El procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos y se respetarán los principios de: Los de eficacia, transparencia y publicidad. Los de eficiencia, transparencia y publicidad. Los de transparencia y publicidad. Los de Buena fe, transparencia y publicidad.
Podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días: El órgano instructor El órgano competente para resolver. El órgano correspondiente. El Órgano competente para iniciar.
En qué momento pueden aportar documentos u otros elementos de juicio los interesados: En cualquier momento antes de la propuesta de resolución. En el plazo de 10 días desde la comunicación de propuesta de resolución. En todo momento. En cualquier momento antes del trámite de audiencia.
En lo referente a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuál de los siguientes importes exige solicitar informe al Consejo de Estado: (art 80) cuantía igual o superior a 50.000 euros cuantía igual o superior a 60.000 euros cuantía igual o superior a 40.000 euros cuantía igual o superior a 150.000 euros.
Cuando sea preceptivo pedir dictamen del Consejo de Estado, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma: el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución el órgano instructor, en el plazo de veinte días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución el órgano instructor, en el plazo de quince días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución Ninguna es correcta.
Con respecto al articulo 83 de Información pública, señale la incorrecta: El órgano al que corresponda la tramitación del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes
contra la resolución definitiva del procedimiento. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
Plazo para emitir autorización por el órgano competente a los sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, para la identificación electrónica de los interesados
el que cada Administración determine.
el que se determine reglamentariamente. 3 meses. 6 meses.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio, respecto a la aportación de cuantas alegaciones, documentos o información estime conveniente a su derecho y proponer cuantas pruebas sea pertinentes para el reconocimiento del mismo (los particulares presuntamente lesionados), el plazo es:
7 días. 10 dias 15 dias 20 dias.
La emisión de informe (de preceptiva solicitud) por el servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, en los casos de responsabilidad patrimonial se podrá realizar en un plazo: no puede exceder de 20 días. no puede exceder de 10 días. no superior a 30 días ni inferior a 10. no superior a 20 días ni inferior a 5.
El plazo para aportar alegaciones cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, es de: 20 días. 30 días. 10 días. 15 días.
El plazo para emitirse el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si así lo solicita el órgano competente, en los supuestos de tramitación simplificada del procedimiento, es de:
20 días. 30 días. 10 días. 15 días.
El plazo para remitir recurso de alzada al órgano competente con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, es de: 20 días. 15 días. 10 días. 5 días.
El plazo que tienen los terceros interesados para instar la continuación del procedimiento cuando se presenta escrito de desistimiento o renuncia por los interesados, es de: 3 meses. 30 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 15 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
Se podrán formular alegaciones al inicio del procedimiento simplificado: durante el plazo de 15 días. en cualquier momento. durante el plazo de 5 días dentro del plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento.
El plazo tramite de audiencia en el del procedimiento simplificado será: durante el plazo de 10 días. No inferior a 5 dias ni inferior a 10. durante el plazo de 5 días Ninguna es correcta.
¿En qué artículo de la Constitución Española se contempla la existencia del procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos?
105 104 103 102.
Son principios generales del procedimiento administrativo: Legalidad. Parcialidad. Actione Pro Dubio. Todos los anteriores son correctos.
¿En qué título de la Ley 39/2015 de 1 de octubre se regulan Los trámites del Procedimiento Administrativo Común?
II IV III V.
Iniciado el Procedimiento, ¿qué órgano puede adoptar medidas provisionales? El competente para resolver. El que instruye. El que inicia. El que lo instruye o resuelve.
Antes de iniciar el Procedimiento, ¿qué órgano puede adoptar medidas provisionales? El competente para resolver. El que instruye. El que inicia. el organo competente para inciar o instruir.
Qué plazo tienen los ciudadanos para realizar la subsanación de las solicitudes de inicio de los procedimientos? 10 días en todo caso. 15 días en todo caso. 10 días, ampliables a 15 en algunos casos. 30 días.
Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o exijan otro plazo mayor o menor, los informes serán emitidos en el plazo de:
10 dias 30 días. No inferior a 10 días ni superior a 15. 15 días. .
El plazo de alegaciones a resultas de la Información Pública tendrá un plazo de: Nunca inferior a 20 días. 10 días. Inferior a 15 días. Inferior a 15 días y superior a 10.
Si el recusado niega la causa de la recusación, el superior resolverá en un plazo de: 5 días. 15 días. 3 días. 24 horas.
A las personas titulares de las Secretarías Generales les corresponde: el asesoramiento a la persona titular de la Consejería en el desarrollo de las funciones que a ésta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos, así como a los demás órganos de la Consejería. impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. elaborar los planes, programas, estudios y propuestas relativos al ámbito de competencia de la Dirección General, con arreglo a los objetivos fijados para la misma, así como dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento. todas las opciones son correctas. .
La participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las conferencias sectoriales y en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado puede corresponder: a. a las personas miembros del Consejo de Gobierno que tengan competencias sobre la materia. b. a las personas que designe el Consejo de Gobierno. c. a la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda. a y b son correctas.
Los procedimientos de abstención y de recusación de autoridades y del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía serán resueltos por: a. la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior. b. la persona que designe el Consejo de Gobierno. c. el Consejo de Gobierno, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cuando el procedimiento afecte a los titulares de las Consejerías. d. las opciones a y c son correctas. .
Según el artículo 117 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, la potestad expropiatoria la ostenta: la persona titular de la Consejería correspondiente. la persona que designe el Consejo de Gobierno. la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda. las personas miembros del Consejo de Gobierno que tengan competencias sobre la materia.
Según el artículo 56 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, la creación de las agencias de régimen especial requerirá autorización previa por ley. Este anteproyecto de ley de la agencia se presentará al Consejo de Gobierno y deberá ser acompañado de: un proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación de la entidad. un informe con peculiaridades de sus recursos económicos, y de su régimen de personal y fiscal. un informe del tipo de entidad que se crea, con indicación de sus fines. Todas son correctas.
El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos y unidades administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos y unidades administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de no generar responsabilidad disciplinaria.
El Estado de Excepción se declara por el Gobierno, autorizado por el Congreso. No pueden suspenderse bajo su vigencia los siguientes derechos: derechos del detenido a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, y a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. derecho a la libertad y duración máxima de la detención preventiva. derecho de reunión, derecho de huelga y derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo. ninguna es correcta.
¿Cada cuánto tiempo serán objeto de una auditoría regular ordinaria los sistemas de información de la Administración Electrónica? al menos cada año. al menos cada 2 años. al menos cada 6 meses. al menos cada 3 años.
El art. 26 de la Ley 39/2015 establece que, para que sean válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán tener unos requisitos. Indica la respuesta incorrecta en relación con ellos: incorporar la fecha exacta y el lugar en que han sido emitidos disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
El pago en periodo voluntario de las deudas de derecho público resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, deberá hacerse en los siguientes plazos: si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 15 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía fue aprobada por: Decreto de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno. Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno. Orden de 1 de agosto de 2017, conjunta de las personas titulares de las Consejerías de Cultura y de Hacienda y Administración Pública. nada de la anterior es correcto.
Con respecto a la situación jurídica del trabajador que ejerce su derecho a la huelga, indica la respuesta incorrecta: no se extingue su relación de trabajo. no tendrá derecho al salario. permanecerá de baja en la Seguridad Social. se suspende la obligación de cotizar, tanto del empresario como del trabajador.
Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: los actos personalísimos en los que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. los actos en los que procede la compulsión, cuando la Administración no la estimara conveniente. los actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. todas las opciones son correctas.
Como regla general, la resolución por la que se declara a un funcionario de carrera en situación de servicios especiales es competencia de: los Consejeros. el Director General de Recursos Humanos y Función Pública. el Consejo de la Función Pública. el Consejo de Gobierno.
El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto: remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. inadmitirá la solicitud o escrito correspondiente y devolverá la documentación correspondiente, indicándole el órgano que considere competente. remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública. nada de lo anterior es correcto.
Respecto de la competencia para resolver sobre el derecho de acceso a la información pública, según la Ley 1/2014, ésta recae: Cualquier órgano o entidad que tenga en su poder dicha información. El órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada. El órgano o la entidad en la que se solicite dicha información. El Consejo Andaluz de la Transparencia y la Protección de Datos.
Recibida una denuncia en la dependencia afectada, ésta dispone de un plazo para recabar las aclaraciones que estime pertinente del interesado y para informar al órgano directivo del que dependa. Dicho plazo es de: 15 días. 10 días. un mes. dos meses.
Una regla es: una acción que el programa gestor de correo realiza de manera automática en los mensajes entrantes en función de las condiciones que hayamos especificado. una acción que el programa gestor de correo realiza de manera automática en los mensajes salientes en función de las condiciones que hayamos especificado. una acción que el programa gestor de correo realiza de manera automática en los mensajes entrantes y salientes en función de las condiciones que hayamos especificado. nada de la anterior es correcto.
De acuerdo con la ley 9/2007, le corresponde a la consejería competente en materia de administración publica además de las que le atribuye esta ley: competencias en materia de régimen de personal funcionario al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía. competencias de organización administrativa, estructura orgánica y procedimiento. competencias de inspección de servicios, de modernización de la Administración y de comunicación administrativa Todas son correctas.
La Ley 3/2020, del 28 de diciembre, del Presupuesto de la CCAA para el 2021, creó la Agencia Digital de Andalucía. Se trata de: Una Agencia Administrativa, adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Publica e interior. Una Agencia en Régimen Especial, adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Publica e interior. Una Agencia Administrativa, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Una Agencia en Régimen Especial, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Quién publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la relación completa y actualizada de las Oficinas de Registros Generales de Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía: La Secretaría General para la Administración Pública. La secretaria General competente en materia de información corporativa.
