Examen Complexivo 2026

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción penal en el Ecuador?. Es de carácter mixto, dependiendo de la gravedad de la infracción. Es de carácter público. Es de carácter privado, salvo excepciones de ley.

¿Quiénes son los sujetos procesales reconocidos en materia procesal penal?. La persona procesada, la víctima, la Fiscalía y la Defensa. El Juez, el Fiscal, el procesado y la Policía Nacional. La víctima, el procesado, el acusador particular y el tercero civilmente demandado. La Fiscalía, la Defensoría Pública y la persona procesada.

¿Cuáles son los medios de prueba reconocidos en el proceso penal?. La confesión judicial, la inspección ocular y los indicios. El documento, el testimonio y la pericia. La prueba material, la prueba testimonial y la prueba documental. El testimonio de la víctima, la versión del procesado y el parte policial.

Según las reglas de competencia del COIP, ¿en qué momento procesal el Juez de Garantías Penales pierde la competencia para conocer la causa, radicándose esta de forma definitiva en el Tribunal de Garantías Penales?. Una vez que el Juez de Garantías Penales dicta el auto de llamamiento a juicio y este se encuentra ejecutoriado. Una vez que el Juez de Garantías Penales dicta el auto de llamamiento a juicio y este se encuentra ejecutoriado. Una vez que el Juez de Garantías Penales dicta el auto de llamamiento a juicio y este se encuentra ejecutoriado. Al momento de la formulación de cargos, si el delito supera los cinco años de pena privativa de libertad.

¿Cuál es el plazo máximo de caducidad de la prisión preventiva en el Ecuador para delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años?. Seis meses, sin posibilidad de prórroga alguna. Un año, contado a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Un año, computable desde el inicio de la instrucción fiscal. Un año y seis meses, si la complejidad del caso lo amerita.

De acuerdo con el procedimiento expedito previsto en el COIP, ¿para qué tipo de infracciones es aplicable este trámite procesal?. Para delitos flagrantes cuya pena no exceda de un año de privación de libertad. Para todas las contravenciones penales, de tránsito y contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Para todas las contravenciones penales, de tránsito y contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Para delitos de acción privada exclusiva.

¿Cuáles son los plazos máximos de duración de la fase de investigación previa establecidos en el Código Orgánico Integral Penal?. Un año para delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, y dos años para delitos con pena mayor a cinco años. Seis meses para delitos leves y un año para delitos graves, imprescriptibles en casos de peculado. Noventa días para delitos de tránsito y un año para los demás delitos. Dos años para todos los delitos, prorrogables por un año más previa autorización del juez.

¿Qué recurso procesal procede contra el auto de sobreseimiento dictado por el o la juzgadora de garantías penales?. Recurso de casación. Recurso de apelación. Recurso de revisión. Recurso de hecho.

De conformidad con el COIP, ¿Qué personas se encuentran expresamente exentas de la obligación de rendir testimonio en contra del procesado?. Únicamente los abogados defensores y los peritos que hayan intervenido en la fase investigativa. El cónyuge, la pareja en unión de hecho o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Los servidores policiales que participaron en la aprehensión en flagrancia. Los coautores o cómplices que se hayan acogido a la cooperación eficaz.

Para que la o el juzgador dicte la medida cautelar de prisión preventiva, el artículo 534 del COIP exige el cumplimiento concurrente de varios requisitos. ¿Cuál es el requisito normativo referente al umbral de la pena?. Que la infracción esté sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. Que la infracción esté sancionada con pena privativa de libertad superior a cinco años. Que se trate de un delito imprescriptible. Que la pena prevista para el delito supere los tres años.

El principio de “Duda a favor del reo” (in dubio pro reo) establecido en el artículo 5, numeral 3 del COIP, implica que: Ante la falta de pruebas, el juez debe ordenar nuevas diligencias de oficio. El Juzgador al momento de resolver la situación jurídica de la persona procesada, y existe duda razonable que recae sobre la culpabilidad, obliga al juzgador a ratificar el estado de inocencia de la persona procesada. El fiscal debe probar la inocencia del procesado más allá de toda duda. La duda solo aplica para la imposición de la pena, pero no para la condena.

