DIPR TEMA 8

Requisitos para que un documento publico tenga eficacia probatoria,tiene que tener: La validez conforme a la lex loci, capacidad de las partes, la traducción. La validez conforme a la ley del país de otorgamiento, regularidad formal del documento, la traducción. La validez conforme a la lex loci,la traducción y la legalización o en su caso la apostilla.

la legalización de la apostilla: certificar la autenticidad de la firma del documento, certificar la calidad en la que interviene la autoridad signataria ,la identidad del sello o timbre del documento. certificar la autenticidad de la firma del documento, el documento ha de ser válido conforme al país lex auctor, La identidad del sello o timbre del documento. ninguna es correcta.

El Convenio de la Haya 1961 Apostilla,el Convenio de Apostilla comporta una sustitución de una exigencia formal por la fijación de una apostilla expedida por la autoridad competente del Estado del que dimana el documento. Esta ratificado por España, incluyendo la emisión electrónica de la apostilla. Aún no esta ratificado por España. Esta ratificado por España,pero no la emisión electrónica de la apostilla.

Necesita apostilla, la traducción jurada y copia compulsada, para las certificaciones europeas y para ciertos reglamentos europeos: documentos de nacimiento, defunción, matrimonio, la separación judicial y el divorcio. Documentos determinadas circunstancias personales. No necesitan apostilla los documentos de estado civil y personales. Pueden ser sustituidos por un impreso estándar.

Supresión de la legalización o formalidades análogas. No se exige para las certificaciones europeas, pero si para R.BruselasI refundido, R.Bruselas II bis, R.2016/1119. No se exige para las certificaciones europeas ni para R:Bruselas I refundido, ,R.Bruselas II bis,R.2016/1119. Se exige para las ceritifcaciones europeas pero no para el marco de la Union Europea.

Supresión de la legalización o formalidades análogas en: Marco europeo y convenio de la Haya 1996,protección de los niños. Marco europeo y para el convenio nº 17 de la CIEC1977,pero no para el convenio CIEC nº 16 relatico a la expediciónde extractos plurilingües de actas del estado civil. Aun se exige en España la legalización de los documentos expedidos por agentes diplomáticos y consulares.

Para que el documento público tenga eficacia del acto, debe tener: capacidad de las partes, la traducción, lex causae. Ley rectora del fondo,la capacidad de las partes,regularidad formal del documento. Lex loci,Lex causae, la capacidad de las partes.

La regularidad formal del documento publico: El documento ha de ser formalmente válido conforme a la ley del país de otorgamiento que siempre coincide con la ley de la autoridad. El documento ha de ser formalmente válido conforme a la LEX LOCI que siempre coincide con la lex auctor, excepto los documentos otorgados ante autoridades consulares y siplomáticas. El documento ha de ser formalmente válido conforme a la LEX LOCI que coincide con los documentos otorgados ante autoridades consulares y siplomáticas.

Al excluir el reconocimiento de efectos de los hechos o declaraciones contenidas en el documento publico(la apostilla o legalización) ,el Reglamento no ampara la presunción de legalidad ni veracidad de los hechos contenidos en el documento. La autoridad del país recepción NO podrá proceder a comprobar todos los extremos conforme a su derecho interno,si el documento debe acceder al Registro Civil español. Ninguna respuesta es correcta. La autoridad del país recepción podrá proceder a comprobar todos los extremos conforme a su derecho interno,si el documento debe acceder al Registro Civil español.

La apostilla NO es necesaria en: los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares,los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera,los documentos que, en aplicación de otros Convenios Internacionales, estén exentos de ser legalizados o apostillados. los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, pero si los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera. Los documentos públicos para que tengan validez en España, siempre tienen que tener apostilla.

Se dicta una sentencia de condena de cantidad por un tribunal de París y se insta el exequátur de dicha sentencia en España. El demandado se opone alegando que existe una infracción de los derechos de defensa en el proceso de origen. El demandante de exequátur aporta una certificación en la que consta la notificación de la demanda en el proceso de origen, certificación que no se acompaña ni de legalización ni de traducción. ¿Debe concederse o denegarse el exequátur solicitado?. Debe denegarse, por que el exequatur no se acompaña de apostilla o legalización. Debe admitirse por ser suficiente, el exequatur. Debe admitirse por ser suficiente ser miembro de la UE.

