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De acuerdo con la Sentencia No. 253-20-JH/22 (Caso "Mona Estrellita"), ¿cuál fue la decisión final de la Corte Constitucional respecto a las sentencias previas de hábeas corpus?. a. Revocar las sentencias del proceso de hábeas corpus No. 18102-2019-00032 y expedir la sentencia de revisión en su lugar. b. Remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. c. Confirmar las sentencias de primera y segunda instancia. d. Ordenar un nuevo juicio con diferentes jueces.

El artículo 165 del COGEP, sobre el "Derecho de contradicción de la prueba", garantiza principalmente: a. La reducción del número de audiencias. b. Que el juez pueda ignorar pruebas. c. El derecho de las partes a conocer oportunamente las pruebas, oponerse de forma fundamentada y contradecirlas. d. Que las audiencias sean privadas.

En la Sentencia 2706-16-EP/21 de la Corte Constitucional, según el artículo 76.7.l de la Constitución de la República, ¿en qué consiste la garantía de la motivación?. a. En que el procesado tenga derecho a un abogado de oficio. b. En que toda sentencia sea apelable ante un tribunal superior. c. En que las decisiones enuncien las normas jurídicas en que se fundan, los hechos del caso y la pertinencia de las normas a los hechos. d. En que la sentencia sea emitida dentro de un plazo razonable.

La alevosía como circunstancia agravante (COIP Art. 47) implica: a. Actuar sobre seguro eliminando cualquier posibilidad de defensa de la víctima. b. Actuar con planificación y reflexión previa persistente. c. Cometer el delito mediante precio, promesa o recompensa. d. El aumento deliberado e innecesario del sufrimiento de la víctima.

¿Qué distingue un delito de una contravención en el derecho penal ecuatoriano?. a. El dolo o culpa con que se actúa. b. La pena privativa de libertad: mayor a 30 días para delitos. c. El bien jurídico afectado. d. La forma de comisión: activa u omisiva.

¿Cuáles son las dos consecuencias del principio de mínima intervención penal según la Corte Constitucional en la Sentencia 2706-16-EP/21?. a. La competencia del fiscal y la motivación de las sentencias. b. La acción penal y la prescripción del delito. c. La rehabilitación del procesado y la reparación integral a la víctima. d. El ámbito de acción del Derecho Penal y la proporcionalidad de las medidas punitivas.

La CNJ en el caso No. 11333-2019-01765 analizó los dos supuestos del Art. 258 COGEP para la admisión de prueba en apelación. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo inciso y el tercer inciso del Art. 258 COGEP, y cuál era aplicable según el reclamo del casacionista?. a. Ambos incisos son equivalentes y el juez tiene discrecionalidad absoluta para admitir o negar cualquier prueba en apelación conforme a la sana crítica, sin sujeción a requisitos específicos. b. El segundo inciso permite toda clase de prueba en apelación sin restricciones de materia; el tercer inciso solo aplica para documentos públicos. El casacionista debía encuadrarse en el segundo inciso por tratarse de una declaración de parte. c. El segundo inciso permite probar hechos nuevos no discutidos en primera instancia;el tercer inciso permite probar los mismos hechos ya discutidos, pero solo si la prueba solo pudo obtenerse después de la sentencia del a-quo. El casacionista invocaba el supuesto de hechos nuevos, pero la Sala Provincial rechazó porque era la misma pretensión ya discutida. d. El segundo inciso aplica solo a la parte apelante; el tercer inciso aplica solo a la parte apelada y como el casacionista era el apelante, solo podía invocar el segundo inciso del Art. 258 COGEP.

¿Cuál es el rol de la Defensoría Pública según el Art. 191 CRE?. a. Controlar la ejecución del presupuesto del Estado. b. Garantizar el acceso a la justicia de personas en indefensión o con limitaciones económicas, sociales o culturales. c. Patrocinar acciones de inconstitucionalidad. d. Emitir sentencias constitucionales vinculantes.

Una funcionaria pública con nombramiento, es cesada en funciones en virtud de un sumario administrativo en el que considera no haber podido ejercer su derecho a la defensa adecuadamente, por cuanto se le confirió únicamente 1 día para la presentación de pruebas de descargo. La funcionaria impugna la decisión administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sustanciando un proceso en cuyo desarrollo, su abogado no se presentó a la audiencia preliminar, llevándose a cabo la misma sin que tenga la asistencia de un profesional del Derecho. El proceso culmina y se dicta una sentencia que es adversa a las pretensiones de la funcionaria. En conocimiento de la sentencia, la funcionaria decide contratar a un nuevo abogado, con quien interpone una acción de protección alegando violación al debido proceso, e incorporando en su escrito los requisitos para la demanda establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, frente a la acción propuesta. ¿Cuál debería ser la primera providencia del juez?. a. Declarar improcedente la acción. b. Declarar inadmisible la acción. c. Aceptar a trámite la acción y convocar a audiencia. d. Disponer que la accionante complete la demanda.

Dictado el auto de llamamiento a juicio, ¿qué documentación se remite al Tribunal Penal y qué sucede con el expediente?. a. Todo el expediente de instrucción se envía al Tribunal para que analice la prueba recopilada. b. Solo el acta de la audiencia con los anticipos probatorios se envía al Tribunal; el expediente se devuelve al fiscal. c. El expediente se archiva en el juzgado y el Tribunal inicia una nueva investigación. d. El fiscal envía directamente la acusación escrita al Tribunal sin intervención del juzgado.

La reparación integral en el sistema penal ecuatoriano NO es: a. Una garantía de no repetición con medidas estructurales. b. Una compensación económica por daños materiales e inmateriales. c. Una medida de rehabilitación psicológica para la víctima. d. Un accesorio opcional de la sentencia penal.

La regla de los tercios (COIP Art. 44) obliga al juzgador a ubicar la pena en el tramo superior cuando: a. No concurren ni atenuantes ni agravantes. b. Concurren solo circunstancias atenuantes. c. El procesado colabora con la justicia. d. Concurren solo circunstancias agravantes sin atenuantes.

