Examen Complexivo 2026

Un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal emite una ordenanza que establece la creación de un “Tribunal Ético de Justicia Ancestral” con facultad para dictar sentencias definitivas y obligatorias sobre la propiedad de tierras en su jurisdicción. La ordenanza justifica esta creación en que el Ecuador es un Estado “intercultural y plurinacional” que se “gobierna de manera descentralizada”, por lo que los municipios tendrían autonomía para organizar su propio sistema de justicia independiente del Poder Judicial central. Al analizar la estructura del Estado ecuatoriano, ¿Qué elemento constitucional determina la invalidez de esta ordenanza?. Que el Ecuador es un Estado laico, lo que prohíbe que las tradiciones ancestrales se utilicen para resolver conflictos sobre la propiedad privada de la tierra. Que el Ecuador es un Estado unitario, lo que implica que la descentralización de funciones de gobierno no puede fragmentar la unidad de la administración de justicia nacional. Que el Ecuador es un Estado social, lo cual obliga a que toda decisión sobre la propiedad sea tomada exclusivamente por los órganos del poder público del Ejecutivo. Que el Ecuador es un Estado independiente, lo que faculta a cada cantón a ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales y su sistema legal interno.

Un movimiento ciudadano propone una iniciativa de consulta popular para que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, decida si se puede renunciar a la propiedad estatal de ciertos yacimientos mineros (recursos no renovables) a favor de comunidades locales, con el fin de que estas puedan venderlos a empresas privadas para salir de la pobreza. Los proponentes argumentan que, si la soberanía radica en el pueblo y su voluntad es el fundamento de la autoridad, el pueblo puede decidir libremente sobre el destino de cualquier bien del Estado. ¿Cuál es el resultado del análisis de constitucionalidad de esta propuesta frente a la definición de los recursos estatales?. La propuesta es inconstitucional, ya que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. La propuesta es constitucional, puesto que la soberanía del pueblo es absoluta y está por encima de cualquier otra clasificación de bienes del Estado. La propuesta es constitucional siempre que se garantice que el Ecuador siga siendo un Estado democrático y se cumplan las formas de participación directa. La propuesta es inconstitucional únicamente si afecta el carácter laico del Estado o la planificación del desarrollo nacional y la redistribución de la riqueza.

En un cantón de la Amazonía ecuatoriana, donde habita ancestralmente el pueblo Waorani, el Concejo Municipal aprueba una resolución que declara al idioma Wao Terero como la única lengua válida para la sustanciación de procesos administrativos y la atención al público en las dependencias municipales. La resolución sostiene que, al ser un territorio ancestral, el castellano pierde su carácter de oficialidad frente al idioma del pueblo indígena que allí habita. Al analizar el régimen lingüístico previsto en la Norma Suprema, ¿Qué conclusión jurídica es la correcta sobre la validez de esta resolución?. La resolución es válida, pues la Constitución otorga a los idiomas ancestrales el carácter de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan, desplazando al castellano. La resolución es válida únicamente si el Concejo Municipal demuestra que el Wao Terero ha sido elevado por ley a la categoría de idioma de relación intercultural junto al Kichwa y el Shuar. La resolución es inconstitucional porque el Estado solo está obligado a estimular la conservación de los idiomas ancestrales, pero no a permitir su uso en la administración pública. La resolución es inconstitucional, ya que, si bien los idiomas ancestrales son de uso oficial en sus zonas, el castellano no pierde su condición de idioma oficial del Ecuador en todo el territorio.