Se solicita el exequátur de la resolución de divorcio de fecha 27 de noviembre de 2002, dictada por el Tribunal Cherie Sunnit de Beirut, República del Líbano, solicitud que ha de examinarse a la vista de los presupuestos a los que se condiciona el reconocimiento y declaración de ejecutividad de las decisiones extranjeras (Auto TS de 12.4.2005). El solicitante ha aportado, como presupuesto previo para resolver sobre la petición de exequátur que se examina, la documentación exigida por la Sala, consistente en informe sobre el tipo de acción ejercitada, naturaleza del acto declarado en la resolución y efectos que produce en el orden civil. A la luz de los elementos citados en la resolución del TS.¿Qué motivos pueden ser aducidos para no reconocer la sentencia extranjera?. Que la ejecutoria haya sido dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal. Que ha sido dictada en rebeldía; o infracción del orden público; o falta de legalización o apostilla de la resolución; o falta de competencia del tribunal de origen; o contradicción con una sentencia española; o un proceso en trámite ante los tribunales españoles; o la falta de firmeza de la sentencia. Todas son correctas.

Se solicita el exequátur de la resolución de divorcio República del Líbano, solicitud que ha de examinarse a la vista de los presupuestos a los que se condiciona el reconocimiento y declaración de ejecutividad de las decisiones extranjeras en España . Existe algún instrumento internacional que sea de aplicación a este supuesto?. serán de aplicación los arts. 951 a 955 de la LEC de 1.881. Sera de ámbito material de aplicación del R 1215/2012. Ninguna es correcta.

Se dicta un laudo arbitral en EEUU (Nueva York) y se insta el exequátur de dicho laudo en España. El demandado se opone alegando que existe una infracción de los derechos de defensa en el procedimiento arbitral de origen. El demandante de exequátur aporta una certificación en la que consta que se hizo en tiempo y forma la notificación de la demanda de arbitraje. La certificación no se acompaña ni de legalización ni de traducción. ¿debe concederse o denegarse el exequátur solicitado?. aunque la indefensión NO es un motivo de denegación del exequátur recogido en el art. V del CNY, debe denegarse el exequátur pues el demandante ha aportado una prueba en contra de la alegación de indefensión que tiene validez probatoria aunque no se encuentre traducida ni legalizada, al tratarse de un documento público. aunque la indefensión es un motivo de denegación del exequátur recogido en el art. V del CNY, no debe denegarse el exequátur pues el demandante ha aportado una prueba en contra de la alegación de indefensión que tiene validez probatoria aunque no se encuentre traducida ni legalizada, al no tratarse de un documento público. Las dos son incorrectas.

Se dicta un laudo arbitral en EEUU (Nueva York) y se insta el exequátur de dicho laudo en España. El demandado se opone alegando que existe una infracción de los derechos de defensa en el procedimiento arbitral de origen. El demandante de exequátur aporta una certificación en la que consta que se hizo en tiempo y forma la notificación de la demanda de arbitraje. La certificación no se acompaña ni de legalización ni de traducción .Diga el Texto normativo que establece el régimen legal aplicable a este exequátur y Tribunal competente para conocer de esta acción. la competencia para la ejecución de laudos o resoluciones extranjeros corresponde a los Juzgados Audiencia Nacional del domicilio de la parte frente a la que se solicita la ejecución. la competencia para la ejecución de laudos o resoluciones extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita la ejecución. Las dos respuestas son incorrectas.

Respecto a la supresión de legalizaciones o formalidades análogas, fuera del ámbito de la UE: NO se exige en el marco del Convenio de la Haya de 1996 sobre protección de los niños relativo a medidas de protección. Se exige siempre. Se exige o no dependiendo del país.

Respecto a la supresión de legalizaciones o formalidades análogas en lo referente al Convenio nº 17 de la CIEC sobre dispensa de legalización de ciertos documentos: Se suprime en todos los Estados contratantes la necesidad de legalización o de cualquier otra formalidad tanto para documentos para el estado civil como para documentos respecto a la celebración del matrimonio. Aparte de lo anterior esos documentos deben estar fechados y firmados y, en su caso, sellados por la autoridad del Estado contratante que lo haya expedido. Ambas son falsas.

El Convenio CIEC nº 16 relativo a la expedición de extractos plurilingües de actas del estado civil: Tiene por objeto facilitar la utilización de las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción de un Estado en otro mediante los formularios normalizados. Además del a) deben venir firmados y sellados por lo que entonces serán aceptados sin legalización ni formalidad equivalente alguna. Ambas son falsas.

