EXAMEN COMPLEXIVO 2026

En una localidad, un grupo de ciudadanos decide organizarse para incidir en la planificación de los asuntos públicos y ejercer el control popular de las instituciones del Estado. Para que su actuación sea válida y se ajuste a la Norma Suprema, este proceso de construcción del poder ciudadano debe orientarse por principios específicos y ejercerse mediante mecanismos determinados. Según el texto constitucional, ¿Cuáles son los principios que orientan la participación y a través de qué mecanismos se ejerce este derecho?. Se orienta por los principios de jerarquía, eficiencia y transparencia; y se ejerce a través de la democracia delegada y el sufragio universal. Se orienta por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; y se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Se orienta por los principios de legalidad, celeridad y centralismo; y se ejerce mediante la democracia administrativa y la gestión exclusiva de los representantes electos. Se orienta por los principios de obligatoriedad, publicidad y subordinación; y se ejerce a través de la democracia consultiva y la fiscalización institucional.

Un grupo de ciudadanos constituye una organización de la sociedad civil con el objetivo de incidir en las decisiones y políticas públicas de su gobierno local, así como ejercer el control social de las entidades privadas que prestan servicios públicos en su zona. Para que esta organización sea reconocida como una expresión de la soberanía popular y pueda articularse legalmente para fortalecer el poder ciudadano, debe cumplir con ciertos requisitos internos obligatorios. Según el texto constitucional, ¿Qué deben garantizar estas organizaciones en su estructura y funcionamiento?. La afiliación obligatoria de todos los habitantes del sector, la permanencia indefinida de sus directivos y el secreto de sus finanzas. El financiamiento exclusivo por parte de las entidades públicas, la designación de autoridades por méritos y la autonomía absoluta del Estado. La personería jurídica otorgada por el Ejecutivo, la jerarquía de mando y la prohibición de articularse con otras organizaciones de nivel nacional. La democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

Una organización de la sociedad civil, legalmente constituida, decide intervenir en la solución de problemas comunitarios y en la defensa de los derechos de sus integrantes. Para ello, busca implementar mecanismos de resolución de controversias, exigir indemnizaciones por afectaciones ambientales causadas por una empresa privada y promover el trabajo comunitario no remunerado como una forma de incidencia social. Según el texto constitucional, ¿Qué acciones están facultadas a realizar las organizaciones y qué forma de participación social se reconoce específicamente en este contexto?. Desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos en los casos que permita la ley, demandar la reparación de daños y se reconoce al voluntariado de acción social. Ejercer la potestad jurisdiccional exclusiva en temas ambientales, dictar sentencias de reparación integral y se reconoce la autogestión financiera obligatoria. Sustituir a la autoridad competente en la toma de decisiones presupuestarias, exonerar de responsabilidad a los entes públicos y se reconoce el sufragio comunitario. Formular propuestas únicamente de carácter económico, delegar sus funciones a entidades privadas internacionales y se reconoce la afiliación política como base social.

Un grupo de ciudadanos identifica que una empresa privada prestadora de servicios básicos ha omitido de manera sistemática la reparación de la infraestructura, lo cual pone en riesgo el acceso al agua de toda una comunidad. Ante la inacción de la autoridad de control, el colectivo decide organizarse para oponerse a esta situación y, simultáneamente, solicitar que se incorpore en el ordenamiento jurídico el reconocimiento de un nuevo derecho de protección hídrica. Considerando el diseño de las garantías ciudadanas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿Quiénes son los titulares del derecho a la resistencia y ante qué eventos pueden activarlo?. Únicamente las personas naturales, frente a acciones de los órganos del poder público que restrinjan exclusivamente la libertad de tránsito. Exclusivamente las organizaciones sociales con personería jurídica, frente a leyes de carácter económico que afecten la propiedad de los recursos naturales. Los individuos y los colectivos, frente a acciones u omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales. Los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento, frente a omisiones de organismos internacionales que impidan el ejercicio de la soberanía territorial.

Un ciudadano observa que una empresa contratista del Estado está depositando desechos químicos en un parque público, lo que amenaza la salud de los habitantes del sector. El ciudadano decide presentar una denuncia ante la autoridad administrativa competente para detener la afectación. Sin embargo, la empresa alega que el ciudadano no tiene legitimación para actuar porque no es el dueño del parque y que, al presentar esta denuncia, el ciudadano renuncia a interponer una acción de protección ante un juez. Al analizar la configuración de esta garantía en el ordenamiento jurídico nacional, ¿Cuál es el régimen de ejercicio de la acción ciudadana?. Se ejerce únicamente de forma individual y solo cuando la violación del derecho se ha consumado de manera definitiva. Se ejerce en forma individual o en representación de la colectividad, ante la violación de un derecho o la amenaza de su afectación, sin impedir otras acciones legales. Se ejerce exclusivamente por organizaciones con personería jurídica y su interposición extingue el derecho a presentar garantías jurisdiccionales. Se ejerce únicamente ante los órganos del poder judicial y requiere que el actor demuestre un daño económico directo y personal.

