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11/10/2020

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1. Los artículos 1 y 2 de la Constitución sintetizan los rasgos más sobresalientes del régimen democrático instaurado por la Constitución de 1978. Seleccione la opción correcta. a. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. b. España es un Estado social y democrático de derecho. c. España es un Estado democrático de derecho. d. España se constituye como un Estado social y democrático.
2. La caracterización como Estado de Derecho implica: a. La división de poderes. b. La progresiva ampliación de los ámbitos de sumisión al Derecho y la eliminación de los espacios inmunes al mismo. c. La definición como Estado regional y descentralizado. d. La extensión del principio de participación política.
3. La consagración constitucional de determinados valores -la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político- como superiores en nuestro ordenamiento jurídico: a. Recoge los pronunciamientos tradicionales del constitucionalismo español. b. En el constitucionalismo comparado no encontramos fórmulas análogas. Es una formulación novedosa en 1978. c. El texto constitucional de 1978 reproduce las estipulaciones de la Constitución de 1931. d. El texto sigue la dicción de Ley Fundamental de Bonn.
4. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b. La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c. La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d. El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.
5. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a. La monarquía. b. La monarquía constitucional. c. La monarquía parlamentaria. d. El gobierno representativo y parlamentario.
6. La regulación constitucional de los principios rectores de la política social y económica del artículo 39 de la Constitución se inicia con la referencia a la protección a la familia. Señale la opción correcta. a. Lo que realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos paterno filiales o, de un núcleo de convivencia parental, y en menor medida el estado civil de los padres. b. Lo que realmente define una familia es el estado civil de los padres. c. No se asume la existencia de una relación familiar cuando ese núcleo de convivencia se constituye entre miembros con una relación de segundo grado o colateral. d. El art. 39.1 impone a los poderes públicos, según el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, que dicha protección se dispense a través de medidas tributarias.
7. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a. Tiene el carácter de noma imperativa e indisponible. b. Recoge los precedentes constitucionales españoles. c. Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d. Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.
8. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a. El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b. Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c. El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d. Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.
9. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a. Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b. La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c. Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d. La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.
10. En el plano legislativo, el punto de partida de las políticas de protección social en España ha de situarse en: a. La Ley Azcárate de 23 de julio de 1908. b. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el Retiro Obrero Obligatorio, de 1919, donde se optó claramente por un sistema contributivo. c. El artículo 46 de la Constitución republicana de 1931. d. La Ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social de 1972.
11. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes? a. En el Título III, de las Cortes Generales. b. No existe referencia expresa en el texto constitucional. c. En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d. En el Título Preliminar.
12. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b. El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.
13. El artículo 42 del texto constitucional establece que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno: a. Es un artículo impuesto por la normativa europea. b. Su antecedente lo encontramos en la Constitución de 1931, que reconoció el derecho a emigrar, con las limitaciones pertinentes remitió a la legislación social la regulación del obrero español en el extranjero. c. Se origina en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo. d. Se formula "ex novo" en el derecho a emigrar.
14. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a. Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b. Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c. En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d. El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.
15. En relación a la naturaleza del reconocimiento al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado contenido en el artículo 45.1 de la Constitución: a. La degradación medioambiental podrá ser contraria al art. 45, y podrá ser materia de recurso de amparo constitucional, pues el precepto citado enuncia un derecho de tal naturaleza. b. La protección del medio ambiente es uno de los aspectos más innovadores y característicos de la parte dogmática de la Constitución de 1978, no se había aludido con anterioridad al medio ambiente en el ordenamiento español. c. Es un derecho subjetivo perfecto de que son titulares todos los españoles y cuyo respeto es exigible ante los tribunales. d. La conservación del medio ambiente se convierte en un verdadero fin transversal que inspira la actuación de todas las autoridades.
16. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a. La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b. La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c. La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d. La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.
17. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a. Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b. Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c. De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d. Son normas meramente programáticas.
18. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas? a. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional. b. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. c. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional. d. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía.
19. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho? a. No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b. Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c. Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d. No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.
20. En relación a la garantía de los derechos constitucionales el artículo 53.2 de la Constitución permite: a. A cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los tribunales ordinarios. b. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos mediante un procedimiento especial, preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. c. La tutela de los derechos fundamentales corresponde al Tribunal Constitucional. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
21. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a. La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b. La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c. Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d. La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
22. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b. Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c. Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d. Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.
23. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a. Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b. La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c. Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
24. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a. Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b. Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c. La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d. Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.
25. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a. En la Constitución de 1812. b. En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c. En la Constitución de 1931. d. En la Constitución de 1869.
26. El artículo 47 de la Constitución relativo al acceso a la vivienda, en su desarrollo normativo ha de integrar: a. La doble óptica que enmarca la materia que integra el Derecho urbanístico, por una parte, y en cuanto objeto de protección específica de las Administraciones Públicas, por otra. b. Los estudios de impacto ambiental y la eficiencia energética y la normativa reguladora de los créditos hipotecarios. c. La normativa de algunas Comunidades Autónomas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, competencia que ha sido efectivamente incluida en algunos Estatutos de Autonomía. d. La producción jurídica del Estado, que está legitimado para realizar cualquier actividad en materia de vivienda.
27. El artículo 48 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En relación al mismo, debe señalarse: a. Su significado de derecho social, es decir, de derecho de prestación directamente invocable. b. El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo constituye la Organización Juvenil Española. c. No tiene precedentes en nuestro Derecho constitucional, es uno de los ejemplos paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil contenido y efectividad práctica. d. Se formula para concretar las exigencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
28. El texto constitucional que más ha influido en la formulación que hace nuestra Constitución en relación a los llamados “derechos sociales” es: a. La Constitución española de 1931. b. La Constitución francesa de1958. c. La Constitución italiana de 1947. d. La Constitución portuguesa de 1976.
29. El artículo 49 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos en relación a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. En relación a este precepto, hay que señalar: a. En puridad no reconoce un derecho subjetivo en sentido estricto. b. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas del Estado que se canaliza por medio de prestaciones de la Seguridad Social. c. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas que se canaliza por medio de la acción social. d. Nuestro ordenamiento implanta el modelo médico, que considera la discapacidad como un problema causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en un tratamiento individualizado prestado por profesionales.
30. El artículo 50 de la Constitución encomienda a los poderes públicos garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y la promoción de su bienestar. Señale la opción correcta. a. El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en España recogido en la Constitución de 1931 (art. 43), en el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo. b. No se había plasmado en ningún texto constitucional previo en España. c. El concepto de pensión adecuada ha de considerarse atendiendo a cada pensión singular según los derechos generados por cada persona. d. Los beneficiarios del sistema de pensiones serán los residentes durante 20 años continuados en territorio español.
31. El Tribunal Constitucional se compone de: a. 21 miembros nombrados por las Cortes Generales. b. 21 miembros nombrados por el Rey. c. 17 miembros nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. d. 12 miembros nombrados por el Rey.
32. En cuanto a la aprobación de la composición del Tribunal Constitucional, necesitarán una mayoría de: a. Tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. b. Mayoría absoluta en el Congreso y tres quintos en el Senado. c. Mayoría de tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. d. Mayoría absoluta en ambas Cámaras, Congreso y Senado.
33. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a. Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
34. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a. Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c. Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
35. Los precedentes históricos constitucionales del artículo 159 de la Constitución relativo al control de constitucionalidad los encontramos en: a. El artículo 122 de la Constitución de 1931, que establecía el Tribunal de Garantías Constitucionales. b. La primera aparición la encontramos en el texto constitucional de 1873, en su artículo 77 c. En la Constitución de la Monarquía Española de 1929, que regulaba un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos, que debía resolverse en la Sección de Justicia del Consejo del Reino. d. En el artículo 95 de la Constitución de 1869.
36. La normativa que complementa el artículo 159 de la Constitución está constituida por: a. La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre. b. Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. c. Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
37. Según el art. 160 de la Constitución el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de: a. Cuatro años. b. Seis años. c. Tres años con posibilidad de una reelección. d. Dos años renovables con posibilidad de tres mandatos.
38. Según el art. 161 de la Constitución el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, los conflictos de competencia y las materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. b. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y los conflictos de competencia. c. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y las cuestiones de inconstitucionalidad. d. El recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el Título I, las cuestiones de competencia y las cuestiones de inconstitucionalidad.
39. Según el art. 161 de la Constitución el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas: a. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. b. La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo de tres meses. c. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo no superior a cinco meses. d. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
40. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
41. El artículo 163 de la Constitución permite plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a los siguientes legitimados: a. Los órganos judiciales ordinarios, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. b. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución. c. Los órganos judiciales y administrativos, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende la resolución, puede ser contraria a la Constitución. d. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, anterior a la Constitución, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución.
42. La iniciativa para la reforma constitucional, según el artículo 166 de la Constitución queda en manos de: a. El Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. b. El Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. c. El Gobierno, el Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. d. El Gobierno, el Congreso, el Senado y la iniciativa legislativa popular.
43. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a. Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b. Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c. Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d. Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
44. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: a. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso. b. Una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. c. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso. d. Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
45. Si el texto de propuesta de reforma constitucional hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado: a. El Congreso también podrá aprobar la reforma por mayoría absoluta. b. El Congreso se verá obligado a aprobar la reforma por mayoría de tres quintos. c. El Congreso la aprobará con la misma mayoría si la propuesta tiene el dictamen conforme del Consejo de Estado. d. El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
46. Aprobada la reforma por las Cortes Generales: a. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. b. Será sometida a referéndum a los treinta días de su aprobación. c. Será sometida a referéndum si lo solicitan 50 diputados. d. Será sometida a referéndum si o solicitan 50 senadores.
47. Se procederá a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes: a. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución. b. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. c. Cuando se propusiere la revisión del Título preliminar y el Titulo II. d. Cuando se propusiere la revisión del Título II.
48. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a. A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b. Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c. La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
49. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: a. En tiempo de guerra o de estado de excepción. b. En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c. En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d. En los estados de sitio o excepción.
50. Los estados de alarma, de sitio o de excepción se regularán: a. Por ley orgánica. b. Por ley ordinaria. c. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma. d. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma o por Real Decreto en casos de urgencia.
51. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d. Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.
52. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a. No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b. Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c. No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales. d. Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas.
53. La regulación básica de las administraciones locales se contiene en: a. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. b. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. c. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d. Todas las anteriores con las reformas pertinentes derivadas de la Ley 40/2015.
54. El diseño constitucional distribuye el poder público entre entidades de distinto nivel. Escoja la afirmación correcta: a. El Estado y las Comunidades Autónomas titulares de la soberanía; y las provincias y municipios dotadas de autonomía administrativa. b. El Estado titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su autonomía política y las provincias y municipios, dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito. c. El Estado, las Comunidades Autónomas, las regiones y las provincias titulares de la soberanía. d. El Estado, las nacionalidades, las Comunidades Autónomas y las comarcas, dotadas de autonomía administrativa.
55. La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo el art. 75 bis de la LOTC. Señale la opción que considere correcta: a. Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. b. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. d. Las dos primeras opciones son correctas.
56. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: a. 1992 b. 1986. c. 1985. d. 1994.
57. La Carta Europea de Autonomía Local fue ratificada por España en el año: a. 1992 b. 1988 b. 1988 d. 1990.
58. La Carta Europea de la Autonomía Local es un tratado internacional firmado en el seno de: a. La Unión Europea. b. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. c. El Consejo de Europa. d. Asociación Europea de Libre Comercio.
59. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente definida. b. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c. Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d. Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.
60. La definición de autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos, la relaciona con: a. El preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. b. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. c. El artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d. La Carta Europea de la Autonomía Local de 1985.
61. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: a. El Municipio, la Provincia y la Isla. b. La Comarca, la Provincia y el Municipio. c. El Municipio, la Provincia y el Cabildo. d. La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto.
62. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: a. El texto constitucional. b. La legislación ordinaria. c. Las leyes orgánicas. d. Los Estatutos de Autonomía.
63. En España, la Administración Local o Sector Público Local no incluye: a. El conjunto de Administraciones Públicas que agrupa las entidades locales territoriales de reconocimiento constitucional -municipios, provincias e islas-. b. El conjunto de entidades locales territoriales reconocidas en la legislación ordinaria - mancomunidades, áreas metropolitanas, comarcas, agrupaciones de municipios y entidades locales de ámbito inferior al municipio-. c. Los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles locales. d. Los consorcios transfronterizos y las asociaciones y comunidades transfronterizas.
64. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a. La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum en las colectividades locales afectadas. b. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.
65. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: a. La Provincia. b. El Municipio. c. La Diputación Provincial. d. La Mancomunidad de Municipios.
66. Según el artículo 141 de la Constitución, cualquier alteración de los límites provinciales: a. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente. b. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. c. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria y votada por las Corporaciones Locales concernidas. d. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente y votada por las Corporaciones Locales afectadas.
67. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: a. Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era competencia de las Comunidades Autónomas. b. Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada del Municipio para la administración de núcleos de población separados. Se pueden denominar caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc. c. La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población interesada y al Ayuntamiento correspondiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
68. En el artículo 2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no se alude como entidades integrantes del sector público local a: a. La Entidad Local y sus organismos autónomos. b. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local. c. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local. d. Las agencias municipales.
69. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación a las Mancomunidades, se establece: a. Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. b. Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su competencia. c. Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 y sus modificaciones. d. La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal.
70. Según el artículo 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, las comarcas: a. Son Entidades Locales que agrupan Municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, que gestionan servicios y actividades de ámbito supramunicipal y cooperan con los Municipios que las integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. b. Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que agrupan Provincias limítrofes vinculadas por características e intereses comunes, y que gestionan servicios y actividades de ámbito supraprovincial y cooperan con los Municipios que las integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. c. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas, que agrupan Municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, y que gestionan servicios y actividades de ámbito supramunicipal y cooperan con los Municipios que las integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. d. Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales, que agrupan Municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, y que gestionan servicios y actividades de ámbito supramunicipal y cooperan con los Municipios que las integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación.
71. Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, las Áreas Metropolitanas: a. Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. b. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. c. Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales que están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. d. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas, que están integradas por Ayuntamientos y Corporaciones de grandes aglomeraciones urbanas.
72. Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la característica de los núcleos que se integran en Áreas Metropolitanas: a. Suponen que entre sus núcleos de población hay algún municipio de más de 20.000 por lo que se hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. b. Suponen que entre sus núcleos de población existe algún municipio declarado zona de intervención preferente, que hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. c. Suponen que entre sus núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. d. Suponen que entre sus núcleos de población existen desequilibrios estructurales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
73. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a. Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b. Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c. Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
74. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b. La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c. La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.
75. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a. Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b. Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c. Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d. La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.
76. La Ley 7/1985, de 2 de abril: a. Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva directa. b. Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades Autónomas. c. Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. d. La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa.
77. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a. En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b. En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c. En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d. En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.
78. El artículo 140 de la Constitución dispone, en relación a los Municipios, que: a. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, directo y secreto. b. Los Alcaldes están al frente del Municipio y serán elegidos directamente por los vecinos mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. c. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Tenientes de Alcalde, elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. d. La organización municipal la integran el Alcalde y los Concejales en todos los Municipios.
79. Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con: a. Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b. Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. c. Los principios de transparencia, eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d. Los principios de eficacia, sostenibilidad, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
80. Respecto a los consorcios en el ámbito local, podemos decir: a. Son una entidad local de las enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril. b. Son una forma de cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas para la prestación de servicios locales y para asuntos de interés común, prevista en el artículo 57 de la Ley 7/1985. c. Son entes instrumentales de carácter local institucional o corporativo formado por administraciones locales, entidad sui generis equiparable a una simple modalidad de gestión que ha quedado al margen de la regulación de la Ley 7/1985, de 2 abril. d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, forman parte del sector público local, según el artículo 2.2 g del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. .
81. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas: a. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
82. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a. La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c. La unión de municipios y la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d. La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.
83. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la creación o supresión de municipios o su alteración requerirán: a. Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. b. Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma concernida. c. El Dictamen conforme del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Administración Territorial o de aquel que ejerza sus competencias. d. Son correctas las dos primeras opciones.
84. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse: a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 15.000 habitantes. b. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes. c. Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000 habitantes. d. Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles, de al menos 3.000 habitantes.
85. Respecto a la fusión de municipios, el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, establece que: a. El Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá acordar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. b. Las Comunidades Autónomas atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrán establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. c. Los municipios colindantes dentro de la misma provincia, con independencia de su población, podrán acordar su fusión mediante un convenio, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. d. Los municipios colindantes dentro de la misma provincia con más de 3.000 habitantes podrán acordar su fusión mediante un convenio, el nuevo municipio resultante de la fusión podrá segregarse a los diez años desde la adopción del convenio de fusión.
86. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración municipal corresponden: a. Al Alcalde. b. Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. c. Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. d. Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales.
87. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la organización municipal responde a las siguientes reglas: a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga reglamentariamente la normativa de su Comunidad Autónoma. c. El Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
88. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización municipal: a. La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. b. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. c. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. d. La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.
89. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a. Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b. La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c. El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d. Las dos primeras opciones son correctas.
90. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a. El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local responden individual y directamente ante el Pleno de su gestión. c. El Alcalde nombra y separa libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde. d. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son públicas. A sus sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.
91. Según el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a los órganos municipales necesarios, establece que: a. Los Ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada. b. Los Ayuntamientos podrán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada siguiendo las disposiciones de la legislación autonómica. c. Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada siguiendo las disposiciones de la legislación autonómica. d. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un Teniente de Alcalde.
92. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores municipales los siguientes: a. El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del Pleno. b. El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. c. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general municipal. d. El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.
93. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad: a. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. b. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. c. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sindicales, sociales y profesionales más representativas. d. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sindicales, sociales, movimientos ciudadanos y colegios profesionales más representativos.
94. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores municipales los siguientes: a. El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local. c. El Alcalde. d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
95. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a. En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b. En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c. En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
96. Los datos personales son: a. Cualquier información relativa a una persona física o jurídica identificada o identificable. b. Los datos personales que hayan sido anonimizados, de forma que la persona no sea identificable o deje de serlo. c. Cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable. d. Las distintas informaciones relacionadas con la transparencia que se despliega en la actividad de las entidades administrativas en relación a los administrados.
97. Las distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una determinada persona: a. También constituyen datos de carácter personal. b. Se consideran datos personales si son tratados tecnológicamente. c. Se consideran datos personales si se conservan en un sistema informático. d. Se consideran datos personales si son datos anonimizados.
98. Señale cuál de los siguientes no se considera “dato personal”: a. La dirección de protocolo de Internet (IP). b. El número de documento nacional de identidad. c. El número de registro mercantil. d. El identificador de la publicidad del teléfono.
99. El principal objetivo de las normas relativas a la protección de datos es: a. Garantizar el derecho a obtener información veraz. b. La protección del derecho al respeto de la vida privada y familiar. c. El derecho al olvido y la rectificación. d. Proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad.
100. Desde el punto de vista del formato o el soporte en que la información está contenida, el concepto de datos personales hace referencia a: a. Toda la información recogida en una base de datos o en un fichero estructurado. b. Toda la información disponible en forma alfabética, numérica, gráfica. c. La información disponible en cualquier forma, alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora. d. Se excluyen los datos que consisten en sonidos e imágenes.
101. Entre las siguientes categorías especiales de datos personales señale aquella que podría no ser considerada «sensible» en relación a la protección específica del Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016: a. Origen racial o étnico. b. Opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas. c. El tratamiento de datos genéticos. d. Los datos en relación a los que se haya dado consentimiento explícito.
102. Una solicitud de consentimiento para usar los datos personales facilitados no será conforme al Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016: a. Si la solicitud de consentimiento se diferencia claramente de otras informaciones, como las condiciones de uso. b. Si el formulario contiene un documento redactado en letra más pequeña que el resto del texto. c. Si presenta casillas ya marcadas que el usuario debe desactivar. d. Si el formulario de petición del consentimiento presenta términos jurídicos.
103. El consentimiento para tratar los datos tendrá que ser solicitado: a. Mediante una manifestación inequívoca e identificada y a través de una acción afirmativa por parte del interesado. b. Mediante una explicación clara y expresa sobre el uso que se hará de los datos. c. Mediante la explicación detallada de las condiciones jurídicas que determinan el uso que podrá darse a los datos del interesado. d. Indicando con claridad qué uso se hará de los datos personales, mediante manifestación afirmativa e inequívoca del interesado.
104. La reforma de la regulación de la protección de datos en la Unión Europea tuvo lugar: a. El 25 de mayo de 2018. b. El 7 abril de 2017. c. El 9 de mayo de 2009. d. El 6 de abril de 2016.