Respecto a los documentos extendidos por agentes diplomáticos y consulares: No precisarán legalización los documentos expedidos por los agentes diplomáticos y consulares y que deban presentarse en alguno de los territorios implicados. Si precisarán legalización los documentos expedidos por los agentes diplomáticos y consulares y que deban presentarse en alguno de los territorios implicados. No precisarán legalización los documentos expedidos por los agentes diplomáticos y consulares y que NO deban presentarse en alguno de los territorios implicados.

La autoridad del país de recepción podrá proceder a comprobar la legalidad del documento: Al estar excluido el reconocimiento de efectos de los hechos o declaraciones obtenidas en el documento no se ampara la presunción de legalidad ni veracidad de los hechos contenidos en los documentos. Al estar excluido el reconocimiento de efectos de los hechos o declaraciones obtenidas en el documento se ampara la presunción de legalidad ni veracidad de los hechos contenidos en los documentos. Al NO estar excluido el reconocimiento de efectos de los hechos o declaraciones obtenidas en el documento no se ampara la presunción de legalidad ni veracidad de los hechos contenidos en los documentos.

.La regulación del acceso al Registro español de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros: Está subordinada al Derecho convencional y al Derecho de la UE si bien el procedimiento registral, requisitos legales y los efectos se someterán a las normas del Derecho español . Está subordinada al Derecho convencional y al Derecho de la UE si bien el procedimiento registral, requisitos legales y los efectos se someterán a las normas del Derecho de la UE. Está subordinada al Derecho español y al Derecho de la UE si bien el procedimiento registral, requisitos legales y los efectos se someterán a las normas del Derecho español.

Corresponde al encargado del Registro ante la que se presenta la solicitud decidir qué normativa se aplica: La regulación del acceso al Registro está dispersa en tres leyes dictadas todas en 2015: con carácter general la LCJI, con carácter especial la LJV y en cuánto a los que deben ser inscritos en el Registro civil la LRC . Igual pero las leyes fueron dictadas en 2016. Ambas son falsas.

Títulos de acceso al Registro: Documentos públicos y certificaciones registrales expedidas por autoridades extranjeras previo paso por algún mecanismo de control que los habilite como títulos inscribibles en un Registro español. Documentos públicos y certificaciones registrales expedidas por autoridades extranjeras sin más trámite. Ambas son falsas.

El acceso al Registro requiere bien el paso por el exequatur, bien otro tipo de control llamado reconocimiento incidental. El reconocimiento incidental es por el que se hace posible que la sentencia o el documento o la certificación registral extranjera se convierta en título de inscripción en el Registro. Además de lo anterior se refiere a las resoluciones judiciales de jurisdicción voluntaria y en general todas las que carecen de efecto ejecutivo. Ambas son falsas.

. El acceso al Registro los dota de una eficacia …: Limitada al marco conceptual en el que el título se hace valer con una presunción “iuris tantum”. Limitada al marco conceptual en el que el título se hace valer con una presunción “iuris iuri”. Ambas son falsas .

La presunción iuris tantum sólo puede ser destruida a través de una sentencia firme o mediante previo expediente gubernativo. Por eso no se excluye que las decisiones judiciales puedan alcanzar también eficacia en España por el procedimiento de exequátur si así lo quiere el interesado y Convenios internacionales dependiendo de cuál sea el país de origen de la decisión judicial. Por eso SI se excluye que las decisiones judiciales puedan alcanzar también eficacia en España por el procedimiento de exequátur si así lo quiere el interesado y Convenios internacionales dependiendo de cuál sea el país de origen de la decisión judicial. Ambas son falsas.

Tratándose de la inscripción de resoluciones judiciales, siempre se exigirá que la decisión judicial extranjera ...: Sea definitiva cuando proceda de la jurisdicción voluntaria o firme de la contenciosa sin posibilidad, en ambos casos, de ulterior recurso. Sea definitiva cuando proceda de la jurisdicción contenciosa o firme de la voluntaria sin posibilidad, en ambos casos, de ulterior recurso. Sea definitiva cuando proceda de la jurisdicción voluntaria o firme de la contenciosa con la posibilidad, en ambos casos, de ulterior recurso.