La Asamblea Nacional del Ecuador decide emitir una norma mediante acuerdo legislativo con el objetivo de crear un nuevo tributo nacional aplicable a los ciudadanos para financiar programas sociales. Varios legisladores cuestionan el procedimiento utilizado, señalando que la Constitución establece que determinadas materias deben aprobarse necesariamente mediante ley y no a través de acuerdos o resoluciones. Con base en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, ¿Qué alternativa identifica correctamente el procedimiento constitucional aplicable a este caso?. La Asamblea Nacional puede crear tributos mediante acuerdos o resoluciones cuando se trate de normas generales de interés común. La creación, modificación o supresión de tributos debe realizarse mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional. Los tributos pueden ser establecidos indistintamente mediante acuerdos, resoluciones o leyes según lo determine la Asamblea Nacional. La creación de tributos corresponde exclusivamente a los gobiernos autónomos descentralizados mediante ordenanzas.

El Presidente de la República del Ecuador designa como Ministro de Transporte y Obras Públicas a un ciudadano que es miembro del directorio de una empresa privada que mantiene un contrato vigente con el Estado para la ejecución de obras públicas. Ante esta situación, varios legisladores cuestionan la designación señalando que la Constitución establece prohibiciones expresas para ocupar el cargo de ministra o ministro de Estado. Con base en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, ¿Cuál es la interpretación correcta respecto de esta designación?. La designación es válida porque el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de nombrar a las ministras y ministros de Estado. La designación es válida siempre que la empresa privada no tenga contratos relacionados con el ministerio al que será designado. La designación no es válida porque las personas propietarias o miembros del directorio de personas jurídicas privadas que mantengan contrato con el Estado no pueden ser ministras o ministros de Estado. La designación es válida si la persona renuncia al cargo ministerial en la empresa privada después de su nombramiento.

Un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal convoca a la conformación de una instancia de participación que incluye a autoridades electas, delegados del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil. El objetivo principal de la primera sesión es definir la hoja de ruta para la inversión pública del próximo año y establecer un sistema que permita a los ciudadanos vigilar el cumplimiento de las metas propuestas. De acuerdo con la configuración constitucional de estas instancias, ¿Cuál es el propósito de su funcionamiento y a través de qué mecanismos pueden operativizar el control social?. Elaborar planes y políticas, mejorar la calidad de la inversión pública y fortalecer la democracia mediante mecanismos como veedurías y observatorios. Sustituir las facultades de fiscalización de los concejales municipales para dictar sentencias administrativas de cumplimiento obligatorio para la ciudadanía. Limitar la participación ciudadana a la formación de procesos de comunicación que no interfieran en la definición de agendas de desarrollo o presupuestos. Excluir a los representantes del régimen dependiente de la toma de decisiones para garantizar que la planificación sea un ejercicio puramente ciudadano.

Durante una sesión del Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), se debate la aprobación de una nueva ordenanza de uso de suelo que afecta directamente a un barrio tradicional. Un delegado de la asamblea barrial solicita formalmente ocupar la “silla vacía”. El Alcalde le permite ingresar a la sesión, pero le advierte que, de acuerdo con la autonomía del gobierno local, solo podrá escuchar el debate sin intervenir ni votar, ya que la toma de decisiones es una facultad exclusiva de las autoridades electas. Al analizar la naturaleza de este mecanismo de participación en los gobiernos locales, ¿Cuál es el alcance del derecho que asiste al representante ciudadano?. Participar únicamente como observador pasivo en las sesiones públicas para garantizar la transparencia, sin capacidad de incidir en el resultado del debate. Sustituir temporalmente a un concejal electo con el fin de garantizar que la soberanía popular reemplace la democracia representativa en temas presupuestarios. Intervenir exclusivamente en la fase de deliberación pública, quedando prohibida su participación en la votación final por el principio de jerarquía de autoridad. Ocupar un espacio físico en la sesión con el propósito de participar activamente tanto en el debate como en la toma de decisiones sobre los temas a tratarse.

