Examen Acceso a la Abogacía 2025 1

La abogada Iratxe presenta un recurso de apelación contra una decisión del juzgado de Instrucción de Ceuta, que el juzgado iandmite por entender que se formuló fuera de plazo. ¿Ante qué órgano y sección debería presentar Iratxe recurso de queja para que se tramite la apelación?. Ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga. Ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Lucas ha sido despedido en el marco de un despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, de una empresa cuyo ámbito territorial no excede el de la Comunidad de Madrid. Disconformes, los representantes de los trabajadores pretenden acudir a los tribunales, ya que entienden que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. Ante qué Tribunal deberán interponer la demanda: Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Ante el Juzgado de lo Social del domicilio del mayor número de trabajadores. Ante el Juzgado de lo Social de la localidad donde radica la empresa. Ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Provincial deniega al penado Benedicto, en resolución firme, la suspensión dela ejecución de la condena de un año de prisión que le había impuesto en sentencia. Su letrado, Bartolomé, presenta recurso de amparo para impedir que ingrese en prisión y pide a la Audiencia Provincial que suspenda el cumplimiento de la pena, para que el recurso no pierda su efectividad. ¿Es correcta la petición de Bartolomé a la Audiencia Provincial?. Sí, ya que la suspensión de la ejecución de la pena solo puede acordarla la Audiencia Provincial:. No, porque la resolución es ejecutiva mientras no la suspenda el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia parte. Sí, pero es innecesaria, porque la interposición del recurso de amparo suspende de iure los efectos de la resolución recurrida. No, porque la suspensión tiene que pedirla expresamente al Tribunal Constitucional, única posibilidad de que se suspenda la resolución recurrida en amparo.

Yolanda, abogada del Coelgio de Málaga, recibe el 18 de abril de 2019 una designación provisional de Turno de Oficio para presentar demanda en nombre de Pedro para reclamar determinadas cantidades. Consta que Pedro presentó la solicitud de justicia gratuita el 14 de enero de 2019, cinco días antes de la prescripción de la acción ¿Está prescrita la acción?. No, porque la solicitud de justicia gratuita interrumpe, en todo caso, los plazos de prescripción, hasta que se resuelva definitivamente la petición. Sí, porque la solicitud de justicia gratuita no interrumpe en ningún caso la prescripción de las acciones. Sí, porque la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita interrumpe el plazo dos meses como máximo, haya o no resolución. No, porque la solicitud de justicia gratuita interrumpe, en todo caso, los plazos de prescripción hasta que se resuelva provisionalmente la petición.

El letrado Manuel quiere darse de baja en el RETA al llegar a la edad legal de jubilación y cobrar la pensión correspondiente, pero pretende continuar ejerciendo la abogacía, asegurándose en la Mutualidad ¿Es posible?. Sí, en la medida en que haya cotizado lo suficiente. Puede capitalizar la pensión y seguir ejerciendo como mutualista. Puede darse de baja en el RETA y ejercer, pero sin cobrar la pensión hasta que deje de ejercer. No, ya que una vez producido el alta en el mencionado régimen especial, solo puede causarse baja en en el mismo por cesar en la actividad laboral por cuenta propia.

Vicente recibe la visita de un inspector de Hacienda, quien le exige la exhibición de la contabilidad de su actividad como abogado en ejercicio, incluyendo toda aquella información necesaria para la exigencia de las obligaciones tributarias. Vicente le espeta al inspector que se la puede faciliatar pues, entre otros motivos, debe preservar el secreto profesional ¿Es correcta esa aseveración?. Sí, porque el deber de secreto es de carácter constitucional y el abogado no debe poner en peligro la confidencialidad, ni siquiera ante la autoridad tributaria. Sí, porque, salvo casos de razonable interés público, la solicitud debe notificarse por escrito, dando al obligado tributario el tiempo necesario para preparar la documentación. No, porque el abogado tiene la obligación de facilitar las inspecciones y comprobaciones administrativas. No, porque el secreto profesional solo vincula a los abogados y no tiene por qué ser respetado por la Administración tributaria.

Manuel y Guillermo suscriben un contrato de suministros en el que acuerdan, entre otras cosas, someter a mediación las controversias que pudiesen derivarse del contrato. Sin embrago, ante el incumplimiento de Manuel, Guillermo decide interponer una demanda ante los juzgados de Primera Instancia ¿Qué acusación puede realizar el abogado de Manuel ante la demanda?. Podrá denunciar mediante declinatoria haberse sometido el asunto a mediación. Podrá alegar en su contestación su falta de legitimación pasiva, por haberse sometido la controversia a mediación. Deberá contestar con una demanda de medizción, dado que ambas partes se sometieron voluntariamente a mediación. Deberá contestar a la demanda en todo caso, pues el contrato de suministros es una de las materias sobre las que se excluye la posibilidad de mediación.

En un proceso civil, el juez dicta Senetncia que, a criterio de Jaime, abogado de la demandante, contiene un concepto oscuro que impide su ejecución. Jaime solicita la aclaración de la Sentencia, pero el juez por Auto resuelve que no es necesaria ninguna acalración, por no haber conceptos oscuros en la misma ¿Puede Jaime interponer recurso contra el Auto que deniega la aclaración?. Sí, recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Sí, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. No, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso contra la Sentencia. No, pues una vez firmada la Sentencia no cabe aclaración ni corrección alguna.

Francisco de nacionalidad española, trabajador de la construcción y residente en el Reino Unido, recibe una oferta de trabajo de Manuel, empresario españolcon domicilio en Lancaster, quien ha conseguido una concesión de obra pública en la ciudad de Liverpool. El contrato de trabajo se firma en una sede que tiene el empresario en Londres. Como consecuencia de desavenencias con sus trabajadores, Manuel despide disciplinariamente, entre otros, a Francisco. Acuciado por la falta de recursos económicos, Franciso decide abandonar el reino Unido y volver a España. Una vez allí, le plantea a UD., abogado, si puede demandar al empresario en España por la extinción del contrato de trabajo, ya que considera injusta la decisión del empleador. Ud. le contesta que: Sí, ya que el trabajador, si tiene nacionalidad española, debe presentar su demanda siempre ante Ios tribuales españoles, con independencia de la nacionalidad o domicilio del empresario. No, ya que la competencia es, alternativamente, del lugar de celebración del contrato, del lugar de prestación de los servicios o del domicilio del demandado, independientemente de la nacionalidad de empresario y trabajador. No, ya que la competencia para conocer de la demanda es la de prestación de los servicios o el lugar de residencia del trabajador al tiempo de celebrar el contrato, salvo que un tratado internacional disponga otra cosa. Sí, ya que ambos, trabajdor y empresario, tienen nacionalidad española.