Se dicta una sentencia de condena de cantidad en Buenos Aires (Argentina) y se insta el exequátur de dicha sentencia en España. El demandado se opone alegando que existe una infracción de los derechos de defensa en el proceso de origen y falta de competencia del juez argentino. El demandante de exequátur aporta una certificación en la que consta la notificación de la demanda en el proceso de origen, certificación que no se acompaña ni de legalización ni de traducción. No indica nada sobre la cuestión de falta de competencia. Indique: R 1215/2012. Covenio Lugano II. LEC de 1881.

El acceso al registro civil o a otros Registros públicos de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, es competencia: De cada Estado miembro, salvo el ámbito de la UE y de los reglamentos de DIPr europeo . De cada Estado incluso en el ámbito de la UE y de los reglamentos de DIPr europeo y los procedimientos a seguir en el plano interno queda sujeto a la ley de cada Estado miembro. Es competencia de la UE.

Corresponde a la legislación española decidir: En cuanto al procedimiento a seguir como en lo relativo a las condiciones que deban revestir resoluciones judiciales y demás documentos públicos inscribibles en un registro español. En cuanto al procedimiento a seguir como en lo relativo a las condiciones que deban revestir resoluciones judiciales, pero no en los documentos públicos inscribibles en un registro español. Ninguna respuesta es correcta.

La Ley de Cooperación jurídica internacional se aplica: A la inscripción registral de “las resoluciones judiciales extranjeras recaídas en procedimientos extranjeros contenciosos”, salvo las procedentes del ámbito de la jurisdicción voluntaria. A la inscripción registral de “resoluciones judiciales extranjeras procedentes del ámbito de la jurisdicción voluntaria”, exclusivamente. A la inscripción registral de “las resoluciones judiciales extranjeras recaídas en procedimientos extranjeros contenciosos y las procedentes del ámbito de la jurisdicción voluntaria”.

Según la opinión de la doctrina: La LCJI se aplica sólo a las inscripciones del Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes muebles. Se refiere a todos los Registros públicos españoles, sin excepción alguna. Ninguna pregunta es correcta.

El encargado del Registro, para el acceso a Registro español de resoluciones judiciales: Sólo deberá notificar su decisión en caso de que sea necesario. Deberá notificar su decisión, en las formas legalmente previstas. No tiene el deber de notificar su decisión.

Para el acceso a Registro español de resoluciones judiciales el encargado del Registro deberá constatar de los documentos presentados: La regularidad y autenticidad formal. La inexistencia de motivos de denegación. Ambas son correctas.

En cuanto a la inscripción de los documentos públicos, es preciso constatar: Que la autoridad extranjera haya intervenido desarrollando una función limitada a legitimar firmas. Que la autoridad extranjera haya intervenido desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate. Que la autoridad extranjera no haya intervenido desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate.

En cuanto al divorcio otorgado por notarios (cubanos) lo relevante es: Que el notario extranjero sea el autor del documento y que verifique la legalidad de la situación. Puede ser un mero legitimador de firmas. Las dos respuestas son correctas.

Para los documentos públicos extranjeros expedidos por autoridades no judiciales en materias que, conforme a la LJV, no estén sujetas a intervención judicial, (modificaciones de los poderes del tutor o las capitulaciones matrimoniales)´, el documento público tendrá que: Haber sido otorgado por la autoridad extranjera competente, la inscripción no puede vulnerar el orden público español. No es necesario haber sido otorgada por autoridad extranjera competente siempre que no vulnere el orden público español. Ninguna respuesta es correcta.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, tiene por objeto: La regulación de los expedientes, sean de jurisdicción voluntaria o no, que se tramitan ante los órganos judiciales. La regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos judiciales. Ninguna respuesta es correcta.

Si la Autoridad Encargada del Registro, no conociera el contenido del derecho extranjero: Las autoridades Encargadas del Registro siempre conocen el contenido del derecho extranjero. Tendrá que acreditarlo. No cabe acreditación en ningún caso.

Será competente el órgano judicial español o el Encargado del registro público competente para otorgar, de modo incidental: El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. Es necesario recurrir a un procedimiento específico previo. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario recurrir a ningún procedimiento específico previo. Ninguna es correcta.

El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras, se denegará: Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados. Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español. Ambas son correctas.

Quedan fuera del ámbito de la jurisdicción voluntaria: El divorcio y la incapacitación, únicamente. El divorcio, la incapacitación y la filiación. El divorcio, únicamente.