La dirección General para la Administración Pública.
La dirección General competente en materia de información corporativa.
Según Ley 39/2015 en su articulo 27.4, los interesados podrán solicitar, en cualquier momento: la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. la expedición de copias auténticas de los documentos públicos y privados administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. la expedición de copias auténticas de los
documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas y podrán ser solicitados en el plazo de 15 dias desde su emisión. la expedición de copias auténticas de los
documentos públicos y privados administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas y podrán ser solicitados en el plazo de 15 dias desde su emisión.
Forma parte, según el Tribunal Constitucional, del contenido eventual de las leyes de presupuesto: Aquellas disposiciones que guardan una relación directa con os ingresos o gastos del Estado y responden a criterios de política económica del Gobierno. Aquellas disposiciones que suponen una modificación sustantiva del ordenamiento jurídico, aunque no guarde una conexión economica presupuestaria. Aquellas disposiciones que directamente aclaran desarrollan o aclaran los estados cifrados, es decir, la previsión de ingresos y la habilitación de gastos. Ninguna es correcta.
Según el articulo 27 de la Ley 39/2015, las copias en soporte papel de documentos electrónicos: Requerirán que en las mismas figure la condición
de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. Se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten
su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
Según el articulo 27 de la Ley 39/2015, las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización: Requerirán que en las mismas figure la condición
de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. Se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten
su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto: en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. en el Esquema Nacional de Seguridad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Ninguna es correcta.
Se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad, será un procedimiento sometido al principio de: Celeridad. simplificación administrativa, Proporcionalidad Eficiencia.
El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que
se practique. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. en una copia autentica del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y la identificación del interesado, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. en una copia autentica del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y la identificación del interesado, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
En aquellos edificios en los que se ubiquen más de una Consejería y/u Organismo Autónomo, y/o Delegación, Dirección o Gerencia Provincial, podrán acumularse los Registros Generales correspondientes en una sola oficina que atienda a todos ellos, previa determinación del personal de cada uno de ellos que se incorporaría a dicha oficina y el responsable de la misma, mediante Resolución favorable del titular de la Consejería de Gobernación y Justicia. Serán competentes para iniciar el expediente de acumulación: en los Servicios Centrales, los titulares de las Viceconsejerías de las Consejerías afectadas Servicios periféricos, los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ambas son correctas Ninguna es correcta.
Según el Decreto 622/2019 se regularán las comunicaciones electrónicas internas de la Administración de la JA: Mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital Mediante orden de la Consejería en materia de administración pública Mediante orden de la Consejería en materia de Transformación Digital. Mediante Decreto de la Consejería en materia de Administación Pública.
De acuerdo con el artículo 22 del TRLGHPJA, una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de una deuda de derecho público notificada el día 19 del mes en curso, deberá ejecutarse: Desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, si fuera hábil. Desde el día siguiente de la notificación hasta el día 5 del mes posterior, si fuera hábil. Desde el día siguiente al de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, si fuera hábil. Desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes posterior, si fuera hábil.
De acuerdo con el artículo 22 del TRLGHPJA, el pago en periodo voluntario de una liquidación notificada el día 6 del mes en curso, deberá efectuarse: Desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, si fuera hábil. Desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, si fuera hábil. Desde el siguiente día de la notificación hasta el día 20 segundo del mes posterior. Desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes posterior, si fuera hábil.
En el Decreto 622/2019, La transparencia administrativa es recogida en el Decreto como: Principio orientador de la simplificación y racionalización procedimental y organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía. Criterio de simplificación y agilización de los procedimientos. criterio de reducción de cargas y simplificación documental. Todo lo anterior es correcto.
En el Decreto 622/2019, La seguridad, conservación e interoperabilidad administrativa es recogida en el Decreto como: Principio orientador de la simplificación y racionalización procedimental y organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía. En materia de administración electrónica, en función del estado de la tecnología y con plena sujeción a las
disposiciones estatales básicas en la materia. criterio de reducción de cargas y simplificación documental. Todo lo anterior es correcto.
La actuación administrativa automatizada se imputará, a todos los efectos: A la Administración de la Junta de Andalucía.
A la Consejería a la que pertenezca el órgano o entidad responsable del sello electrónico o, en su caso, código seguro de verificación con el que se lleve a cabo. A la persona titular del órgano o entidad responsable del sello electrónico o, en su caso, código seguro de verificación con el que se lleve a cabo. Al funcionario habilitado responsable del sello electrónico o, en su caso, código seguro de verificación con el que se lleve a cabo.
La permanente actualización de la información y contenidos de la Carpeta Ciudadana será garantizada por: Los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y, en su caso, consorcios adscritos. La Secretaría General de Administración Pública.
La Consejería competente en materia de transformación digital. La Consejería competente en materia de administración pública.
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