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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEestepicursor específico

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Título del test:
estepicursor específico

Descripción:
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Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
12/10/2020

Categoría:
Ocio

Número preguntas: 499
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1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: a. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. b. A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. c. A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad d. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.
2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.
3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: a. Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. b. El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. c. Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. d. Todas las opciones son válidas.
4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. b. La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. d. La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.
5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: a. Instrucciones y órdenes de servicio. b. Reglamentos internos. c. Circulares. d. Disposiciones de carácter general.
7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.. d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. d. Son correctas las dos primeras opciones.
9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: a. Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. b. Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. c. Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. d. Ninguna es correcta.
10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: a. Podrá interponerse recurso de alzada. b. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. c. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. d. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.
11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: a. Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. b. Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. c. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. d. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.
12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: a. Podrá ser un miembro del propio órgano. b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: a. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. b. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. c. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. d. Fijar el orden del día.
15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. c- Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. d. Cuando así lo decidan todos sus miembros.
16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: a. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. b. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. c. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. d. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.
17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.
18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.
21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: a. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. b. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. c. Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: a. Por escrito a través de medios electrónicos. b. A través de medios electrónicos. c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. d. Por escrito o verbalmente.
23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: a. Son convalidables. b. No son recurribles. c. Son anulables. d. Son nulas.
24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso.
25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.
26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: a. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b. Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: a. Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. b. En cualquier caso. c. A instancias del interesado. d. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: a. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b. Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. c. Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. d. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a. Por medios electrónicos. b. Por medios no electrónicos. c. Por el medio señalado al efecto por la Administración. d. Por el medio señalado al efecto por aquel.
31. Entendemos por procedimiento administrativo: a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.
32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.
33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. c. Son competencias exclusivas del Estado. d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.
35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. d. Las dos primeras opciones son correctas.
36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.
37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. b. En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. c. En el mismo momento de la formulación de la recusación. d. En el día siguiente a la presentación del escrito.
39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.
41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.
43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. c. A no presentar en ningún caso documentos originales. d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: a. Directamente de oficio por la misma Administración. b. A petición de cualquier interesado. c. A petición de quien acredite un interés legítimo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
45. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. c. La denuncia de un particular. d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.
47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: a. De veinte días. b. De cinco días. c. De diez días. d. De tres días.
49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.
50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.
51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.
53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.
54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. b. En todo momento del procedimiento. c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.
55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: a. No superior a treinta días ni inferior a diez. b. No superior a veinte días ni inferior a diez. c. No superior a quince días ni inferior a diez. d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.
57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: a. Facultativos y no vinculantes. b. Preceptivos y no vinculantes. c. Facultativos y vinculantes. d. Preceptivos y vinculantes.
58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.
59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. b. La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.
60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.
61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.
62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público. b. Celebrados con entidades de Derecho público. c. Celebrados con personas de Derecho público o privado. d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.
63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.
64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.
65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.
66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: a. En los procedimientos iniciados de oficio. b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.
67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.
68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.
69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.
70. La estimación por silencio administrativo: a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.
71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. b. A instancia del interesado. c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.
72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 4/1999, de 13 de enero.
73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. d. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.
75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: a. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.
76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: a. Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.
77. En los procedimientos iniciados de oficio: a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.
78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.
79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.
80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. b. De oficio por razones de orden público o interés general. c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.
81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: a. En un plazo de quince días. b. En un plazo de cuarenta días. c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.
82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.
84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.
85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.
86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.
87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.
88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.
89. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El artículo 9.3 de la Constitución. c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
90. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios electrónicos: a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas dispusieren. b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos. c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de la contratación con el sector público. d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispusieran.
91. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con: a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre. b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
92. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas. c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios electrónicos con los ciudadanos.
93. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre. c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre. d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías. b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
95. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016. b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el resto derogado. c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015. d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015.
96. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la Administración Pública es: a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la Constitución. b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión Europea. d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la Constitución.
97. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos se estableció en: a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999. d. Ninguna es correcta.
98. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos se establece en: a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
99. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos utilizados por las Administraciones Públicas: a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los diferentes organismos administrativos. b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los procedimientos incoados por medios electrónicos. c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación conjunta de servicios a los interesados.
100. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es: a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una Administración Pública. d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información.
101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. d. Las dos primeras opciones son correctas.
102. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. c. Depende del Ministerio de la Presidencia. d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación.
103. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente. c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo.
104. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada: a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la intervención mínima del personal al servicio de la Administración. b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
105. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
106. La firma electrónica actualmente se regula en: a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
107. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en: a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999. b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014. d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.
108. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán: a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección habilitada. c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente elegido por este.
109. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones: a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. b. Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los interesados o les impongan sanciones pecuniarias. d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
110. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a. Por medios electrónicos. b. Por medios no electrónicos. c. Por el medio señalado al efecto por aquel. d. Por el medio señalado al efecto por la Administración.
111. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. b. Los trabajadores por cuenta propia. c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
112. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
113. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
114. En relación a los registros y archivos electrónicos: a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
116. Se entiende por documento electrónico: a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo. c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en poder de la Administración en ejercicio de sus competencias. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
117. Entendemos por carga administrativa: a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento jurídico. b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener determinados servicios de naturaleza administrativa. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
118. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas: a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren en poder de las Administraciones. b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los procedimientos. c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. d. Todas las opciones son correctas.
119. Son funcionarios de la Administración Local: a. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. b. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. c. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo. d. Ninguna de las opciones es correcta.
120. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará: a. De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios. b. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral. c. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. d. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.
121. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público a través: a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. b. Del sistema de concurso-oposición o concurso. c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.
122. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de: a. Igualdad, mérito y capacidad. b. Capacidad, productividad e igualdad. c. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. d. Cualificación, mérito y capacidad.
123. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución. c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
124. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: a. Por personal funcionario o por personal laboral. b. Con carácter general por personal funcionario. c. Por personal eventual y personal funcionario. d. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.
125. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: a. Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. c. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación. d. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.
126. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. d. Ninguna es correcta.
127. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. d. Las dos primeras opciones son correctas.
128. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por: a. El Ministerio de la Presidencia, mediante orden. b. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. c. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. d. El Gobierno, mediante real decreto.
129. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
130. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: a. El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión. b. El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión. c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará, siendo el concurso libre el modo de provisión habitual.
131. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.
132. Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente en: a. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. d. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.
133. La declaración de situaciones administrativas de funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponderá: a. Al Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda. b. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo la de suspensión de funciones. c. Al Ministerio de la Función Pública. d. Al Ministerio de la Presidencia.
134. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: a. El servicio activo o servicios especiales. b. El servicio en Comunidades Autónomas. c. La comisión de servicios. d. La expectativa de destino.
135. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local: a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. b. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos. c. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. d. Poseer la titulación exigida.
136. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra: a. La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio. b. La excedencia voluntaria por interés particular. c. La excedencia voluntaria por agrupación familiar. d. La suspensión de funciones.
137. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que: a. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. b. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. c. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. d. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
138. Corresponderán las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico- financiera: a. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. b. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. c. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. d. Ninguna de las opciones es correcta.
139. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: a. Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino. b. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. c. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación. d. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
140. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. d. A los órganos de la Corporación Local.
141. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local corresponde: a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. b. A los órganos de la Corporación Local. c. A las Diputaciones Provinciales. d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas o de Administración Territorial en su caso.
142. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: a. Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. c. Al Pleno de la Corporación. d. Al Ministerio de Administraciones Públicas.
143. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Al Secretario de Estado para la Función Pública. c. Al Secretario de la Corporación Local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
144. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: a. A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. b. Al Instituto Nacional de Administración Pública. c. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. d. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.
145. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Del Secretario de Estado para la Función Pública. c. De cada Corporación local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
146. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de: a. Excedencia forzosa. b. Excedencia voluntaria. c. Servicios especiales. d. Servicio en otras Administraciones Públicas.
147. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: a. De cinco años inmediatamente anteriores. b. De cinco años. c. De cuatro años. d. De dos años inmediatamente anteriores.
148. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios pero no de promoción interna. b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. d. La reserva del puesto de trabajo.
149. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007. b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
150. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por: a. Funcionarios de carrera exclusivamente. b. Exclusivamente por personal funcionario. c. Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. d. Personal funcionario con carácter general.
151. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: a. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local. b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local. c. Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local. d. Ninguna de las opciones es correcta.
152. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso, con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.
153. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: a. Básicas y complementarias. b. Básicas y suplementos. c. Salario base y complementos en especie. d. Básicas, complementarias e indemnizaciones.
154. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
155. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación: a. La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. b. Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. c. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. d. Todas son correctas.
156. En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción de 2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.
157. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, se establece que las Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
158. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: a. En la carrera profesional horizontal. b. En la provisión de puestos de trabajo. c. En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto. d. Las tres opciones son correctas.
159. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública: a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
160. No se considera actividad en el sector público: a. La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales. b. La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. c. La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. d. La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.
161. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una remuneración: a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos Constitucionales. b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. d. Todas las opciones son correctas.
162. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. d. Ninguna de las opciones es correcta.
163. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. c. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
164. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario: a. Requiere previa autorización de compatibilidad. b. Está exenta del régimen de incompatibilidades. c. Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. d. Ninguna de las opciones es correcta.
165. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
166. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: a. Por el Consejo de Ministros. b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. c. Por el Consejo General del Poder Judicial. d. Las dos primeras opciones son correctas.
167. El procedimiento para obtener la compatibilidad con actividad privada compete: a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. b. A la Oficina de Conflictos de Intereses. c. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha delegado en la Oficina de Conflictos de Intereses. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
168. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.
169. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
170. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.
171. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones: a. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. b. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas. c. Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos. d. De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.
172. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses. d. Ninguna de las opciones es correcta.
173. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
174. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son: a. Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. b. Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. c. Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos. d. Son correctas las dos primeras opciones.
175. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la definición de tributos se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos: a. Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. b. Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. c. El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las Comunidades Autónomas respecto al Estado. d. Son correctas las dos primeras opciones.
176. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: a. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. b. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. c. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales. d. Ninguna de las opciones es correcta.
177. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a: a. Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución. b. Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades Autónomas. c. Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva. d. Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea.
178. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las prestaciones pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en: a. Tasas, contribuciones especiales e impuestos. b. Tributos, tasas y contribuciones especiales. c. Tasas, tributos e impuestos. d. Impuestos, tributos y tasas.
179. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son: a. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. c. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
180. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los impuestos son: a. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes. c. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. d. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
181. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la relación jurídico- tributaria: a. Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos. b. Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. c. Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados por la aplicación de los tributos. d. Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por la aplicación de los tributos.
182. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación jurídico- tributaria: a. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración. b. Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento. c. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. d. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario.
183. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente: a. Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. b. Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del tributo. c. Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta. d. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
184. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal tiene por objeto: a. La realización de pagos a cuenta. b. El pago de la cuota tributaria. c. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. d. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos.
185. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente, son: a. Obligaciones accesorias. b. Obligaciones formales. c. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo. d. Obligaciones subsidiarias.
186. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria: a. Son obligaciones tributarias formales. b. Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo. c. Son obligaciones tributarias subsidiarias. d. Son obligaciones tributarias accesorias.
187. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones de satisfacer el interés de demora: a. Son obligaciones tributarias accesorias. b. Son obligaciones tributarias complementarias. c. Son obligaciones tributarias subsidiarias. d. Son obligaciones tributarias subordinadas.
188. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las sanciones tributarias: a. Tienen la consideración de obligaciones accesorias. b. No tienen la consideración de obligaciones accesorias. c. Tienen la consideración de obligaciones principales. d. Ninguna de las opciones es correcta.
189. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es: a. Una obligación tributaria principal. b. Una obligación tributaria accesoria. c. Una obligación tributaria formal. d. Ninguna de las opciones es correcta.
190. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de: a. La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. b. Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. c. Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo. d. Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.
191. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible es: a. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. b. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones establecidas en la ley. c. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. d. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
192. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: a. Estimación directa, objetiva o indirecta. b. Estimación directa y estimación objetiva. c. Estimación directa y estimación indirecta. d. Ninguna de las opciones es correcta.
193. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las bases imponibles: a. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta. b. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva. c. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa. d. Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas físicas.
194. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la estimación objetiva: a. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios. b. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación. c. Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.
195. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación indirecta se aplicará: a. Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario. b. Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. c. En los supuestos establecidos legalmente. d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.
196. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base liquidable es: a. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. b. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. c. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes. d. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.
197. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos de gravamen: a. Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. b. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. c. Podrán ser especificados reglamentariamente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
198. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la cuota íntegra se determinará: a. Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto. b. Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable. c. Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. d. Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.
199. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda tributaria estará constituida: a. Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. b. En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente. c. En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. d. Las dos primeras opciones son correctas.
200. Entendemos por obligados tributaros: a. Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. b. Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. c. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago. d. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.
201. Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, no son obligados tributarios: a. Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente. b. Los obligados a realizar o soportar pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta), los obligados a repercutir o a soportar la repercusión. c. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos y los sucesores. d. Los albaceas testamentarios.
202. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, incorpora nuevos derechos de los obligados tributarios. Señale el supuesto ya recogido en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes: a. El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas. b. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma. c. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las manifestaciones del interesado. d. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las manifestaciones del interesado o el derecho a presentar cualquier documento que se estime conveniente.
203. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener el reembolso con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto: a. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia. b. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado totalmente improcedente por sentencia. c. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. d. En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previo requerimiento al efecto.
204. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener: a. Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con abono del interés de demora pertinente sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. b. Las devoluciones de ingresos indebidos que procedan previo requerimiento al efecto, con el abono de intereses de demora. c. En los plazos legalmente previstos, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés legal pertinente. d. En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previo requerimiento al efecto.
205. Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son: a. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. b. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. c. El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o retenciones, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias. d. El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, los obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.
206. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación al obligado a repercutir, podemos afirmar que: a. Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. b. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. c. Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. d. Las dos primeras opciones son correctas.
207. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación el Consejo para la Defensa del Contribuyente: a. Se integra en el Ministerio de Hacienda. b. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas. c. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y asesora a los interesados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
208. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sujeto pasivo: a. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal. b. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. c. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones tributarias formales. d. El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente.
209. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sustituto: a. El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de las obligaciones tributarias. b. El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las obligaciones formales inherentes a la relación tributaria. c. El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. d. Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo.
210. Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son supuestos de exención: a. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. b. Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al tratarse de presupuestos que caen fuera de la órbita del impuesto. c. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. d. Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
211. Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los supuestos de exención: a. El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están reservados a la ley. b. Deben ser interpretadas de forma restrictiva. c. Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de realizar el hecho imponible no quedan obligadas al pago del tributo. d. Todas las opciones son correctas.
212. Las exenciones pueden clasificarse en: a. Exenciones administrativas si se aplican en la tramitación y exenciones reglamentarias, en virtud de las normas que las establecen. b. Exenciones objetivas, que el legislador con carácter previo establece respecto a determinados hechos o situaciones, que, a pesar de estar incluidos dentro del ámbito del hecho imponible, no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y exenciones subjetivas, que se establecen a criterio del órgano liquidador previa solicitud del interesado. c. Exenciones totales, que excluyen absolutamente el pago de la cuota tributaria y exenciones parciales, que reducen una parte de la cuota, incidiendo en los elementos de cuantificación de la misma. d. Ninguna de las opciones es correcta.
213. La exención opera: a. En el ámbito cuantificador del tributo. b. En el ámbito de la carga tributaria del tributo, como mecanismo técnico que minora el cálculo de la base. c. En el ámbito de la cuota íntegra ya determinada para concretar la cuota líquida del tributo. d. En el ámbito identificador del mismo o delimitación del hecho imponible.
214. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a: a. Las personas que la tengan conforme a derecho. b. Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia. c. Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. d. Son correctas las dos primeras opciones.
215. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, necesitarán actuar mediante representantes legales: a. Las personas que no carezcan de capacidad de obrar. b. Los menores emancipados. c. Las personas jurídicas. d. Son correctas las dos primeras opciones.
216. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, actuarán como representantes legales de las personas jurídicas: a. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. b. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo de la entidad en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. c. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por acuerdo societario válidamente adoptado en el momento en que se produzcan el devengo de la obligación tributaria. d. Quienes la ostenten, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los socios o partícipes.
217. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, corresponderá a: a. El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente. b. El que aparentemente ejerza la gestión o dirección. c. Cualquiera de sus miembros o partícipes. d. El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que aparentemente ejerza la gestión o cualquiera de sus miembros.
218. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar: a. Por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal. b. Por medio de abogado y procurador. c. Por medio de colaborador social debidamente colegiado y registrado. d. Por medio de mandatario verbal.
219. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente: a. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario. b. Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos. c. Para los actos de mero trámite. d. Las dos primeras opciones son correctas.
220. Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración Tributaria: a. El presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. b. El presentador habrá de acreditar dicha representación. c. El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación. d. La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la representación.
221. Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español cuando: a. No operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente. b. Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración. c. Por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración Tributaria. d. Sean ciudadanos de la Unión Europea.
222. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria: a. El domicilio fiscal será, en todo caso, para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. b. Para las personas físicas el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección sus actividades económicas. c. Para las personas físicas el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas. d. Para las personas físicas será posible que el domicilio fiscal sea cualquiera de los anteriores.
223. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación con el domicilio fiscal: a. Cada Administración deberá comprobar bianualmente el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa. b. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración Tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. c. El cambio de domicilio fiscal producirá efectos frente a la Administración Tributaria desde que se inscriba dicho cambio en el registro oficial pertinente, según se trate de persona física o jurídica. d. Cada Administración deberá rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.
224. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal de las personas o entidades no residentes en España: a. Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la Administración Tributaria. b. Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los ciudadanos de sus Estados miembros. c. Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la administración competente. d. Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.
225. La actuación de las Administraciones Tributarias se desarrolla a través de procedimientos administrativos, esto implica: a. Una secuencia ordenada de actos en la que cada uno de ellos trae causa del anterior y es preparatorio del siguiente. b. Un conjunto ordenado de trámites hasta llegar al acto final resolutorio del procedimiento. c. Que son procedimientos eventuales, ya que no se dan en todos en todos los casos, y fungibles, pues pueden variar su estructura para cada caso. d. Las tres opciones son correctas.
226. Según el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán: a. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo y supletoriamente, por la Ley 39/2015. b. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y por la Ley 40/2015. c. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 39/1992. d. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
227. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos podrán iniciarse: a. De oficio o a instancia del obligado tributario, mediante cualquier medio previsto en la normativa tributaria. b. A instancia de parte, de oficio o por indicación de otro organismo administrativo interesado previsto en la normativa tributaria. c. De oficio o a petición de otro órgano administrativo interesado competente en el expedienta a iniciar. d. Ninguna de las opciones es correcta.
228. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso: a. El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. b. El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. c. El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. d. Ninguna de las opciones es correcta.
229. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios: a. Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. b. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. c. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. d. Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
230. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios: a. La Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. b. La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. c. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés legítimo en el procedimiento. d. En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
231. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios: a. Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. b. Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria. c. Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
232. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las comunicaciones son: a. Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. b. Los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. c. Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones Públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes. d. Ninguna de las opciones es correcta.
233. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula tres grandes tipos de procedimientos de acuerdo a una distribución funcional de los mismos: a. Los procedimientos de gestión y liquidación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. b. Los procedimientos de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. c. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento inspector y sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa. d. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento investigador y sancionador y los procedimientos de revisión y de apremio en vía administrativa.
234. Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, vienen referidos a la efectividad del tributo, se concretan en: a. Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución. b. Investigación, liquidación y recaudación. c. Gestión, inspección y recaudación. d. Verificación, certificación y recaudación.
235. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución: a. Cuando se suscriban actas con acuerdo. b. Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. c. Cuando expresamente se solicite por los interesados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
236. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán: a. Presentar por medio de representante sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. b. Presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. c. Presentar por medio de colaboradores sociales sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. d. Presentar por correo certificado sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
237. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta: a. Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20. b. Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15. c. Que tendrá una duración de 15 días. d. Que tendrá una duración de 20 días.
238. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pondrá fin a los procedimientos tributarios: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud y la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas. b. La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. c. La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación. d. Las dos primeras opciones son correctas.
239. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria está obligada: a. A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. b. A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la renuncia o el desistimiento de los interesados. c. A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos. d. Ninguna de las opciones es correcta.
240. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho: a. Los actos de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. b. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. c. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos. d. Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
241. Según el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos de aplicación de los tributos: a. Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. b. La unidad de gestión tributaria cumplirá su deber de probar si designa de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. c. La factura constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, si la Administración cuestiona su efectividad, le corresponde aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. d. Las tres opciones son correctas.
242. Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la prueba: a. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización en todo caso. b. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. c. Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto con el consentimiento de la unidad tributaria que practicó la diligencia. d. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos privados establecida en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
243. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la notificación se practicará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a. En el domicilio fiscal del obligado tributario en todo caso. b. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. d. En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante en todo caso.
244. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse: a. En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. b. En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. d. Las dos primeras opciones son correctas.
245. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos: a. Mediante denuncia anónima. b. Mediante denuncia pública. c. Mediante comunicación anónima. d. Las tres opciones son válidas.
246. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el denunciante: a. Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. b. Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia. c. Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones. d. Ninguna de las opciones es correcta.
247. Según el artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá comprobar e investigar: a. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción. b. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. c. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y negocios determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito. d. Cualesquiera hechos, actos, elementos y actividades relacionadas con la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.
248. Respecto a las liquidaciones tributarias, según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: a. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que resulte a devolver de acuerdo con la normativa tributaria. b. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria. c. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que corresponda compensar de acuerdo con la normativa tributaria. d. Todas las opciones son correctas.
249. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: a. La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. b. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. c. Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. d. Las dos últimas opciones son correctas.
250. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: a. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. b. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. c. Uno de los impuestos obligatorios que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. d. Uno de los impuestos que exigen los Ayuntamientos junto con el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
251. Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: a. Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, real, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles. b. Un impuesto local de carácter obligatorio, directo, personal, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles. c. Un impuesto local de carácter obligatorio, indirecto, real, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles. d. Un impuesto local de carácter potestativo, directo, personal, objetivo y periódico que grava el valor de los bienes inmuebles.
252. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava: a. El valor de los bienes inmuebles en función del producto o de la renta que de ellos se deriva. b. El valor de los bienes inmuebles progresivamente en relación a la renta que de ellos se obtiene. c. El valor de los bienes inmuebles con independencia de su producto o de la renta que de ellos se deriva. d. La propiedad de los bienes inmuebles en función del producto que de ellos se obtiene.
253. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es: a. La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales. b. La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. c. La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. d. La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles urbanos y sobre los inmuebles de características especiales inscritos como tales en el Registro de la Propiedad.
254. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los derechos sobre los bienes inmuebles que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles son: a. La concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. b. De un derecho real de superficie o usufructo. c. De un derecho real de propiedad de bienes afectos a uso público. d. Las dos primeras opciones son correctas.
255. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales: a. Los inscritos como tales en el Registro de la Propiedad. b. Los definidos como tales por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. c. Los clasificados como tales por la Dirección General del Catastro. d. Los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
256. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. Los inmuebles de dominio público propiedad de los municipios, afectos a un servicio público cedidos a terceros mediante contraprestación. b. Los bienes inmuebles patrimoniales propiedad de los municipios, cedidos a terceros mediante contraprestación. c. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. d. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
257. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. b. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. c. Los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados y las oficinas de la dirección de líneas de ferrocarriles. d. Los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
258. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previa solicitud, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. b. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas. c. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural. d. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
259. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de: a. Los bienes de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja Española. b. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación. c. Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. d. Los bienes, sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años.
260. Según se desprende del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entre las exenciones rogadas permanentes, en las que su aplicación depende de su solicitud, tenemos: a. Las superficies de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas. b. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en dichos terrenos dedicados a estaciones o almacenes. c. Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo. d. Las establecidas por razón de catástrofes naturales para los inmuebles afectados por las mismas.
261. El Catastro es: a. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. c. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. d. Un censo confeccionado por la Administración Estatal de los inmuebles rústicos o urbanos a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Impuesto sobre Actividades Económicas.
262. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles quienes ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, lo serán a título de contribuyentes: a. Las personas naturales y jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. b. Los concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. c. La persona física o jurídica que ostente la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible. d. Las dos primeras opciones son correctas.
263. Según el artículo 6 de la Ordenanza fiscal número 1 del Ayuntamiento de Málaga, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (BOP nº 246 de 27 de diciembre de 2013), la base imponible de este impuesto estará constituida por: a. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. b. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, y será susceptible de impugnación, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. c. El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. d. El valor catastral de los bienes inmuebles debidamente registrados y censados, que se determinará periódicamente por la Dirección General del Catastro.
264. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral de un inmueble estará integrado por: a. El valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones fijado por el Estado. b. El valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble según la Ponencia de valores determinada por el municipio correspondiente más los coeficientes reglamentarios. c. El valor administrativo fijado por las Gerencias Provinciales del Catastro en aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. d. Ninguna de las opciones es correcta.
265. El Impuesto de Bienes Inmuebles es: a. Un impuesto de titularidad autonómica cuya gestión se halla compartida con el Estado. b. Un impuesto de titularidad municipal cuya gestión se halla compartida con el Estado. c. Un impuesto de titularidad estatal cuya gestión se halla compartida con el municipio. d. Ninguna de las opciones es correcta.
266. Al objeto de garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral de los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, es obligatoria: a. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como la de las alteraciones de su calificación. b. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como la de las alteraciones de su titularidad. c. La incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario, así como la de las alteraciones de sus características. d. Las tres opciones son correctas.
267. Según el artículo 7 de la Ordenanza fiscal número 1 del Ayuntamiento de Málaga, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (BOP nº 246 de 27 de diciembre de 2013), la reducción que se aplica sobre la base imponible se extenderá: a. Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. b. Durante un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. c. Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. d. Durante un período de seis años a contar desde la aprobación de los nuevos valores catastrales.
268. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado: a. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes que pueden ser distintos para cada clase de inmuebles. b. Pueden fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se deban determinar en función de su dinámica inmobiliaria. c. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes de tarifa uniforme para toda clase de inmuebles. d. Las dos primeras opciones son correctas.
269. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aquellos que sean objeto de dichos derechos: a. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. b. En los supuestos de transmisión onerosa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. c. En los supuestos de transmisión mortis causa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto. d. En los supuestos de transmisión no lucrativa de la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
270. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas participaciones. c. Responden por partes iguales en todo caso. d. Las dos primeras opciones son correctas.
271. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si no figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas participaciones. c. Responden por partes iguales en todo caso. d. Ninguna de las opciones es correcta.
272. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación a la afección real en la transmisión y responsabilidad en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen: a. Sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. b. Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el Impuesto por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble. c. Sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria. d. Todas las opciones son correctas.
273. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los supuestos de cambio en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria: a. En régimen de responsabilidad subsidiaria. b. En régimen de responsabilidad solidaria. c. En régimen de responsabilidad mancomunada. d. Ninguna de las opciones es correcta.
274. Los bienes inmuebles se pueden clasificar catastralmente en: a. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de la naturaleza del suelo. b. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su calificación registral. c. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su referencia catastral. d. Urbanos, rústicos y de características especiales dependiendo de su situación según la cartografía oficial del Catastro.
275. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la base liquidable: a. Es el resultado de practicar en la base imponible de los bienes inmuebles una reducción si su valor catastral aumenta como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. b. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de actualización colectiva de carácter parcial. c. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de revisión colectiva de carácter ordinario. d. Es el resultado de practicar una reducción en la base imponible de los bienes inmuebles cuyo valor catastral aumente como consecuencia de un procedimiento de resolución colectiva de carácter simplificado.
276. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible. b. La notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble. c. La notificación incluirá los importes de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. d. Las tres opciones son correctas.
277. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando se produzcan alteraciones de términos municipales los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio: a. Mantendrán, en todo caso, el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. b. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores. c. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen durante los cinco años siguientes a la modificación. d. Mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen hasta el siguiente procedimiento de valoración colectiva general.
278. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de: a. La Dirección General del Catastro. b. La Comisión Técnica de Cooperación Catastral. c. La Junta Pericial Técnica Catastral. d. La Gerencia Regional de Coordinación Catastral.
279. Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la reducción en la base imponible será aplicable a: a. Aquellos bienes inmuebles urbanos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. b. Aquellos bienes inmuebles rústicos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general. c. Aquellos bienes inmuebles cuyo valor catastral se incremente por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. d. Las dos primeras opciones son correctas.
280. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se aplicará: a. Durante un período de cinco años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. b. Durante un período de ocho años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. c. Durante un período de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. d. Durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales.
281. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuantía de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, para cada tipo de inmueble afectado, a un componente objetivo preestablecido para cada municipio. b. Será el resultado de aplicar un coeficiente objetivo único para todos los inmuebles afectados, a un valor predeterminado para cada municipio. c. Será el resultado de restar un porcentaje objetivo establecido para grupos de inmuebles afectados del municipio durante un período de tiempo dado según el valor asignado a dichos inmuebles. d. Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
282. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el coeficiente reductor que se aplica en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrá el valor: a. De 0,9 durante todo el período en el que permanezca invariable el valor catastral, hasta la siguiente modificación. b. De 0,9 durante nueve años previa solicitud del obligado tributario en cada ejercicio. c. De 0,9 durante los primeros cinco años, e irá disminuyendo anualmente hasta su desaparición. d. De 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
283. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el componente individual de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será: a. En cada año, la diferencia entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. b. Hasta el siguiente procedimiento de valoración general, la diferencia entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. c. En cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. d. Ninguna de las opciones es correcta.
284. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el valor base será: a. La media de la base liquidable de los últimos cinco ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. b. La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. c. La base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. d. La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.
285. Según se desprende del artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base será: a. La media de la base imponible de los últimos diez ejercicios anteriores a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. b. La base imponible del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. c. La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización. d. Ninguna de las opciones es correcta.
286. Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la cuota íntegra de este impuesto será: a. El resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen correspondiente. b. La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. c. La cantidad que se obtendrá minorando de la base liquidable el coeficiente reductor. d. La cantidad que se obtendrá minorando la cuota líquida en el importe del coeficiente reductor.
287. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: a. Que no podrá ser inferior al 0,5 %. b. Que no podrá ser inferior al 0,3 %. c. Que será del 0,4 %. d. Que no podrá ser inferior al 0,4 %.
288. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes inmuebles urbanos: a. Que no podrá ser superior al 1,1 %. b. Que no podrá ser superior al 1 %. c. Que no podrá ser superior al 1,5 %. d. Que no podrá ser superior al 1,3 %.
289. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen mínimo y supletorio cuando se trate de bienes inmuebles urbanos será: a. 0,4 %. b. 0,6 %. c. 1,5 %. d. Ninguna de las opciones es correcta.
290. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen mínimo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de bienes inmuebles rústicos será el: a. 0,6 %. b. 0,3 %. c. 0,4 %. d. 1,3 %.
291. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen máximo y supletorio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de bienes inmuebles rústicos será del: a. 0,6 %. b. 0,5 %. c. 0,90 %. d. 0,80 %.
292. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio será del: a. 0,80 %. b. 0,90 %. c. 0,6 %. d. 0,5 %.
293. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será inferior: a. Al 0,45 %. b. Al 0,3 %. c. Al 0,25 %. d. Al 0,4 %.
294. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de los bienes inmuebles de características especiales existentes en el municipio un tipo diferenciado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, en ningún caso, será superior: a. Al 1,3 %. b. Al 1,25 %. c. Al 1,2 %. d. Al 1 %.
295. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles fijados con un 0,07 para los bienes urbanos para el caso de: a. Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie. a. Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma. c. Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la superficie total del término. d. Las dos primeras opciones son correctas.
296. Según el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. b. Los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. c. Los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
297. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: a. A favor de bienes inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria. b. A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. c. A favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. d. A favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que correspondan a asentamientos de población singularizados por actividades primarias de caracteres agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros o análogos y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio.
298. Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devengará: a. El primer día del período impositivo que coincide con el año natural. b. En los primeros veinte días de cada año. c. El primer día del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. d. Ninguna de las opciones es correcta.
299. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos: a. La liquidación, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. La liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c. La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. d. La recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
300. Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los datos contenidos en el padrón catastral deberán figurar: a. En los documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. En las listas cobratorias y los documentos de ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c. En las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. d. En los justificantes de pago y en las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
301. La gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que desarrolla la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda finaliza: a. Con la aprobación de los coeficientes a aplicar para la determinación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Con el registro del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c. Con la determinación del valor catastral, que es la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. d. Con la aprobación de las bonificaciones potestativas a aplicar para la determinación de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
302. El Catastro Inmobiliario es: a. Un organismo que ejerce las funciones que le son atribuidas directamente, a través de los Servicios Centrales y de las Gerencias ubicadas en las distintas provincias y ciudades autónomas, excepto País Vasco y Navarra. b. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos. c. Una entidad sin personalidad jurídica dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen y registran los bienes inmuebles de características especiales. d. Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política Territorial en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales.
303. La Dirección General del Catastro: a. Es el órgano directivo que tiene encomendada la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario. b. Es el órgano directivo que tiene encomendada la difusión de la información catastral. c. Se integra dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda. d. Las tres opciones son correctas.
304. Las funciones de la Dirección General del Catastro: a. Las ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas. b. La Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través de los Servicios Centrales y los Servicios Periféricos constituidos por las Gerencias Provinciales y Municipales. c. Consisten en garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. d. Las dos primeras opciones son correctas.
305. Los puntos de información catastral son: a. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en los distintos Ayuntamientos. b. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en las distintas Diputaciones. c. Portales electrónicos donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral y obtener certificado acreditativo de la misma. d. Las dos primeras opciones son correctas.
306. Según el artículo 1 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, este se puede definir como: a. Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en dicho texto legal. b. Es un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. c. Es un sistema de gestión topográfico parcelario destinado a establecer, verificar y certificar los valores catastrales de los bienes inscritos. d. Es una fórmula de recopilación y gestión de datos relacionados con la titularidad y características de los bienes inmuebles.
307. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los principios informadores del Catastro Inmobiliario, se concretan en: a. Los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos. b. Los principios de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y a la productividad. c. Los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica. d. Las dos primeras opciones son correctas.
308. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Catastro Inmobiliario: a. Estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que requieran información sobre inmuebles y justifiquen un interés legítimo. b. Colaborará con las Administraciones Públicas, los juzgados y tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. c. Certifica la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones y la representación gráfica de los inmuebles inscritos en él. d. Certifica el valor de referencia de mercado de los inmuebles inscritos en él, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero.
309. Según se desprende del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Catastro se constituye como: a. Un órgano de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva del Estado. b. Un registro administrativo de bienes inmuebles, a diferencia de la concepción del Registro de la Propiedad como registro de derechos. c. Un registro que es el único que tiene efectos de fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. d. Un sistema de difusión de información inmobiliaria de competencia exclusiva de las Entidades Locales.
310. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario: a. Es competencia exclusiva del Estado, así como la difusión de la información catastral. b. Es competencia transferida a las Comunidades Autónomas, así como la verificación de los valores catastrales. c. Es competencia de las Entidades Locales, así como la certificación de los valores catastrales. d. Las dos primeras opciones son correctas.
311. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entre las funciones del Catastro Inmobiliario, se comprenden: a. La valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral. b. La fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. c. La coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores. d. Ninguna de las opciones es correcta.
312. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, a los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble: a. La parcela enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. b. Las construcciones emplazadas en una parcela cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. c. La parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. d. Las dos últimas opciones son correctas.
313. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá: a. De la naturaleza de su suelo. b. De la calificación otorgada por la Dirección General del Catastro. c. De la calificación otorgada por la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. d. De la calificación que conste en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito.
314. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se entiende por suelo de naturaleza urbana: a. El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizado. b. El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente. c. El terreno que disponga de vías pavimentadas o encintado de aceras. d. De la calificación que conste en el Registro de la Propiedad donde se encuentre inscrito.
315. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tendrá la consideración de suelo de naturaleza urbana: a. Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables. b. Los terrenos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado. c. Los terrenos sobre los que se ubiquen aeropuertos y puertos comerciales. d. Las dos primeras opciones son válidas.
316. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, son titulares catastrales: a. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. b. Las personas naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. c. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar la titularidad de determinados derechos sobre la totalidad de un bien inmueble. d. Las dos últimas opciones son correctas.
317. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el titular catastral debe su condición a ser titular de alguno de los siguientes derechos: a. Derecho de propiedad plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto y usufructo. b. Derecho de propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o derecho real de usufructo. c. Derecho real de superficie, derecho real de usufructo y concesión administrativa sobre el bien inmueble. d. Ninguna de las opciones es correcta.
318. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en caso de discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro de la Propiedad: a. En el caso de fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en el Registro de la Propiedad, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte de aquél. b. En el caso de que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad se tomará en cuenta la titularidad que conste en el primero. c. En cualquier caso, prevalecerá la titularidad que conste en el Registro de la Propiedad, puesto que tiene el beneficio de la fe pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
319. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales: a. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en dicha norma. b. Ostentan los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. c. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. d. Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 40/2015.
320. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, es obligatoria: a. La incorporación de los bienes inmuebles, las alteraciones de sus características y la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. b. La incorporación de los bienes inmuebles, así como de las alteraciones de sus características que impliquen modificaciones en el valor catastral ya asignado a bienes a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c. La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la asignación de valor catastral, para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. d. La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la realización del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
321. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la incorporación de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos: a. Valoraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación e inspección. b. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. c. Declaraciones, comprobaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. d. Inspección tributaria, valoración y rectificación, comprobación de datos y liquidación.
322. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, los actos resultantes de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario: a. Serán motivados excepto cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral. b. Se notificarán individualmente, siendo suficiente la notificación de la valoración catastral resultante. c. Serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. d. Ha de ser notificada en tiempo y forma al sujeto pasivo la valoración catastral de un inmueble.
323. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, son declaraciones: a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. b. Los documentos con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente. c. La información relativa a los actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. d. La información referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados.
324. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones son: a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. b. La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir referida a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa. c. La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación a sus características y a sus alteraciones. d. Las dos primeras opciones son correctas.
325. Según los artículos 13 y 16 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, no es obligatorio formalizar una declaración catastral en el supuesto de: a. La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. b. El fallecimiento de los titulares registrales o catastrales de los bienes inscritos en el Catastro Inmobiliario. c. La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. d. La constitución, modificación, adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
326. El plazo para presentar una declaración catastral es de: a. Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. b. Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. c. Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. d. Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el Ayuntamiento les remita.
327. Según el artículo 13 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, son declaraciones: a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. b. Los documentos por los que se pone en conocimiento del Catastro que se ha producido una modificación en el inmueble que aumenta considerablemente su valor catastral. c. Los documentos por los que se incorpora al Catastro Inmobiliario un bien inmueble susceptible de producir o generar obligaciones tributarias. d. Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con anterioridad.
328. En virtud de las estipulaciones del artículo 16 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se exime de la obligación de declarar: a. La adquisición o consolidación de la propiedad o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el Catastro. b. Cuando en el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, el transmitente del derecho, haya presentado una solicitud de baja de titularidad catastral. c. Si el acto o negocio se formaliza en escritura pública o bien se ha solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad y se ha acreditado la referencia catastral del inmueble. d. En el caso de que concurran todos los requisitos relacionados en las tres opciones anteriores.