María C, española, casada en Tokio con Yuto K, obtiene una sentencia de divorcio en dicha ciudad nipona.¿Qué pasos procesales debería seguir y ante qué órgano jurisdiccional?. El procedimiento consistiría en solicitar el exequátur al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de Federico G. aportando la resolución debidamente legalizada. Se emplazarán a la parte contraria para que comparezca en el plazo de 10 días. Si comparece, sólo puede oponerse al exequátur alegando que no se cumple alguno de las condiciones del art. 954 LEC 1881. Si no comparece, el Juzgado NO continuará el proceso. Éste termina por auto en que se otorga o deniega el exequátur. El procedimiento consistiría en solicitar el exequátur al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de Federico G. aportando la resolución debidamente legalizada. Se emplazarán a la parte contraria para que comparezca en el plazo de 30 días. Si comparece, sólo puede oponerse al exequátur alegando que no se cumple alguno de las condiciones del art. 954 LEC 1881. Si no comparece, el Juzgado continuará el proceso. Éste termina por auto en que se otorga o deniega el exequátur. Ninguna de las dos es correcta.

Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley…. Del país de uno de los contratantes. Del país en que se otorguen. Del país que elijan las partes.

La LRC 2011 en el artículo 27.1 contempla tres tipos de documentos públicos extranjeros como “título suficiente para practicar la inscripción”. Resoluciones judiciales, documentos públicos y certificaciones registrales. Inscripciones en materia del Estado Civil y otras relativas a las personas. Las dos anteriores son correctas.

En la inscripción filiación por maternidad subrogada acaecida en el extranjero, casi siempre suscitadas ante autoridades consulares españolas en el extranjero, hay que estar a…. La LRC 2011. Al artículo 26 de la LAI de 2007. A la doctrina de la DGRN sentada en la instrucción DGRN de 5 de octubre de 2010, afectada por la jurisprudencia del TS y del TEDH.

Se ha denegado la inscripción de Escritura pública otorgada en un país de la U.E. sobre un bien sito en España por…. No aportar traducción o apostilla. Motivos fiscales. La exigencia de autoridad registral española.

Cuando los actos y negocios jurídicos fueran otorgados a bordo de buques y aeronaves durante su navegación se estará a la ley…. Del país donde se encuentren. Internacional sobre actos y negocios jurídicos. Del pabellón, matrícula o registro.

. La admisibilidad en el Registro de la Propiedad de los documentos extranjeros, entendiendo que serán títulos válidos si cumple las exigencias formales …. De la LJV y la LCJI 2015. Del artículo 11.1 CC.. Del Convenio de Viena de 1963.

Las transmisiones de bienes inmuebles aparecen rodeadas de una serie de garantías. Formales y de Publicidad. Reales y Personales. Reales y Formales.

Cuando los funcionarios diplomáticos y consulares españoles elevan a documento público un contrato internacional…. El documento no tiene validez internacional. El documento está sujeto a la Ley española. El documento está sujeto a la Ley del país donde se suscriba.

La conexión Ley país de otorgamiento (locus regit actum). Designa el lugar geográfico en el que se concluye u otorga el ato o negocio jurídico . Dificulta la inscripción registral. Impide el cumplimiento de las exigencias formales.

La conexión Ley rectora del fondo (lex causae). Impide la autonomía de la voluntad de las partes. Somete a un mismo ordenamiento el fondo y la forma. El derecho aplicable elegido debe de ser el de una de las partes.

La conexión relativa a la Ley personal del disponente o común otorgantes…. En los contratos internacionales la nacionalidad de las partes marca la Ley aplicable. Debe concretarse en la Ley nacional de uno o ambos intervinientes. Debe concretarse en la Ley nacional de la parte más débil.

La relación entre lex causae, locus regit actum y la Ley personal del disponente es de…. Uniformidad. Dualidad. Alternatividad.

Que es el favor validitatis?. Que un problema relativo a la forma condicione la validez del fondo. Que un problema relativo al fondo se validez por la alternatividad. Que un problema relativo a la forma no condicione la validez del fondo.

La validez formal de los actos y negocios jurídicos se deciden a partir de …. Normas de origen interno. Normas de origen convencional. Normas de conflicto.

Los actos y negocios jurídicos fueran otorgados en buques o aeronaves, durante su navegación,se estará : La lex fori. la lex damni. ley de pabellón,matricula o registro.