105. Respecto al Reglamento General de Protección de Datos: a. El Reglamento está en vigor desde el 25 de mayo de 2018. b. El Reglamento está en vigor desde el 24 de mayo de 2016 y se aplica a partir del 25 de mayo de 2018. c. Hasta la adopción y entrada en vigor del Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones, se aplicaba la Directiva 2002/58/CE como lex specialis con respecto al Reglamento. d. Ha sido transpuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
106. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales: a. Es un derecho garantizado desde 1960 por las normas del Consejo de Europa. b. Es un derecho contemplado en la normativa europea. c. Es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. d. Es una facultad diseñada para los ciudadanos por la legislación interna.
107. Según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el derecho a la protección de datos: a. Se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. b. Es un derecho fundamental por el que se garantiza a personas físicas y jurídicas el control sobre sus datos, su origen y destino. c. Tiene por objeto evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos para la dignidad y los derechos de las personas y entidades afectados. d. Permite que la ley ordinaria limite el uso de la informática para garantizar el honor de los ciudadanos.
108. Para el Tribunal Constitucional, según declara en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, el derecho a la protección de datos es: a. Un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales. b. Una faceta incluida en el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. c. Es parte del derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución. d. Un aspecto del derecho a la información que se formula en el texto constitucional.
109. A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar con: a. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. b. La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995. c. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. d. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
110. A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se promulgó: a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. b. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
111. El derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. b. En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. c. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. d. En el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
112. En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. b. En el artículo 3 del Tratado de Niza. c. En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. d. En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
113. La adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos, se ha llevado a efecto mediante: a. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. c. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. d. La Ley Orgánica 6/2019, de 19 de junio.
114. Las Comunidades Autónomas, en relación a la protección de datos: a. Tienen competencias legislativas. b. Ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución en su ámbito de actividad. c. Poseen competencias de ejecución. d. Actúan en virtud de delegación expresa y sometidas a la Agencia Española de Protección de Datos.
115. Según el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en relación a las personas fallecidas: a. Se permite que los legítimos herederos y legatarios puedan solicitar el acceso a los mismos. b. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos con la autorización del Ministerio Fiscal. c. Se excluye del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento. d. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos.
116. En virtud de las estipulaciones del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables al responsable del tratamiento de datos: a. La inexactitud de los datos obtenidos de la Administración Pública. b. La incorrección de la información obtenida de la documentación en poder de empresas relacionadas con el sector público de la Administración del Estado. c. La inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, de otro responsable o mediador que legítimamente los posea o de un registro público. d. La incorrección de los datos obtenidos de procedimientos administrativos relacionados con el afectado.
117. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento es: a. A los 12 años. b. A los 14 años. c. A los 16 años. d. A los 14 años, refrendado por el titular de la patria potestad o tutela en caso de ser requerido por las autoridades competentes.
118. Los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, vigente en materia de protección de datos: a. Permiten el tratamiento de datos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos con el consentimiento expreso de los afectados. b. Permiten, con autorización gubernativa, el tratamiento de datos para el almacenamiento de información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos. c. Mantienen la prohibición de consentir tratamientos de datos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos. d. Subordinan a la autorización judicial el tratamiento de datos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos.
119. En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, no pueden considerarse datos de categorías especiales: a. Los referidos a la afiliación sindical o política. b. Los relativos a la filiación y estado civil. c. Los relativos a la orientación sexual. d. Los que identifican las creencias o la religión.
120. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en relación a su aplicación: a. Es una norma obligatoria en todos sus elementos desde su entrada en vigor, para todos los Estados de la Unión. b. Permite a los Estados incorporar a su Derecho nacional elementos del Reglamento. c. No permite a los Estados imponer condiciones especiales al tratamiento de datos puesto que establece un marco uniforme. d. Se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos.
121. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, entró en vigor: a. Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. b. A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c. A los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. d. A los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
122. El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, se encuentra: a. Derogado por la Ley Orgánica 3/2018. b. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley. c. En vigor salvo en las disposiciones que contravengan las disposiciones de la ley Orgánica 3/2018. d. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la Ley Orgánica 3/2018.
123. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2018, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra: a. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley 3/2018. b. Expresamente derogada por la Ley Orgánica 3/2018. c. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la nueva Ley 3/2018. d. Sus artículos 23 y 24 seguirán vigentes en tanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados.
124. El derecho del interesado a conocer si se están tratando sus datos personales podrá ser denegado por: a. Las Administraciones tributarias en relación con datos que obren en su poder. b. Las Administraciones tributarias cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras. c. Las Administraciones tributarias en relación con datos facilitados por el Administrado. d. Cualquier entidad de la Administración General del Estado que haya iniciado expedientes sancionadores.
125. Las Administraciones Públicas actúan como: a. Depositarias de los datos que obtiene de su habitual gestión. b. Meros gestores de datos que obran en su poder como consecuencia del ejercicio habitual de sus potestades. c. Encargados de tratamiento de los datos de carácter personal. d. Responsables de tratamientos de datos de carácter personal y, en algunas ocasiones, ejercen funciones de encargados de tratamiento.
126. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en su artículo 1, expone que: a. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos que les conciernan. b. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales. c. Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las personas físicas o jurídicas con residencia legal en los Estados miembros de la Unión Europea. d. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
127. El Reglamento (UE) 2016/679 contempla datos que considera objeto de especial protección, entre los que no se encuentran los datos: a. Datos de adscripción a colegios o asociaciones profesionales. b. Datos relacionados con la salud. c. Datos relacionados con la ideología o adscripción política. d. Datos relacionados con la pertenencia étnica o religión.
128. El artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 parte de la prohibición del tratamiento de los datos considerados objeto de especial protección que sólo podrá llevarse a cabo si es aplicable alguna de las excepciones: a. Aquellas que reglamentariamente establezca el gobierno de España. b. Que los datos personales se hayan hecho manifiestamente públicos por el interesado. c. Que los datos personales hayan sido aportados por el interesado a expedientes administrativos en los que sea parte. d. Que obren en poder de medios de comunicación masivos o redes sociales al uso.
129. El artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 establece que el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos: a. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. b. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. c. Que formará parte de la plantilla del responsable o encargado y será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y sus conocimientos especializados de Derecho. d. Cada autoridad u organismo público contará con un delegado de protección de datos que trabajará en coordinación con la autoridad nacional de control.
130. El “Considerando” 19 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes: a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones financieras y tributarias. b. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones relacionadas con la competencia y la propiedad industrial e intelectual. c. A efectos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de las sanciones derivadas de las mismas. d. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones aduaneras.
131. El “Considerando” 18 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el tratamiento de datos de carácter personal: a. En el curso de una actividad profesional de trabajadores por cuenta propia. b. En el curso de una actividad comercial en línea o en las redes sociales. c. En el curso de actividades públicas no lucrativas. d. En el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica.
132. Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe aplicarse: a. Al tratamiento automatizado de datos personales. b. Al tratamiento automatizado o manual de datos personales. c. A los datos relacionados con las actividades personales o domésticas que figuren en las redes sociales. d. A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública.
