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Título del test:
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Descripción:
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Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
12/10/2020

Categoría:
Ocio

Número preguntas: 200
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1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: a. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. b. A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. c. A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad d. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.
2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.
3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: a. Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. b. El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. c. Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. d. Todas las opciones son válidas.
4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. b. La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. d. La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.
5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: a. Instrucciones y órdenes de servicio. b. Reglamentos internos. c. Circulares. d. Disposiciones de carácter general.
7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.. d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. d. Son correctas las dos primeras opciones.
9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: a. Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. b. Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. c. Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. d. Ninguna es correcta.
10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: a. Podrá interponerse recurso de alzada. b. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. c. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. d. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.
11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: a. Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. b. Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. c. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. d. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.
12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: a. Podrá ser un miembro del propio órgano. b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: a. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. b. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. c. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. d. Fijar el orden del día.
15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. c- Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. d. Cuando así lo decidan todos sus miembros.
16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: a. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. b. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. c. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. d. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.
17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.
18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.
21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: a. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. b. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. c. Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: a. Por escrito a través de medios electrónicos. b. A través de medios electrónicos. c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. d. Por escrito o verbalmente.
23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: a. Son convalidables. b. No son recurribles. c. Son anulables. d. Son nulas.
24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso.
25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.
26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: a. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b. Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: a. Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. b. En cualquier caso. c. A instancias del interesado. d. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: a. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b. Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. c. Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. d. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a. Por medios electrónicos. b. Por medios no electrónicos. c. Por el medio señalado al efecto por la Administración. d. Por el medio señalado al efecto por aquel.
31. Entendemos por procedimiento administrativo: a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.
32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.
33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. c. Son competencias exclusivas del Estado. d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.
35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. d. Las dos primeras opciones son correctas.
36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.
37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. b. En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. c. En el mismo momento de la formulación de la recusación. d. En el día siguiente a la presentación del escrito.
39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.
41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.
43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. c. A no presentar en ningún caso documentos originales. d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: a. Directamente de oficio por la misma Administración. b. A petición de cualquier interesado. c. A petición de quien acredite un interés legítimo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
45. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. c. La denuncia de un particular. d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.
47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: a. De veinte días. b. De cinco días. c. De diez días. d. De tres días.
49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.
50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.
51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.
53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.
54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. b. En todo momento del procedimiento. c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.
55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: a. No superior a treinta días ni inferior a diez. b. No superior a veinte días ni inferior a diez. c. No superior a quince días ni inferior a diez. d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.
57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: a. Facultativos y no vinculantes. b. Preceptivos y no vinculantes. c. Facultativos y vinculantes. d. Preceptivos y vinculantes.
58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.
59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. b. La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.
60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.
61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.
62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público. b. Celebrados con entidades de Derecho público. c. Celebrados con personas de Derecho público o privado. d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.
63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.
64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.
65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.
66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: a. En los procedimientos iniciados de oficio. b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.
67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.
68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.
69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.
70. La estimación por silencio administrativo: a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.
71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. b. A instancia del interesado. c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.
72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 4/1999, de 13 de enero.
73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. d. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.
75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: a. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.
76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: a. Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.
77. En los procedimientos iniciados de oficio: a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.
78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.
79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.
80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. b. De oficio por razones de orden público o interés general. c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.
81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: a. En un plazo de quince días. b. En un plazo de cuarenta días. c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.
82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.
84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.
85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.
86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.
87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.
88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.
89. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El artículo 9.3 de la Constitución. c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
90. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios electrónicos: a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas dispusieren. b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos. c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de la contratación con el sector público. d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispusieran.
91. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con: a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre. b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
92. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas. c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios electrónicos con los ciudadanos.
93. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre. c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre. d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías. b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
95. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016. b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el resto derogado. c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015. d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015.
96. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la Administración Pública es: a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la Constitución. b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión Europea. d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la Constitución.
97. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos se estableció en: a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999. d. Ninguna es correcta.
98. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos se establece en: a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
99. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos utilizados por las Administraciones Públicas: a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los diferentes organismos administrativos. b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los procedimientos incoados por medios electrónicos. c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación conjunta de servicios a los interesados.
100. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es: a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una Administración Pública. d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información.
101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. d. Las dos primeras opciones son correctas.
102. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. c. Depende del Ministerio de la Presidencia. d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación.
103. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente. c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo.
104. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada: a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la intervención mínima del personal al servicio de la Administración. b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
105. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
106. La firma electrónica actualmente se regula en: a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
107. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en: a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999. b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014. d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.
108. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán: a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección habilitada. c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente elegido por este.
109. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones: a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. b. Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los interesados o les impongan sanciones pecuniarias. d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
110. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a. Por medios electrónicos. b. Por medios no electrónicos. c. Por el medio señalado al efecto por aquel. d. Por el medio señalado al efecto por la Administración.
111. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. b. Los trabajadores por cuenta propia. c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
112. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
113. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
114. En relación a los registros y archivos electrónicos: a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
116. Se entiende por documento electrónico: a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo. c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en poder de la Administración en ejercicio de sus competencias. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
117. Entendemos por carga administrativa: a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento jurídico. b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener determinados servicios de naturaleza administrativa. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
118. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas: a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren en poder de las Administraciones. b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los procedimientos. c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. d. Todas las opciones son correctas.
119. Son funcionarios de la Administración Local: a. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. b. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. c. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. d. Ninguna de las opciones es correcta.
120. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: a. De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. b. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. c. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. d. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.
121. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público a través: a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. b. Del sistema de concurso-oposición o concurso. c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.
122. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: a. Igualdad, mérito y capacidad. b. Capacidad, productividad e igualdad. c. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. d. Cualificación, mérito y capacidad.
123. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución. c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
124. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: a. Por personal funcionario o por personal laboral. b. Con carácter general por personal funcionario. c. Por personal eventual y personal funcionario. d. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.
125. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: a. Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. c. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. d. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.
126. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. d. Ninguna es correcta.
127. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. d. Las dos primeras opciones son correctas.
128. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: a. El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. b. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. c. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. d. El Gobierno, mediante real decreto.
129. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
130. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: a. El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. b. El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará, siendo el concurso libre el modo de provisión habitual.
131. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.
132. Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente en: a. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. d. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.
133. La declaración de situaciones administrativas de funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponderá: a. Al Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda. b. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo la de suspensión de funciones. c. Al Ministerio de la Función Pública. d. Al Ministerio de la Presidencia.
134. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: a. El servicio activo o servicios especiales. b. El servicio en Comunidades Autónomas. c. La comisión de servicios. d. La expectativa de destino.
135. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. b. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. c. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. d. Poseer la titulación exigida.
136. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: a. La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. b. La excedencia voluntaria por interés particular. c. La excedencia voluntaria por agrupación familiar. d. La suspensión de funciones.
137. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: a. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. b. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. c. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. d. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
138. Corresponderán las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico- financiera: a. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. b. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. c. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. d. Ninguna de las opciones es correcta.
139. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: a. Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. b. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. c. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. d. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
140. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. d. A los órganos de la Corporación Local.
141. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local corresponde: a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. b. A los órganos de la Corporación Local. c. A las Diputaciones Provinciales. d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas o de Administración Territorial en su caso.
142. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: a. Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. c. Al Pleno de la Corporación. d. Al Ministerio de Administraciones Públicas.
143. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Al Secretario de Estado para la Función Pública. c. Al Secretario de la Corporación Local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
144. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: a. A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. b. Al Instituto Nacional de Administración Pública. c. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. d. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.
145. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Del Secretario de Estado para la Función Pública. c. De cada Corporación local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
146. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: a. Excedencia forzosa. b. Excedencia voluntaria. c. Servicios especiales. d. Servicio en otras Administraciones Públicas.
147. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: a. De cinco años inmediatamente anteriores. b. De cinco años. c. De cuatro años. d. De dos años inmediatamente anteriores.
148. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios pero no de promoción interna. b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. d. La reserva del puesto de trabajo.
149. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007. b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
150. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por: a. Funcionarios de carrera exclusivamente. b. Exclusivamente por personal funcionario. c. Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. d. Personal funcionario con carácter general.
151. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: a. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local. c. Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
152. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso, con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.
153. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: a. Básicas y complementarias. b. Básicas y suplementos. c. Salario base y complementos en especie. d. Básicas, complementarias e indemnizaciones.
154. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
155. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación: a. La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. b. Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. c. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. d. Todas son correctas.
156. En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción de 2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.
157. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, se establece que las Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
158. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: a. En la carrera profesional horizontal. b. En la provisión de puestos de trabajo. c. En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto. d. Las tres opciones son correctas.
159. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública: a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
160. No se considera actividad en el sector público: a. La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales. b. La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. c. La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. d. La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.
161. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una remuneración: a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos Constitucionales. b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. d. Todas las opciones son correctas.
162. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. d. Ninguna de las opciones es correcta.
163. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. c. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
164. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario: a. Requiere previa autorización de compatibilidad. b. Está exenta del régimen de incompatibilidades. c. Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. d. Ninguna de las opciones es correcta.
165. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
166. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: a. Por el Consejo de Ministros. b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. c. Por el Consejo General del Poder Judicial. d. Las dos primeras opciones son correctas.
167. El procedimiento para obtener la compatibilidad con actividad privada compete: a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. b. A la Oficina de Conflictos de Intereses. c. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha delegado en la Oficina de Conflictos de Intereses. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
168. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.
169. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
170. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.
171. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones: a. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. b. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas. c. Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. d. De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.
172. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses. d. Ninguna de las opciones es correcta.
173. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
174. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son: a. Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. b. Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. c. Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos. d. Son correctas las dos primeras opciones.
175. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la definición de tributos se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos: a. Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. b. Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. c. El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las Comunidades Autónomas respecto al Estado. d. Son correctas las dos primeras opciones.
176. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: a. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. b. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. c. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. d. Ninguna de las opciones es correcta.
177. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: a. Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. b. Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades Autónomas. c. Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva. d. Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea.
178. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las prestaciones pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en: a. Tasas, contribuciones especiales e impuestos. b. Tributos, tasas y contribuciones especiales. c. Tasas, tributos e impuestos. d. Impuestos, tributos y tasas.
179. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son: a. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. c. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
180. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los impuestos son: a. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes. c. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. d. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
181. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la relación jurídico- tributaria: a. Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos. b. Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. c. Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados por la aplicación de los tributos. d. Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por la aplicación de los tributos.
182. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación jurídico- tributaria: a. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración. b. Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento. c. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. d. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario.
183. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente: a. Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. b. Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del tributo. c. Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta. d. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
184. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal tiene por objeto: a. La realización de pagos a cuenta. b. El pago de la cuota tributaria. c. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. d. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos.
185. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente, son: a. Obligaciones accesorias. b. Obligaciones formales. c. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo. d. Obligaciones subsidiarias.
186. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria: a. Son obligaciones tributarias formales. b. Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo. c. Son obligaciones tributarias subsidiarias. d. Son obligaciones tributarias accesorias.
187. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones de satisfacer el interés de demora: a. Son obligaciones tributarias accesorias. b. Son obligaciones tributarias complementarias. c. Son obligaciones tributarias subsidiarias. d. Son obligaciones tributarias subordinadas.
188. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las sanciones tributarias: a. Tienen la consideración de obligaciones accesorias. b. No tienen la consideración de obligaciones accesorias. c. Tienen la consideración de obligaciones principales. d. Ninguna de las opciones es correcta.
189. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es: a. Una obligación tributaria principal. b. Una obligación tributaria accesoria. c. Una obligación tributaria formal. d. Ninguna de las opciones es correcta.
190. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de: a. La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. b. Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. c. Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. d. Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.
191. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible es: a. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. b. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones establecidas en la ley. c. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. d. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
192. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: a. Estimación directa, objetiva o indirecta. b. Estimación directa y estimación objetiva. c. Estimación directa y estimación indirecta. d. Ninguna de las opciones es correcta.
193. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las bases imponibles: a. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta. b. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva. c. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. d. Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas físicas.
194. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la estimación objetiva: a. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. b. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación. c. Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.
195. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación indirecta se aplicará: a. Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. b. Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. c. En los supuestos establecidos legalmente. d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.
196. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base liquidable es: a. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. b. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. c. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes. d. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.
197. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos de gravamen: a. Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. b. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. c. Podrán ser especificados reglamentariamente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
198. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la cuota íntegra se determinará: a. Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto. b. Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable. c. Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. d. Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.
199. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda tributaria estará constituida: a. Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. b. En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente. c. En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. d. Las dos primeras opciones son correctas.
200. Entendemos por obligados tributaros: a. Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. b. Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. c. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago. d. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.
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