La Corte en la sentencia 1072-21-JP/24 incluye contexto histórico sobre el modelo de operación de Furukawa a nivel internacional. ¿En qué país y bajo qué esquema operó Furukawa previamente al Ecuador, según la sentencia?. a. En Brasil, a través de hacendados locales denominados 'coroneis' que administraban el trabajo del abacá. En Colombia, usando cooperativas agrícolas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. En Filipinas (región de Davao), entregando tierras a agricultores denominados 'jieisha' que organizaban el trabajo y vendían la producción exclusivamente a Furukawa. En Indonesia, mediante contratos de exportación directa con el gobierno colonial holandés.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que, respecto al recurso de apelación que existía en el ordenamiento jurídico aplicable al caso, este no era una vía idónea adicional porque: a. El plazo para apelar ya había vencido antes de dictarse sentencia. b. La apelación solo aplica a sentencias condenatorias. c. Solo podía interponerlo la Fiscalía y no la defensa. d. Al haberse ratificado la inocencia por falta de pruebas de cargo, el resultado se habría reproducido igualmente en segunda instancia.

La prueba pericial está regulada, en lo relativo al perito, en el artículo: a. 207 del COGEP. b. 226 del COGEP. c. 177 del COGEP. d. 221 del COGEP.

La Corte en la sentencia 1072-21-JP/24 aplica los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Ruggie, 2011) para evaluar la conducta de Furukawa. ¿Cuál es la obligación general que estos principios imponen a las empresas privadas?. a. Abstenerse de violar derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas de su actividad con debida diligencia continua que incluya evaluación de impacto,prevención, mitigación y reparación. b. Subcontratar todas sus actividades productivas para transferir cualquier responsabilidad de derechos humanos a terceros. c. Registrar sus operaciones ante la Superintendencia de Compañías para obtener un certificado de cumplimiento de derechos humanos. d. Contribuir voluntariamente al desarrollo sostenible mediante donaciones a fundaciones estatales.

Según la Corte Constitucional en la Sentencia 2706-16-EP/21, ¿qué determina la naturaleza del proceso judicial, civil o penal, en un caso?. a. El artículo del Código Penal aplicado. b. La naturaleza de los elementos probatorios presentados. c. La solicitud de la Fiscalía en su acusación. d. El tipo de pretensión que se persigue o deduce.

¿Qué establece el Art. 88.4 CRE si la sentencia de una garantía jurisdiccional no se cumple?. a. El juzgador ordenará la destitución del cargo del funcionario infractor sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales. b. El juez impone una multa económica al funcionario. c. El juez archiva el caso automáticamente. d. El afectado debe presentar una nueva acción de protección.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que el Tribunal Penal violó la regla de trámite contenida en los artículos 267, 268, 270 y el artículo innumerado posterior al 286 del CPP porque: a. Dictó sentencia sin la presencia del procesado. b. No notificó al procesado del auto de llamamiento a juicio. c. Permitió que la defensa presentara pruebas fuera de tiempo. d. Aun cuando la Fiscalía anunció oportunamente sus medios de prueba, el Tribunal no convocó a sus testigos ni le permitió actuarlos en la audiencia de juzgamiento.

En la Sentencia No. 11333-2019-01765, la CNJ analizó también el Art. 166 COGEP como vía alternativa para ofrecer prueba fuera de los actos de proposición. ¿Cuáles son las dos condiciones copulativas que exige esta norma y cómo se diferencian del régimen del Art. 258 COGEP?. a. El Art. 166 solo aplica para prueba documental; el Art. 258 aplica para todos los medios de prueba. b. Las dos condiciones del Art. 166 son: que la prueba no haya sido conocida por la parte que la solicita, o habiéndola conocido no haya podido disponer de ella; y que se solicite hasta antes de la convocatoria a audiencia de juicio. Se diferencia del Art. 258en que este último aplica específicamente en la fase de apelación para hechos nuevos o prueba obtenida después de la sentencia. c. El Art. 166 y el Art. 258 son equivalentes y pueden usarse de forma intercambiable. d. Las dos condiciones del Art. 166 son: que se trate de documentos públicos y que sean aportados antes de la audiencia preliminar.

Según la Sentencia No. 1158-17-EP/21, ¿en qué año y mediante qué sentencia creó la Corte Constitucional el llamado 'test de motivación'?. a. En 2015, mediante la sentencia No. 242-15-SEP-CC. b. En 2019, mediante la sentencia No. 1679-12-EP/20. c. En 2012, mediante la sentencia No. 227-12-SEP-C. d. En 2008, mediante la sentencia No. 001-08-SEP-CC.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que no procedía el reenvío del proceso (retrotraer la causa) debido a limitaciones fácticas y procesales, entre las cuales se encuentra que: a. La víctima Y.S.V.P. no volvió a participar en el proceso, no presentó acusación particular y no señaló medio para recibir notificaciones. b. El delito había prescrito conforme al Código Penal. c. La Fiscalía renunció expresamente a continuar con la acción penal. d. El procesado había fallecido durante el trámite.

La jueza constitucional Daniela Salazar Marín, en su voto salvado dentro de la sentencia número 1078-10-EP/22, determinó respecto al tiempo transcurrido en la resolución del caso que: a. La demora era atribuible exclusivamente a la Fiscalía por falta de impulso procesal. b. Debía sancionarse penalmente a los jueces que tramitaron el caso. c. Resultaba razonable dada la complejidad del caso y no merecía observación alguna. d. El transcurso de aproximadamente doce años desde el ingreso del expediente hasta su resolución es excesivo y la sentencia de mayoría debió incluir una disculpa institucional.

