Estados y Sistemas de bienestar

Según Esping-Andersen (2019), los modelos tradicionales de bienestar deben adaptarse: A las nuevas exigencias empresariales. A las nuevas demandas sociales sin perder su esencia de equidad y protección. A los mercados financieros internacionales. A las demandas exclusivas de la población activa.

Entre los desafíos políticos e ideológicos que afectan a la legitimidad del Estado de Bienestar se menciona: La tecnocracia. El corporativismo. La desconfianza en las instituciones. La inflación.

Según Calero (2021), el envejecimiento poblacional impone un reto multidimensional especialmente relacionado con: Educación y vivienda. Sistema de pensiones y sanitario. Migración y empleo. Digitalización y cuidados.

El texto señala que determinadas corrientes ideológicas utilizan la imagen de las personas mayores como: Motor económico. Capital humano. Población activa estratégica. Población pasiva que consume recursos.

Según Moreno Fuentes (2007), los sistemas de protección social deben: Restringir los derechos sociales. Establecer criterios claros de acceso a los derechos sociales. Favorecer exclusivamente el empleo. Priorizar a la población autóctona.

Bruquetas Callejo et al. (2011) señalan que la población migrante puede ser contemplada como: Beneficiaria prioritaria. Sujeto político. Competidora por servicios, recursos y empleos. Agente de innovación económica.

El Estado de Bienestar español es descrito en el tema como: Liberal. Universalista. Residual. Familista.

Alonso (2004) define la norma social de empleo fordista mediante: Empleos temporales y rotativos. Ciclos biográficos de trabajo organizados en torno a trayectorias laborales estables. Trabajo digital flexible. Economía de plataformas.

Las trayectorias laborales fordistas eran: Variables e inciertas. Flexibles y discontinuas. Lineales, sólidas y coherentes. Autónomas y fragmentadas.

Según Gaviria et al. (1995), la transformación económica: Fortaleció el pacto keynesiano. Eliminó la globalización. Mermó el pacto keynesiano de integración social. Redujo el desempleo estructural.

La crisis financiera citada expresamente como ejemplo de fragilidad del sistema fue la de: 1973. 1992. 2001. 2008.

Según Beck (1998), la pobreza y la desigualdad emergen a costa de: Las políticas familiares. El crecimiento económico y los beneficios de las grandes empresas. Los sistemas sanitarios. El envejecimiento poblacional.

Alonso (2000) señala que los derechos sociales han buscado refugio en: El ámbito internacional. El ámbito empresarial. El ámbito local. El ámbito judicial.

Desde la posición neomarxista, los gastos sociales son: Una anomalía del capitalismo. Una exigencia del propio capitalismo. Una consecuencia de la digitalización. Un elemento residual.

Según la crítica neoliberal, las coberturas sociales mínimas generan: Movilidad ascendente. Cohesión comunitaria. Apatía entre los trabajadores y trabajadoras. Innovación productiva.

Según Navarro (1998), desde la óptica neoliberal se considera que: El crecimiento económico y el progreso social siempre son compatibles. El progreso social puede ser incompatible con el crecimiento económico. La redistribución aumenta el ahorro. La intervención pública fortalece la productividad.

Gualavisí (2023) señala que la revolución digital genera: Únicamente oportunidades. Oportunidades y desafíos. Exclusivamente riesgos laborales. Solamente exclusión tecnológica.

González-Páramo (2018) sostiene que los trabajadores deben evitar: La especialización. La formación continua. La obsolescencia de sus habilidades. El teletrabajo.

Camejo et al. (2022) advierten que la inteligencia artificial puede excluir a ciertos grupos vulnerables debido a. Problemas de financiación. Falta de cobertura sanitaria. Errores o sesgos algorítmicos. Escasez de personal.

Según Rojas et al. (2022), una de las medidas propuestas para compensar la pérdida de empleos por la tecnología es: El copago sanitario. La jubilación obligatoria. El impuesto a la automatización. La reducción de salarios.