¿Cuál es la finalidad fundamental que persigue la “Cadena de Custodia” según lo descrito en el artículo 456 del COIP?. Garantizar que los peritos sean los únicos que manipulen la evidencia. Asegurar que la prueba documental sea digitalizada inmediatamente. Garantizar la autenticidad de los elementos físicos o contenido digital, acreditando su identidad y estado original. Permitir que la defensa tenga acceso irrestricto a la escena del crimen antes que la Fiscalía.

Respecto a la competencia territorial, cuando una infracción se ha preparado e iniciado en un lugar y consumado en otro, ¿Qué juzgador es el competente?. El del lugar donde se inició la preparación del delito. El del lugar donde se consumó la infracción. El que primero haya avocado conocimiento de la causa (prevención). El del domicilio del procesado.

¿Qué distingue fundamentalmente al “Principio de Oportunidad” (Art. 412 COIP) de la obligación general de ejercer la acción penal?. Permite al juez archivar la causa si no hay pruebas suficientes. Faculta al fiscal a abstenerse de iniciar la investigación o desistir de la ya iniciada bajo causales específicas de ley. Obliga a la víctima a negociar con el procesado antes del juicio. Permite a la Policía Nacional decidir qué delitos investigar.

El principio de congruencia procesal es un pilar de la sentencia en materia penal. ¿Cómo delimita este principio la capacidad resolutiva del Tribunal de Garantías Penales al momento de dictar sentencia?. Obliga al Tribunal a condenar al procesado por el delito exacto que constaba en el parte policial inicial, ignorando la instrucción fiscal. Limita la sentencia a los hechos y circunstancias que fueron materia del auto de llamamiento a juicio y de la acusación fiscal, impidiendo que se condene por hechos distintos no debatidos. Permite al Tribunal modificar los hechos delictivos durante la audiencia si descubre que el procesado cometió otros delitos más graves. Faculta al juez a imponer una pena superior a la máxima legal si existe conmoción social por el caso.

¿Cuál es la finalidad jurídica fundamental de la etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio en el sistema acusatorio ecuatoriano?. Practicar de forma definitiva los testimonios y documentos para dictar sentencia de condena o inocencia. Recabar los elementos de convicción de cargo y descargo de forma reservada mediante peritajes y allanamientos. Sanear vicios de procedimiento, evaluar la pertinencia y legalidad de los elementos de convicción anunciados como prueba, y resolver sobre el llamamiento o sobreseimiento. Aplicar obligatoriamente mecanismos alternativos de solución de conflictos y levantar medidas cautelares previas.

Según el Art. 601 del COIP, esta etapa actúa como un filtro procesal. Su propósito no es juzgar ni investigar, sino conocer y resolver cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia, exclusión de pruebas ilícitas y determinar si la acusación fiscal tiene sustento para pasar a juicio. Las cautelares aplican en delitos de acción pública, mientras que las de protección solo en delitos de acción privada. Las cautelares buscan asegurar la presencia del procesado al juicio y el cumplimiento de la pena; las de protección buscan prevenir o interrumpir violencias y salvaguardar la integridad de la víctima o testigos. Las cautelares son dictadas por el juez, mientras que las de protección son emitidas exclusivamente por la Policía Nacional. No existe diferencia sustancial, ambas figuras jurídicas tienen por objeto principal limitar la libertad de tránsito.

En materia de impugnación, el principio dogmático de “non reformatio in peius” (prohibición de empeorar la situación del recurrente) consagra una garantía procesal. ¿Cómo se comprende la aplicación estricta de este principio cuando únicamente el procesado es quien apela la sentencia condenatoria?. El Tribunal superior no puede agravar la pena privativa de libertad, pero sí tiene facultad para aumentar los montos de reparación integral a favor de la víctima de oficio. El Tribunal de alzada no puede agravar la situación jurídica del procesado en ningún aspecto, al ser este el único recurrente; su competencia se limita a revisar los agravios presentados. El Tribunal puede agravar la pena si advierte que el juez inferior cometió un error de cálculo, aplicando el principio constitucional de legalidad por encima de la apelación. La Corte Provincial debe declarar la nulidad de la sentencia y devolver el proceso si considera que la pena impuesta es insuficiente para el delito cometido.