El principio de favorabilidad (COIP Art. 5 n.º 2) permite: a. Aplicar retroactivamente la ley penal más benigna en beneficio del procesado. b. Sancionar conductas no tipificadas por su similitud moral. c. Aplicar retroactivamente la ley penal más severa para disuadir conductas. d. Interpretar los tipos penales de forma amplia.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que la Sala Penal, al rechazar el recurso de nulidad, cometió el mismo yerro del Tribunal de instancia porque: a. Aceptó pruebas presentadas extemporáneamente por la defensa. b. No motivó adecuadamente su resolución. c. Pretendió que la Fiscalía anuncie nuevamente sus medios de prueba para la segunda convocatoria a audiencia de juicio. d. Declaró la nulidad de todo lo actuado sin fundamento.

En la Sentencia No. 10333-2018-01089, la Corte Nacional de Justicia cita el Caso No. 1158-17-EP de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los dos elementos que debe integrar una argumentación jurídica suficiente según ese criterio rector?. a. Una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente,como estructura mínimamente completa. b. Una motivación oral completa en audiencia y una motivación escrita posterior que la desarrolle íntegramente. c. Una fundamentación doctrinaria de al menos tres tratadistas y una fundamentación jurisprudencial de la Corte IDH. d. Una fundamentación probatoria exhaustiva y una referencia normativa completa de todos los artículos aplicables.

Qué establece la sentencia de la CNJ 23331-2017-01429 respecto al requisito de singularización en la reivindicación cuando se trata de una PORCIÓN de un inmueble de mayor extensión?. a. No se puede reivindicar una porción; solo puede reivindicarse el inmueble completo registrado. b. La diferencia de superficie entre lo demandado y lo poseído nunca puede superar el 5% del área total del predio. c. Se exige mayor precisión que en la prescripción porque el propietario debe delimitar exactamente la parte que reclama. d. No se puede exigir linderos con absoluta exactitud; basta que lo exigido guarde relación con lo poseído por el demandado, siendo suficiente la identificación referencial singularizada por la posesión material del demandado.

¿Cómo se consideran a los hechos administrativos contrarios al acto administrativo presunto que resulte del silencio administrativo positivo?. a. Nulos. b. Ilegales. c. Ilícitos. d. Convalidables.

La Corte en la sentencia 1072-21-JP/24 distingue dos períodos temporales para analizar la responsabilidad de las entidades públicas accionadas. ¿Cuál es la conclusión principal respecto al período previo a 2018?. a. Las entidades actuaron diligentemente con inspecciones regulares, por lo que no existe responsabilidad estatal en ese período. b. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud debieron conocer la situación y adoptar medidas, pero omitieron hacerlo, configurando una vulneración por omisión de su deber de prevención y protección. c. El Estado no tenía competencia para intervenir en haciendas privadas dedicadas a actividades agrícolas hasta que se presentara una denuncia formal. d. Solo el MIES tenía responsabilidad en el período previo a 2018 por sus atribuciones en materia de inclusión económica.

En el COGEP, ¿en qué Libro y Título se ubica la regulación general de la prueba?. a. Libro V, Título I. b. Libro I, Título I. c. Libro II, Título I. d. Libro III, Título II ("Prueba").

La teoría de la imputación objetiva de Claus Roxin se estructura sobre dos criterios fundamentales: a. Causalidad adecuada y previsibilidad del resultado. b. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y realización del riesgo en elresultado. c. Dolo eventual y culpa consciente. d. Conditio sine qua non y equivalencia de condiciones.

¿Cuáles son los autos definitivos impugnables mediante la Acción Extraordinaria de Protección?. a. Nulidad, sobreseimiento, prescripción, inadmisión de recursos y abandono. b. Autos de medidas cautelares preventivas y autos inhibitorios. c. Autos de admisión de recursos y autos interlocutorios. d. Autos de sustanciación y mero trámite.

La preterintención (COIP Art. 26) se caracteriza por: a. La ausencia total de voluntad en la conducta. b. Ser equivalente al dolo eventual. c. Que el autor quiere un resultado mayor, pero produce uno menor. d. Que el autor quiere un resultado menor, pero produce uno más grave y previsible.

Según el Art. 11 del Código del Trabajo, ¿cuál de las siguientes NO es una clasificación legal del contrato individual de trabajo?. a. Contrato a sueldo, a jornal o mixto. b. Contrato por obra cierta, por tarea o a destajo. c. Contrato por tiempo indefinido, eventual u ocasional. d. Contrato bilateral, unilateral o plurilateral.

Usted es el juez que acaba de sentenciar en una acción de garantía jurisdiccional. En la misma audiencia, una de las partes interpone un recurso de apelación contra su sentencia. ¿Cómo procede usted respecto de tal recurso?. a. Califica la procedencia del recurso y remite lo actuado a la Corte Constitucional. b. Recibe el recurso y sin calificarlo, remite lo actuado a la Corte Provincial. c. Califica la procedencia del recurso y remite lo actuado a la Corte Provincial. d. Solo recibe el recurso sin calificar y remite lo actuado a la Corte Constitucional.

En la Sentencia No. 10333-2018-01089, la Corte Nacional de Justicia cita el Caso No. 1158-17-EP de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los dos elementos que debe integrar una argumentación jurídica suficiente según ese criterio rector?. a. Una motivación oral completa en audiencia y una motivación escrita posterior que la desarrolle íntegramente. b. Una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, como estructura mínimamente completa. c. Una fundamentación doctrinaria de al menos tres tratadistas y una fundamentación jurisprudencial de la Corte IDH. d. Una fundamentación probatoria exhaustiva y una referencia normativa completa de todos los artículos aplicables.

En la Sentencia No. 11333-2019-01765, la parte casacionista alegó indefensión por la negativa de la Sala Provincial a admitir prueba nueva en apelación. ¿Cuál fue el argumento jurídico central de la defensa del casacionista respecto al Art. 111 inciso 2 del COGEP?. a. Que la norma solo exige el anuncio de la prueba nueva al fundamentar la apelación,sin exigir que se adjunte materialmente el soporte probatorio en ese mismo escrito,por lo que la negativa por falta de adjunción constituyó una errónea interpretación que generó indefensión. b. Que toda prueba nueva puede presentarse en cualquier momento del proceso de apelación, incluso en la audiencia oral, sin necesidad de anuncio previo ni de acreditar que se trata de hechos nuevos. c. Que la declaración de parte rendida en otro proceso constituye siempre prueba trasladada de pleno derecho, sin necesidad de cumplir con los requisitos del Art. 258del COGEP. d. Que el ad-quem estaba obligado a ordenar de oficio la práctica de la prueba nueva por aplicación del principio de búsqueda de la verdad material previsto en el Art. 168del COGEP.