133. El derecho de rectificación supone que el interesado podrá obtener del responsable de tratamiento de datos la rectificación de los datos personales que sean inexactos: a. En el plazo de un mes, aunque, en virtud de la complejidad de la solicitud, se puede prorrogar el plazo otros dos meses más. b. Sin dilación indebida del responsable del tratamiento. c. En el plazo improrrogable de un mes. d. En el plazo de veinte días si el interesado reside en el mismo Estado en el que presenta su solicitud.
134. El denominado “derecho al olvido” no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder a la supresión de los datos cuando el tratamiento sea necesario para: a. Asegurar el ejercicio de la libre competencia. b. El ejercicio de la libertad de empresa. c. El ejercicio de la libertad de expresión e información. d. El ejercicio de la libertad de circulación.
135. En relación al derecho a la limitación del tratamiento de los datos, su ejercicio presenta dos vertientes: a. Se puede solicitar ante la negativa reiterada del responsable a responder a una solicitud. b. Se puede solicitar para transmitirlos a otro responsable del tratamiento. c. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos por la manifiesta negligencia del responsable de tratamiento de los mismos. d. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos impugnando su exactitud o en virtud de oposición al tratamiento de los mismos.
136. Cuando se recaban datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho de información, que implica: a. En el supuesto de que los datos personales no hayan sido obtenidos directamente del interesado, el derecho a conocer el origen y categoría de los datos, a excepción de la información en poder de los registros públicos oficiales. b. La remisión al interesado de toda la documentación que solicite en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. c. Facilitar una información básica resumida en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos personales y remisión del resto de la información, en un medio más adecuado para su presentación, compresión y archivo. d. La posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para recurrir la resolución del responsable de los datos afectados y solicitar la pertinente compensación.
137. El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas pretende garantizar: a. Que los interesados no sean objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de forma similar. b. El respeto por los derechos del interesado en todos aquellos expedientes en los que sea parte y a relacionarse personalmente con la Administración y con las entidades que gestionan sus datos. c. Que los interesados conservan la facultad de relacionarse directamente con las Administraciones y entidades que gestionan sus datos sin intervención de medios o soportes electrónicos o telemáticos. d. La adecuada asistencia jurídica de los ciudadanos encaminada a la interposición de recursos e impugnaciones de las actuaciones administrativas sancionadoras derivadas del tratamiento de sus datos.
138. En relación a la aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/679, la norma se aplicará al siguiente supuesto: a. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de estos últimos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de aquellos. c. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un responsable o encargado no establecido en la Unión. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen actividades en el territorio de la Unión y tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros.
139. Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los menores: a. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. b. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 14 años. c. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito si lo consintió o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que lo hizo. d. El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si viene impuesto por obligaciones legales de la Unión o de los Estados miembros.
140. Según la Agencia Española de Protección de datos, en virtud de las estipulaciones del Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles). El ejercicio de los mismos corresponde: a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión Europea. b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea. c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores.
141. Según establece el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a los principios del tratamiento de datos: a. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios de licitud, lealtad y transparencia, y garantizará la exactitud y actualización de los datos. b. El responsable garantizará la transparencia material del consentimiento del interesado. c. El responsable adoptará todas las medidas posibles para que se supriman o rectifiquen en un plazo de quince días los datos personales que sean inexactos. d. El responsable del tratamiento trabajará siguiendo el principio de responsabilidad proactiva.
142. Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, se caracterizan por lo siguiente: a. Su ejercicio es gratuito, aunque ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas o repetitivas el responsable podrá cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados o negarse a actuar. b. Las solicitudes relacionadas con estos derechos deben responderse a la mayor brevedad, aunque en virtud de la complejidad y número de solicitudes se puede acordar con el interesado la comunicación de la resolución interesada en 90 días. c. Las solicitudes relacionadas con estos derechos habrán de presentarse por medios electrónicos o por correo certificado. d. Las solicitudes relacionadas con estos derechos serán atendidas por el responsable de protección de datos y podrán ser cursadas por el interesado o por su representante legal.
143. En virtud del “Considerando” 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos): a. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión Europea. b. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el responsable del tratamiento, se regula por la normativa de la Unión Europea y por el Derecho interno de los Estados miembros. c. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa específica de los Estados miembros. d. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de protección de la seguridad nacional, orden público y control de fronteras por el responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión Europea.
144. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el responsable de datos personales es: a. Una persona física. b. Una persona física o jurídica, o bien una autoridad pública. c. Una persona física o jurídica. d. Una persona física debidamente certificada por AENOR.
145. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los criterios para nombrar al responsable de tratamiento habrán de establecerse en: a. La normativa de la Unión y la de los Estados miembros. b. Una norma con rango legal de cada Estado miembro. c. Un reglamento de la Unión Europea elaborado a tal efecto en el marco de la libertad de establecimiento en el mercado interior. d. Mediante reglamentos de ejecución de la Unión Europea.
146. En relación a las competencias del responsable del tratamiento de datos y su relación con el encargado: a. El encargado se limita a tratar la información personal por cuenta del responsable. b. El responsable está obligado a nombrar un encargado del tratamiento para las cuestiones técnicas y operativas. c. El responsable puede nombrar un encargado del tratamiento de datos para la atención a los interesados en el ejercicio de sus derechos. d. El encargado toma las decisiones sobre el tratamiento de datos personales por delegación del responsable.
147. Según el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/679, para la aplicación de dicha norma al tratamiento de datos personales de los interesados que residan en la Unión habrá de verificarse: a. El lugar concreto donde se traten los datos es la Unión. b. Que los interesados poseen la nacionalidad de uno de los Estados de la Unión. c. Que la nacionalidad del responsable del tratamiento de los datos es la de uno de los Estados de la Unión. d. La ubicación en la Unión del establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento.
148. El actual responsable de datos sustituye a: a. La figura del encargado de la seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999. b. La figura del responsable de seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999. c. La figura del delegado de protección de datos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999. d. La figura de la autoridad de control y tratamiento.
149. Según el artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a la responsabilidad del responsable del tratamiento: a. Adoptará periódicamente medidas técnicas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento. b. Está obligado a obtener el mecanismo de certificación aprobado por la autoridad de control que sea competente. c. Está obligado a someterse al código de conducta aprobado por la autoridad de control competente. d. Aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, medidas que revisará y actualizará cuando sea necesario.
150. El Reglamento (UE) 2016/679 crea la figura del Delegado de Protección de Datos: a. Responde las solicitudes de la autoridad de control y coopera con ella por solicitud de la misma o por iniciativa propia. b. Diseña la aplicación de las normas por el encargado del tratamiento en materia de protección de datos. c. Se vincula con el responsable de datos en virtud de las cláusulas contractuales imperativas establecidas por la autoridad de control competente. d. Asume nuevas y cualificadas competencias en materia de coordinación y control del cumplimiento de la normativa de protección de datos.
151. Según el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679, la figura del Delegado de Protección de Datos será obligatoria cuando: a. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. b. El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. c. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. d. En los tres casos el nombramiento del delegado es obligatorio.
152. Para que el encargado del tratamiento pueda acceder a los datos: a. Es necesario el consentimiento de los afectados cuyos datos se tratan. b. Es necesaria la habilitación de la autoridad de control competente. c. Es necesaria la autorización del Delegado de Protección de Datos. d. No es necesario el consentimiento de los afectados cuyos datos se tratan siempre que exista el contrato de encargo con el responsable de los datos.