329. Según el artículo 27 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el pazo de resolución en los procedimientos de incorporación y para la notificación o publicación de su resolución será de: a. Tres meses. b. Dos meses. c. Seis meses. d. Cuatro meses.
330. Según el artículo 27 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa determinará: a. Que los interesados puedan entender estimadas por silencio administrativo sus declaraciones. b. Que los interesados puedan entender desestimadas por silencio administrativo sus declaraciones. c. Que los interesados deben iniciar de nuevo el procedimiento. d. Que los interesados podrán instar la modificación de los datos inscritos en el Catastro sin asumir coste alguno.
331. Según el artículo 28 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el plazo de presentación de las declaraciones catastrales será de dos meses contados desde: a. El día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración. b. La fecha de terminación de las obras, la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación de uso o destino y la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que se formalice la modificación de que se trate. c. El día siguiente de la solicitud de su inscripción en el Registro de la Propiedad. d. Las dos primeras opciones son correctas.
332. Según el artículo 30 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las comunicaciones que formulen los Ayuntamientos al Catastro Inmobiliario en relación a hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, no podrán tener por objeto los siguientes hechos, actos o negocios: a. La realización de nuevas construcciones. b. La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o total. c. La reparación de averías urgentes relacionadas con instalaciones domésticas. d. La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones.
333. Según el artículo 32 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, las comunicaciones que formulen los Ayuntamientos al Catastro Inmobiliario en relación a hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que haya otorgado la correspondiente licencia o autorización se remitirán a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente: a. En el plazo de tres meses computados desde la finalización del mes en que se hayan realizado los mismos. b. En el plazo de tres meses computados desde la finalización de los mismos. c. En el plazo de dos meses computados desde la finalización del mes en que se hayan realizado los mismos. d. En el plazo de seis meses computados desde la finalización de los mismos.
334. En virtud de las estipulaciones del artículo 39 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, las entidades que gestionen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles están obligadas a remitir a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente información sobre las rectificaciones que hubieren acordado respecto del sujeto pasivo del referido tributo: a. Mensualmente, antes del día 20 del mes posterior a la fecha en que se practiquen las correspondientes liquidaciones. b. Trimestralmente, antes del día 5 del mes posterior al trimestre vencido. c. De los días 1 al 5 del mes respecto a las rectificaciones realizadas en las liquidaciones practicadas en el mes anterior. d. Semanalmente mediante las preceptivas comunicaciones por medios telemáticos.
335. Según el artículo 43 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, las rectificaciones que hubieran comunicado las entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente se entenderán: a. Rechazadas si antes del último día del mes siguiente a aquél en el que se recibieron por la Dirección General del Catastro, ésta no hubiera adoptado resolución expresa al respecto. b. Confirmadas si antes del último día del mes siguiente a aquél en el que se recibieron por la Dirección General del Catastro, ésta no hubiera adoptado resolución expresa al respecto. c. Confirmadas a efectos exclusivamente catastrales si no se hubiese emitido resolución expresa a los tres meses de su recepción en la Dirección General del Catastro. d. Confirmadas a efectos exclusivamente de revisión del valor catastral si no se hubiese emitido resolución expresa a los tres meses de su recepción en la Dirección General del Catastro.
336. Según el artículo 45 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, tras la realización de un hecho, acto o negocio por el que se extingue o modifica el derecho en virtud del cual fue inscrito, la solicitud de baja del titular catastral, tiene por objeto: a. La cancelación o modificación de la inscripción efectuada en favor del solicitante. b. La incorporación, si procede, de un nuevo titular catastral. c. La cancelación o modificación de la inscripción del bien, a los efectos oportunos d. Las dos primeras opciones son correctas.
337. El valor catastral es: a. Una ratio o porcentaje tributario fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la correspondiente Orden de la Consejería competente. b. Un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. c. Un índice fiscal fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración establecidos por el Ministerio de Hacienda recogidos en la pertinente Orden Ministerial. d. Un porcentaje establecido anualmente a efectos fiscales por la Ley de Presupuestos para el cálculo de los tributos relacionados con los derechos sobre bienes inmuebles.
338. En el artículo 23 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, entre los criterios para la determinación del valor catastral no se refiere expresamente: a. La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción. b. Sus características culturales, estéticas y ambientales, la valoración y el aprovechamiento de la ciudadanía del inmueble y del entorno en el que se ubica. c. El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones. d. Las circunstancias y valores del mercado, valor del suelo, valor de la construcción y gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción.
339. Según el artículo 28 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará: a. Mediante la aplicación de la ponencia de valores vigente en el municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del Catastro. b. Mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento simplificado de valoración de inmuebles de primera inscripción catastral. c. Mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento de inscripción establecidos mediante el procedimiento de inspección catastral. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
340. Según el artículo 22 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral es: a. El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario en relación al suelo. b. Es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. c. El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Registro de la Propiedad en relación al suelo. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
341. Según el artículo 23 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral de los inmuebles: a. No podrá en ningún caso superar el valor de mercado establecido mediante tasación oficial. b. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio. c. El Ministro de Hacienda establecerá anualmente el valor de mercado para los bienes de una misma clase. d. Las dos primeras opciones son correctas.
342. Un procedimiento de valoración colectiva de carácter general es: a. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcciones de un municipio. b. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos de un municipio. c. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan simultáneamente los valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos que reúnan las características previamente establecidas. d. El procedimiento administrativo mediante el que se actualizan las descripciones catastrales de todos los bienes inmuebles de un municipio, con la finalidad de concordar sus características físicas y jurídicas con la realidad.
343. Según el artículo 4 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, el análisis de los criterios generales que deben regir la valoración catastral de los bienes inmuebles, corresponde: a. A las Juntas Periciales Municipales del Catastro. b. A la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. c. Al Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. d. Al Director General del Catastro.
344. Según el artículo 6 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, proponer al Ministro de Economía y Hacienda los módulos y criterios de valoración, a efectos catastrales, de los bienes inmuebles, corresponde: a. A la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria. b. A la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. c. Al Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria. d. Al Director General del Catastro.
345. Según el artículo 15 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, aprobar las Ponencias de valores, cuando la competencia le haya sido delegada por la Dirección General del Catastro, corresponde a: a. Las Juntas Periciales Municipales del Catastro. b. La Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria. c. Los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria. d. La Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria.
346. La ponencia de valores es: a. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios fiscales y demás elementos precisos para asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. b. El documento administrativo que contiene los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. c. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios tributarios y demás elementos técnicos para asignar un valor catastral individualizado a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal. d. El documento administrativo que contiene el planeamiento urbanístico, criterios tributarios y demás elementos técnicos para asignar un valor catastral individualizable con la aplicación de los coeficientes reglamentarios a los bienes inmuebles dentro del ámbito municipal.
347. Según el artículo 32 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, en relación a la actualización de valores catastrales, las leyes de presupuestos generales del Estado: a. Podrán llevarla a efecto por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles. b. Podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en el Catastro del bien afectado. c. Podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes en virtud de criterios de densidad de población para cada clase de inmuebles. d. Podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para las altas producidas por nueva construcción y por inversiones en estructuras de aprovechamiento municipal.
348. Según el artículo 32 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos cuando concurran los siguientes requisitos: a. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. b. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. c. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de octubre del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes y que estos afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. d. Las dos primeras opciones son correctas.
349. Según el artículo 18 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, la referencia catastral es: a. Un código identificador único de cada inmueble, se asignará con motivo de su primera inscripción en el Catastro. b. Un código asignado a los inmuebles a efectos de identificación fiscal y tributaria que se asignará con motivo de su primera referencia en un documento público. c. Un código de asignación municipal a efectos de hacer más eficiente la prestación de los servicios administrativos municipales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. d. Un coeficiente que ha de aplicarse en todas las actuaciones con trascendencia tributaria relacionadas con los bienes inmuebles.
350. En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general: a. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos del municipio correspondiente. b. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles rústicos de un conjunto predeterminado de municipios. c. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos de la provincia correspondiente. d. Se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos de la Comunidad Autónoma correspondiente.
351. Según el artículo 38 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar: a. En todos los casos en el Registro de la Propiedad. b. En los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y resoluciones administrativas. c. En los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás derechos reales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
352. Según los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, cualquier persona puede acceder a la información catastral que no contenga datos protegidos, como son los siguientes: a. Referencia catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía. b. Localización del inmueble, valor catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía. c. Localización del inmueble, referencia catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía. d. Cartografía, localización del inmueble, superficie, uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento o calidad de la construcción.
353. Según el artículo 51 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, solo el titular catastral y las personas o entidades autorizadas pueden acceder a los datos protegidos, que son: a. El nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro como titulares. b. La referencia catastral y los valores catastrales de la construcción de cada inmueble individualizado. c. Los documentos y la información que forme parte de los expedientes de aprobación de las Ponencias de valores. d. Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con anterioridad.
354. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse: a. Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos en las leyes. b. Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios reglamentariamente previstos. c. Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. d. Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.
355. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el efecto liberatorio de la extinción de la deuda tributaria afectará: a. Exclusivamente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. b. Principalmente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. c. A la totalidad de la deuda reconocida por el obligado tributario. d. Al importe de la deuda consignado por la Administración Tributaria en la liquidación definitiva.
356. Según el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a las formas de pago: a. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o mediante giro postal certificado. b. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o en especie cuando se determine expresamente. c. El pago de la deuda tributaria se efectuará en cualquier caso utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. d. Las últimas opciones son correctas.
357. Según el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria: a. Cuando se haya domiciliado el pago del importe por el obligado tributario. b. Cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión. c. Cuando se libre la orden de pago por el obligado tributario o su representante. d. Las dos primeras opciones son correctas.
358. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso, pudiendo solicitar el obligado tributario una prórroga de siete días. c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior. d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta los veinte días posteriores a la recepción de la notificación.
359. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse: a. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c. En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente para los pagos domiciliados. d. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
360. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados: a. Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la Administración Tributaria competente. b. Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. c. Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación pertinente. d. Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide el importe de la liquidación.
361. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso. d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta veinte días después de la recepción de la notificación.
362. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación: a. Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. b. Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto. c. Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. d. Todas las opciones son correctas.
363. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el fraccionamiento supone: a. Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos. b. La obligación ineludible de realizar pagos parciales. c. Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda. d. Las dos primeras opciones son correctas.
364. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: a. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario. b. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período ejecutivo. c. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario o ejecutivo. d. Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario.
365. Según el artículo 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario, y no pudieran extinguirse totalmente, en relación a la imputación de pagos: a. Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua. b. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de Derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro estas últimas. c. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más reciente. d. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda de mayor importe.
366. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos: a. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación. b. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. c. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. d. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
367. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación comenzará a contarse: a. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. b. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. c. Desde el día en que tenga lugar el hecho imponible del tributo. d. Ninguna de las opciones es correcta.
368. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas comenzará a contarse: a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. b. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. c. Desde el día en que tenga lugar el requerimiento de pago por la Administración Tributaria competente. d. Desde el día siguiente a la notificación de la última actuación recaudatoria practicada.
369. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo. b. Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. c. Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso indebido. d. Ninguna de las opciones es correcta.
370. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: a. Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. b. Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. c. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
371. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se interrumpe: a. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del obligado tributario. b. Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. c. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
372. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que: a. Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. b. La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. c. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último. d. Las dos primeras opciones son correctas.
373. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los efectos de la prescripción: a. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. b. Aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria excepto a los los responsables. c. Se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria. d. Ha de ser invocada o excepcionada por el obligado tributario.
374. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: a. Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. b. La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. c. La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en los casos excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. d. Las dos últimas opciones son correctas.
375. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios: a. Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial. b. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. c. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
376. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria: a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. d. Las dos primeras opciones son correctas.
377. Según el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente: a. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales si estos no han inscrito sus derechos. b. El Estado y las Comunidades Autónomas, aunque éstos hayan inscrito sus derechos. c. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aunque éstos hayan inscrito sus derechos. d. Las Entidades Locales, hayan inscrito o no sus derechos.
378. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Hacienda Pública: a. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores. b. Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad. c. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales. d. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones incumplidas con la Seguridad Social.
379. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: a. Determinados impuestos tienen un plazo de ingreso voluntario. b. Todas las deudas tributarias tienen un plazo de ingreso voluntario que depende del tributo del que se trate en cada caso. c. Se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre. d. Las dos últimas opciones son correctas.
380. En los tributos con plazos específicos que se notifican de forma periódica y colectiva, esencialmente regulados en la Ley de Hacienda Locales: a. El plazo para el pago será el que determine expresamente su normativa reguladora. b. De no existir estipulación expresa se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre. c. Se pueden pagar mediante el ingreso correspondiente en los treinta días hábiles siguientes a la finalización del ejercicio fiscal en el que la deuda se devengó. d. Las dos primeras opciones son correctas.
381. Las deudas tributarias que hayan de pagarse mediante efectos timbrados deben satisfacerse: a. A los cinco días de ser requeridos por la Administración Tributaria competente. b. Como regla general, en el momento en que se produce el hecho imponible. c. Cuando se notifique la liquidación definitiva. d. Al cumplimentar la autoliquidación pertinente.
382. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
383. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente a solicitud del obligado tributario: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver. b. Se indica que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. c. Si el obligado tributario aporta garantía suficiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
384. Según el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe de la deuda suspendida: a. Podrá ser superior en un 5% a la devolución solicitada. b. Podrá ser superior a la devolución solicitada previa ampliación de las garantías aportadas. c. No podrá ser superior a la devolución solicitada. d. Las dos primeras opciones son correctas.
385. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la deuda suspendida: a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida. b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución una vez aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
386. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe: a. Que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. b. Que se ha soportado la repercusión de otro impuesto. c. Que el pago o la repercusión fueran incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. d. Las tres opciones son correctas.
387. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación tributaria consiste: a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período voluntario. b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período voluntario o en período ejecutivo. c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período ejecutivo. d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en vía de apremio.
388. El artículo 62 de la Ley General Tributaria contempla de forma detallada los plazos para el pago de la deuda tributaria, las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior: a. Deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa. b. Podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas. c. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en cuentas abiertas en entidades de crédito. d. Las tres opciones son correctas.
389. Según el artículo 2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en: a. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas tributarias que deban satisfacer los obligados al pago. b. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las sanciones tributarias que deban satisfacer los obligados al pago. c. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de los demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. d. Todas las opciones son correctas.
390. La iniciación del período voluntario puede producirse: a. Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la Administración Tributaria competente. b. Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los casos legalmente previstos. c. A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
391. Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas: a. Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática si tienen cuentas abiertas en dichas entidades. b. Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. c. Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja. d. Todas las opciones son correctas.
392. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación: a. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras. b. La denominación y funcionamiento de estas cuentas serán establecidos mediante convenios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c. Las entidades colaboradoras tramitarán los ingresos que deban realizarse obligatoriamente en las entidades de crédito que presten el servicio de caja. d. La prestación del servicio de colaboración será retribuida, en todo caso, por el obligado tributario.
393. Según el artículo 9 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sólo podrán actuar como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras: a. Los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras. b. Las cajas de ahorros, las entidades financieras y las cooperativas de créditos. c. Las entidades financieras y las cooperativas de créditos. d. Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.
394. Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse: a. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. b. En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere o en las entidades colaboradoras. c. En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales de las entidades tributarias competentes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
395. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a los ingresos en las entidades colaboradoras: a. Las entidades colaboradoras únicamente admitirán el dinero de curso legal como medio de pago. b. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como medio de pago. c. Las entidades colaboradoras podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario previa notificación a la entidad recaudadora competente. d. Las entidades colaboradoras establecerán y publicitarán los medios de pago que admiten en relación con cada impuesto que recauden.
396. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal: a. Correrán por cuenta de la Administración. b. Correrán por cuenta de la entidad colaboradora. c. Correrán por cuenta del obligado tributario. d. En ningún caso correrán por cuenta de la Administración.
397. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las entidades colaboradoras admitirán los ingresos: a. Los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja. b. Los días hábiles durante el horario de caja. c. Los días previstos en el calendario fiscal establecido preceptivamente en la Ley de Presupuestos del Estado. d. Ninguna de las opciones es correcta.
398. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, debe comprobar: a. La identificación del obligado al pago y el importe a ingresar, el concepto y naturaleza del mismo. b. La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar. c. La veracidad de los datos consignados, la identidad de quien realiza el ingreso y el importe a ingresar. d. La pertinencia del pago, la identificación del obligado tributario y el importe del mismo.
399. Según el artículo 23 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse: a. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o a través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio. b. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o por vía telemática. c. A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio. d. Por vía telemática.
400. Según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los anuncios de cobranza relativos a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva se llevarán a efecto: a. Mediante edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los Ayuntamientos afectados. b. Mediante edictos en el medio de difusión pertinente y en las oficinas de los Ayuntamientos afectados. c. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de difusión del municipio y mediante notificación a los interesados. d. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de difusión del municipio y mediante notificación telemática a los interesados.
401. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por: a. Notificaciones individuales realizadas conforme a las exigencias de las normas que rigen los procedimientos administrativos. b. Recibos remitidos por correo ordinario que se remiten al obligado tributario una vez abierto el período de pago. c. Notificaciones por vía telemática. d. Todas las opciones son correctas.
402. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito. Para ello: a. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos tres meses antes del comienzo del periodo de cobro. b. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. c. Deberán comunicarlo por vía telemática al órgano de recaudación correspondiente al menos un mes antes del comienzo del periodo de cobro. d. Deberán comunicarlo por conducto certificado al órgano de recaudación correspondiente treinta días antes del comienzo del periodo de cobro.
403. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las domiciliaciones tendrán validez: a. Para el período de cobro para el que se han solicitado. b. Para el ejercicio fiscal para el que se han solicitado. c. Para el periodo que se haya establecido por la Administración Tributaria competente para cada tributo. d. Por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o invalidadas por la Administración.
404. Según el artículo 58 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago de la deuda tributaria comprenderá: a. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período. b. La cuota a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los del período ejecutivo o los exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos. c. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período y las multas coercitivas pertinentes. d. Ninguna de las opciones es correcta.
405. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período ejecutivo habrá de llevarse a efecto: a. Cuando finalice el periodo de pago voluntario. b. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio. c. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio en los plazos legalmente estipulados para ello. d. Las dos primeras opciones son válidas.
406. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día quince del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
407. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a compensar. b. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver. c. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a compensar. d. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.
408. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: a. La presentación de una solicitud de aplazamiento de pago en período voluntario. b. La presentación de una solicitud de fraccionamiento de pago en período voluntario. c. La presentación de una solicitud de suspensión total o parcial de pago en período voluntario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
409. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo, podemos afirmar: a. Podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. b. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento. c. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del fraccionamiento. d. La Administración Tributaria no podrá continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.
410. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados: a. Hasta la notificación de la resolución de admisión a trámite del aplazamiento o fraccionamiento. b. Hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento. c. Hasta la notificación de la resolución de concesión del aplazamiento o fraccionamiento. d. Hasta la notificación de la resolución de medidas cautelares acordadas para la admisión del aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
411. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación tributaria consiste: a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la liquidación y contabilización de las deudas tributarias. b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la compensación y cobro de las deudas tributarias c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la regularización de las deudas tributarias d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
412. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria: a. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días uno y 15 de cada mes, sería el siguiente al día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días 16 y último de cada mes, sería el siguiente al día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil. c. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que, en el caso de impuestos locales, será el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
413. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso: a. A los diez días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. b. Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. c. A los cinco días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. d. A los quince días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso.
414. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, cuando el período para efectuar el ingreso ya hubiere concluido: a. El día siguiente a la presentación de la autoliquidación. b. A los diez días de la presentación de la autoliquidación. c. A los cinco días de la presentación de la autoliquidación. d. A los quince días de la presentación de la autoliquidación.
415. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: a. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario. b. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción hasta que sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. c. El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el objeto de la deuda o liquidación hasta su notificación al obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
416. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria: a. Efectuará la recaudación de las deudas reconocidas por el obligado por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. b. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. c. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas y autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. d. Efectuará la recaudación de las deudas liquidas, vencidas y exigibles por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
417. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el inicio del período ejecutivo determinará: a. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. b. La exigencia de las costas del procedimiento ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora. c. La exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. d. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora.
418. Según el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen funciones de recaudación: a. Podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios. b. Procederán al examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes y correspondencia con transcendencia tributaria. c. Procederán al examen de bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas. d. Todas las opciones son correctas.
419. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora es: a. Una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores. b. Una penalización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores. c. Una compensación que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores. d. Una indemnización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.
420. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora se exigirá: a. Como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. b. Como consecuencia de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria. c. Como consecuencia del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. d. Todas las opciones son correctas.
421. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la exigencia del interés de demora tributario: a. Requiere la previa intimación de la Administración. b. Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. c. No requiere la previa intimación de la Administración. d. Requiere notificación del importe del recargo al obligado tributario al mes del vencimiento de la deuda tributaria que lo genera.
422. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora no podrá exigirse: a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración sin previa notificación al obligado b. Cuando se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. c. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente. d. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.
423. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora podrá exigirse: a. Cuando el obligado tributario lleve a efecto la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo. b. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua. c. Cuando se suspenda la ejecución del acto previa intimación de la Administración. d. Las dos primeras opciones son correctas.
424. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, el interés de demora será: a. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento. b. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 20 por ciento. c. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 15 por ciento. d. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 30 por ciento.
425. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible: a. Será el interés legal más dos puntos. b. Será el interés legal. c. Será el interés legal más tres puntos. d. Su importe podrá establecerse incrementando el interés legal de uno a tres puntos, según la gravedad del incumplimiento.
426. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los recargos por declaración extemporánea son: a. Prestaciones coercitivas que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo. b. Prestaciones indemnizatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo previo requerimiento de la Administración Tributaria. c. Prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. d. Prestaciones compensatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo.
427. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si la presentación de la autoliquidación o declaración extemporánea se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso: a. El recargo será del cinco, diez o quince por ciento, respectivamente. b. El recargo será del tres, seis y nueve por ciento, respectivamente. c. El recargo será del dos, cuatro o seis por ciento respectivamente. d. Ninguna de las opciones es correcta.
428. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los recargos del período ejecutivo pueden ser: a. Recargo ejecutivo, recargo de apremio ordinario y recargo de apremio especial. b. Recargo ejecutivo, recargo de apremio simplificado y recargo de apremio agravado. c. Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. d. Recargo ejecutivo simple, recargo de apremio continuado y recargo de apremio agravado.
429. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, y su importe será: a. Del cuatro por ciento b. Del cinco por ciento. c. Del ocho por ciento. d. Del seis por ciento.
430. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el recargo de apremio ordinario es compatible: a. Con los intereses de demora. b. Con el resto de los recargos regulados en dicha ley. c. Con las multas coercitivas que proceda imponer. d. Con las costas del procedimiento de apremio.
431. El procedimiento de apremio: a. Es aquel acto de ejecución forzosa a través del cual la Administración, con apoyo del título ejecutivo pertinente, procede a la realización efectiva de su crédito. b. Es aquel acto de la Administración que procede a la realización efectiva de su crédito de Derecho público en virtud de la providencia de apremio. c. Es la realización efectiva del crédito de Derecho público a favor de la Administración Tributaria mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor. d. Todas las opciones son correctas.
432. El comienzo del periodo ejecutivo: a. Constituye el presupuesto temporal para la iniciación del procedimiento de apremio. b. Constituye el presupuesto procesal para la iniciación del procedimiento de apremio. c. Constituye, su notificación, un elemento necesario de la providencia de apremio. d. Las tres opciones son correctas.
433. Los recargos del período ejecutivo: a. Se devengan con el inicio del período ejecutivo. b. Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario. c. Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el recargo ordinario del 10 %. d. Las dos primeras opciones son correctas.
434. El recargo ejecutivo se aplica: a. Una vez iniciado el período ejecutivo y antes de iniciarse el procedimiento de apremio. b. Cuando el deudor, de forma espontánea, decide satisfacer la deuda tributaria no pagada en período voluntario. c. Cuando el deudor paga de forma extemporánea. d. Las dos primeras opciones son correctas.
435. Según el artículo 163 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio: a. Es de carácter administrativo y fiscal, la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. b. Es exclusivamente administrativo, la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración Tributaria. c. Es exclusivamente tributario, la competencia para entender del mismo corresponde a la Administración Tributaria. d. Ninguna de las opciones es correcta.
436. Según la Ley General Tributaria, las principales características del procedimiento de apremio tributario son las siguientes: a. En caso de que concurra con otros procedimientos singulares de ejecución será preferente aunque el embargo que implica el procedimiento de apremio no sea el más antiguo. b. Se desarrolla dentro del período ejecutivo y en caso de que concurra con otros procedimientos ejecutivos, el procedimiento de apremio se acumulará a los judiciales y a los de cualquier otro tipo. c. Se ha de desarrollar dentro del período ejecutivo, todos sus trámites se inician e impulsan de oficio y es de carácter exclusivamente administrativo. d. Si concurre con procedimientos concursales o universales de ejecución, el de apremio será preferente independientemente de la fecha en que se haya dictado la providencia de apremio.
437. Según el artículo 165 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio no se suspenderá: a. Cuando un tercero interponga tercería de mejor derecho. b. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. c. Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. d. Las dos primeras opciones son correctas.
438. Según el artículo 166 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la declaración de nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio: a. No obsta a que se disponga la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad. b. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio. c. Supondrá la nulidad de todas aquellas actuaciones sobre las que la Administración no declare motivadamente lo contrario. d. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio si no consta petición expresa del obligado tributario en sentido contrario.
439. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, el procedimiento de apremio se inicia: a. De forma automática, una vez finalizado el período voluntario de pago. b. Mediante la notificación de la Administración al deudor de la providencia de apremio, una vez finalizado el período voluntario de pago. c. De forma automática, a los diez días de la finalización del período voluntario de pago. d. A los diez días de la notificación de la providencia de apremio.
440. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, en la providencia de apremio: a. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se establece ella cantidad total a ingresar. b. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se procede al embargo de bienes. c. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago. d. Se identifica al deudor y la deuda apremiada y se establece ella cantidad total a ingresar.
441. El sujeto pasivo u obligado al pago, también puede pagar después de recibir la notificación de la providencia de apremio. Si efectúa el pago en el plazo que le señala la providencia de apremio: a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o recargo reducido. b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, o recargo reducido. c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o recargo ordinario. d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 5% del importe de la deuda, o recargo reducido.
442. Si el sujeto pasivo u obligado al pago, no paga después de recibir la notificación de la providencia de apremio: a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o recargo de apremio más los intereses de demora. b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, recargo ordinario, más los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, así como las costas del procedimiento. c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o recargo ordinario más las costas del procedimiento. d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda, o recargo ejecutivo más los intereses de demora, así como las costas del procedimiento.
443. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes del obligado tributario si no efectuara el pago, advirtiéndose así en la providencia de apremio: a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los 15 y último de cada mes de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día seis del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
444. Según el artículo 71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que se harán constar la notificación de la providencia de apremio no se alude: a. Al lugar de ingreso de la deuda y del recargo y posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. b. Al requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio. c. A la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. d. A la repercusión de costas del procedimiento e indicación expresa sobre la suspensión del mismo.
445. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que deberá contener la providencia de apremio no se alude a: a. Los recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. b. El concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. c. La fecha de emisión de la providencia de apremio. d. La liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
446. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago y deberá contener: a. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento. b. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 10 por ciento. c. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 15 por ciento. d. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ejecutivo del 15 por ciento.
447. Según el artículo 72 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán interés de demora: a. Desde la fecha de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso. b. Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. c. Desde la fecha de la notificación de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso. d. Desde la finalización del periodo de pago voluntario del impuesto adeudado hasta la fecha de su ingreso.
448. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado el procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de embargar. b. Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria la Administración procederá a ejecutar las garantías. c. La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para que se efectúe el pago de la deuda. d. Las dos primeras opciones son correctas.
449. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. b. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada. c. Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. d. Todas las opciones son correctas.
450. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: a. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período ejecutivo. b. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período ejecutivo. c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período ejecutivo. d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período ejecutivo.
451. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: a. El recargo ordinario ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo. b. El recargo de apremio reducido del 10%, cuando el ingreso de la deuda y del recargo se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo. c. El recargo ordinario ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo. d. El recargo ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas con intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
452. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes: a. El recargo de apremio ordinario del 15%, una vez finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo. b. El recargo de apremio ordinario del 20%, una vez finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo. c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo. d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el período ejecutivo y costas del procedimiento.
453. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, los motivos de oposición a la providencia de apremio son tasados, entre ellos no se encuentra: a. La extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b. La caducidad por inactividad de su titular durante un plazo de cuatro años. c. La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. d. La anulación de la liquidación.
454. Según el artículo 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada, y la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal: a. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. b. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. c. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos y costas del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. d. Se requerirá al garante el abono de la deuda, incluidos el recargo ordinario y las costas del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.
455. La vía de apremio, o procedimiento de apremio: a. Pretende la entrega directa de los bienes embargados a la Administración Tributaria para el pago del crédito que se ejecuta. b. Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante. c. Es la fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es el cobro de recursos de naturaleza pública. d. Todas las opciones son correctas.
456. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, con respeto siempre: a. Al principio de seguridad jurídica. b. Al principio de proporcionalidad. c. Al principio de legalidad. d. Todas las opciones son correctas.
457. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir: a. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. b. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la providencia de apremio, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. c. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. d. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos ordinarios y las costas del procedimiento de apremio, en su caso.
458. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se embargarán los bienes del obligado: a. En virtud del acuerdo establecido entre la Administración y el obligado tributario. b. En virtud del orden señalado por el obligado tributario. c. En virtud del orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. d. Las dos últimas opciones son correctas.
459. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no fijarse los criterios para la realización del embargo: a. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. b. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. c. Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor rentabilidad y la mayor rapidez en la finalización del procedimiento. d. Ninguna de las opciones es correcta.
460. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no seguirse los criterios legalmente previstos por ser de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden el siguiente orden: a. Los derechos y valores realizables a corto plazo se embargarán con posterioridad a los sueldos, salarios y pensiones. b. El dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito se embargará antes que los créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. c. Los metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades se embargarán con posterioridad a los réditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. d. Ninguna de las opciones es correcta.
461. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado: a. En un plazo no superior a nueve meses. b. En un plazo no superior a tres meses. c. En un plazo no superior a seis meses. d. En un plazo no superior a doce meses.
462. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden pertinente, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso se embargarán en último lugar: a. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. b. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en los que ejerza su actividad comercial o empresarial el obligado tributario. c. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones que no sean propiedad del obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
463. La diligencia de embargo: a. Es la resolución en la que se documenta el embargo de bienes en el marco del procedimiento de apremio. b. Es el documento en el que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito y el recargo, intereses y costas que con posterioridad se hayan causado. c. Es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado tributario, con el que se inicia el procedimiento de apremio. d. Todas las opciones son correctas.
464. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan: a. Si no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. b. Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. c. Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la vía de apremio. d. Las tres opciones son correctas.
465. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de embargo: a. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo. b. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo. c. Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. d. Las tres opciones son correctas.
466. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará: a. Al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. b. Al cónyuge del obligado tributario en todo caso y a los condueños, cotitulares o garantes de los bienes embargados. c. A los socios, garantes y avalistas del obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
467. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria: a. Podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. b. Tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. c. El registrador hará constar, previa solicitud de la Administración Tributaria competente, por nota al margen la anotación de embargo. d. El embargo se podrá notificar a los titulares de cargas posteriores previa solicitud de la Adminis- tración Tributaria competente.
468. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b. El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. c. La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor. d. La interposición de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo.
469. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad, la Administración Tributaria podrá acordar: a. La prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de la sociedad si el obligado tributario ejerce el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre ella. b. La prohibición de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad en cualquier caso, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella. c. La anotación preventiva de embargo de los bienes inmuebles de la sociedad en el registro correspondiente. d. Ninguna de las opciones es correcta.
470. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador: a. Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los titulares de un negocio. b. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa. c. Cuando sea ordenado en virtud de procedimiento civil relacionado con el obligado tributario. d. Las dos últimas opciones son correctas.
471. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad: a. Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente. b. Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad competente. c. Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad. d. Las dos últimas opciones son correctas.
472. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado: a. Se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal dependiente de este último la entrega de los bienes. b. Se ordenará al obligado tributario que se haga cargo de la entrega de los bienes, que se detallarán en la correspondiente diligencia. c. Se podrá proceder a la confiscación o depósito para impedir la sustitución o levantamiento de los bienes embargados. d. Se levantará acta dejando constancia expresa de estos extremos a los efectos oportunos.
473. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla- mento General de Recaudación, cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución: a. El procedimiento de apremio será preferente, independientemente de la fecha del embargo efectuado. b. El procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es el más antiguo. c. El procedimiento de apremio tributario será preferente sobre cualquier otro procedimiento de ejecución. d. El procedimiento de apremio tributario tendrá los efectos que determine la prelación de los créditos anotados preventivamente.
474. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de embargos, la Hacienda Pública: a. Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. b. Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. c. Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
475. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores: a. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. b. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. c. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores o equivalentes al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. d. Todas las opciones son correctas.
476. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública pueda ejercer esta subrogación: a. El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. b. El órgano de recaudación que inició el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. c. El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el superior jerárquico competente. d. El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el órgano de recaudación competente.
477. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese concepto de subrogación: a. Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del órgano de recaudación, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. b. Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda Pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. c. Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del órgano que ordenó el procedimiento de apremio, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. d. Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
478. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa: a. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación. b. Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se comunicará a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. c. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y las actuaciones de ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica competente en la materia. d. Ninguna de las opciones es correcta.
479. No se podrán embargar: a. El sueldo o salario si no excede de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. b. Los útiles con que se ejerza el oficio. c. Los derechos consolidados en un fondo de pensiones. d. Las dos primeras opciones son correctas.
480. Entre los bienes sobre los que no se puede trabar embargo, no se encuentran: a. Aquellos bienes cuyo coste de realización pueda exceder del importe que normalmente se obtenga de su enajenación. b. La vivienda habitual. c. Los derechos de explotación correspondientes al autor derivados de la Ley de Propiedad Intelectual. d. El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas del deudor y su familia.
481. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes o derechos: a. La diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. b. La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos. c. La diligencia se notificará al obligado tributario y al cónyuge, en todo caso y habrá de darse traslado de la misma al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
482. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público: a. La Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. b. En los treinta días siguientes a la práctica del embargo la Administración Tributaria podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. c. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. d. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente que se llevará a efecto a costa del obligado tributario.
483. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la anotación preventiva practicada: a. Dará prevalencia a los créditos tributarios frente al resto de anotaciones. b. No alterará la prelación para el cobro de los créditos tributarios del artículo 77 de dicha norma, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. c. No alterará la prevalecerá del orden registral de las anotaciones de embargo en ningún caso. d. Ninguna de las opciones es correcta.
484. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público: a. El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo. b. El embargo deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas. c. El embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la anotación de embargo. d. El embargo podrá notificarse a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la anotación de embargo.
485. Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en efectivo: a. El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia. b. El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro. c. El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de depósitos de la Administración Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
486. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Administración conozca la existencia de una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito: a. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante. b. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas o depósitos que pretendan embargarse. c. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas, depósitos o productos financieros que pretendan embargarse y su titularidad, que ha de corresponder al obligado tributario. d. La presentación de la diligencia de embargo en la entidad de crédito o financiera deberá llevarse a efecto por vía telemática o electrónica.
487. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el embargo en entidades de crédito podrá extenderse: a. Previa identificación a los bienes y derechos atribuidos a la titularidad del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. b. Sin necesidad de identificación previa, a los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. c. A los bienes y derechos de que sea titular exclusivo el obligado al pago, dentro del ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. d. A los productos y rentas vinculados al obligado tributario existentes en dicha entidad de crédito.
488. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, podrá ser convenirse, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada: a. El plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. b. La forma, lugar y el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos en relación a la presentación de la diligencia de embargo. c. La forma, medio, lugar, el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo. d. El medio y la forma en que habrá de efectuarse la retención de los fondos y la presentación de la diligencia de embargo.
489. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en defecto del acuerdo entre la entidad financiera y la Administración Tributaria: a. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente. b. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago si no existe saldo suficiente. c. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado. d. Las dos primeras opciones son correctas.
490. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la diligencia de embargo se podrá presentar en alguno de los siguientes lugares: a. En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con la Administración Tributaria, si aquella fuese entidad colaboradora. b. En el domicilio fiscal o social del obligado tributario. c. En el domicilio del obligado tributario. d. En la oficina principal de la entidad financiera colaboradora.
491. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando el embargo deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados en la oficina designada por la entidad depositaria o en su domicilio fiscal o social, la retención de los fondos se efectuará: a. De manera inmediata en todo caso. b. En el plazo más breve que estimen los responsables de los sistemas de información interna o de contabilidad de la entidad. c. En un plazo que, en cualquier caso, no podrá ser superior a cinco días, y tendrá carácter improrrogable. d. Ninguna de las opciones es correcta.
492. Según el artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación al embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito, cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares: a. En el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales a solicitud del obligado tributario. b. A estos efectos, en todo caso, el saldo se presumirá dividido en partes iguales. c. En el caso de titularidad autorizada subsidiaria, el saldo se presumirá dividido en partes iguales. d. Sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario.
493. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el importe de las cantidades retenidas por la entidad depositaria: a. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 5 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación b. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación c. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación. d. Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación.
494. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de valores se podrá llevar a cabo: a. Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. b. Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. c. Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. d. Todas las opciones son correctas.
495. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el órgano de recaudación competente ordenará: a. La enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total adeudado por el obligado tributario. b. El depósito de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. c. La pignoración de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. d. Todas las opciones son correctas.
496. Según el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo: a. Si se trata de créditos, efectos y derechos garantizados, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago. b. Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad acreedora del obligado al pago. c. Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía. d. Todas las opciones son correctas.
497. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de embargo de sueldos, salarios y pensiones: a. Se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la legislación laboral vigente. b. La diligencia de embargo se presentará al pagador. c. La diligencia de embargo se presentará a la entidad donde se encuentren domiciliados los sueldos, salarios y pensiones. d. La diligencia de embargo se presentará al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
498. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones referidas en dicho artículo, a saber, sueldos, salarios y pensiones: a. Se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. b. No se acumularán a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo inembargable sin el previo consentimiento del perceptor. c. No se podrán acumular a los efectos del cálculo de la deducción del mínimo inembargable sin la previa consulta a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. d. Ninguna de las opciones es correcta.
499. Según el artículo 82 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al embargo de sueldos, salarios y pensiones, cuando el embargo comprenda percepciones futuras: a. Si existen otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes sin esperar su vencimiento. b. Habrá de dictarse nueva providencia de apremio respecto a las percepciones aún no devengadas. c. Habrá de solicitarse a la Administración Tributaria ordenante del embargo nuevo mandamiento respecto a las percepciones no vencidas. d. No pueden embargarse percepciones futuras.
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