La compañía ABC demandó por incumplimiento de contrato al consorcio mercantil XYZ, la cual está constituida por tres comerciantes. Por lo cual, el juez de lo civil y mercantil resolvió la terminación del contrato y condenó al consorcio mercantil XYZ al pago de los daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, en el proceso únicamente se demandó a dos de los tres comerciantes que constituyeron el consorcio mercantil XYZ, por lo cual, el comerciante que no fue demandado desea promover un proceso de nulidad de sentencia. ¿En este caso, por qué causal el comerciante debe demandar la nulidad de sentencia?. a. El comerciante debe demandar la nulidad de sentencia por falta de citación de la demanda. b. El comerciante debe demandar la nulidad de sentencia porque la sentencia es gravosa. c. El comerciante debe demandar la nulidad de sentencia por ilegitimidad de personería. d. El comerciante debe demandar la nulidad de sentencia por falta de motivación.

En relación con los principios de aplicación de los derechos mencionados en la Constitución de la República del Ecuador, la servidora o servidor público, administrativo o judicial, tiene la obligación de aplicar la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos de forma directa e inmediata. ¿Cuál es el principio al que se refiere el enunciado?. a. Principio de cláusula abierta. b. Principio de favorabilidad. c. Principio de aplicación directa. d. Principio de progresividad de derechos.

La circunstancia agravante de reincidencia (COIP Art. 57) justifica un incremento de la pena de hasta: a. Dos tercios del mínimo. b. Una cuarta parte del máximo legal. c. Un tercio. d. La mitad del mínimo legal.

Según la Sentencia No. 253-20-JH/22 (Caso "Mona Estrellita"), ¿cuánto tiempo vivió Estrellita en la vivienda de Ana Beatriz Burbano?. a. 25 años. b. 5 años. c. 18 años. d. 10 años.

En el alegato de apertura de la Fiscalía (Paso 2 — Tipificación), el fiscal debe realizar la: a. Lectura íntegra del expediente de instrucción. b. Valoración final de toda la prueba practicada. c. Petición de sobreseimiento si la prueba es insuficiente. d. Subsunción jurídica preliminar identificando el verbo rector y elementos del tipo.

CASO: Empresa Maderera S.A. tiene árboles plantados en su hacienda marcados para talar la próxima semana. Un acreedor embarga todos los bienes muebles de la empresa. ¿Quedan los árboles comprendidos en el embargo?. a. Sí, porque los árboles marcados para tala próxima son bienes muebles por anticipación y quedan incluidos en el embargo de muebles. b. Solo si el juez lo ordena expresamente en la misma providencia de embargo. c. No, porque los árboles son siempre inmuebles por naturaleza. d. No, porque la maderería tiene que autorizarlo mediante escritura pública.

En la Sentencia 2706-16-EP/21 ¿Cuáles son las dos decisiones judiciales impugnadas en la acción extraordinaria de protección?. a. La sentencia de apelación del 9 de septiembre de 2015 y la sentencia de casación del 20 de octubre de 2016. b. La sentencia de casación y el auto de prisión preventiva. c. La sentencia de primera instancia y el auto de llamamiento a juicio. d. El recurso de ampliación y la sentencia de primera instancia.

Sentencia No. 8-20-CN/21: ¿Qué diferencia existe entre revocatoria y sustitución de la prisión preventiva?. a. La revocatoria solo puede ser solicitada por la víctima. b. La revocatoria elimina la medida en ciertos supuestos; la sustitución permite reemplazarla por otra menos gravosa si ya no es necesaria. c. No existe ninguna diferencia. d. La sustitución solo procede después de sentencia.

Conforme a la Sentencia No. 1158-17-EP/21, ¿qué es la 'incoherencia decisional' y qué efecto produce siempre?. a. Es cuando la parte resolutiva no está redactada en forma imperativa; produce la nulidad procesal. b. Es una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión adoptada; siempre implica que la argumentación es aparente y vulnera la garantía de motivación. c. Es cuando el juez cambia de criterio entre dos sentencias distintas; produce la revisión de la sentencia anterior. d. Es cuando el juez resuelve sobre puntos no pedidos por las partes; puede o no vulnerar la garantía según el caso.

Conforme a los artículos 89 y 95 del COGEP, la sentencia debe: a. Constar por escrito y estar motivada, bajo pena de nulidad. b. Ser optativa entre oral y escrita. c. Ser oral únicamente. d. Poder delegarse al secretario.

¿En qué parte del COGEP se regulan la audiencia preliminar y la audiencia de juicio dentro del procedimiento ordinario?. a. Libro II. b. Libro IV, Título I, Capítulo I. c. Libro III. d. Libro V.

La culpa como modalidad de "inobservancia de reglamentos" se diferencia de la "impericia" en que: a. La impericia implica falta de conocimientos técnicos; la inobservancia viola normas técnicas específicas. b. La impericia genera dolo eventual y la inobservancia solo culpa. c. Ambas son idénticas en sus efectos jurídicos. d. La inobservancia se aplica solo en delitos de tránsito.

¿Cuál es la atribución de la Corte Constitucional relacionada con el control concreto de constitucionalidad?. a. Resolver hábeas corpus en primera instancia. b. Imponer multas administrativas a funcionarios. c. Aprobar tratados internacionales. d. Conocer consultas de normas cuando un juez considera que una disposición legal es contraria a la CRE (Art. 428 CRE).