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, decide modificar la letra del Himno Nacional para incluir estrofas que resalten los logros de la administración actual, argumentando que el Ejecutivo tiene la facultad reglamentaria para actualizar los símbolos de la patria de acuerdo con la realidad política del momento. Un grupo de ciudadanos impugna el decreto alegando que el Presidente carece de competencia para realizar dicha modificación. ¿Cuál es el elemento técnico-jurídico que determina la inconstitucionalidad de este acto administrativo?. Que los símbolos de la patria son inalienables e imprescriptibles, por lo que su modificación solo puede realizarse mediante una enmienda constitucional ratificada en referéndum. Que la modificación de los símbolos patrios requiere el consentimiento previo de los pueblos y nacionalidades indígenas debido al carácter intercultural del Estado. Que la bandera, el escudo y el himno nacional deben estar establecidos por la ley, lo que implica una reserva de ley que impide su modificación a través de un Decreto Ejecutivo. Que el Himno Nacional es un recurso natural no renovable del patrimonio histórico del Estado y su propiedad pertenece exclusivamente al pueblo.

Ante una crisis fiscal severa, el Ministerio de Economía emite una directriz para reducir el presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos oncológicos y tratamientos de agua potable en zonas rurales, con el fin de priorizar el pago de intereses de la deuda externa. El Ministerio argumenta que el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales es un presupuesto necesario para la “soberanía nacional” y la “planificación del desarrollo”. Al analizar los deberes primordiales del Estado, ¿Qué razonamiento técnico-jurídico determina la inconstitucionalidad de esta directriz?. Que el deber de garantizar el efectivo goce de derechos como la salud y el agua tiene un carácter preferente y obligatorio sobre otras asignaciones presupuestarias que no afecten directamente la vida. Que la planificación del desarrollo nacional exige que el Estado primero erradique la deuda externa antes de invertir en salud, alimentación o seguridad social. Que la soberanía nacional es el deber primordial jerárquicamente superior a todos los demás, lo que faculta al Ejecutivo a suspender derechos sociales en estados de crisis. Que el fortalecimiento del proceso de autonomías impide que el Ministerio de Economía intervenga en el presupuesto de salud de las zonas rurales y parroquias.

Con el objetivo de combatir la delincuencia transnacional, el Estado implementa un sistema de vigilancia masiva que permite la interceptación de comunicaciones de todos los ciudadanos sin orden judicial previa. El Gobierno justifica la medida basándose en su deber de “garantizar la seguridad integral” y “defender la soberanía nacional”, argumentando que la seguridad es la base de una sociedad democrática y que, en tiempos modernos, la privacidad es secundaria. ¿Qué elemento del análisis sistémico de los deberes del Estado invalida esta justificación?. Que la protección del patrimonio cultural y natural del país es un deber de igual jerarquía que impide la instalación de equipos de vigilancia en centros históricos. Que la ética laica prohíbe que el Estado utilice tecnología de vigilancia para intervenir en la moral privada de los ciudadanos y habitantes. Que el deber de garantizar la seguridad integral debe ejercerse necesariamente dentro de una sociedad democrática y libre de corrupción, respetando el marco constitucional de derechos. Que el desarrollo equitativo y solidario del territorio exige que las medidas de seguridad sean aplicadas únicamente en las provincias fronterizas y no a nivel nacional.

Un grupo de ciudadanos de una región insular del Ecuador redacta un “Estatuto de Autodeterminación” en el que proponen que la administración de su suelo, subsuelo y mar territorial sea transferida a una corporación internacional de conservación bajo un contrato de arrendamiento por 99 años. Argumentan que, dado que el territorio es un “legado de antepasados y pueblos ancestrales”, la comunidad local tiene la soberanía para decidir su gestión de forma independiente al Gobierno Central. Al analizar las propiedades constitucionales del territorio, ¿por qué este estatuto es jurídicamente nulo?. Porque el territorio nacional solo comprende el espacio continental y marítimo, dejando fuera a las islas adyacentes de la protección de inalienabilidad. Porque la capital del Ecuador es Quito y es la única ciudad con competencia legal para firmar contratos sobre el uso del subsuelo y la plataforma submarina. Porque los tratados vigentes prohíben expresamente que las comunidades ancestrales participen en la administración del espacio suprayacente y la Antártida. Porque nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión, y el territorio es inalienable, irreductible e inviolable.