Patricia, colegiada ejerciente, dirige escrito a su colegio notificando el cambio de domicilio profesional. En el escrito comunica que, a partir de ahora, dicho domicilio lo constituirán la spropias instalaciones colegiales sitas en le Palacio de Justicia, dado que cuentan con una sala de trabajo con ordenadores, impresora, fotocopiadora, internet, etc., así como con despachos privados para poder recibir a los clientes. Patricia adeuda las cuotas colegiales de los últimos meses. ¿Qué le contestará el Colegio de Abogados?. Que se accede a su petición, dado que, como colegiada, tiende derecho a utilizar las instalaciones colegiales como propias y publicitar que esa será su dirección profesional. Que se accede a su petición, siempre y cuando abone el uso intensivo y particular de las referidas instalaciones mediante la suscripción del correspondiente contrato mediante la suscripción del correspondiente contrato. Que no es posible acceder a su petición, dado que adeuda cuotas colegiales, lo que le impide el uso de las instalaciones colegiales para el fin solicitado. Que no es posible acceder a su petición, recordándole el deber de todo abogado de mantener despacho profesional abierto en ele terriotrio del Colegio en cuyo ámbito esté incorporado y ejerza habitualmente su profesión.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid tramita una impugnación de una licencia urbanística concedida a la empresa Construcciones Villaviciosa, SL, por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, representando a la abogada Elena a la citada sociedad. Por su parte, un juzgado de Instrucción de Móstoles tramita unas diligencias penales por prevaricación, contra responsables del Ayuntamiento de Villaviciosa, por la concesión de la misma licencia litigiosa. Enterada de la existencia de las diligencias penales, la abogada Elena se pregunta si es posible plantear algún conflicto de competencia al juzgado de Móstoles y concluye que: Sí, es posible plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, superior común a ambos órganos judiciales. No es posible, ya que únicamente puede plantear conflictos de competencia el Ministerio Fiscal. Sí, es posible plantear un conflicto de competencia ante una Sala especial del Tribunal Supremo, formada por el Presidente y dos magistrados del Tribunal Supremo por cada orden jurisdiccional en conflicto (Penal y Contencioso-Administrativo). No es posible, ya que ningún juez o Tribunal puede plantear conflicto de competencia a los órganos del orden jurisdiccional penal.

Antonio acaba de obtener el título profesional de abogado, por lo que representa su solicitud de incorporación en el Colegio de Abogados de Ourense ¿Quién y cómo deberá resolver dicha solicitud, según el Estatuto General de la Abogacía?. El Decano, previo informe vinculante de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, previo informe vinculante del Decano. El Decano, mediante resolución motivada, previo informe de la Junta de Gobierno del Colegio. La Junta de Gobierno, previas las diligencia e informes que procedan , en resolución motivada.

En sede de casación civil, el abogado Francesc reitera, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, la solicitud de planteamiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de una cuestión prejudicial acerca de la interpretación de un Reglamento de la Unión Europea que es relevante para el caso. Dicha solicitud ya se planteó a los órganos de Instancia, que la rechazaron. El Tribunal Supremo: Denegará el planteamiento de la cuestión al TJUE, dado que ya fue rechazada por los órganos de Instancia. Planteará la cuestión solo si considera necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Denegará el planteamiento de la cuestión, pues el Tribunal Supremo tiene competencia para fijar la interpretación de las normas internacionales que forman parte del derecho interno. Planteará la cuestión al TJUE, dado que contra la decisión que dicte no caben recursos de derecho interno.

Joaquín, cliente de la abogada Estrella, ingresa en prisión provisional por orden del juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante, por un delito de robo con fuerza en las cosas. Recurrido el auto de prisión ante la Audiencia Provincial, la sección correspondiente desestima el recurso el 25 de enero de 2019. Estrella presenta un recurso de amparo el 28 de febrero, a los 20 días de la notificación de esta última resokución, pero durante el trámite de admisión al juzgado decide poner en libretad a Joaquín ¿Examinará el Trbinual Constitucional si joaquín fue privado de libertad indebidamente?. No, ya que han transcurrido más de treinta días desde la resolución de la Audiencia Provincial. Sí, ya que el derecho a la libertad es un derecho fundamental y su vulneración sería imputable a una decisión del órgano judicial. No, ya que el recurso ha perdido su objeto, pues Joaquín ya está en libertad. No, ya que el Tribunal Constitucional no controla la regularidad de las privaciones de libertad acordadas por los órganos judiciales.

Durante el transcurso de un proceso civil, Jesús, abogado de la demanda, plantea una cuestión prejudicial que podría tener influencia sobre el fondo del asunto y que, según él, debería ser resuelta previamente por un Juzgado Contencioso Administrativo. No obstante, Vicente, el abogado de la demandante, considera que no existe tal cuestión y se opone a que se dé curso a la misma, al no existir un proceso administrativo abierto sobre la controversía planteada y no prever la Ley la suspensión ¿Que ocurrirá en el proceso civil?. A los solos efectos prejudiciales, el Juzgado civil podrá conocer de la cuestión, aunque esté atribuida a los tribunales del orden contencioso-administrativo. El Juzgado de Primera Instancia deberá suspender en todo caso su procedimiento, por prejudicialidad no penal, hasta que resuelva la controversia el Juzgado de lo Contencioso-administrativo. El Juzgado civil puede resolver sobre la controversia administrativa y su decisión surtirá efecto en un hipotético proceso contencioso que se abra con posterioridad. El juzgado de Primera Instancia deberá remitir las actuaciones al Juzgado de los Contencioso-Administrativo para que abra procedimiento contencioso y resuelva sobre ambas controversias de forma acumulada.

Mariano solicita que le sea reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita para que se le designe un abogado a fin de instar un proceso judicial. Sin embargo, la Comisión de asitencia jurídica gratuita deniega su pretensión, por lo que Mariano decide recurrir esta denegación ¿Qué postulación necesitará para plantear esta impugnación?. Será necesario abogado, pero no procurador. Será necesario abogado, salvo si la cuantía del pleito no supera los 2.000 €. Ninguna, no precisa de abogado ni de procurador. Deberá plantearse, en todo caso, con firma del abogado que hubiese sido designado provisionalmente.

