2 R. Bruselas I refundido, son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes: En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada; para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado. En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté constituida; para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado. Ninguna es correcta.
Se insta la disolución de una sociedad constituida conforme el derecho español ante un tribunal alemán pues todos los socios tienen su residencia habitual allí. A este respecto ¿pueden ser competentes los tribunales españoles? No, se debe atender al domicilio de los socios Sí, se debe atender al domicilio de la empresa Sí, se debe atender al lugar de constitución de la empresa.
En la pregunta anterior ¿Cuál razones jurídicamente citando la norma o instrumento jurídico aplicable? El Reglamento 1215/2012 (Bruselas I refundido) considera exclusivamente competentes, sin consideración al domicilio de las partes en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o personal jurídica esté constituida. Para que una Sociedad tenga la nacionalidad española es un requisito implícito que este constituida en España (art. 28 CC), los tribunales españoles serán exclusivamente competentes para conocer de la disolución de esta sociedad. El Reglamento 1215/2012 (Bruselas I refundido) considera exclusivamente competentes, sin consideración al domicilio de las partes en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o personal jurídica esté domiciliada. Para que una Sociedad tenga la nacionalidad española es un requisito implícito que este domiciliada en España (art. 28 CC), los tribunales españoles serán exclusivamente competentes para conocer de la disolución de esta sociedad. Ninguna es correcta.
¿Cuál es la afirmación correcta? La expresión "validez de las decisiones de sus órganos" hace referencia a la acción de impugnación de acuerdos sociales, e incluye la acción de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad, y la acción entablada por los miembros de una asociación profesional contra el consejo de administración de la misma por denegarles una indemnización a la que, en virtud de los estatutos de esa asociación, tienen derecho. La expresión "validez de las decisiones de sus órganos" hace referencia a la acción de impugnación de acuerdos sociales, e incluye la acción de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad, pero no la acción entablada por los miembros de una asociación profesional contra el consejo de administración de la misma por denegarles una indemnización a la que, en virtud de los estatutos de esa asociación, tienen derecho. La expresión "validez de las decisiones de sus órganos" hace referencia a la acción de impugnación de acuerdos sociales, pero no incluye la acción de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad, ni la acción entablada por los miembros de una asociación profesional contra el consejo de administración de la misma por denegarles una indemnización a la que, en virtud de los estatutos de esa asociación, tienen derecho.
En relación a la explotación de sucursales: El RBlr contempla un foro especial que será de aplicación cuando la persona jurídica tenga su domicilio en un Estado miembro (art. 7.5). En virtud de este foro especial, para los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, serán competentes los tribunales del lugar en que se hallaren sitos. El RBlr contempla un foro especial que será de aplicación cuando la persona jurídica tenga su domicilio en un Estado miembro (art. 7.5). En virtud de este foro especial, para los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, serán competentes los tribunales del lugar donde la empresa tenga la sede estatutaria. Ambas son erroneas.
Si la persona jurídica no está domiciliada en ningún Estado miembro, la competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia de explotación de sucursales se regula: En la LOPJ, que dispone la competencia de los tribunales españoles cuando la sucursal, agencia o establecimiento mercantil se encuentren en territorio español. En el RBlr que contempla un foro especial que será de aplicación cuando la persona jurídica tenga su domicilio en un Estado miembro (art. 7.5). En virtud de este foro especial, para los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, serán competentes los tribunales del lugar en que se hallaren sitos. Ambas son correctas.
Indique la verdadera: Las materias objeto de un foro exclusivo de personas jurídicas nunca podría plantearse cómo excepción, con carácter incidental en el proceso ante otro tribunal. Las materias objeto de un foro exclusivo de personas jurídicas podría plantearse cómo excepción, con carácter incidental en el proceso ante otro tribunal. Ninguna es correcta.
El sistema jurídico español se basa en la conexión nacionalidad para determinar la ley aplicable a las sociedades: Sí, utiliza la nacionalidad. No, utiliza el domicilio. Ninguna es correcta.
Son criterios para determinar la nacionalidad de una sociedad y en consecuencia su lex societatis. El criterio de constitución, según el cual la nacionalidad de la sociedad vendrá determinada por la ley del Estado conforme a cuyo derecho se ha constituido. Es un criterio subjetivo. El criterio de sede. La nacionalidad de la sociedad será la del Estado en cuyo territorio se localice la sede real. A y B son correctas y además existen otros criterios como el de la nacionalidad de los socios.
El criterio de la nacionalidad de los socios: Es el más utilizado hoy en día, ya que es el que da cercanía a los socios. Esta obsoleto. Forma parte del criterio de constitución.
En España el criterio utilizado es: El criterio de constitución, según el cual la nacionalidad de la sociedad vendrá determinada por la ley del Estado conforme a cuyo derecho se ha constituido. Es un criterio subjetivo. El criterio de sede. La nacionalidad de la sociedad será la del Estado en cuyo territorio se localice la sede real. El criterio del domicilio-constitución, según el cual serian personas jurídicas españolas las constituidas conforme al Derecho español y domiciliadas en España.
El Ámbito de aplicación de la lex societatis, indique cual es una verdadera: El artículo 9.11 in fine destaca que la ley personal de la persona jurídica rige "en todo lo relativo a la capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción". La enumeración es meramente indicativa y parece destinada a garantizar un régimen unitario a los problemas planteados por su constitución, funcionamiento y extinción. Ambas.
Indique la incorrecta: La ley aplicable a la representación voluntaria de las personas físicas y jurídicas está regulada en nuestro Derecho en el artículo 10.11 CC, en cuya virtud la representación de la sociedad por un tercero que no tenga la condición de órgano social se rige, de no mediar consentimiento expreso, por la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas. La ley aplicable a la representación voluntaria de las personas físicas y jurídicas está regulada en nuestro Derecho en el artículo 10.11 CC, en cuya virtud la representación de la sociedad por un tercero que no tenga la condición de órgano social se rige, de no mediar consentimiento expreso, por la ley del país de nacionalidad. Ambas son correctas.
Reconocimiento de sociedades extranjeras en España. ¿En qué consiste? El reconocimiento de sociedades es un expediente técnico a partir del cual se determina si una sociedad constituida válidamente en un Estado puede ser aceptada como tal en otro Estado. Se trata de determinar si el derecho del foro reconoce la personalidad jurídica de una sociedad no española. Ambas son correctas.
¿En qué supuestos es necesaria la inscripción registral de una sociedad extranjera en España? Siempre. Cuando crea sucursales en nuestro país, que se inscribe la empresa y la sucursal. Cuando crea sucursales en nuestro país, que se inscribe sólo la sucursal.
¿Qué modelo de atribución de la nacionalidad de las personas jurídicas es más adecuado con la jurisprudencia del TJUE en torno a la libertad de establecimiento consagrada en el TFUE? El TJUE afirma que los actuales artículos 49 y 54 del TFUE se oponen a que un Estado miembro deniegue la inscripción de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro. Un Estado miembro estará obligado a reconocer a una sociedad que se haya constituido válidamente conforme al derecho de otro Estado miembro, con independencia de la ubicación y de la actividad real que desarrolle la sede principal. El TJUE afirma que un traslado de la sede de la sociedad constituida conforme al derecho de un Estado miembro a otro Estado miembro no exigirá un cambio de lex societatis. Ambas son correctas.
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