153. El Delegado de Protección de Datos es el garante del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679. Su misión consiste en: a. Responder a las solicitudes de los afectados por el tratamiento de los datos. b. Interponer recursos y quejas ante la Agencia Europea de Protección de Datos. c. Informar y asesorar al responsable de la empresa y a los empleados. d. Redactar las estipulaciones de los acuerdos que vinculan al encargado con el responsable de datos.
154. Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y encargados del tratamiento comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos: a. En el plazo de diez días. b. De forma inmediata tras el nombramiento. c. Cuando sean requeridos por la Agencia. d. En los treinta días siguientes a la aceptación del nombramiento por el Delegado.
155. La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido un sistema de certificación que permite acreditar que los Delegados de Protección de Datos reúnen la cualificación profesional y los conocimientos requeridos para ejercer la profesión: a. Es un sistema de certificación habilitante para el ejercicio de la profesión. b. Esta certificación no es obligatoria para poder ejercer. c. Es un sistema de certificación obligatoria para el ejercicio de la profesión. d. Obtener la certificación es obligatorio en caso de los delegados vinculados a órganos de la Administración de Estado.
156. La Ley Orgánica 3/2018 especifica las entidades y organismos que deberán proceder, en todo caso, a la designación de Delegado de Protección de Datos con carácter obligatorio. Entre ellas no están: a. Las Universidades. b. Las empresas aseguradoras. c. Las empresas de seguridad privada. d. Las federaciones deportivas.
157. Según el artículo 38 de la Ley 3/2018, los códigos de conducta regulados por la Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos: a. Los códigos de conducta serán aprobados por el Delegado de Protección de Datos. b. Los códigos de conducta serán aprobados por la Comisión. c. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente. d. Los códigos de conducta serán aprobados por los colegios profesionales del ámbito de la actividad relacionada con los datos a proteger.
158. A fin de que las organizaciones no actúen únicamente cuando ya se ha producido la infracción, el Reglamento (UE) 2016/679 prevé una serie de medidas basadas en la prevención: a. Creación de unidades administrativas y de inspección de vigilancia y control. b. Protección de datos desde el diseño y por defecto. c. Establecimiento de obligaciones digitales destinadas a los ciudadanos. d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
159. El Reglamento (UE) 2016/679 introduce en su ámbito de aplicación a responsables y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que: a. Realicen tratamientos derivados de servicios efectivamente prestados en territorio de la Unión. b. Realicen tratamientos derivados de ofertas de bienes o servicios producidos en la Unión. c. Realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento. d. Realicen tratamientos sobre categorías de datos especialmente protegidos.
160. En relación a la formación del Delegado de Protección de Datos, el Reglamento (UE) 2016/679 establece que: a. Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que acredite su conocimiento del Derecho. b. No necesita una titulación específica, si bien los conocimientos jurídicos en la materia son necesarios, así como también los relativos a materias de tecnología. c. Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que acredite su conocimiento del Derecho y de las tecnologías propias del tratamiento de datos. d. Debe contar con estudios superiores y con una experiencia profesional de, al menos, cinco años en tareas similares.
161. El artículo 83 del Reglamento 2016/679/UE establece, como condiciones generales para la imposición de multas administrativas, que habrán de ser: a. Consecuencia del tratamiento de datos realizado por una autoridad u organismo público. b. Siempre individuales, efectivas, proporcionadas y disuasorias. c. Establecidas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos en coordinación con las autoridades de control de los Estados miembros. d. Multas administrativas de 10.000.000 euros como máximo.
162. En relación a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección sobre datos personales y libre circulación de estos datos: a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos siguen vigentes sus disposiciones. b. Se aplica transitoriamente hasta la implementación definitiva del Reglamento (UE) 2016/679. c. Quedó derogada con efecto desde el 25 de mayo de 2018. d. Su contenido se ha incorporado al Reglamento (UE) 2016/679.
163. El Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene competencias para: a. Resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las autoridades nacionales de control de datos. b. Coordinar el trabajo de las autoridades nacionales de la Unión para garantizar la coherencia en la protección de datos. c. Evaluar la conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del tratamiento de datos por parte de las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros. d. Supervisar el tratamiento de los datos personales por parte de la administración de la Unión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la intimidad.
164. La existencia de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la normativa de protección de datos se contempla por primera vez en un texto internacional: a. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. b. En el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 1981. c. En el Acta Única Europea, de 1986. d. En el Tratado de la Unión Europea, de 1992.
165. El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue creado en el año: a. 2002 b. 2004. c. 1999. d. 2000.
166. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor adjunto son elegidos para un mandato renovable de: a. 4 años. b. 5 años. c. 3 años. d. 8 años.
167. La Agencia Española de Protección de Datos se puede definir como: a. Un ente independiente, con presupuesto propio y plena autonomía funcional. b. Un ente corporativo, con autonomía organizativa y presupuesto propio. c. Una entidad institucional que dispone de medios personales y materiales propios y autonomía organizativa. d. Una fundación del sector público con carácter instrumental y personalidad jurídica diferenciada.
168. La Agencia Española de Protección de Datos: a. Se creó en 1994. b. Se creó en 1992. c. Se creó en 1986. d. Se creó en 1989.
169. La Presidencia de la Agencia y su Adjunto serán nombrados: a. Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional con experiencia de, al menos, cinco años. b. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del Supervisor Europeo de Protección de Datos, entre personas de reconocida competencia profesional. c. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. d. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del Parlamento, entre personas de reconocida competencia profesional.
170. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a sus funciones y potestades se establece en: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre. d. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 y las reconocidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
171. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos: a. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. b. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Investigación y Nuevas Tecnologías. c. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. d. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia.
172. El Reglamento (UE) 2016/679 otorga a la Agencia Española de Protección de Datos: a. Poderes de investigación, poderes de reglamentación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. b. Poderes de investigación, poderes de autorización y poderes consultivos. c. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. d. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de certificación académica y consultivos.
173. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al ejercicio de competencias, se rige por: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
174. Al régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al régimen patrimonial, le resulta aplicable: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
175. De entre los siguientes, están dentro de las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos: a. Los datos relativos a las calificaciones de los estudiantes de las Universidades Públicas españolas. b. El domicilio, la denominación social, el CIF de una persona jurídica o sociedad mercantil. c. Las direcciones postales, las cuentas de correo electrónico o el DNI. d. Los datos relativos al objeto social de las entidades mercantiles que ejercen su actividad en España.
176. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a la contratación está sujeto a: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
177. Las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos personales derivan de las estipulaciones contenidas en: a. El artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679. c. El artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
178. En la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, tras la modificación de la citada Ley Orgánica 3/2018, en relación a la protección de datos y al consentimiento: a. El tratamiento de datos personales de los universitarios requiere el consentimiento previo y expreso de los mismos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados relativos a las calificaciones académicas requiere el consentimiento previo y expreso de los mismos. c. No es preciso recabarlo, ya que el legislador reconoce la existencia de un interés público en el conocimiento generalizado de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen sus actividades en el territorio de la Unión siempre requiere consentimiento.
179. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación a la cooperación institucional, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de dicha Ley: a. Por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, en todo caso se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. b. Por iniciativa propia, en todo caso se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. c. A instancia de las autoridades que traten datos o sean responsables de los mismos. En todo caso, se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. d. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia se convocarán reuniones mensuales de los responsables de tratamiento de datos coordinados por la Agencia.
180. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679: a. Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días. b. Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el responsable de la vulneración. c. Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas. d. Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.
181. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito: a. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. c. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d. La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida para la adopción de las medidas necesarias para su cesación.
182. Aun cuando es un organismo independiente, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con un presupuesto integrado en los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La supervisión y control externo es ejercida por: a. El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas y el interno por la Intervención General del Estado. b. El control externo es ejercido por el Ministerio de Justicia y el interno por el Tribunal de Cuentas. c. El control externo es ejercido por la Intervención General del Estado y el interno por el Ministerio de la Presidencia. d. El control externo es ejercido por el Ministerio de la Presidencia y el control interno por el Tribunal de Cuentas.
183. El tratamiento de los datos personales de los que sean responsables los servicios públicos autonómicos y locales lo lleva a efecto: a. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. b. La Autoridad andaluza de Protección de Datos. c. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos. d. La Autoridad Supervisora de Protección de Datos de Andalucía.
184. La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía la podemos encontrar en: a. El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos, según el artículo 37.1.15º del Estatuto de Autonomía de Andalucía. c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
185. Según el artículo 64 del Estatuto de Andalucía, en materia de protección de datos y comunicaciones electrónicas, las competencias de la Junta de Andalucía son: a. Ejecutivas. b. Exclusivas c. Compartidas con el Estado. d. Delegadas.
186. Los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía fueron aprobados por el Decreto de 29 de septiembre, del año: a. 2014. b. 2011. c. 2009. d. 2015.
187. En relación al tratamiento de datos por las Administraciones Locales, señale la opción que considere incorrecta: a. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado, incluidas las entidades de gestión tributaria, solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias. b. Los ciudadanos no tienen que aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas. c. El nombramiento de un Delegado de Protección de Datos en la Administración Local es siempre obligatorio. d. Los Ayuntamientos podrán establecer medios electrónicos para la transmisión de datos de empadronamiento a otras administraciones, en los términos establecidos en la legislación vigente.
188. En relación con el tratamiento de datos por las Entidades Locales, señale la opción que no considera cierta: a. Cuando un Ayuntamiento encarga a un tercero la gestión del cobro de impuestos, la relación entre responsable y encargado deberá estar regulada en un contrato o instrumento jurídico. b. La responsabilidad proactiva hace referencia a la capacidad de la entidad administrativa de demostrar y proporcionar evidencias del cumplimiento de las obligaciones de la legislación vigente. c. La base jurídica que legitima los tratamientos de datos de los impuestos municipales será el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, así como el cumplimiento de una obligación legal prevista en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. d. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones no tienen carácter reservado por están vinculados con la obligación constitucional de colaborar al sostenimiento de los gastos públicos.
189. En relación a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, señale la opción incorrecta: a. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. b. Tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada. c. En el ámbito de la Administración Local la base jurídica que legitima los tratamientos y transmisión de datos únicamente será el consentimiento expreso del interesado. d. Podrán ser utilizados para la colaboración con las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios.
190. El artículo de nuestra Constitución que establece que la población española es igual ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, es: a. El artículo 8.2. b. El artículo 12. c. El artículo 14. d. El artículo 10.
191. Nuestra Constitución señala que es a los poderes públicos a quienes corresponde la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en: a. El artículo 8.2. b. El artículo 9.1. c. El artículo 8.3. d. El artículo 9.2.
192. Uno de los avances impulsado por la Constitución para la igualdad efectiva de las mujeres fue la Ley Orgánica 22 de marzo, que se promulgó en el año: a. 2004. b. 2006. c. 2007. d. 2002.
193. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: a. Ley para la protección jurídica y social de las mujeres en Andalucía. b. Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía. c. Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. d. Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.
194. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, ha sido modificada con la inclusión de un nuevo título V, por: a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b. La Ley 9/2018, de 8 de octubre. c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. d. La Ley 1/2014, de 24 de junio.
195. Según el Preámbulo de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, sigue siendo un reto la implementación de los objetivos formulados en la Declaración sobre la igualdad de mujeres y hombres elaborada en el seno del Consejo de Europa en el año: a. 1992. b. 1999. c. 1988. d. 2004.
196. El Pacto Europeo de la Igualdad de Género tiene vigencia en el siguiente período: a. 2014-2024. b. 2015-2020. c. 2015-2025. d. 2011-2020.
197. La Comisión Europea ha elaborado su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres cuya vigencia comprendía el período: a. 2010-2020. b. 2015-2025. c. 2016-2019. d. 2018-2024.
198. Según el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina: a. Mainstreet. b. Transversalidad c. Inclusividad. d. Perspectiva de género.
199. Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres se formulará y aprobará con una periodicidad: a. Que no será inferior a seis años. b. Que no será inferior a cuatro años. c. Que no será inferior a cinco años. d. Que no será inferior a ocho años.
200. En el artículo 10.1 la Ley 12/2007 dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán...”: a. Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. b. Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. c. Analizar los resultados desde una perspectiva de neutralidad. d. Realizar análisis e investigaciones sobre la situación excluyendo los datos relativos al género.
201. En el artículo 10.3 de la Ley 12/2007 se establece que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como organismo coordinador de la ejecución de la actividad estadística y cartográfica de los órganos y entidades del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, publicará un informe síntesis que recoja las principales estadísticas de Andalucía desde una perspectiva de género. Dicho informe se publicará: a. Bienalmente. b. Anualmente c. Cada cuatro años. d. Sin dilaciones indebidas, a requerimiento del Consejo de Gobierno.
202. En el artículo 33 de la Ley 12/2007 se establece la obligación de la Administración de la Junta de Andalucía de adoptar las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo: a. Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. b. Prioritariamente en las empresas privadas. c. Solo en el ámbito de la administración pública. d. Únicamente en asociaciones y entidades privadas.
203. La Carta Social Europea de 1961 en su artículo 8 contempla: a. El principio de conciliación doméstica y laboral. b. El derecho de las trabajadoras a protección, particularmente las madres trabajadoras. c. El derecho a la igualdad salarial. d. El derecho a la representación equitativa en los órganos de decisión.
204. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, se denomina: a. Igualdad formal. b. Igualdad material. c. El derecho a la igualdad salarial. d. Igualdad de oficio.
205. La perspectiva de género podemos considerarla: a. Un concepto sociológico. b. Un criterio para la interpretación jurídica. c. Una herramienta de trabajo. d. Un objetivo político.