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que, como medida de reparación adoptada en la decisión, se dispuso: a. Ordenar a la Fiscalía presentar nueva acusación particular. b. Condenar directamente a B.S.V.V. por el delito de violación. c. Retrotraer el proceso penal hasta antes de la audiencia de juzgamiento y ordenar un nuevo juicio. d. Dejar sin efecto el auto del 6 de julio de 2010 y archivar el juicio penal N.° 18242-2010-0013.

¿Qué debe hacer el abogado al construir el argumento constitucional en relación con los precedentes de la Corte Constitucional?. a. Presentarlos solo como referencia doctrinaria sin efectos jurídicos. b. Ignorarlos si son anteriores a 2020. c. Citarlos solo si son vinculantes formalmente y han sido reiterados al menos tres veces. d. Identificar y usar sentencias de la CCE sobre supuestos análogos para fortalecer la pretensión y facilitar la labor del juez.

¿Ante qué órgano se presenta el recurso de reposición según el Art. 218 COA? Administrativo. a. Ante la Contraloría General del Estado. b. Ante el superior jerárquico del órgano que emitió el acto. c. Ante el juez contencioso-administrativo de primera instancia. d. Ante el mismo órgano que emitió el acto, solicitando reconsideración.

El artículo 6 del COGEP regula el principio de: a. Transparencia y publicidad. b. Intimidad. c. Impulso procesal. d. Inmediación.

¿Cuál de las siguientes es una causa de atipicidad que elimina tanto el dolo como la culpa?. a. Error de tipo vencible. b. Estado de necesidad justificante. c. Legítima defensa. d. Error de tipo invencible.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que el Tribunal Penal, en su sentencia del 6 de abril de 2010, fundamentó la absolución de B.S.V.V. principalmente en que: a. Existían contradicciones graves en el testimonio de la víctima. b. La defensa demostró una causa de justificación penal. c. El delito de violación no estaba tipificado en el Código Penal vigente. d. No constaba ningún escrito de prueba presentado por la Fiscalía para el segundo señalamiento de la audiencia, y correspondía al Fiscal actuar la prueba de cargo.

Un trabajador tiene su domicilio en la ciudad de Cañar, pero labora en la Fábrica ABC ubicada en Pasaje. Cabe mencionar que el empleador es una persona natural que ejerce sus actividades económicas bajo la denominación Fábrica ABC, conforme su Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el contrato de trabajo el trabajador renunció a su domicilio y se sometió a los Jueces del Trabajo de Machala. Mientras que, el empleador está domiciliado en Huaquillas. El empleador ha resuelto demandar a su trabajador por asuntos laborales. ¿Ante qué Juez debe demandar el empleador a su trabajador?. a. El Juez de Machala. b. El Juez de Pasaje. c. El Juez de Huaquillas. d. El Juez de Cañar.

¿Cuál de las siguientes acciones contencioso-administrativas tiene un plazo de 3 años desde que el acto entró en vigencia?. a. Acción en materia contractual. b. Acción de lesividad. c. Acción subjetiva o de plena jurisdicción. d. Acción objetiva o de anulación por exceso de poder.

La jueza constitucional Carmen Corral Ponce, en su voto salvado dentro de la sentencia número 1078-10-EP/22, determinó que su desacuerdo se fundamentaba en que, conforme al artículo 195 de la Constitución, a la Fiscalía General del Estado le corresponde: a. Únicamente realizar funciones administrativas sin intervención en el proceso penal. b. Ejercer la acción penal pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio. c. Representar exclusivamente los intereses del procesado. d. Decidir directamente sobre la culpabilidad del procesado sin intervención judicial.

Según el artículo 294 del COGEP, ¿quién interviene primero, tras resolverse las excepciones previas, en la audiencia preliminar?. a. El testigo. b. La parte actora, exponiendo los fundamentos de su demanda. c. La parte demandada. d. El perito.

La jueza constitucional Daniela Salazar Marín, en su voto salvado dentro de la sentencia número 1078-10-EP/22, determinó que su discrepancia con la sentencia de mayoría se centraba en: a. La competencia de la Corte Constitucional para conocer el caso. b. La identidad de los jueces sancionados administrativamente. c. La decisión sobre la reparación, específicamente en no disponer el reenvío de la causa y no retrotraer el proceso penal. La existencia misma de la vulneración al debido proceso, que consideraba inexistente.

El presidente de la República del Ecuador determina mediante decreto ejecutivo que los ecuatorianos, deben ejercer su soberanía a través de una única vía: las acciones constitucionales establecidas en las normas del Ecuador. ¿Cuál es el análisis jurídico correcto con respecto al decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República del Ecuador?. a. El ejercicio de la soberanía de los ecuatorianos se establece mediante los órganos del poder público y la participación directa según el Artículo 1 de la Constitución. El decreto en cuestión podría ser inconstitucional. b. El decreto es legal y constitucional, y debe ser ratificado por los órganos internos del Estado. c. El decreto ejecutivo del Presidente, según el Art. 147 de la Constitución, es legal y debe considerarse ley. d. El decretado tiene poder ejecutorial y se debe cumplir en conformidad al Art. 147N°5 de la Constitución.

El Art. 2398 del Código Civil, aplicado en la sentencia CNJ 23331-2017-01429, establece que se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces que: a. Hayan sido objeto de cesión de derechos posesorios ante notario público competente. b. No tengan inscripción registral vigente y se encuentren abandonados por su propietario. c. Estén en el comercio humano y se hayan poseído con las condiciones legales, salvo excepciones constitucionales. d. Hayan sido poseídos por 10 años con justo título y buena fe.

Los inmuebles por destinación se distinguen de los inmuebles por naturaleza en que: a. Los inmuebles por destinación son originalmente muebles que el propietario afecta permanentemente al servicio o cultivo del inmueble, sin que pierdan su identidad física. b. Los inmuebles por destinación son terrenos; los por naturaleza son edificacionesconstruidas sobre ellos. c. Los inmuebles por destinación no pueden gravarse ni embargarse bajo ninguna circunstancia. d. Los inmuebles por naturaleza pueden separarse del suelo sin perder su condición; los por destinación no.