¿Quién de las siguientes personas deberia presentar el justificante de haber abonado la tasa judicial si quiere interponer una demanda de incidente concursal?. La sociedad concursada. El administrador concursal en interés de la masa del concurso, previa autorización del Juez de lo Mercantil:. Un acreedor persona física. Ninguno de ellos, ya que los incidentes concursales están exentos de tasa judicial.

En un procedimiento clvil, relativo a vicios o defectos de construcción que causan humedades, se dicta sentencia firme en la cual se condena a Construcciones Moro, SL, a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la defectuosa realización del aislamiento de la vivienda de Antonia, a cuantificar en ejecución de sentencia. Sin embargo, en ejecución de sentencia, el Juez dicta un auto en el que concluye que, en realidad, las humedades no se deben a defectos de construcción, sino al defectuoso mantenimiento de la vivienda, por lo que deniega la indemnización. Genaro, abogado de Antonia, tras agotar los recursos ordinarios, se plantea recurrir en amparo alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Es posible?. Sí, siempre es posible recurrir en amparo cuando se agotan los recursos ordinarios. Sí, porque el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y, en este caso, el auto de ejecución contradice el fallo de la sentencia firme. No, porque el derecho a la tutela judicial efectiva se agota con la obtención de una sentencia y no se extiende a las vicisitudes de la ejecución. No, dado que no existe ningún derecho fundamental comprometido, sino cuestiones civiles.

En un proceso civil en el que la intervención de abogado no es preceptiva, la parte contraria a la que se ha servido de dicho profesional es condenada en costas. ¿Se incluirán en la condena en costas los derechos y honorarios devengados por abogado?. a) No. Los derechos y honorarios devengados por abogado y procurador se excluirán siempre y en todo caso pues su intervención no es preceptiva. b) Sí. La condena en costas incluirá siempre y en todo caso los derechos y honorarios devengados por abogado y procurador. c) Únicamente podrán incluirse si el Tribunal aprecia temeridad en la conducta del condenado en costas, pero no en ningún otro supuesto. d) Únicamente podrán incluirse si el Tribunal aprecia temeridad o abuso del servicio público de justicia en la conducta del condenado en costas o si el domicilio de la parte representada y defendida está en partido judicial distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio.

Carla traslada al profesional de la abogacía que le presta asistencia en un proceso civil su interés en solicitar la acumulación con otro proceso seguido ante el mismo tribunal. Consulta las posibles implicaciones económicas de la solicitud. ¿En caso de ser denegada la acumulación solicitada por Carla se condenará a ésta en costas?. a) El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la ha promovido al pago de las costas del incidente en todo caso. b) En el incidente de acumulación no existe la posibilidad de condena en costas. c) El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas si hubiere actuado con temeridad o mala fe. d) El auto que deniegue la acumulación condenará en todo caso a cada parte al pago de sus costas.

Incoado frente a Raúl, profesional de la abogacía que presta sus servicios en el turno de oficio, un expediente disciplinario como consecuencia de una denuncia formulada por un usuario de los servicios de asistencia jurídica gratuita, ¿podrá acordarse su separación cautelar del servicio?. a) Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, por un periodo máximo de seis meses hasta que el expediente disciplinario se resuelva. b) Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, sin límite de tiempo, hasta la resolución del expediente disciplinario. c) No, la separación del profesional de la abogacía únicamente podrá acordarse cuando, resuelto el expediente disciplinario, se imponga al profesional de la abogacía sanción por infracción muy grave, pero en ningún caso de forma cautelar. d) No, la separación del profesional de la abogacía únicamente podrá acordarse cuando, resuelto el expediente disciplinario, se imponga al profesional de la abogacía sanción por infracción grave o muy grave, pero en ningún caso de forma cautelar.

¿En qué condiciones se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género en aquellos procesos que sean consecuencia de su condición de víctimas?. a) Con independencia de la existencia de recursos para litigar. b) Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente. c) Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente y cuenten con unos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud. d) Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente y cuenten con unos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos por su persona sin considerar la unidad familiar, que no superen dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud.

¿Cuál de las siguientes respuestas, en relación con la impugnación de la resolución que, de modo definitivo, deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita es correcta?. a) No es susceptible de impugnación. b) Puede ser impugnada, siendo preceptiva la intervención de abogado, y habrá de hacerse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla. c) Puede ser impugnada, no siendo preceptiva la intervención de abogado, y podrá hacerse de forma verbal ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla. d) Puede ser impugnada, no siendo preceptiva la intervención de abogado, y habrá de hacerse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla.

En relación con la extensión temporal de la asistencia jurídica gratuita, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites, incluida la ejecución así como a cualquier proceso distinto. b) La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites, con excepción de la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. c) El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia. d) El derecho a la asistencia jurídica gratuita nunca se extiende a la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia.

En un proceso civil, ¿en qué momento se acordará la suspensión por prejudicialidad penal que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto?. a) En ningún momento. Tal circunstancia no dará lugar a la suspensión del proceso civil y ello con independencia de la decisión que pudiera adoptarse en el proceso penal. b) Tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, sin esperar a la conclusión del procedimiento, salvo que la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. c) Se acordará una vez que el proceso esté pendiente únicamente de sentencia, nunca antes. d) Tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, sin esperar a la conclusión del procedimiento, aun cuando la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él.

Frente a la resolución que acuerda la suspensión de un asunto civil por prejudicialidad penal se interpone recurso de apelación. El recurso de apelación es desestimado, confirmando la suspensión. ¿Qué recurso cabe interponer frente a la resolución dictada en apelación confirmando la suspensión?. a) No cabe recurso alguno. b) Recurso de casación. c) Recurso de reposición. d) Recurso directo de revisión.

¿En qué plazo podrán ser rectificados los errores materiales manifiestos en que incurran las resoluciones de los tribunales?. a) De oficio en el plazo de un mes y a instancia de parte en el plazo de dos días hábiles al de la publicación de la resolución. b) Los errores materiales manifiestos en que incurran las resoluciones de los Tribunales no pueden ser rectificados, únicamente podrán serlo los errores aritméticos. c) En cualquier momento. d) En el plazo de diez días desde la notificación, transcurrido el mismo no podrán ser rectificados.