Un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial decide convocar a una consulta popular local para decidir sobre la construcción de un sistema de riego. Paralelamente, el Presidente de la República convoca a un referéndum nacional sobre seguridad, y un colectivo ciudadano logra las firmas necesarias para una consulta popular sobre temas ambientales. Al momento de planificar el pago de los kits electorales y el personal, surge una duda sobre qué institución debe asumir cada costo. Considerando las reglas de imputación presupuestaria previstas en la Norma Suprema, ¿Cómo deben distribuirse los gastos de estos procesos?. Todos los procesos electorales, sin excepción, deben ser cubiertos por el Consejo Nacional Electoral con cargo exclusivo al Presupuesto General del Estado por ser competencia nacional. El gasto de la consulta local se carga al presupuesto del GAD Provincial; mientras que los procesos del Presidente y de la ciudadanía se cargan al Presupuesto General del Estado. Los gastos del Presidente y del GAD se cargan a sus respectivos presupuestos, pero la consulta solicitada por la ciudadanía debe ser financiada mediante aportes privados de los proponentes. El Presupuesto General del Estado solo cubre el proceso del Presidente, debiendo el GAD y el colectivo ciudadano autofinanciar sus respectivas convocatorias mediante tasas especiales.

Un movimiento político nacional se prepara para renovar su directiva y seleccionar candidaturas para las próximas elecciones generales. La actual directiva propone que, debido a la trayectoria de su líder fundador, este sea ratificado por aclamación en una asamblea cerrada, sin necesidad de votación interna, y que la directiva se conforme mayoritariamente por hombres para “garantizar la disciplina operativa”. Un grupo de militantes se opone, alegando que estas prácticas vulneran los principios constitucionales de las organizaciones públicas no estatales. Al analizar el régimen jurídico de los partidos y movimientos políticos en la Norma Suprema, ¿Cuál es la configuración obligatoria para su estructura y selección de candidaturas?. Son organizaciones públicas no estatales que deben garantizar la alternabilidad, la conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas, y seleccionar candidaturas mediante procesos electorales internos o primarias. Son entidades del sector público sujetas a la jerarquía del Ejecutivo, cuyas candidaturas deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Participación Ciudadana para asegurar la rendición de cuentas. Son organizaciones públicas no estatales que deben garantizar la alternabilidad, la conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas, y seleccionar candidaturas mediante procesos electorales internos o primarias. Son entidades del sector público sujetas a la jerarquía del Ejecutivo, cuyas candidaturas deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Participación Ciudadana para asegurar la rendición de cuentas.

Un grupo de ciudadanos en la provincia de Guayas desea constituir una organización política para participar exclusivamente en las elecciones de su Prefectura y Alcaldías. Al revisar la normativa, dudan si deben inscribirse como “Partido Político” o como “Movimiento Político”, dado que su interés es meramente local y no pretenden tener presencia en otras provincias del país. Al analizar los requisitos de organización y el alcance territorial previstos en la Norma Suprema, ¿Cuál es la configuración jurídica que corresponde a estas organizaciones?. Los movimientos políticos son organizaciones privadas que no requieren presentar un programa de gobierno, a diferencia de los partidos que deben entregar una declaración de principios ideológicos. Tanto los partidos como los movimientos políticos están obligados a tener una estructura nacional que abarque las tres provincias de mayor población para poder mantener su registro. Los partidos políticos pueden ser de carácter local o nacional, siempre que cuenten con un registro de afiliados no menor al 5% del padrón electoral de su jurisdicción. Los partidos políticos deben ser de carácter nacional y contar con una organización en al menos el 50% de las provincias; mientras que los movimientos políticos pueden corresponder a cualquier nivel de gobierno.

Una alianza electoral conformada por un partido político nacional y un movimiento provincial decide inscribir sus candidaturas para las próximas elecciones generales. La alianza propone a una figura pública de gran prestigio que no pertenece a ninguna organización política. Sin embargo, al mismo tiempo, el partido intenta postular a uno de sus militantes más destacados como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), argumentando que su experiencia en fiscalización es necesaria para dicho organismo. Al analizar las facultades y limitaciones de las organizaciones políticas en la Norma Suprema, ¿Qué conclusión es jurídicamente correcta sobre estas postulaciones?. Las organizaciones políticas pueden presentar a personas no afiliadas como candidatas de elección popular, pero tienen prohibido postular candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los partidos políticos solo pueden postular a sus propios militantes para cualquier cargo de elección popular, incluyendo los cargos del Consejo de Participación Ciudadana. Las alianzas electorales están facultadas para postular candidatos a todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, siempre que presenten un programa de gobierno conjunto. Los movimientos políticos requieren el respaldo del 5% del registro electoral para postular candidatos independientes, pero pueden participar libremente en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Un reconocido docente universitario, que además es servidor público de carrera en un Ministerio, decide inscribir su candidatura para la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, un empresario que mantiene un contrato vigente con el Estado para la construcción de una carretera troncal, y un ciudadano que fue sentenciado hace diez años por peculado pero que ya cumplió su pena, intentan también registrar sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al analizar el régimen de prohibiciones establecido en la Norma Suprema, ¿Cuál de estos ciudadanos está legalmente facultado para candidatizarse y bajo qué condición técnica?. El empresario, siempre que ceda sus acciones de la compañía constructora a un familiar directo antes del día de la elección. El ciudadano sentenciado por peculado, puesto que el cumplimiento de la pena extingue la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular. El docente y servidor público, quien podrá candidatizarse y gozará de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción hasta el día siguiente de las elecciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siempre que soliciten un permiso temporal de funciones durante la campaña electoral.

