Clase 3

Según el artículo 137 de la Constitución Española de 1978 el Estado se organiza territorialmente en: Aldeas, pedanías, municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, comarcas, provincias, regiones y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Civil se presumirán inválidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Penal se presumirán inválidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Laboral se presumirán nulos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Según el artículo 4.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el personal empleado público se clasifica en: Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Personal funcionario a tiempo parcial, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal asesor. Personal funcionario interino, personal laboral fijo discontinuo, personal por tiempo indefinido o temporal, personal eventual y personal becario. Personal funcionario interino, personal laboral fijo, por tiempo definido o temporal y personal asesor.

Según el artículo 7. c) del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la aprobación del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha corresponde: Al Consejo de Gobierno. A la Consejería de Economía y Hacienda. A la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Al Parlamento Regional.

Según el artículo 16.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de suministro: Los que tienen por objeto la venta, donación, el arrendamiento financiero, el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles con un valor inferior a 1.000 euros. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles siempre dentro del territorio regional. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Los que tienen por objeto la adquisición, venta, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles de más de 10.000 m2.

En el ámbito de la Unión Europea ¿Cuál es el acto jurídico que tiene alcance general, que es obligatorio en todos sus elementos y que es directamente aplicable a todos los Estados Miembros?: La Directiva. El Reglamento. La decisión. La Recomendación.

Según el articulo 8 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, los poderes de la región se ejercen a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son órganos de la Junta: Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. Las diputaciones provinciales, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. Las Cortes de Castilla-La Mancha, los municipios, las diputaciones y el Consejo de Gobierno. Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno, los consejeros y viceconsejeros.

Son miembros natos del Consejo Consultivo: Los ex-Presidentes de la Junta de Comunidades, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, habiendo ejercido el cargo durante, al menos, seis años, gocen de la condición de ciudadano de Castilla-La Mancha. El vigente Presidente de la Junta de Comunidades, los ex-Presidentes de la Junta de Comunidades, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, habiendo ejercido el cargo durante, al menos, ocho años, gocen de la condición de ciudadano de Castilla-La Mancha. Los ex-Presidentes de la Junta de Comunidades, y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, habiendo ejercido el cargo durante, al menos, ocho años, gocen de la condición de ciudadano de Castilla-La Mancha. Los Presidentes de la Junta de Comunidades, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, habiendo ejercido el cargo durante, al menos, seis años, gocen de la condición de ciudadano en cualquier Comunidad Autónoma de España.

Castilla-La Mancha se compone por un total de: 909 municipios. 919 municipios. 929 municipios. 1029 municipios.

Cuando se habla de Nueva Gestión Pública en sentido estricto sobre todo nos referimos: A la Administración centrada en valores de eficiencia y eficacia. A la Administración centrada en valores de rigidez de las normas y falta de iniciativas. A la Administración centrada en valores de autocracia y autoridad. A la Administración centrada en valores de especialización y previsión.

El Análisis FODA o DAFO como técnica de Dirección y Gerencia Pública permite: Conocer las Oportunidades que ofrece el entorno en razón de las Fortalezas de una organización, así como las Amenazas y peligros que representa o acarrea el entorno debido a las Debilidades de una organización. Conocer las Opciones que ofrece el entorno en razón de las Funciones de una organización, así como las Amenazas y peligros que representa o acarrea el entorno debido a las Debilidades de una organización. Conocer las Oportunidades que ofrece el entorno en razón de las Fortalezas de una organización, así como las Ausencias que representa o acarrea el entorno debido a las Depresiones de una organización. Conocer las Opciones que ofrece el entorno en razón de las Funciones de una organización, así como las Ausencias que representa o acarrea el entorno debido a las Depresiones de una organización.

Se entiende por política redistributiva: La que consiste en proporcionar bienes o servicios a determinado segmento de la población. La que consiste en un esfuerzo deliberado del gobierno por cambiar la asignación de riqueza, ingresos, propiedades o derechos entre amplios grupos o clases sociales. La que consiste en limitar o controlar algún sector o grupo. La que consiste en proporcionan ventajas o desventajas tangibles.

La Ley que regula la Participación en Castilla-La Mancha es: Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. Ley 8/2020, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. Ley 8/2021, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. Ley 8/2022, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

A los efectos de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: Estén representadas al 50%. Estén representadas sin límite de porcentaje. No superen el 55 por ciento ni sean menos del 45. No superen el 60 por ciento ni sean menos del 40.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso a la información se notificará en el plazo de: 6 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 4 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 3 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.