D. Luis Montaigne, de nacionalidad francesa y domiciliado en EEUU, obtiene en Francia una sentencia favorable de reclamación de cantidad por unas deudas que había reclamado a un compatriota suyo domiciliado en España. Acude a los tribunales españoles para obtener la ejecución de la sentencia ya que los bienes del deudor estaban en Madrid.¿Que cuerpo legal se aplicaría?. Convenio de Haya 1961. R1215/2012. Ley de Jurisdición volintaria.

Los actos otorgados ante autoridades diplomáticas y consulares españolas en el extranjero son: Son actos extranjeros. Son actos españoles. Son documentos extranjeros.

Los documentos intervenidos por corredores de comercio son: Documentos públicos. Documentos público-privado. Documentos privados.

El efecto registral de los documentos públicos extranjeros tiene: Efecto propio. Efecto impropio. Efecto primario.

En el ámbito procesal, el art. 323 LEC distingue entre: Eficacia testifical del documento y eficacia del acto que incorpora el documento. Eficacia probatoria del documento y eficacia del acto que incorpora el documento. Ambas son incorrectas.

Si se pretende que el documento público extranjero sirva como medio de prueba tendrá que cumplir, según la LEC: La validez conforme al país de recibimiento. Solo la legalización o apostilla. La validez conforme al país de otorgamiento.

Si el documento contiene declaraciones de voluntad y se busca el reconocimiento por autoridades españolas de la eficacia del acto, la LEC añade como condiciones: La regularidad formal del documento. La incapacidad de las partes. La validez del foro.

Según la LEC, los requisitos que se exijan en el país donde se han otorgado significa: Que la regularidad formal del documento debe establecerse según lo exigido por la ley del país de otorgamiento o lex loci. Que excepcionalmente los documentos otorgados ante autoridades y diplomáticas pueden quedar sujetos al derecho de la autoridad extranjera. Ambas son correctas.

La legalización de los documentos públicos extranjeros consiste en: La calidad en la que interviene la autoridad signataria. La calidad de la autoridad signataria. La calidad del sello o timbre que el documento ostente.

Las inscripciones en un Registro español de resoluciones o doc. Públicos extranjeros se practica mediante: Decisión jurídica. Declaración. Documento autorizado.

La regulación del acceso al Registro español de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros: Está exclusivamente subordinado al Derecho convencional. Está claramente sometido solo al derecho de la UE. Se someterán en todo caso a las normas del Derecho español.

El régimen común relativo al reconocimiento de resoluciones y doc. Públicos es: La LOPJ. La LCJI. La ley Hipotecaria.

Son títulos de acceso al Registro: Las resoluciones públicas extranjeras. Las certificaciones registrales expedidas por autoridades extranjeras. Ambas son incorrectas.

El reconocimiento incidental como acceso al Registro convierte en título de inscripción a: Las resoluciones judiciales de jurisdicción voluntaria. A todas las que tienen carácter ejecutivo. Ambas son correctas.

Tratándose de resoluciones judiciales, para su inscripción en el registro: Se exigirá que sea firme si proviene de jurisdicción penal. Se exigirá que sea definitiva cuando provenga de jurisdicción contenciosa. Se exigirá que sea definitiva cuando proceda de jurisdicción voluntaria.

La LCJI se aplica a la inscripción registral de: Las resoluciones judiciales extranjeras recaídas en procedimientos extranjeros contenciosos. Las resoluciones judiciales extranjeras recaídas en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Ambas son correctas.

La validez formal de los actos o negocios jurídicos internacionales se decide a partir de: Normas conflictuales. Normas de conflicto. Normas de jurisdicción.

Las conexiones del art. 11CC para decidir la validez formal de los contratos, testamentos y demás negocios jurídicos, según la regla general. La locus regit atrium. La ley personal del otorgante. La lex causae.

La relación de las tres conexiones del art. 11 CC es de: Alternatividad. Conexidad. Jerarquía.

Si los actos son otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación se entenderán celebrados: En el país de su abanderamiento, matrícula o registro. En el país de su otorgamiento. Ambas son correctas.

La validez de los actos y contratos, sus formas y solemnidades, relativos a bienes inmuebles serán con arreglo: A la ley del foro. Al lugar donde estos radiquen. Ambos son incorrectos.