En el Juicio No. 10333-2018-01089 resuelto por la Corte Nacional de Justicia, ¿cuál fue el medio de impugnación extraordinario conocido por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil y cuál fue su resultado final?. a. Recurso de revisión planteado por la demandada; se anuló la sentencia de primera instancia. b. Recurso de casación interpuesto por María Teresa Trujillo Morocho; fue declarado improcedente por el Tribunal. c. Recurso de hecho interpuesto por ambas partes; se ordenó retrotraer el proceso al juez a quo. d. Recurso de apelación interpuesto por la actora; fue admitido y se casó la sentencia impugnada.

Según el artículo 164 del COGEP, la prueba debe ser apreciada: a. Solo si el perito lo autoriza. b. De forma aislada, medio por medio. c. En conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. d. Únicamente según tarifas legales.

¿En qué etapa del iter criminis inicia la relevancia penal efectiva?. a. En la preparación, cuando adquiere los instrumentos necesarios. b. En el agotamiento, cuando el autor obtiene el beneficio perseguido. c. En la ideación, cuando el autor concibe el plan delictivo. d. En la tentativa, cuando comienza la ejecución con actos idóneos e inequívocos.

Según el artículo 8 del COGEP, ¿cuáles son las excepciones admitidas al principio de publicidad?. a. Los procesos ejecutivos. b. Los procesos monitorios. c. Los casos de tránsito. d. Las estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre ola seguridad de las personas.

Dentro del proceso constitucional del Caso No. 2706-16-EP, Sentencia 2706-16-EP/21, ¿cuál es la posición principal que sostiene el Juez Hernán Salgado Pesantes en su voto salvado respecto a las sentencias de apelación y casación impugnadas?. a. Que la Corte debió aceptar también el cargo de incompetencia del juez. b. Que la accionante debió haber recurrido primero ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo. c. Que las sentencias sí estaban debidamente motivadas y no vulneraron el derecho ala motivación. d. Que debieron declararse nulas por vicios de forma.

Según el artículo 142 del COGEP, la inasistencia injustificada del demandante a la audiencia provoca: a. La suspensión indefinida del proceso. b. El desistimiento de la demanda. c. La rebeldía del demandado. d. La nulidad del proceso.

¿Cuál es el segundo componente de la sentencia constitucional, que consiste en la descripción objetiva y cronológica de los hechos relevantes?. a. La parte dispositiva. b. Los fundamentos jurídicos. c. El encabezamiento e identificación del caso. d. Los antecedentes fácticos.

El juez establece en la audiencia preparatoria que el procesado actuó en legítima defensa. ¿Qué debe resolver y qué efectos produce esa resolución?. a. Archivo provisional del expediente por 6 meses mientras se investiga la proporcionalidad. b. Sobreseimiento, porque concurre una causa de exclusión de antijuridicidad; produce libertad inmediata, revocación de medidas y cosa juzgada. c. Llamamiento a juicio, para que el Tribunal valore la legítima defensa como atenuante. d. Suspensión del proceso hasta que el fiscal aporte nuevos elementos de cargo.

En la Sentencia No. 10333-2018-01089, la Corte Nacional de Justicia fijó hechos determinantes. ¿Cuál fue clave para descartar la inexistencia del precio como causal de nulidad absoluta del contrato?. a. Que el inmueble estaba inscrito en el Registro de la Propiedad de Ibarra bajo las partidas Nos. 581 y 196. b. Que la vendedora declaró expresamente en la Cláusula QUINTA de la escritura pública haber recibido en contado, en efectivo y en moneda de curso legal el precio de US$63.316,54. c. Que la compradora María Rosario Gavilima Trujillo era sobrina de la actora, configurando un conflicto familiar. d. Que la actora no tenía cuentas bancarias ni pólizas a su nombre en ninguna institución financiera.

En el marco de la Sentencia 2706-16-EP/21 de la Corte Constitucional, ¿por qué razón principal se apartó el Juez Enrique Herrería Bonnet del voto de mayoría a través de su voto salvado?. a. Porque la sentencia debió analizar también la garantía del juez competente. b. Porque considera que el parámetro de superación del umbral de la duda razonable no proviene del texto constitucional y crea superposición de competencias entre jueces constitucionales y penales. c. Porque considera que la accionante sí era culpable del delito de abuso de confianza. d. Porque la Corte no era competente para conocer la acción extraordinaria de protección.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que el problema jurídico central fue si el auto impugnado vulneró: a. El derecho a la igualdad y no discriminación. b. El derecho a la legítima defensa del procesado. c. El derecho a la libertad personal por la prisión preventiva. d. El derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

En el COGEP, ¿cómo se denomina la prueba que incluye tanto la declaración de una parte como la de un tercero sobre los hechos?. a. C. Prueba pericial. b. Prueba testimonial (Art. 174). c. Inspección judicial. d. Diligencia preparatoria.

Una de las figuras jurídicas en la sucesión que tenemos es la del testamento, figura jurídica con la que el testador deja organizado sus bienes, así el testador dentro del mismo desea dejar sus bienes y que estos sean por medio de un ejecutor testamentario, mas quiere que estas disposiciones que las señala a su ejecutor testamentario, sean de carácter secreto. Por lo que usted como abogado le sugiere que sean mediante: a. C. Con un albacea fiduciario ya que el Código Civil señala: Art. 1332 el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea, y a cualquiera otra persona, para que se invierta en uno o más objetos lícitos una parte de bienes de que pueda disponer libremente. b. B. Con un mandatario. No es procedente ya que la institución testamentaria no permite que se lo haga con un mandato o poder, si bien es cierto el Art. 2020 del C.C. prevé el mandato, no es viable para la sucesión. c. D. En forma verbal. No es procedente ya que el albacea debe de ser mediante testamento. d. A. Que sea por un instrumento escrito por el causante. No es viable ya que es secreto según lo señalado en el C.C. Art. 1333 del Código Civil.