¿Cuál es el efecto jurídico de un acto realizado en fraude de ley?. a) Se tiene por no realizado. b) No impide la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. c) Queda supeditado a la ratificación judicial. d) Queda en suspenso.

¿Es posible acudir al proceso de derecho colaborativo, como medio adecuado de solución de controversias, asistido de abogado?. a) Sí. No solo es posible sino que en tal medio adecuado de solución de controversias la intervención de abogado es preceptiva. b) Sí. En el proceso de derecho colaborativo no es preceptiva la asistencia letrada a las partes pero éstas podrán acudir asistidas de abogado. c) No. Las partes únicamente podrán acudir asistidas de abogado cuando se utilice como medio de solución de controversias la formulación de una oferta vinculante. d) No. Las partes únicamente podrán acudir asistidas de abogado cuando se utilice como medio de solución de controversias la opinión de persona experta independiente.

¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?. a) El derecho a la tutela judicial efectiva. b) El derecho a la libre circulación. c) El derecho a la vida. d) El derecho a la libertad ideológica.

¿Pueden ser recurridas en amparo las violaciones del derecho fundamental a la integridad moral originadas por disposiciones del Gobierno?. a) Sí, sin necesidad de agotar la vía judicial procedente. b) Sí, una vez que se haya agotado la vía judicial procedente. c) No, el derecho a la integridad moral no es un derecho fundamental. d) No, únicamente cabría recurso de amparo si la violación tuviera su origen en un acto de un órgano judicial.

¿En qué ámbito se extiende la jurisdicción del Tribunal Central de Instancia?. a) En toda España. b) En la villa de Madrid. c) Tiene jurisdicción limitada a cada Comunidad Autónoma, pues existirá un Tribunal Central de Instancia en cada Comunidad Autónoma. d) Tiene jurisdicción limitada a cada provincia, pues existirá un Tribunal Central de Instancia en cada provincia.

¿Es posible para el Gobierno modificar el número y composición de los órganos judiciales?. a) Sí, mediante la creación de Secciones y plazas de juez, jueza, magistrado o magistrada, sin alterar la demarcación judicial, oídos preceptivamente el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma afectada. b) Sí, alterando la demarcación judicial, siendo aconsejable la previa audiencia al Consejo General del Poder Judicial. c) Sí, mediante la creación de Secciones y plazas de juez, jueza, magistrado o magistrada, sin alterar la demarcación judicial, oído preceptivamente el Consejo General del Poder Judicial y sin necesidad de oír a la Comunidad Autónoma afectada. d) No. La modificación del número y composición de los órganos judiciales no puede ser modificada.

¿Cada cuánto tiempo será revisada, al menos, la planta de los tribunales con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes?. a) Cada cinco años. b) Cada dos años. c) No existe previsión en la ley que establezca un plazo mínimo para proceder a la revisión. d) Cada cuatro años, coincidiendo con cada legislatura.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el contenido del derecho de defensa?. a) El derecho de defensa no incluye el derecho a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus propios términos. b) El legislador no podrá condicionar el acceso a los medios de impugnación al cumplimiento de plazos o requisitos de procedibilidad. c) El ejercicio del derecho de defensa queda sujeto al procedimiento legalmente establecido. d) El derecho de defensa excluye que los jueces y tribunales puedan ampliar motivadamente los plazos señalados.

¿Qué recurso cabe interponer frente al auto que resuelve el recurso directo de revisión interpuesto frente al decreto del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando la tasación de costas?. a) Recurso de reposición. b) Recurso de casación. c) Recurso de apelación. d) No cabe recurso alguno.

¿El conocimiento de cuál de las siguientes cuestiones corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. a) El recurso contencioso-disciplinario militar. b) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. c) Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración pública. d) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

Conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en las controversias jurídicas sobre asuntos de cualquier naturaleza y ante cualquier orden jurisdiccional en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público ¿será exigible acudir a los medios de solución de controversias en vía no jurisdiccional como requisito de procedibilidad para la admisión de la demanda?. a) No. Quedan excluidos de tal requisito los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público. b) Sí. El requisito de procedibilidad se aplica en todo caso a los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público. c) Sí, pero únicamente cuando se trate de asuntos cuya competencia corresponda al orden jurisdiccional civil en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público. d) Sí, pero únicamente cuando se trate de asuntos cuya competencia corresponda al orden jurisdiccional laboral en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.

¿Cuál es la composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) Al menos, dos jueces por Estado miembro. b) Un juez por Estado miembro. c) Veintisiete jueces, sin que sea necesario que estén representados todos los Estados miembros. d) Únicamente se compone por abogados generales.

¿En cuál de los siguientes supuestos podrán ser impuestas las costas al Ministerio Fiscal en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. a) En ningún caso. b) En aquellos supuestos en los que el Ministerio Fiscal haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano jurisdiccional aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. c) En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con mala fe. d) En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con temeridad.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿a qué órgano corresponde amparar al profesional de la abogacía cuando sea inquietado en el ejercicio de su función?. a) Es competencia exclusiva del Colegio de la Abogacía a que se encuentre adscrito el profesional de la abogacía inquietado. b) Es competencia exclusiva del Consejo General de la Abogacía. c) A los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española, en el ámbito de sus respectivas competencias. d) Al Consejo Autonómico si existiera y, en su defecto, al Consejo General de la Abogacía Española.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿qué tratamiento corresponde a los Decanos de los Colegios de la Abogacía?. a) Excelentísimo Señor. b) Ilustrísima. c) Grande de España. d) Muy honorable señor.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿cuál de los siguientes principios es un principio rector del ejercicio de la abogacía?. a) La igualdad. b) El pluralismo político. c) La justicia. d) La independencia.

¿Qué límite establece el Estatuto General de la Abogacía Española en relación con el requisito de colegiación relativo a la satisfacción de la cuota de ingreso?. a) Ninguno. La cuota de colegiación será fijada libremente por cada Colegio sin respeto a límite alguno. b) No podrá exceder de una fórmula máxima a calcular considerando el número de colegiados y el ámbito de población. c) No podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción. d) La satisfacción de la cuota de ingreso no es un requisito de colegiación.