206. En el artículo 3.3 de la Ley 12/2007 se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que: a. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. b. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. c. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. d. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
207. En el artículo 3.1 de la Ley 12/2007 se entiende por discriminación directa por razón de sexo: a. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un trato diferente en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales. b. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un trato legal discriminatorio. c. La situación en que se encuentra una mujer a la que se haya dado o se pueda dar un trato diferente en base a su género. d. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
208. En relación a la igualdad de género, las acciones positivas: a. Tienen carácter permanente. b. Tienen carácter temporal. c. Tienen carácter discriminatorio. d. Tienen carácter no transversal.
209. Según el artículo 6 de la Ley 12/2007, en relación a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, los poderes públicos de Andalucía incorporarán un informe sobre la evaluación del impacto de género: a. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que indique la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. b. A todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. c. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno si así lo estima necesario la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno si así lo estiman necesario las Unidades de Igualdad de Género de las consejerías concernidas.
210. Evaluar el impacto en función del género implica: a. Comparación de los datos en función de la participación de hombres y mujeres. b. Contrastar y analizar los datos en función de los recursos a los que se accede. c. Valorar y comparar los datos en función de los derechos que se protegen o vulneran. d. Son válidas las tres respuestas.
211. El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto en la Comunidad Autónoma andaluza, según el artículo 8 de la Ley 12/2007, corresponde: a. A la Consejería de Economía y Hacienda. b. Al Instituto Andaluz de la Mujer. c. A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. A la Comisión de Impacto de Género.
212. La organización de los trabajos de las distintas Administraciones Públicas para la igualdad de género según el artículo 63 de la Ley 12/2007 corresponde a: a. La Unidad de Igualdad de Género. b. La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales. c. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. El Observatorio de la igualdad de género.
213. Según el artículo 59 de la Ley 12/2007, en relación a la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres: a. Estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b. Estarán representadas las asociaciones más representativas en la promoción de la igualdad. c. Estarán representadas los departamentos administrativos autonómicos y locales con competencias en materia de igualdad. d. Estarán representadas las entidades de las distintas autonomías en materia de igualdad.
214. Según el artículo 60 de la Ley 12/2007, las Unidades de Igualdad de Género se crean: a. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b. Con la finalidad de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación. c. Con poder de decisión propio y competencias de asesoramiento técnico de los poderes públicos de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
215. En el artículo 61 de la Ley 12/2007 se prevé la creación del Observatorio de la Igualdad de Género: a. Es un órgano destinado a impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las entidades administrativas andaluzas. b. Es un órgano con poder de decisión propio para presentar propuestas prelegislativas a los órganos competentes de la Unión Europea en materia de igualdad. c. Es un órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la Comunidad Andaluza. d. Es un órgano de participación en el que estarán representadas las asociaciones más representativas en la promoción de la igualdad.
216. En relación a las garantías en la igualdad de género, la Ley 12/2007 establece: a. La celebración de un foro anual que debata sobre el grado de cumplimiento de la norma, cuyas conclusiones se remitirán al Defensor del Pueblo Andaluz. b. La obligación del Observatorio de la Igualdad de Género de presentar un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la Ley. c. La obligación de elaborar un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres y el grado de cumplimiento de dicha norma. d. La remisión al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de las propuestas de reforma legislativa en materia de igualdad elaboradas por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
217. El artículo 73 y siguientes añadidos a la Ley 12/2007, en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, regulan: a. Las competencias investigadoras del Instituto Andaluz de la Mujer. b. Las infracciones administrativas en virtud de incumplimientos de obligaciones reguladas en la Ley. c. Las competencias otorgadas por la Ley a los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. d. La ampliación de competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía.
218. Según el artículo 75 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, no constituye una infracción leve: a. La insuficiente o parcial colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer durante la acción investigadora e inspectora de este. b. La insuficiente o parcial colaboración con la actuación inspectora de la Administración de la Junta de Andalucía. c. La realización de actos o comportamientos que dificulten o impidan el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley y que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. d. Las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves, cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia.
219. Según el artículo 76 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, no constituye una infracción grave: a. La imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. b. El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre ambos sexos en los medios de comunicación social de Andalucía. c. Realizar actos o comportamientos que atenten contra la dignidad de los participantes o que constituyan discriminación, en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de premios deportivos, por razón de sexo. d. La reincidencia en falta leve de la misma naturaleza que la nueva infracción por la que se hubiese sancionado por resolución firme en vía administrativa en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de la misma.
220. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones muy graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015: a. Prescribirán a los cinco años. b. Prescribirán a los seis años. c. Prescribirán a los tres años. d. Prescribirán a los cuatro años.
221. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015: a. Prescribirán a los cinco años. b. Prescribirán a los tres años. c. Prescribirán a los cuatro años. d. Prescribirán al año.
222. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones leves serán sancionadas: a. Con apercibimiento y multa de hasta 6.000 euros. b. Con apercibimiento e inhabilitación para cargo público. c. Con multa de hasta 6.000 euros. d. Con apercibimiento o con multa de hasta 6.000 euros.
223. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones graves serán sancionadas: a. Con prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Junta de Andalucía por un periodo de hasta tres años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. b. Con inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos. c. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta tres años. d. Con multa de 6.001 hasta 60.000 euros, y, además, podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las señaladas en las opciones anteriores.
224. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones muy graves serán sancionadas: a. Con multa de 60.001 hasta 120.000 euros, y además podrá imponerse cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta cinco años. b. Con multa de 100.001 hasta 200.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier ayuda pública de la Junta de Andalucía por un periodo de tres a cinco años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. c. Con inhabilitación temporal, por un periodo de tres a cinco años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios público y multa de 100.001 hasta 200.000 euros. d. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de cinco años.
225. La Ley Orgánica de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es del año: a. 2007. b. 2004. c. 2000. d. 2003.
226. La Ley Orgánica 3/2007 establece unas obligaciones a los poderes públicos para adecuar las estadísticas y estudios a la perspectiva de género en el artículo: a. 10. b. 20. c. 25. d. 33.
227. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, fue ratificada por España en: a. 1980. b. 1986. c. 1992. d. 1983.
228. El objetivo de lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles se establece en: a. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. b. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. c. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. d. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
229. La regulación de las Unidades de Género en la Administración de la Junta de Andalucía se contiene en: a. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. b. El Decreto 440/2010, de 14 de diciembre. c. La Ley 18/2003, de 31 de diciembre. d. El Decreto 275/2010, de 27 de abril.
230. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de Andalucía comprende el siguiente período: a. 2016-2021. b. 2010-2020. c. 2015-2025. d. 2012-2020.
231. La Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro, se transponen al ordenamiento jurídico español en: a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. b. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. c. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. d. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
232. El Comité de Ministros del Consejo de Europa proclamó la Declaración de Madrid titulada «Convirtiendo la igualdad de género en una realidad» en el año: a. 2009. b. 2007. c. 2000. d. 2004.
233. La Carta Europea de la Mujer, que recoge la declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer, es del año: a. 2012. b. 2010. c. 2009. d. 2005.
234. La Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa comprende el periodo: a. 2014-2020. b. 2018-2023. c. 2016-2022. d. 2010-2020.
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