En el caso No. 11333-2019-01765 se alegó falta de motivación. El casacionista señaló que la sentencia del ad-quem era incoherente porque primero reconocía la entrega del dinero y luego negaba la obligación de devolverlo. ¿Cómo resolvió la CNJ este cargo y qué estándar aplicó para evaluar la motivación?. a. La CNJ declaró la nulidad parcial de la sentencia por falta de motivación suficiente y ordenó al ad-quem dictar nueva resolución. b. La CNJ rechazó el cargo porque la sentencia del ad-quem contenía propuestasfácticas, trayectoria procesal, acopio probatorio y razones conclusivas coherentes,respondiendo a todo lo planteado sin arbitrariedad; la aparente tensión se resolvíajurídicamente por la ausencia de título escrito que probara el préstamo. c. La CNJ aceptó el cargo por falta de motivación porque efectivamente existía contradicción entre el reconocimiento de la entrega y la negación de la obligación. d. La CNJ aplicó la presunción de falta de motivación porque la sentencia del ad-quem ocupaba menos de dos páginas en su parte considerativa.

En la Sentencia 2706-16-EP/21 de la Corte Constitucional ¿Qué pena privativa de libertad le impuso la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo a Ena Mariela Molina Aguilar?. a. Uno a cinco años. b. Tres años. c. Dos años. d. Cuatro años.

En el Caso 2706-16-EP ¿Por qué razón la Corte Constitucional rechazó el cargo de violación de la garantía de la juez competente alegada por la accionante?. a. Porque el análisis requerido sobrepasa el ámbito de competencia de la Corte Constitucional en acciones extraordinarias de protección. b. Porque la accionante no presentó pruebas suficientes. c. Porque la litis sí era de naturaleza penal según las normas procesales. d. Porque la Fiscalía había confirmado la competencia de los tribunales penales.

El artículo 174 del COGEP establece que la prueba testimonial se practica: a. Únicamente antes de la demanda. b. Únicamente por escrito. c. En la audiencia de juicio o en la segunda fase de la audiencia única, mediante interrogatorio y contrainterrogatorio. d. Solo si lo autoriza el perito.

Daniela y Pedro son convivientes, el indicado hombre siempre maltrata físicamente a Daniela. Un día ellos discuten y Pedro agrede con su puño a Daniela, ella reacciona y clava unas tijeras en el pecho de Pedro, quien muere a los pocos minutos. ¿Qué institución jurídica se verifica en la especie?. a. Exceso de estado de necesidad. b. Legítima defensa. c. Exceso de legítima defensa. d. Estado de necesidad.

Dos personas, una de 28 años con un 40% de discapacidad física y otra de 17 años con un 45% de discapacidad intelectual, poseen el carnet del CONADIS. Acudieron a un centro de acondicionamiento físico en Quito, destinado a deportistas convencionales, para usar la piscina. Reiteradamente se les negó el acceso sin una debida justificación. Solicitan a la Justicia ecuatoriana que ordene permitirles inscribirse y entrenar con nadadores convencionales, alegando una vulneración de sus derechos. Como especialista jurídico, determine si se han vulnerado los derechos de los deportistas. a. La negativa constituye discriminación por discapacidad, vulnerando el derecho ala igualdad y accesibilidad establecidos en la Constitución del Ecuador. La Justicia debe ordenar el acceso igualitario a las instalaciones deportivas. b. La negativa es válida porque el centro está destinado exclusivamente a deportistas convencionales y no a personas con discapacidad. c. No se vulneran derechos constitucionales porque el acceso a la piscina es una decisión privada y no discriminatoria. d. La negativa es justificada porque las personas con discapacidad podrían representar un riesgo para los otros usuarios de la piscina.

Las nulidades procesales están reguladas, en el COGEP, en el Capítulo VIII del Libro I, artículos: a. 177 al 195. b. 275 al 285. c. 149 al 158. d. 107 al 111.

CASO: Un ciudadano presentó una solicitud de autorización ante una entidad pública. Transcurridos 35 días sin respuesta, el ciudadano invoca el silencio administrativo. ¿Cuál es el efecto jurídico según el Art. 207 COA? Administrativo. a. Se inicia automáticamente el procedimiento contencioso-administrativo. b. Se entiende aprobada la solicitud, salvo norma especial que establezca lo contrario. c. La solicitud se tiene por denegada y debe acudir a la vía judicial. d. La autoridad tiene 15 días adicionales para resolver.

En la Sentencia No. 11333-2019-01765, la CNJ distinguió el contrato del cuasicontrato como fuentes de obligaciones. Aplicando esa distinción al caso concreto, ¿por qué no podía sostenerse que la situación fáctica configuraba un cuasicontrato de agencia oficiosa o pago de lo no debido?. a. Porque el cuasicontrato de agencia oficiosa requiere que los gastos hayan sido necesarios y urgentes, y la compra de vehículos de uso personal no cumple ese requisito. actores ni siquiera fundaron su pretensión en esa fuente sino en elcontrato de mutuo. b. Porque el cuasicontrato requiere siempre intervención judicial previa que lo declare válido. c. Porque el cuasicontrato solo puede ser fuente de obligaciones cuando las partes están relacionadas por lazos familiares. d. Porque si bien el cuasicontrato no requiere convención, sí exige que el hecho voluntario sea lícito y que la ley determine sus efectos específicos. En el caso no se acreditó el hecho constitutivo que daría lugar a alguno de los cuasicontratos del Código Civil, y los actores ni siquiera fundaron su pretensión en esa fuente sino en el contrato de mutuo.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó que el problema jurídico central fue si el auto impugnado vulneró: a. El derecho a la igualdad y no discriminación. b. El derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado con observancia del trámite propio de cada procedimiento. c. El derecho a la legítima defensa del procesado. d. El derecho a la libertad personal por la prisión preventiva.