¿Cuál es el efecto procesal inmediato que se genera cuando el procesado, habiendo sido notificado legalmente, no comparece a la audiencia de juicio y se declara su estado de rebeldía?. Se suspende la etapa de juicio para el procesado ausente y se ordena su prisión preventiva (o localización y captura), interrumpiéndose los plazos de prescripción. El Tribunal continúa con el juicio en su ausencia, siendo representado obligatoriamente por el Defensor Público para no paralizar la justicia. Se dicta sentencia condenatoria en su contra por presunción de culpabilidad ante su fuga. El proceso retrocede a la etapa de instrucción fiscal para que Fiscalía inicie una nueva investigación.

El COIP regula los “Acuerdos Reparatorios” como un mecanismo alternativo. ¿Cuál es el momento procesal límite para que las partes puedan suscribir y presentar este acuerdo ante el juzgador?. Hasta antes de que concluya la etapa de instrucción fiscal. Hasta antes de la presentación del dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio. Hasta antes de que el Tribunal de Garantías Penales dicte sentencia en la audiencia de juicio. Únicamente durante la fase de investigación previa.

¿Cuál es la regla procesal para determinar la competencia cuando en un mismo hecho delictivo se encuentran procesadas personas que gozan de fue ro de Corte Nacional junto con personas sin fuero?. Cada procesado es juzgado por su juez natural; se divide el proceso. Las personas sin fuero atraen la competencia de la justicia ordinaria por ser mayoría. El fuero mayor atrae al menor; por lo tanto, la Corte Nacional asume la competencia para todos los procesados en unidad de acto. Se remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima.

Respecto a la caducidad y la prescripción dentro del proceso penal, ¿Cuál es la diferencia dogmática sustancial entre ambas figuras?. La caducidad extingue la acción penal por el paso del tiempo, mientras que la prescripción extingue la pena. La caducidad opera sobre el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva obligando a la libertad, mientras que la prescripción extingue la potestad del Estado para perseguir el delito (acción) o ejecutar la condena (pena). Ambas figuras determinan el archivo definitivo del proceso penal por negligencia. La prescripción solo aplica a delitos privados, y la caducidad a delitos públicos.

La suspensión condicional de la pena es un beneficio penitenciario. ¿Cuál de los siguientes escenarios normativos impide al juez conceder este mecanismo?. Cuando la pena privativa de libertad prevista para la conducta supere los cinco años, o se trate de delitos contra la integridad sexual. Cuando el procesado tenga más de 65 años de edad. Cuando la infracción se trate de un delito de tránsito sin resultado de muerte. Cuando el procesado decida no apelar la sentencia condenatoria.

El recurso de hecho es una garantía de impugnación. ¿En qué escenario jurídico específico procede la interposición de este recurso?. Cuando la Sala de la Corte Provincial ratifica una sentencia condenatoria. Cuando el Juez o Tribunal deniega la concesión de un recurso de apelación o de casación que ha sido interpuesto oportunamente. Cuando se descubre una prueba falsa después de que la sentencia se ejecutorió. Cuando el fiscal se abstiene de acusar y el juez eleva en consulta.

Sobre el principio de publicidad de las audiencias (Art. 562 COIP), la ley procesal establece excepciones donde la audiencia puede realizarse de forma reservada. ¿En qué casos aplica esta restricción?. En todo tipo de contravenciones y delitos culposos de tránsito. Exclusivamente en delitos contra la administración pública como el peculado. En delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y delitos contra la estructura del Estado constitucional. Cuando el procesado es un funcionario público y solicita reserva para proteger su imagen.