En el supuesto de incumplimiento parcial de la ejecución del contrato por causas imputables al contratista, la Administración: Debe resolver el contrato por exigencias de la salvaguarda del interés general. Puede resolver el contrato Puede imponer cualesquiera penalidades Puede imponer las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
Como regla general, la Administración debe pagar el precio del contrato a. En el plazo que se prevea en los pliegos. b. En el plazo que acuerden el órgano de contratación y el contratista, que se fijará teniendo en cuenta la ejecución del contrato. c. En los 30 días siguientes a la presentación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes o servicios entregados. d. En los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes o servicios entregados.
Si la Administración no paga en plazo, el empresario: b. Puede resolver el contrato, siempre que hayan transcurrido 6 meses y haya denunciado formalmente la mora. a. Puede resolver el contrato, siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses. c. Puede suspender el contrato, siempre que siempre que hayan transcurrido 6 meses. d. Puede suspender el contrato, siempre que hayan transcurrido 6 meses y haya denunciado formalmente la mora.
La empresa C y D, S.A., resulta adjudicataria de un contrato de obras para la construcción de un colegio público, ofertado por un Ayuntamiento. Meses más tarde, en plena ejecución de las obras, la compañía es objeto de una escisión total, dando lugar a dos sociedades independientes: C, S.L. y D, S.L. A la vista de esta situación, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: el Ayuntamiento puede instar la resolución del contrato, puesto que se considera automáticamente que el contratista ha perdido las cualidades de capacidad y solvencia que en su día le hicieron merecer la adjudicación. El contrato se adjudicará a la empresa que decida el Ayuntamiento, que deberá tener en cuenta los requisitos de capacidad de contratar, ausencia de prohibición y solvencia que hubieran sido exigidas al acordarse la adjudicación. El contrato se adjudicará a una de las dos empresas de acuerdo con los términos establecidos en el correspondiente acuerdo de escisión, siempre que ésta reúna los requisitos de capacidad de contratar, ausencia de prohibición y solvencia que hubieran sido exigidas al acordarse la adjudicación.
La prórroga del contrato: a. Procede en caso de consentimiento tácito entre las partes. b. Puede ser acordada por el órgano de contratación y ser obligatoria para el contratista, siempre que la Administración respete las disposiciones de la LCSP respecto al preaviso y que dicha opción esté prevista en los pliegos. c. Tanto la respuesta a como la b son correctas.
La modificación de los contratos: Sólo cabe en caso de fuerza mayor. Sólo procede si está expresamente prevista en los pliegos. No puede incluir prestaciones que alteren la naturaleza global del contrato inicial.
El acto por medio del cual la Administración comprueba y acepta la entrega o realización de la prestación se denomina: Liquidación. Recepción Abono. Acuerdo de cumplimiento contractual.
El plazo de garantía de los contratos comienza a correr: a. Tras la recepción del contrato. b. Una vez liquidado el contrato. c. Abonado el precio del contrato. d. Desde que se produce el acuerdo de cumplimiento contractual.
En el supuesto de que la empresa contratista sea declarada en concurso: a. Se produce automáticamente la suspensión del contrato, a la espera de la evolución del procedimiento. b. La Administración puede optar entre suspender o resolver el contrato. c. Procede la resolución del contrato, salvo que concurran razones de interés público, se presten garantías adicionales suficientes y la Administración desee continuar.
Si el contrato se resuelve por alguna causa imputable al contratista: a. Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. b. El contratista perderá el importe de la garantía definitiva y deberá indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. c. En algunos supuestos, el empresario podría incurrir en la prohibición de contratar con la Administración, en cuyo caso no podrá concurrir a sucesivas licitaciones. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. e. las respuestas b y c son correctas.
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