Blanca, profesional de la abogacía, tiene problemas económicos y se ha visto obligada a dejar de pagar la cuota obligatoria del Colegio de la abogacía en el que se encuentra colegiada. ¿Podrá dar lugar tal conducta a la pérdida de condición de colegiada?. a) No. La condición de colegiada se perderá por sanción de expulsión, pero no únicamente por falta de pago de la cuota obligatoria. b) Sí. La falta de pago de doce mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago viniera obligado, supondrá la pérdida de la condición de colegiada. c) Sí. La falta de pago de dos mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago viniera obligado, supondrá la pérdida de la condición de colegiado. d) Sí. La falta de pago de cinco mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago viniera obligado, supondrá la pérdida de la condición de colegiada.

¿Qué tiempo debe transcurrir, en todo caso, desde que se produce una catástrofe que ocasiona un elevado número de víctimas hasta que pueden ofrecerse por los profesionales de la abogacía servicios profesionales a las víctimas indirectas de tal catástrofe, cuando tales servicios no han sido solicitados expresamente por tales víctimas?. a) Cuarenta y cinco días. b) Un mes. c) No es preciso respetar el plazo de treinta días al tratarse de víctimas indirectas y no directas de la catástrofe. d) Si la catástrofe no es consecuencia de un delito no es preciso respetar el plazo de cuarenta y cinco días.

¿A qué plazo se extiende el deber de secreto profesional del profesional de la abogacía?. a) Durante todo el tiempo que dure la prestación de servicios, cesando el deber una vez que termina la misma. b) Cinco años después de la terminación de la prestación de servicios. c) Incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que se encuentre limitado en el tiempo. d) Incluso después de haber cesado la prestación de servicios, hasta que transcurran diez años del cese.

¿Cuál es el número máximo de profesionales de la abogacía que puede integrar el despacho colectivo?. a) No existe limitación de número. b) Un máximo de cinco profesionales de la abogacía. c) Un máximo de cien profesionales de la abogacía. d) Un máximo de veinte profesionales de la abogacía.

En relación con los honorarios profesionales del profesional de la abogacía, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) El profesional de la abogacía tiene derecho a una contraprestación por sus servicios, pero no al reintegro de los gastos ocasionados. b) El profesional de la abogacía tiene derecho a una contraprestación por sus servicios, así como al reintegro de los gastos ocasionados. c) La cuantía de los honorarios viene determinada legalmente, excluyendo la libre convención entre el cliente y el profesional de la abogacía. d) El profesional de la abogacía está facultado para entregar factura al cliente, pero la obligación de entregarla solo corresponde a la Sociedad profesional y no a la persona física profesional de la abogacía.

En relación con el ejercicio de la abogacía en régimen de colaboración profesional, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) El ejercicio de la abogacía por cuenta propia en régimen de colaboración profesional podrá pactarse verbalmente o por escrito. b) No es preciso que el profesional de la abogacía colaborador conozca la identidad del cliente. c) El profesional de la abogacía colaborador pierde, en favor del despacho con el que colabora, su independencia y libertad. d) El colaborador deberá hacer constar, en su caso, que actúa por sustitución o delegación del despacho con el que colabore.

¿Puede Carmen, profesional de la abogacía, emitir un informe que contenga valoración profesional sobre el resultado probable de un asunto?. a) Sí, pero únicamente si la petición procede del cliente afectado quien, en todo caso, deberá ser el exclusivo destinatario, salvo que de manera expresa le autorice a darlo a conocer a un tercero. b) Sí. Carmen como profesional de la abogacía es libre y es independiente para la emisión de tal informe, con independencia de quien lo solicite, salvo que el cliente lo haya prohibido expresamente. c) No. Ni siquiera cuando lo solicite el cliente estará Carmen facultada para la emisión de un informe de tales características. d) Sí. Carmen como profesional de la abogacía es libre y es independiente para la emisión de tal informe, pero únicamente podrá entregarlo a quien sea parte en el proceso en el que intervenga.

¿Puede el profesional de la abogacía renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada?. a) En ningún caso. b) Sí, en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligado a despachar los trámites urgentes. c) Sí, en el plazo de cuarenta y cinco días desde que la asumió, transcurrido el mismo no podrá renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada. d) Sí, en cualquier fase del procedimiento, sin que resulte obligado a despachar los trámites urgentes.

Carlos, profesional de la abogacía, tiene una cita profesional con un posible cliente. Analizado el asunto sobre el que el cliente pretende su asesoramiento, se da cuenta de la vinculación del mismo con otro asunto del que se encargó en el pasado, hace más de cinco años, y concluye que en caso de actuar para este nuevo cliente existiría riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones suministradas por el antiguo cliente. ¿Qué debe hacer Carlos?. a) Puede actuar para el nuevo cliente aun cuando exista riesgo de vulneración del secreto profesional respecto a informaciones suministradas por el antiguo cliente, al haber transcurrido más de cinco años desde que cesó en tal prestación de servicios. b) Debe abstenerse de actuar para el nuevo cliente. c) Debe informar al nuevo cliente de tal riesgo, siendo el nuevo cliente quien decida. d) Debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Paz, profesional de la abogacía, tiene intención de interponer, en nombre de su cliente, una acción de responsabilidad penal contra el profesional de la abogacía de la parte contraria, derivada del ejercicio profesional. ¿Debe comunicar al Colegio tal intención?. a) Sí. b) No, al ser la acción interpuesta en nombre de su cliente y no en nombre propio. c) No, al tratarse de una acción de responsabilidad penal y no de una acción de responsabilidad civil. d) No, debe comunicarlo al Consejo General de la Abogacía pero en ningún caso al Colegio.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a los Colegios de la Abogacía en su ámbito territorial?. a) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, cuando les sean solicitadas o lo acuerden por propia iniciativa. b) Homologar las escuelas de práctica jurídica que ellos mismos creen. c) Ejercer la potestad disciplinaria con respecto los miembros del Consejo General de la Abogacía que actúen en tal condición. d) Convocar el Congreso de la Abogacía Española.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿cuál de las siguientes circunstancias impide que los colegiados ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio tengan la condición de elegibles como Decano?. a) No encontrarse al corriente en el pago de las cuotas corporativas. b) Haber sido sancionados disciplinariamente por resolución administrativa firme, aun cuando hayan sido rehabilitados. c) No ser miembros de los órganos rectores de otro Colegio profesional. d) Llevar colegiado menos de cinco años.