En la Sentencia 2706-16-EP/21 de la Corte Constitucional, ¿cuál es la postura del Juez Ramiro Ávila Santamaría en su voto concurrente respecto al principio de mínima intervención penal?. a. Que, si el objeto del litigio puede resolverse en vía civil, debe escogerse esa vía por ser menos gravosa para los derechos. b. Que el sistema penal debe usarse siempre como primera opción para resolver conflictos. c. Que la vía penal es siempre más eficiente que la civil. d. Que el principio de mínima intervención solo aplica a delitos culposos.

El principio de motivación obligatoria (CRE Art. 76 n.º 7 lit. l; COIP Art. 621) exige que la sentencia exponga: a. La historia procesal del caso desde la denuncia. b. Únicamente la valoración de la prueba pericial. c. Solo el fallo condenatorio o absolutorio sin explicación. d. Los hechos probados, normas aplicadas, razonamiento y determinación de pena y reparación.

En la Sentencia No. 11333-2019-01765, antes de ingresar al juicio de legalidad, la CNJ verificó la validez procesal del trámite casacional. ¿Cuál es la base constitucional y legal de esta obligación del Tribunal y qué consecuencia tendría si se detectara una trasgresión de las solemnidades sustanciales?. a. La verificación es potestativa del Tribunal y no tiene base legal expresa. b. La base es el Art. 76 CRE, debido proceso, y los numerales 1 y 2 del Art. 130 COFJ, que imponen la obligación de cuidar los derechos y garantías de las partes. Si se detectara trasgresión de solemnidades sustanciales o nulidad, el Tribunal no podría continuar con el juicio de legalidad de la sentencia, pues el proceso mismo estaría viciado. c. La verificación se realiza solo si el recurrente la solicita expresamente en su escrito de fundamentación del recurso de casación. d. La base es exclusivamente el Art. 268 COGEP, que autoriza a la CNJ a revisar vicios procesales, pero solo si fueron alegados como causal de casación.

CASO: Pedro laboró 8 años en la misma empresa y su empleador le notificó con 15 días de anticipación que terminará el contrato (desahucio). ¿Qué bonificación corresponde al trabajador según el Art. 184 CT?. a. El 25% de la última remuneración por cada año laborado. b. No corresponde bonificación; el desahucio es solo una notificación. c. Un mes de remuneración por año de servicio. d. Tres meses de remuneración como indemnización mínima.

La Corte Constitucional en la sentencia número 1078-10-EP/22 determinó, citando la sentencia N.° 1502-14-EP/19, que un auto pone fin a un proceso cuando se verifica alguno de estos supuestos: a. Que el auto sea dictado por un tribunal colegiado. b. Que el auto haya sido apelado sin éxito por ambas partes. c. Que el auto resuelva sobre el fondo con autoridad de cosa juzgada material, o que impida la continuación del juicio y el inicio de uno nuevo ligado a las mismas pretensiones. d. Que el auto disponga la prisión preventiva del procesado.

En el COGEP, la recusación de la o el juzgador está regulada en los artículos: a. 254 al 272. b. 159 al 169. c. 22 al 28. d. 118 al 122.

Sentencia No. 8-20-CN/21: ¿Cuál fue el error constitucional de la regla contenida en el artículo 536 del COIP?. a. Eliminaba la prisión preventiva del ordenamiento jurídico. b. Permitía demasiada discrecionalidad judicial. c. Sustituía el análisis judicial concreto por una prohibición legal automática. d. Impedía la intervención de la Fiscalía.

Según el Art. 111 CT, ¿cuándo puede el trabajador recibir la décima tercera remuneración de forma acumulada?. a. Solo hasta el 30 de noviembre de cada año. b. Solo en enero del año siguiente al período devengado. c. Hasta el 24 de diciembre, a petición escrita del trabajador. d. En cualquier momento del año a solicitud verbal.

Tribulicio tiene 38 años y padece de esquizofrenia, en razón de aquello no puede motivar su conducta conforme a la comprensión de la ilicitud o licitud de su comportamiento. Unas voces en su cabeza le incitan a incendiar la casa de Pedro, pues, esas mismas voces le indican que Pedro es el “anticristo”. Efectivamente, Tribulicio incendia la casa de Pedro. Si revisamos la culpabilidad, como elemento de la teoría del delito diremos que: a. Tribulicio tiene responsabilidad agravada. b. Tribulicio tiene responsabilidad atenuada. c. Tribulicio es inimputable. d. Tribulicio es imputable.

Para que Furukawa persona jurídica privada en la Sentencia 1072-21-JP/24 tenga legitimación pasiva en la acción de protección, la Corte debía verificar al menos uno de los supuestos del artículo 41 numeral 4 de la LOGJCC. ¿Cuáles supuestos identificó la Corte como concurrentes en este caso?. a. Daño grave a las personas afectadas y estado de subordinación frente a un poder económico. b. Prestación de servicios públicos impropios y delegación estatal. c. Delegación o concesión de servicios públicos por parte del Estado ecuatoriano. d. Solo discriminación por orientación sexual según el artículo 11 numeral 2 de la Constitución.

Un Juez de Unidad Judicial se da cuenta de una norma procesal que piensa aplicar puede ser inconstitucional; en tal virtud, suspende la tramitación de la causa y remite en consulta el expediente a la Corte Constitucional. ¿Qué tipo de control aplica la Corte Constitucional?. a. Abstracto. b. Concreto. c. Preventivo. d. Difuso.

Según el artículo 221 del COGEP, ¿quién puede emitir informes periciales y declarar como perito en el proceso?. a. Solo un organismo estatal. b. Únicamente las personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura. c. Solo el demandado. d. Cualquier persona designada libremente por las partes.

Conforme al antecedente del Caso No. 1158-17-EP, ¿cuánto dispuso pagar la Corte Provincial del Guayas en segunda instancia al ex trabajador y por qué conceptos?. a. USD 31.352,66 por todos los rubros solicitados en la demanda original. b. USD 1.320,00 únicamente por haberes pendientes, sin reconocer el despido intempestivo. c. USD 24.270,66 por haberes pendientes y por despido intempestivo. d. USD 15.000,00 por concepto de indemnización por despido justificado.