El Alcalde de un cantón, quien se encuentra ejerciendo su primer periodo tras ganar las elecciones en 2019 y ser reelecto en 2023, manifiesta su deseo de participar en los próximos comicios. Debido a que la ley le impide buscar la alcaldía nuevamente, decide postularse como Prefecto de su provincia. El Alcalde sostiene que, al tratarse de una dignidad distinta, puede realizar la campaña electoral sin dejar su cargo actual, solicitando únicamente una licencia temporal. Al analizar las reglas de participación política previstas en la Norma Suprema, ¿Cuál es la situación jurídica del Alcalde respecto a su nueva postulación?. Está facultado para buscar la Prefectura, pero debe renunciar obligatoriamente al cargo de Alcalde que desempeña para poder postularse a una dignidad diferente. Puede candidatizarse a la Prefectura sin renunciar, ya que la prohibición de reelección solo aplica para el cargo de Alcalde y la Constitución protege su derecho al trabajo. No puede postularse a ningún cargo de elección popular, pues la limitación de reelección por una sola vez es absoluta para cualquier función dentro del nivel de gobierno seccional. Puede optar por una segunda reelección consecutiva a la Alcaldía si demuestra que su plan de gobierno requiere continuidad, sin necesidad de renunciar ni postularse a otro cargo.

Tras la publicación de los resultados de un nuevo censo nacional de población, se observa un incremento demográfico significativo en varias provincias del país. El Consejo Nacional Electoral debe actualizar el número de escaños para la Asamblea Nacional de cara a las próximas elecciones generales. Un grupo de ciudadanos consulta si este incremento afectará el número de asambleístas nacionales y si la Asamblea podría sesionar de forma permanente en una ciudad distinta a la capital para descentralizar el poder. Al analizar el diseño orgánico de la Función Legislativa previsto en la Norma Suprema, ¿Cuál es la configuración técnica de su integración y funcionamiento?. La Función Legislativa se ejerce por una Asamblea de representantes locales que no incluye asambleístas por circunscripción nacional, debiendo sesionar obligatoriamente solo en los distritos metropolitanos. La Asamblea Nacional es bicameral, se integra por senadores y diputados elegidos para un periodo de seis años, y su sede rotará anualmente entre las regiones del país. La Asamblea Nacional es unicameral, se integra por quince asambleístas nacionales más los provinciales (calculados por población) y del exterior; su sede es Quito, aunque puede reunirse excepcionalmente en otro lugar. La Asamblea Nacional se integra exclusivamente por dos asambleístas por cada provincia sin considerar el número de habitantes, y sus miembros son elegidos para un periodo de dos años con reelección indefinida.

Tras cumplirse los primeros dos años del periodo legislativo, la Asamblea Nacional procede a la elección de su nueva directiva. Durante este proceso, surgen dudas sobre la conformación del Consejo de Administración Legislativa y el equipo administrativo. Un bloque parlamentario propone que la Secretaría General sea ocupada por el asambleísta más votado para garantizar “legitimidad democrática”, mientras que otro sector sugiere que los Vicepresidentes solo pueden ser reelegidos si el Presidente actual renuncia. Al analizar las reglas de organización interna previstas en la Norma Suprema, ¿Cuál es la configuración jurídica correcta para la elección y sucesión de estas dignidades?. La Asamblea elige de entre sus miembros a un Presidente y dos Vicepresidentes para un periodo de dos años con opción a reelección; y elige a la Secretaría y Prosecretaría de fuera de su seno. Las autoridades de la Asamblea son elegidas para un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección, debiendo la Secretaría General ser ocupada obligatoriamente por un asambleísta nacional. El Presidente y los Vicepresidentes se eligen de fuera del seno de la Asamblea para garantizar imparcialidad, mientras que la Secretaría es ocupada por el Vicepresidente segundo en caso de ausencia. La Asamblea elige a sus autoridades para un periodo de un año, y en caso de renuncia del Presidente, se debe convocar a elecciones generales legislativas para llenar la vacante definitiva.