Si los Estatutos del Colegio no disponen otra cosa, en Junta General del Colegio de la Abogacía, ¿computa con igual valor el voto de los ejercientes en relación con el voto de los demás colegiados?. a) Sí, computan con idéntico valor. b) No, únicamente tienen derecho a voto los colegiados ejercientes. c) No, el voto de los ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados. d) No, el voto de los ejercientes computará con diez veces más valor que el de los demás colegiados.

¿Es posible recurrir un acto dictado por un órgano del Consejo General de la Abogacía sujeto a derecho administrativo?. a) No. Frente a los actos sujetos a derecho administrativo dictados por los órganos del Consejo General de la Abogacía no cabrá recurso alguno. b) Sí. Frente a los actos sujetos a derecho administrativo dictados por los órganos del Consejo General de la Abogacía cabrá recurso de alzada, pues los mismos no agotan la vía administrativa. c) Sí. Los actos de los órganos del Consejo General de la Abogacía Española sujetos a Derecho Administrativo ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) No. Los órganos del Consejo General de la Abogacía no pueden dictar actos sujetos a derecho administrativo.

¿Cuál de las siguientes sanciones puede imponerse a un profesional de la abogacía por la responsabilidad disciplinaria en que hubiera incurrido?. a) Expulsión del colegio. b) Localización permanente. c) Trabajos en beneficio de la comunidad. d) Traslado forzoso.

María, profesional de la abogacía, ha incumplido un compromiso que formalizó con un compañero, verbalmente, en el ejercicio de sus funciones profesionales. ¿Su conducta se encuentra tipificada como infracción?. a) Sí, como infracción muy grave. b) Sí, como infracción leve. c) Sí, como infracción grave. d) No, su conducta no es constitutiva de infracción al haber sido formalizado el compromiso de forma verbal y no por escrito.

¿Cuál de las siguientes conductas cometidas por un profesional de la abogacía se encuentra tipificada como infracción leve?. a) No consignar en el primer escrito la identificación, el Colegio de incorporación y el número de colegiado. b) La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos como provisión, sin su consentimiento. c) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la abogacía, salvo su autorización expresa. d) La falta de respeto debido a otro profesional de la abogacía.

Por la comisión de una infracción consistente en la embriaguez que afecta al ejercicio de la profesión de la abogacía, ¿qué sanción podrá imponerse al profesional de la abogacía responsable?. a) Sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a quince días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros. b) Sanción de expulsión del Colegio o suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos días. c) Sanción de apercibimiento escrito o suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a quince. d) Multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.

¿Puede ser sancionada una sociedad profesional por la realización de una conducta directamente imputable a la misma que se encuentre tipificada como infracción para los profesionales de la abogacía?. a) Sí. b) No. La sociedad profesional no puede ser sancionada en ningún caso. c) No. La sociedad profesional solo podrá ser sancionada cuando haya participado en una infracción cometida por un profesional de la abogacía. d) No. La sociedad profesional solo podrá ser sancionada cuando haya encubierto una infracción cometida por un profesional de la abogacía.

¿En qué plazo, a contar desde que la infracción se hubiera cometido, prescribe la infracción leve cometida por un profesional de la abogacía?. a) Tres años. b) Dos años. c) Seis meses. d) Un mes.

Formulada una oferta vinculante conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿qué efecto produce el hecho de que la oferta vinculante no sea aceptada por la otra parte en el plazo de un mes si no se hubiera señalado un plazo mayor?. a) La oferta vinculante se entenderá aceptada si no ha sido rechazada expresamente. b) La oferta vinculante decaerá y la parte requirente podrá ejercitar la acción que le corresponda ante el tribunal competente, entendiendo que se ha cumplido el requisito de procedibilidad. c) La oferta vinculante decaerá y la parte requirente deberá intentar un proceso de derecho colaborativo. d) Se entenderá automáticamente ejercitada la acción judicial correspondiente.

¿En qué unidad se prestará el servicio de asistencia al juez o la jueza de paz del municipio en el ejercicio de las funciones que tenga atribuida legalmente?. a) En el Tribunal Central de Instancia. b) En el Juzgado de Paz. c) En los Tribunales de Instancia. d) En las Oficinas de Justicia en los municipios.

Francisco, profesional de la abogacía, incurre en causa de incompatibilidad y ha optado por cesar en la actividad de la abogacía. ¿En qué plazo máximo debe formalizar su baja como ejerciente?. a) En el plazo máximo de quince días. b) En el plazo máximo de un año. c) En el plazo máximo de un mes. d) No está obligado a formalizar su baja como ejerciente, basta con que efectúe en el plazo de un mes comunicación a la Junta de Gobierno de su Colegio para que decida sobre la cuestión.

¿A qué órgano corresponde conocer de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia?. a) A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. b) A la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia. c) A la Sala de conflictos del Tribunal Supremo. d) A la Sección de cuestiones de competencia del Tribunal Central de Instancia.

¿La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede conceder el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a una persona cuyos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, excedan del triple de indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de una persona integrada en una unidad familiar de cuatro miembros?. a) Sí, excepcionalmente, en atención a circunstancias objetivamente evaluadas, mediante resolución motivada y siempre y cuando los ingresos no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente. b) No, en ningún caso. c) Sí, en todo caso. Las personas integradas en una unidad familiar de cuatro miembros tendrán derecho a tal reconocimiento siempre que sus ingresos no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente. d) Sí, en todo caso. Las personas integradas en una unidad familiar de cuatro miembros tendrán derecho a tal reconocimiento siempre que sus ingresos no excedan del cuádruplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente.

¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador por la presunta comisión de infracción por un profesional de la abogacía?. a) De oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de denuncia. b) Mediante la apertura de un periodo de información previa que tiene carácter preceptivo en todo caso. c) De oficio o a instancia de parte cuando sea consecuencia de denuncia. d) De oficio por acuerdo del órgano competente, nunca por propia iniciativa, siempre como consecuencia de denuncia.

Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, ¿podrán imponer a dicha parte una multa?. a) No. La multa únicamente procederá en el supuesto de estimar que alguna de las partes ha actuado con abuso del servicio público de justicia. b) Sí. La estimación de la vulneración de la buena fe procesal implicará, de forma automática, la imposición de multa de ciento ochenta euros. c) Sí. Podrán imponer, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. d) Sí. Podrán imponer, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuarta parte de la cuantía del litigio.

¿Qué deben hacer los tribunales cuando estimaren que se ha producido en un proceso una actuación contraria a las reglas de la buena fe o con abuso del servicio público de justicia imputable al profesional de la abogacía interviniente en el proceso en el que la parte litiga con el beneficio de justicia gratuita?. a) Darán traslado de tal circunstancia al colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria, así como a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. b) Darán traslado de tal circunstancia al colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria, pero no a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. c) Darán traslado de tal circunstancia al Consejo General de la Abogacía Española. d) Darán traslado de esta circunstancia exclusivamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

¿Cuánto tiempo quedará excluido el profesional de la abogacía de los servicios del turno de oficio cuando se hubiera impuesto sanción por infracción grave relacionada con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del turno de oficio?. a) Un plazo mínimo de seis meses y, en todo caso, inferior a un año. b) Un plazo de entre uno y dos años. c) Un plazo de un año. d) No se excluirá al profesional de la abogacía de tales servicios por la imposición de sanción por infracción grave.

Ingrid quiere vender un bien en calidad de ensayo o prueba, por lo que acude a Néstor, abogado en ejercicio, para preguntarle sobre las características de estas ventas. ¿Qué deberá responder Néstor sobre este tipo de ventas?. a) La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva. b) La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición resolutoria. c) La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición tácita. d) La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición implícita.

Kevin José quiere otorgar poder para administrar sus bienes en favor de Valentina. ¿Cómo deberá constar la autorización de Kevin José sobre la administración de sus bienes?. a) Deberá constar en documento privado. b) Deberá constar en documento público. c) Deberá constar en documento ológrafo del otorgante, autorizado por el alcalde o concejal de la localidad en la que tuviese su residencia habitual. d) La autorización para administrar bienes no requiere forma alguna.

Fulgencia, propietaria de un bien mueble empeñado en un Monte de Piedad, quiere conseguir su restitución. ¿Qué cantidad deberá reintegrar al Monte de Piedad para conseguir su restitución?. a) El dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno podrá obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento cantidad alguna. b) El dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno no podrá obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar, únicamente antes, al Establecimiento la cantidad del empeño. c) El dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno no podrá obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del empeño y los intereses vencidos. d) El dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno no podrá obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del empeño, los intereses vencidos y los gastos judiciales.

Francesca, quiere prestar fianza por valor de 20.000 euros, respecto a la deuda que Enrique ha contraído con Dalmau, por importe de 10.000 euros. ¿Podrá en este caso Francesca prestar fianza en favor de Enrique?. a) Sí, el fiador puede obligarse a una cantidad superior que el deudor principal, siempre que no excediere de una tercera parte del crédito. b) Sí, el fiador puede obligarse a una cantidad superior que el deudor principal, siempre que no excediere de una cuarta parte del crédito. c) Sí, el fiador puede obligarse a una cantidad superior que el deudor principal, siempre que no excediere de la mitad del crédito. d) No, el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones.

Victoria, albacea de la herencia de su prima Natalia, se encuentra en situación de imposibilidad para seguir desempeñando su función de albacea. ¿Quién acordará la remoción de Victoria?. a) La remoción deberá ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia. b) La remoción deberá ser apreciada por el juez. c) La remoción deberá ser apreciada por el Ministerio Fiscal. d) La remoción deberá ser apreciada por el contador-partidor.

Leyre y Néstor han decidido que el parto de su hija Elba tenga lugar en la finca familiar que tienen en la localidad de Candamo. ¿De qué plazo dispondrán para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil?. a) Los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de diez días para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil. b) Los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de veinte días para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil. c) Los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de un mes para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil. d) Los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de tres meses para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil.

El Tribunal de Instancia de Tafalla ha dictado auto, en un procedimiento civil, resolviendo sobre la competencia territorial. ¿Qué recurso cabrá interponer contra este auto?. a) Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno. b) Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial cabrá interponer recurso de reposición. c) Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial cabrá interponer recurso directo de revisión. d) Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial cabrá interponer recurso de apelación.

El Tribunal de Instancia de Cieza ha tenido constancia del fallecimiento de Sergio, demandante en un procedimiento ordinario civil. ¿Qué ocurrirá si no se personare el sucesor de Sergio?. a) Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia de ordenación permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días. b) Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días. c) Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los diez días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia de ordenación permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días. d) Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los diez días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días.

Abel, abogado de Isabela, quiere solicitar la subasta de un inmueble de Jorge en un procedimiento de ejecución forzosa civil, que lleva paralizado un año. ¿Es posible la caducidad en la instancia del procedimiento de ejecución forzosa?. a) Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de seis meses, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución forzosa. b) Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de un año, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución forzosa. c) Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución forzosa. d) No, las disposiciones sobre caducidad no serán aplicables en las actuaciones para la ejecución forzosa.

Gabriela, abogada ejerciente, ha acumulado en su escrito de demanda varias acciones que Xosefina quiere ejercitar contra Áine. ¿Qué ocurrirá si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente?. a) Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. b) Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el juez o jueza requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. c) Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de diez días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. d) Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el juez o jueza requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de diez días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.

El Tribunal de Instancia de Olot está conociendo de un procedimiento cambiario en el que Anna, deudora, ha formulado demanda de oposición. ¿En qué plazo se dictará sentencia resolviendo sobre la oposición?. a) En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente. b) En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario no producirá efectos de cosa juzgada, pudiéndose plantear la cuestión debatida en el juicio declarativo correspondiente. c) En el plazo de veinte días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente. d) En el plazo de veinte días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario no producirá efectos de cosa juzgada, pudiéndose plantear la cuestión debatida en el juicio declarativo correspondiente.

Amanda, abogada en ejercicio, ha interpuesto demanda en un proceso sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. ¿En qué plazo se dará traslado de la demanda en este tipo de procesos?. a) El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de diez días. b) El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días. c) El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de treinta días. d) En esta clase de procedimientos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad no se produce el traslado de la demanda.

Ángela, abogada en ejercicio, quiere interponer recurso de apelación contra la sentencia civil dictada en primera instancia por el Tribunal de Instancia de Tarazona. ¿En qué plazo deberá preparar Ángela el recurso de apelación?. a) El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución impugnada. b) El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución impugnada. c) El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución impugnada. d) El recurso de apelación se interpondrá directamente sin necesidad de preparación.

El Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria ha dictado sentencia firme en un procedimiento que tenía por objeto el ejercicio de acciones individuales para declarar la nulidad de condiciones generales abusivas. Una vez firme la sentencia, ¿deberá inscribirse la misma?. a) Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro Mercantil, para su inscripción. b) Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro de Condiciones Generales de la Contratación, para su inscripción. c) Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro de Bienes Muebles, para su inscripción. d) Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, no serán objeto de inscripción en ninguno de los Registros Públicos contemplados en las leyes.

Juan, mayor de edad, sobre el que se han establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, Lola y Jesús, está casado civilmente con Martina. ¿Pueden Lola y Jesús solicitar la separación judicial de Juan respecto de Martina?. a) Sí, se podrá decretar judicialmente la separación cuando existan hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos dos meses desde la celebración del matrimonio. b) Sí, se podrá decretar judicialmente la separación cuando existan hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. c) Sí, se podrá decretar judicialmente la separación cuando existan hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos seis meses desde la celebración del matrimonio. d) Sí, se podrá decretar judicialmente la separación cuando existan hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

El Tribunal de Instancia de Llerena debe remitir una solicitud civil de práctica de prueba, para que se lleve a cabo una testifical en un órgano judicial en Tallín. ¿Cómo se transmitirá la solicitud por el Tribunal de Instancia de Llerena?. a) Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el Reglamento 2020/1783 se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable, respetando plena y debidamente los derechos y libertades fundamentales. Dicho sistema informático descentralizado se basará en una solución interoperable, como e-CODEX. b) Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el Reglamento 2020/1783 se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable, respetando plena y debidamente los derechos y libertades fundamentales. Dicho sistema informático descentralizado se basará en una solución interoperable, como e-TRANSFER. c) Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el Reglamento 2020/1783 se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable, respetando plena y debidamente los derechos y libertades fundamentales. Dicho sistema informático descentralizado se basará en una solución interoperable, como IDEALe. d) Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el Reglamento 2020/1783 se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado seguro y fiable, respetando plena y debidamente los derechos y libertades fundamentales. Dicho sistema informático descentralizado se basará en una solución interoperable, como iSupport.

Agripina ha presentado escrito solicitando la inscripción de un título en el Registro Mercantil. El Registrador ha calificado el título considerando que existe un defecto que impide su inscripción. ¿Qué recurso podrá interponer Agripina?. a) Contra la calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción podrán los interesados interponer recurso gubernativo. b) Contra la calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción podrán los interesados interponer recurso de reposición. c) Contra la calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción podrán los interesados interponer recurso directo de revisión. d) Contra la calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción podrán los interesados interponer recurso de apelación.

Anselmo, editor, quiere vender como saldo la edición de una obra.¿Puede vender como saldo la edición sin el consentimiento del autor? circulación de los ejemplares. a) Sí, el editor podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición. b) No, el editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de un año de la inicial puesta en circulación de los ejemplares. c) No, el editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares. d) No, el editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de tres años de la inicial puesta en circulación de ejemplares.

Durante la instrucción de un expediente sancionador en materia de Defensa de la Competencia, sobre conductas prohibidas, una vez incoado el expediente, ¿quién practicará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades?. a) La Dirección de Investigación. b) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. c) La Dirección de Competencia. d) La Comisión Nacional de Seguimiento de los Mercados y la Competencia.

María Dolores, abogada en ejercicio, está interviniendo profesionalmente en un procedimiento concursal. Si durante la formación y tramitación de la sección de calificación, alguno de los informes emitidos hubiera solicitado la calificación del concurso como culpable, ¿qué ocurrirá?. a) El juez, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera transcurrido el plazo, ordenará, mediante providencia, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad. b) El letrado de la Administración de Justicia, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera transcurrido el plazo, ordenará, mediante decreto, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad. c) El juez, dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiera transcurrido el plazo, ordenará, mediante providencia, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad. d) El letrado de la Administración de Justicia, dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiera transcurrido el plazo, ordenará, mediante decreto, que se dé audiencia al concursado por plazo de diez días y, en la misma resolución, ordenará emplazar a todas las demás personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad.

Sebastián, abogado en ejercicio, quiere interponer recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León en un procedimiento para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aunque, en este caso, no concurre interés casacional. ¿Qué recurso podría interponer Sebastián?. a) Recurso de queja. b) Recurso extraordinario por infracción procesal. c) Recurso en interés de la ley. d) Recurso de casación.

El Tribunal de Instancia de Valverde está conociendo de unas diligencias preliminares en materia civil. Ana, jueza de la plaza 1 del Tribunal de Instancia, tras oír al solicitante de las diligencias, ha resuelto sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos presentada. ¿Qué recurso cabrá interponer contra esta resolución?. a) El auto sobre la aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos. b) El auto sobre la aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos y sin efectos devolutivos. c) La sentencia sobre la aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos. d) La sentencia sobre la aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos y sin efectos devolutivos.

Jimena ostenta un aprovechamiento de aguas públicas. ¿Cuándo se produciría la extinción de la concesión por el no uso?. a) El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se extingue por el no uso durante diez años. b) El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se extingue por el no uso durante veinte años. c) El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se extingue por el no uso durante treinta años. d) El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se extingue por el no uso durante cuarenta años.

Loretta, que reside en Eslovaquia, ha interpuesto un proceso monitorio europeo frente a Marcos ante el Tribunal de Instancia de Cabra, reclamándole la cantidad de 15.000 euros. Marcos no está conforme en la cantidad que se le reclama. ¿En qué plazo podrá presentar ante el Tribunal de Instancia escrito de oposición?. a) El demandado podrá presentar en el plazo de veinte días hábiles desde la notificación del requerimiento escrito de oposición. b) El demandado podrá presentar en el plazo de veinte días naturales desde la notificación del requerimiento escrito de oposición. c) El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días hábiles desde la notificación del requerimiento escrito de oposición. d) El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días naturales desde la notificación del requerimiento escrito de oposición.

Michael, escritor canadiense, residente en Los Ángeles, le pregunta a Alfonso, abogado en ejercicio, si tiene derecho a que se protejan en España sus derechos de propiedad intelectual. ¿Qué le tendría que contestar Alfonso?. a) No, los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, no tienen derecho a la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español. b) Sí, los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, tienen derecho a la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. c) Sí, los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, tienen derecho a la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los noventa días siguientes a que lo hayan sido en otro país. d) Sí, los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, tienen derecho a la protección de sus derechos de propiedad intelectual respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los ciento ochenta días siguientes a que lo hayan sido en otro país.